José Guadalupe Huanosta Altamirano
Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Guadalupe Huanosta Altamirano
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: CAUSA ESTADO Toda vez que de la certificación secretarial de cuanta se advierte que, no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al impetrante de amparo para que, dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, con identificación fehaciente a recibir las documentales allegadas en autos. En ese tenor, téngase a la parte quejosa autorizando a las personas que indica en su manuscrito de ocho de marzo de los corrientes (folio ********************), para tal efecto. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, dichos documentos, en su oportunidad, seguirán la suerte del juicio en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: SE RECIBE ESCRITO Agréguese al sumario el escrito del quejoso José Guadalupe Huanosta Altamirano, mediante el cual manifiesta que, no es su deseo impugnar el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo; asimismo, solicita la devolución de los documentos adjuntados a su acción y autorizando a las personas que indica, para su recepción. En su atención, dígasele al promovente que, una vez transcurrido el plazo legal, para impugnar dicho pronunciamiento, a que refiere el numeral 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se proveerá lo que conforme a derecho proceda. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de las autoridades responsables Procuraduría Agraria, con residencia en ********************, Michoacán de Ocampo, y otra. REGISTRO Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número ********************/2023. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, el promovente de amparo hace consistir su reclamo en: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es la PROCURADURÍA AGRARIA, con domicilio ubicado en ******************** ********************, número ********************, en ********************, Michoacán. El comisariado Ejidal de ejido de Tingambato, Michoacán con domicilio ubicado en la Casa Ejidal calle acueducto sin número del barrio primero de la población de Tingambato, Michoacán. IV. ACTO RECLAMADO: Lo es la segunda convocatoria emitida por el comisariado ejidal de Tingambato, Michoacán con data 21 de febrero de 2023, la cual tuvo como uno de los puntos a convenir en el punto número 8 la atención y seguimiento al asunto del C. ********************ya que anteriormente se había convocado a otra asamblea en donde se vería el tema del predio denominado "La Conejera" mismo que es de mi propiedad y del cual pretenden despojarme, sin que haya existido un juicio previo y sin que me hayan dado oportunidad de defenderme". Bajo esa tesitura, este juzgador estima que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del numeral 61, en correlación con el diverso precepto 62, ambos de la Ley de la Materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; " Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". La causal de improcedencia citada, reglamenta lo que jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional es únicamente respecto de actos definitivos. Por ende, en el presente caso, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, ello a fin de que en caso de que no sea favorable esta última determinación, se pueda estar en posibilidad de comparecer contra la misma ante un Juzgado de Distrito, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. Efectivamente, el principio de definitividad es un principio rector de la acción de amparo; el cual impone como obligación al impetrante de garantías, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Sobre el particular, es menester precisar que al ordinal 27 de la Constitución General de la República, se le adicionó la fracción XIX, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, fracción en la que el Estado dispuso las medidas para la impartición de la justicia agraria con el propósito de garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, esta adición constituye en concepto de quien resuelve, la base de lo que con posterioridad daría el nacimiento a los Tribunales Agrarios. "Artículo 27. - [.] XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic DOF 03-02-1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos". En posterior decreto publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, en el propio diario mencionado en líneas que preceden, a la misma fracción se le agregaron dos párrafos, los cuales son del tenor siguiente: ".Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y [...]". Lo transcrito con antelación permite afirmar, que con la mencionada inclusión en el precepto 27 constitucional, se crearon los Tribunales Agrarios, para resolver todas las controversias relacionadas con la tenencia de la tierra en los ejidos y comunidades, cuestión que se trata en el presente asunto. De ahí, que el motivo de disentimiento que hace valer en vía de amparo el justiciable es competencia del Tribunal Agrario, de conformidad a lo previsto en los numerales 163 y 166 de la Ley Agraria, que disponen: "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicos de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso [...]". De los numerales trascritos se desprende, que los juicios agrarios tienen por objeto substanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y que dichos Tribunales proveerán las diligencias pertinentes necesarias para proteger a los