José Guadalupe Ávila Baza

Expediente 235/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
235/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • José Guadalupe Ávila Baza

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio 3499, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 235/2019 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la queja administrativa número 40/2019, promovida por JOSÉ GUADALUPE ÁVILA BAZA, en contra del auto de siete de marzo del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y tomando en consideración que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por José Guadalupe Ávila Baza. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente, así también que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. .

  2. Principal

    Agréguese el oficio número 1801, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 5981, por el que se rindió informe justificado y se remitieron los autos del juicio de amparo 235/2019, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por José Guadalupe Ávila Baza, en contra del auto dictado por este juzgado federal el siete de marzo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de garantías que dio origen al presente asunto, informando además que se admitió dicho medio de impugnación; lo anterior, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso José Guadalupe Ávila Baza, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el siete de marzo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demandada de amparo, promovida por JOSÉ GUADALUPE ÁVILA BAZA, contra actos del Director de Educación Física, Recreación y Deporte y otra autoridad, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda a estudio, al actualizarse a de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En la especie el quejoso, hace consistir el acto reclamado en: ". La Discriminación pro persona como trabajador perteneciente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO y afiliado al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN MICHOACANA.(S.T.E.M.), del cual soy integrante del Comité Ejecutivo de la Organización Sindical, ocupando la cartera de Subsecretaría de Trabajos y Conflictos de Educación Física, y simpatizante de la organización sindical,: en virtud de que se me quiere privar; del derecho a laborar de manera normal y sin estar coaccionado o supeditado a presión o coacción en el Sindicato señalado en líneas anteriores, mi condición humana de persona, padre de familia y entorno habitual de mis actividades cotidianas de trabajo y familiar, en el cual se pretende cámbiame de adscripción de mi trabajo por; las autoridades señaladas como responsables, siéndome notificada en fecha 28 veintiocho de febrero del año en curso (2019), el oficio de presentación SEE/SEB/DEFR y DHOF.NUM./438/2018 de fecha 25 veinticinco de febrero de 2019 dos mil diecinueve, en el cuales pretenden un cambio de adscripción a sector 03 de Pátzcuaro, Michoacán a la "Escuela Lázaro Cárdenas" 146DPR0232N, Turno; M., Z.E. 512 Pucuaro-Erongarícuaro, con 22 horas y clave 12130201010277 0124, cambio de adscripción pretendido a diverso municipio de la entidad, mencionando que el suscrito ingreso a laborara Secretaria de Educación en el Estado, desde el 01 'uno de septiembre del año 2006 dos mil seis y en sede en la ciudad de Morelia, Michoacán desde el año 2015 dos mil quince, y por motivos de discriminación de pertenecer a la organización sindical anteriormente citada, ya que, existen diversos trabajadores en mi misma categoría, que pertenecen a diversas organizaciones sindicales de trabajadores que laboran para el mismo patrón SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO y en ningún momento se les hostiga de manera personal y se les coacciona de algún beneficio, prestación o cambio de adscripción, siendo indiscutible la discriminación laboral hacia el ahora quejoso y la violación a los derechos humanos en cuanto trabajo, familia y al entorno de mis actividades en sociedad La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la siguiente jurisprudencia : "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos, del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. En la especie, el quejoso hace consistir el acto reclamado en el oficio de presentación SEE/SEB/DERFyD//OF.NUM./438/2018 y propuesta 2018-2019 OFPR0P19202/0143, ambos de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, suscritos por el Director de Educación Física, Recreación y Deporte y Jefe de Sector 03 de Educación Física y Deporte, respectivamente, a través de los cuales se le notifica al aquí quejoso que, por necesidades del servicio y de común acuerdo con la Delegación Sindical DII-143, se tuvo a bien disponer y proponer que, con el nombramiento de Profesor Normalista de Educación Física con que cuenta el aquí quejoso JOSÉ GUADALUPE ÁVILA BAZA, se realice un cambio del área de trabajo a la que se encuentra adscrito, es decir, del CECAP ESTATAL "Democracia, Igualdad y Justicia Social en Educación" con clave 16EBT003F, y pase a disposición del sector número 03 de Educación Física, ubicado en Pátzcuaro, Michoacán, con el propósito de que se le asigne en los Centros de trabajo una nueva adscripción a la clave presupuestal 12130201010277 0124, es decir, para ahora ocupar la plaza de la escuela "LÁZARO CÁRDENAS", con clave 16DPR0232N, turno matutino, Z.E. 512, en el sector 03, Pátzcuaro-Erongarícuaro. Atento a lo anterior, así como a las notas distintivas establecidas por el Máximo Tribunal del País, en el caso que nos ocupa, no se configura una afectación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos necesarios para ser considerados actos de autoridad, virtud a que éstos derivan de una relación laboral entre el quejoso y las autoridades responsables, ya que el peticionario de amparo, en su calidad de trabajador, reclama a las autoridades responsables en su calidad de patrones, la decisión de reubicarlo o cambiarlo de adscripción, por ello al tratarse de un acto que deriva de una relación obrero-patronal, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se adolece la parte quejosa, tienen su origen en la mencionada relación de trabajo entre particulares, donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de naturaleza contractual. En esa tesitura, es inconcuso que dicha actuación no puede considerarse como acto de autoridad, pues aún y cuando afectan la situación del quejoso, no es un acto emitido en plano de supra o subordinación, por lo que en todo caso, el quejoso debe acudir a reclamar esa actuación ante el órgano competente encargado de dirimir controversias de orden laboral, suscitadas entre patrón y trabajador, porque se trata de una relación de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s) Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". Así también, por identidad jurídica sustancial, la diversa jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1639, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ... Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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