José German Rosales Shamosh

Expediente 552/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
552/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Leopaldo Cortez Martínez
  • José German Rosales Shamosh
  • LEOPALDO CORTEZ MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En diez de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 1893, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de febrero de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a éste órgano jurisdiccional, mediante el cual informa las gestiones realizadas con la vista dada de la sentencia pronunciada en el presente sumario, de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************Finalmente, como está ordenado en autos, devuélvase el sumario en que se actúa al archivo definitivo, para su depósito y custodia.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que el término legal de que disponían los quejosos para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio transcurrió de la siguiente forma:****************************************Del once al veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieren hecho, toda vez que fueron notificados el nueve de noviembre pasado;****************************************Con la anterior certificación y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían los quejosos, a fin de recurrir la sentencia definitiva que negó la protección de la justicia federal en el presente juicio, sin que lo hubiesen hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ARCHIVO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************3. VALORACIÓN. Ahora bien, toda vez que por auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se determina que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, con apoyo en el capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.********************Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo.********************4. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    p Sin embargo, debe considerarse que pese a las manifestaciones de la responsable y a los medios probatorios aportados a la presente contienda, es necesario realizar un estudio de fondo para determinar la existencia de los actos de los que dicen los quejosos son víctimas dentro del centro de reclusión en el que se encuentran, ya que estimar lo contrario, implicaría dejar a los solicitantes de amparo en estado de indefensión, al no poder decidirse si se han respetado o nos sus derechos fundamentales. De ahí que no obstante la negativa informada, se tenga por cierto el acto reclamado a dicha autoridad. E CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, la autoridad responsable no invocó causal de improcedencia, ni tampoco se advierte de oficio, razón por la cual, se procede al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Los promoventes del amparo, aducen que se transgreden en su perjuicio directo los artículos 1°, 4, 14, 16, 18, segundo párrafo, 19 último párrafo, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esencia, indicaron que, el once de junio del año en curso el Director del Centro Federal de Readaptación Social CPS 17 Michoacán De Ocampo, con sede en Buenavista Tomatlán, permitió el acceso a la Guardia Nacional a dicho centro de reclusión, con el objetivo de golpearlos y rociarlos con gas pimienta a los quejosos; que mandan a los oficiales con "tambos", tipo extinguidores conteniendo ese fluido a sus estancias, donde celda por celda amenazan con rociarlos con gas si presionan para que les den actividades. Que pasar largo período (veinticuatro horas) en un espacio muy reducido pone en riesgo su salud física y psicológica y como consecuencia de ello les causa cierto grado de tortura. El concepto de violación es infundado. El segundo párrafo, del artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". El citado numeral dispone que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respecto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por su parte, los artículos 14, 15, 16 y 73 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: "Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario. Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas: I. Garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario; II. Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales; III. Gestionar la Custodia Penitenciaria; IV. Entregar al Juez de Ejecución, a solicitud fundada de parte, la información para la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio cumplidos por la persona sentenciada; V. Dar aviso al Juez de Ejecución, cuando menos cinco días hábiles previos al cumplimiento de la pena, acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada; VI. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los Centros Penitenciarios, quienes deberán acatar en todo momento las disposiciones aplicables y de seguridad aplicables, en los términos, condiciones y plazos que establece esta Ley; VII. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos; VIII. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado; IX. Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas; X. Presentar al Juez de Ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el padecimiento físico o mental, crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la persona privada de la libertad, con el propósito de abrir la vía incidental tendiente a la modificación de la ejecución de la pena por la causal que corresponda y en los términos previstos por la legislación aplicable; XI. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el Juez de Ejecución; XII. Aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplan en los Centros; XIII. Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran; XIV. Promover ante las autoridades judiciales las acciones dentro del ámbito de su competencia y cumplir los mandatos de las autoridades judiciales; XV. Brindar servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las condiciones de convivencia interna del Centro, y de justicia restaurativa en términos de esta Ley, y, XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos. Artículo 16. Funciones del Titular de los Centros Penitenciarios Los titulares de los Centros Penitenciarios, tendrán las siguientes obligaciones: I. Administrar, organizar y operar los Centros conforme a lo que disponga esta Ley y demás disposiciones aplicables; II. Representar al Centro ante las diferentes autoridades y particulares; III. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables; IV. Implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro; V. Declarar al Centro en estado de alerta o de alerta máxima, e informar inmediatamente a su superior jerárquico, en términos de las normas aplicables; VI. Solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de emergencia; VII. Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos; VIII. Expedir y vigilar que se emitan los documentos que le sean requeridos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como, expedir certificaciones que le requieran las autoridades o instituciones públicas, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico, la persona sentenciada y su defensor de los documentos que obren en los archivos del Centro Penitenciario; IX. Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del Juez de Ejecución u órgano jurisdiccional correspondiente; X. Realizar las demás funciones que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, en el ámbito de su competencia, y XI. Además de las señaladas en esta Ley, las que prevea la normatividad de la administración penitenciaria. Artículo 73. Observancia de los derechos humanos, Durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, se deberán de establecer programas específicos de derechos humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad". El artículo 14 dispone que la autoridad penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respecto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. El numeral 15, dispone que son funciones de la autoridad penitenciaria, entre otras: - Garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario; - Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales; - Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos; y, - Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran. Por su parte, el arábigo 16 estipula que las funciones del titular de los Centros Penitenciarios, son, entre otras: - Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables. - Implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro; y, - Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos. Finalmente, el numeral 73 establece que, durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estados mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, se deberán establecer programas específicos de derechos humanos tendentes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad. Es importante precisar que cuando la parte quejosa que se encuentra en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo indirecto que la autoridad carcelaria trasgrede sus derechos humanos en la implementación de las medidas de seguridad del centro, y esta al rendir el informe justificado niega los actos, no debe imponerse a aquél la carga de la prueba para que desvirtúe dicha negativa. Lo anterior, dado que la condición de interno lo coloca en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio procesal en relación con la posición que guardan las autoridades; pues como se señaló, corresponde a las autoridades penitenciarias implementar y ejecutar las medidas de seguridad necesarias en el centro. En esas condiciones, es evidente que las autoridades penitenciarias son las únicas capaces de proporcionar la información detallada respecto de si, en el caso, con la ejecución de las medidas de seguridad desarrolladas en el centro se trasgreden o no los derechos humanos y la integridad de los internos. Toda vez que de esa manera se lograría un equilibrio de acceso a la justicia a quienes por sus circunstancias particulares se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y reclaman la violación de sus derechos humanos. Sirve de orientación, la tesis XIX, 1o.2 K (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito , que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO LA AUTORIDAD CARCELARIA NIEGA EN ÉSTE QUE HA RETENIDO LA ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD, NO DEBE IMPONERSE A ESTE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR LA NEGATIVA POR ENCONTRARSE EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y DESEQUILIBRIO PROCESAL FRENTE A AQUÉLLA. Cuando el quejoso que se encuentra en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo indirecto que la autoridad carcelaria le retiene la entrega de su correspondencia, y ésta, al rendir su informe justificado niega ese acto, no debe imponerse a aquél la carga de la prueba para que desvirtúe dicha negativa, dado que su condición de interno lo coloca en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio procesal en relación con la posición que guardan las autoridades, pues conforme a los artículos 31 y 32 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, corresponde a éstas, a través