interesados, pudiendo acordar la suspensión del acto de la autoridad agraria que pueda afectarlos. En el caso, se estima que el acto reclamado se ubica en los rubros señalados en el dispositivo 18, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 163 de la Ley Agraria. "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; [.]". Lo anterior es así, pues la convocatoria a asamblea ejidal es un mecanismo emitido en aplicación de la Ley Agraria, que tiene como objeto citar a los miembros del núcleo ejidal a fin de que en la asamblea se tomen acuerdos relacionados, entre otros con los derechos agrarios de sus integrantes o se resuelvan conflictos de esa naturaleza al interior de dicho núcleo; cuya decisión en caso de que altere, modifique o extinga un derecho o determinen la existencia de una obligación, de alguno de los ejidatarios es susceptible de ser impugnada a través del mencionado juicio, al estar expresamente contemplada por la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18, como presupuesto de procedencia del juicio de nulidad, en el que, de estimar que no se cumplieron las formalidades de ley en la emisión de la convocatoria, de forma conjunta puede hacer valer su nulidad. En consecuencia, toda vez que en el caso, existe un medio de defensa como es el juicio de nulidad a través del cual se puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, previo a promover el presente juicio de amparo, el peticionario de amparo debió acudir ante el Tribunal Agrario, en los términos de lo dispuesto por el ordinal 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de combatir, por medio del juicio mencionado, la ilegalidad o nulidad del acto reclamado, esto es, la segunda convocatoria emitida de veintiuno de febrero de los corrientes, por el Comisariado ejidal del ejido de Tingambato, Michoacán de Ocampo. Máxime que con la interposición de ese medio de defensa se suspenderían los efectos de tal acto, sin exigirse mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, según se desprende de lo dispuesto por el referido precepto 166 de la Ley Agraria. Por tanto, debe considerarse que en el caso a estudio, no quedó colmado el principio de definitividad, dado que no se trata de una ley o acto de privación de libertad que exima a los promoventes, de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir en solicitud de amparo. Bajo esa tesitura, y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61, en correlación con el diverso precepto 62, ambos de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Apoya esta decisión, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página ********************1, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, Materia Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE LA MATERIA ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DE LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA AGRARIA Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. La Procuraduría Agraria está facultada, entre otras cosas, para convocar a asambleas de los núcleos ejidales, previa solicitud de éstos, para la remoción de los integrantes del comisariado y del comité de vigilancia, esto es, hace un anuncio para constituir la asamblea, supuesto en el cual actúa como coadyuvante, pues es precisamente el núcleo ejidal quien le solicita emitir la convocatoria y quien realmente tiene un interés en su celebración y en la separación de los miembros de dichos órganos internos, pero de ninguna manera a través de aquélla, la Procuraduría genera una obligación que les sujete a actuar de una u otra forma, o bien, resuelve un conflicto que repercuta en los intereses de los miembros del ejido. En consecuencia, lo fallado por el Tribunal Unitario Agrario respecto al reclamo de nulidad de ese tipo de convocatorias no es impugnable a través del recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, pues éste se refiere al término "resoluciones", mientras que las convocatorias no tienen ese carácter y, por tanto, no es obligatorio agotar ese medio de impugnación ordinario antes de acudir al juicio de amparo directo". Asimismo, orienta la Jurisprudencia PC.XVI.A. J/36 A (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, visible en página 830, Tomo I, Libro 85, Abril de 2021, Materia Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS PARA LA ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO SOBRE LAS PARCELAS. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA ILEGALIDAD DE LAS CONVOCATORIAS RESPECTIVAS POR AUSENCIA DE QUÓRUM LEGAL EN SU CELEBRACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, fracción IX, 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como los preceptos 9o. y 11 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, debe estimarse que en aras de dar certeza y seguridad jurídica a la situación particular de todos los miembros de un núcleo de población ejidal, los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes para conocer tanto de la expedición, como de la publicación y demás formalidades inherentes a una convocatoria para celebrar la asamblea general de ejidatarios para la adopción de dominio pleno. Tan es así que, de llegar a determinarse judicialmente la ilegalidad de dichas actuaciones, con trascendencia a la falta de celebración de la asamblea por no reunirse el quórum legal necesario en la primera, segunda o ulterior citación, es jurídicamente factible que los mencionados tribunales ordenen la expedición de una nueva convocatoria, con