de la oficialía de partes, recibir la correspondencia y remitirla al área de seguridad y custodia para su revisión externa, tanto física como electrónicamente, su clasificación y separación por módulos y secciones para entregarla a los internos; por consiguiente, todo el mecanismo queda en poder de las autoridades penitenciarias, quienes son las únicas capaces de proporcionar la información detallada respecto del acto reclamado, esto es, si existe o no correspondencia retenida que no se hubiera entregado al interesado o si ya la recibió, y adjuntar la documentación que acredite lo manifestado en su informe respectivo. De esta manera, se lograría un equilibrio de acceso a la justicia constitucional a quienes, por sus circunstancias particulares, en el caso, de personas privadas de su libertad, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y reclaman la violación de sus derechos humanos". En el caso, el quejoso reclama del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, consistentes, incomunicación, malos tratos y como consecuencia tortura. a) Incomunicación. Con relación a dicho acto, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, señaló que desde el momento en que el quejoso ingreso a la unidad administrativa y hasta la fecha ha mantenido comunicación continua con el exterior. Como justificante de su informe, exhibió formatos de control de comunicación continua con el exterior y de registros de llamadas telefónicas, así como de servicio postal (fojas 78 a 101). Por lo que ve al quejoso Rosales Shamosh José Germán, las siguientes: A foja 79 del sumario obra el formato "papeleta de control de llamadas", a nombre del interno Rosales Shamosh José Germán, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, del que se desprenden un listado de nombre completo de personas con las que desea hablar, la opción por orden, el parentesco, número telefónico; asimismo un control de llamadas de data cinco de octubre de dos mil veintidós, de la que se aprecia que las 18:30 pm, solicitó llamada ordinaria, la que fue enlazadas en el primer intento a la opción 84), que corresponde a la persona de nombre R.A.G. ex esposa con residencia en los Estados Unidos de Norteamérica con un horario de las 18:18 a 18:28. A foja 80, obra control de llamadas solicitadas a las 11:00 del día veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, de la que se aprecia que se enlazó llamada al segundo intento con la opción 3, que corresponde a E. M.R.S. (hermana) con un horario de las 11:12 a 11:22. A foja 81, obra constancia de enlace de data veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós de las 14:10 a las 14:20, con la opción 1 correspondiente a la persona de nombre R.A.G. A foja 82, obra enlace con la persona de nombre E.M.R.S, de data diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, de las 11:23 a las 11:33. A foja 83, enlace con la persona de nombre E.M.R.S, en fecha once de septiembre de dos mil veintidós de las 12:32 a 12:42. A foja 84, enlace con la persona de nombre R.A.G en fecha once de septiembre de dos mil veintidós de las 15:32 a 15:42. A foja 85, intento de enlace con la persona de nombre E.M.R.S, en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Posteriormente se registraron llamadas realizadas los días diez y diecinueve de agosto (fojas 86 y 87). Respecto del quejoso Leopoldo Cortés Martínez, se registraron llamadas telefónicas el veintisiete de septiembre con la persona de nombre S.CH.G, de las 14:14 a las 14:29 (foja 90). El once diecinueve y de septiembre con la persona de nombre R.M.G., madre de sus hijos, de las 14:17 a las 14:27 y de las 16:37 a 16:46 (foja 91 y 92). Asimismo, obra registro de comunicación telefónica en datas tres de septiembre, veintiséis, dieciocho, diez y dos de agosto fojas 94 a 98). Asimismo, se advierte que se registraron correspondencia a nombres de los quejosos como remitentes, consistente en cartas y sobres de datas treinta y uno de julio, diecinueve y, veintitrés de marzo del año en curso, dirigidas a personas físicas, y entre otros al Juez en turno juzgado de Uruapan (foja 99). Y, respecto del segundo de datas dos de septiembre, treinta y uno de julio, veintiséis de mayo y diez de marzo, todos del año dos mil veintidós, consistentes en cartas y sobres dirigidos a OADPRS, Juez Tercero de Dtto, Juez 3º Dtto CDMX y Juez Tercero de Distrito (foja 100). Asimismo, consta la notificación del quejoso de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, de la que se aprecia que fue comunicada del proveído de doce de septiembre del año corriente. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es ilustrativa, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De los documentos de referencia se advierte que los quejosos han tenido el acceso a realizar llamadas con las personas y familiares que registraron dentro de los formatos correspondientes; asimismo, a hacer uso del servicio postal, a ser notificados de las determinaciones tomadas en el presente asunto. Cabe hacer notar también que en su propia demanda, enviada por cierto por la vía postal, señalaron los horarios en los que acceden al uso de televisión, que es de ocho horas diarias, por lo que su manifestación de que se encuentran encerrados las veinticuatro horas quedó desvirtuado con las pruebas que exhibió la responsable, asimismo con su propia manifestación de los horarios en los que llevan a cabo actividades recreativas. Malos tratos, y golpes. Al respecto, la autoridad responsable indicó que desde que los impetrantes de amparo ingresaron al centro de reclusión, han tenido el uso y disfrute de las prerrogativas con las que cuenta el resto de la población que alberga esa institución y que en ninguna circunstancia habían sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sin que se advierte de las actuaciones que integran el sumario algún dato que indique lo contrario, además, la misma promoción del juicio de amparo constituye un dato de que tienen libertad para reclamar que se respeten sus derechos dentro del centro penitenciario, sin que hubieran manifestado dentro de la secuela procesal del juicio, o bien en sus notificaciones que esto les represente alguna sanción, apercibimiento o que reciban malos tratos por parte de la autoridad penitenciaria. En cuanto a los malos tratos, cabe mencionar que los quejosos alegan malos tratos ocurridos en personas diversas, pues refieren que el día once de junio del año en curso, el director del dicho centro permitió a la guardia ingresar a el Centro federal para que los golpearan y rociaran con gas pimienta y enseguida señalan " Y SI GOLPEARON A MUCHOS COMPAÑEROS Y ROCIARON CON GAS E INCLUCIVE A PERSONAS DE EDAD AVANZADA". Por lo que ve a los malos tratos consistentes en amenazas con gas pimienta, no existe dato que lo corrobore, pues incluso los quejosos señalan como tal "tambos" tipo extinguidores que contienen gas pimienta, sin que mencionaran que hubieran sido objeto de alguna agresión con dicho fluido. Ahora, la vigilancia del personal seguridad y la permanencia de los quejosos en las celdas durante los horarios establecidos, encuadra dentro de las facultades del director del centro penitenciario, a quien corresponde imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad, por violación al régimen de disciplina, siempre y cuando no menoscabe su dignidad ni se vulneren derechos humanos, restricción que no quedó demostrada en el sumario con las pruebas que han sido valoradas. En mérito de lo expuesto, no existe datos que indique que la autoridad penitenciaria responsable haya ejecutado acción alguna que restrinja el derecho humano de los quejosos sujetos al régimen de custodia y vigilancia, tales como malos tratos e incomunicación o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, que ocasione tortura, pues esta última trasgresión la hacen depender de violaciones que no quedaron acreditadas en autos. De ahí que se estimen infundados los conceptos de violación analizados. En esas condiciones, ante lo infundado del concepto de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. No obstante, que de los documentos analizados no se observa evidencia de que se hubiera cometido alguno de los actos a que hizo referencia los quejosos en su escrito de demanda, esto es, que dentro del centro de reclusión en el que se encuentra se cometan en su contra acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Empero, debe atenderse la manifestación del quejoso, en el sentido de haber sido objeto malos tratos y tortura, dentro del Centro Federal de Readaptación Social número "17 CPS Michoacán". En consecuencia, ante la obligación del juzgador de respetar el derecho de los internos que denunciaron tales hechos para que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente, a fin de que el caso sea investigado y, de ser procedente, sea juzgado de conformidad a la ley, se da vista al Ministerio Público de la Federación, a efecto que investigue la posible comisión de hechos de tortura, malos tratos y demás tratos crueles declarados por Leopoldo Cortéz Martínez y José Germán Rosales Shamosh, a fin de verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente, independiente, imparcial y meticulosa a efecto de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito. Finalmente, no es el caso de atender el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO" . OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOVENO. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Tomando en consideración que Leopoldo Cortéz Martínez y José Germán Rosales Shamosh se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente a los quejosos la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Leopoldo Cortéz Martínez y José Germán Rosales Shamosh, contra los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo, por los motivos expresados en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. Se ordena dar vista al se da vista al Ministerio Público de la Federación, para los efectos precisados en el considerando séptimo. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando noveno, notifíquese PERSONALMENTE a los quejosos en la forma y modalidad ahí señalada. Notifíquese personalmente; a los quejosos en el lugar donde guardan reclusión; y, por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. INFORME JUSTIFICADO. Visto lo de cuenta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del CEFERESO No. 17 "CPS Michoacán de Ocampo", rindiendo su informe justificado y anexando constancias en vía de prueba; con lo que se ordena dar vista a las partes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. 2. PRUEBAS. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la autoridad en mención, ofreciendo las pruebas documentales que anexa a su informe con justificación, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 3. DELEGADOS. Además, con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, designando delegados a las personas que mencionan en su oficio de cuenta. 4. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe justificado que se provee y sea respetado el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el lugar que guardan reclusión.

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