apoyo, incluso, de la Procuraduría Agraria. Sin embargo, debe precisarse que en ningún caso existe la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto en sustitución del órgano supremo del ejido, por tratarse de un tema que forma parte de la organización interna de los núcleos de población ejidal constituidos con arreglo a la legislación agraria en vigor, de manera que su deliberación en sentido positivo, negativo o incluso omisivo -si es el caso de que la mayoría calificada citada a comparecer sigue sin mostrar interés en tomar la decisión a pesar de haber sido debidamente convocada-, forma parte de una expresión legítima y democrática que es conforme con el orden jurídico constitucional del país, por lo cual, una vez que se constate judicialmente que todos los interesados tuvieron asegurada su participación en la toma de la decisión respectiva, cualquiera que ésta sea, debe respetarse el sentir de la voluntad general sobre el interés individual de cualquiera de sus miembros, ya que de estimarse lo opuesto, dejaría de garantizarse la libertad de configuración que en ese aspecto tienen reconocida los núcleos de población ejidal, lo cual es inadmisible a la luz de los principios democrático y de respeto a los derechos que están a la entera disposición de los gobernados, aunado a que, en tal escenario, no es función de las autoridades jurisdiccionales, sino de la asamblea general de ejidatarios, analizar cuál es el esquema de organización social y económica que más se ajusta a sus necesidades colectivas". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 33/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 206, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN. Si se toma en consideración que la hipótesis de procedencia del recurso de revisión a que se refieren los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios está condicionada a la circunstancia de que el juicio agrario se haya tramitado bajo el supuesto a que se contrae la fracción IV del artículo 18 de la propia ley orgánica, resulta inconcuso que dicho recurso ordinario es improcedente contra las sentencias de los Tribunales Unitarios Agrarios que resuelvan las controversias suscitadas entre la asamblea general y los miembros del núcleo de población en las que se tilde de nula un acta o resolución del citado órgano, porque se trata de un supuesto de procedencia del juicio agrario diverso al contenido en la mencionada fracción IV. En esta tesitura, las señaladas sentencias son impugnables a través del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, en virtud de que esta clase de resoluciones jurisdiccionales son sentencias definitivas que ponen fin al juicio en lo principal y lo dan por concluido, además de que son dictadas por tribunales administrativos y, en su contra, ya no procede recurso alguno. (Lo resaltado, es propio)". De igual forma, sirve de orientación, por las razones que la informan, la tesis X.3o.7 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página mil setecientos treinta y ocho, Tomo XIII, enero de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, FALTA DE. TRATÁNDOSE DE CONVOCATORIAS A ASAMBLEA EJIDAL HECHA POR LA PROCURADURÍA AGRARIA. Para efectos de considerar afectado el interés jurídico del quejoso en el juicio de garantías, debe existir un acto de autoridad que gravite directa e inmediatamente en la esfera del quejoso. Por tanto, tratándose de las convocatorias a asamblea ejidal, hecha por la Procuraduría Agraria, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Agraria, quien se sienta agraviado con tal cita a asamblea, es menester que acuda primeramente ante los Tribunales Unitarios en la materia, a pedir la nulidad de dicha convocatoria, fundado en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ya que será la resolución que emitan éstos, en caso de ser adversa, la que vendrá a afectar el interés jurídico del quejoso, y que lo legitimará en el juicio de garantías. Lo anterior, en razón de que siendo que este tipo de asuntos son parte de la competencia de los tribunales de instancia, los órganos de control constitucional no pueden asumir funciones de tribunales jurisdiccionales. (Lo resaltado, es propio)". Así como la que sustentó el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede consultarse en la página trescientos cuarenta y seis, Tomo XII, de septiembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, que dice: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DICTADOS POR AUTORIDADES AGRARIAS, QUE ALTEREN, MODIFIQUEN O EXTINGAN UN DERECHO O DETERMINEN LA EXISTENCIA DE UNA OBLIGACION. La nueva Ley de Reforma Agraria, regula la existencia en la República, de los tribunales unitarios que conocen en forma exclusiva de todos aquellos asuntos relacionados con esa materia y entre las facultades que a esos tribunales se les otorgó, atento a lo establecido por el artículo 18, de la Ley Orgánica que los rige, está la de conocer de los juicios de nulidad contra las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, luego si con la orden girada por la autoridad agraria, se pretende modificar o extinguir un derecho de los quejosos, es inconcuso que lo procedente en el caso, es que se reclame ante el tribunal unitario agrario competente, la nulidad de tal mandamiento, esto es, que es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estiman lesionados y sólo en el evento de que éste les resultara adverso, estarían en aptitud de ocurrir al juicio de garantías, por lo que, al no haberlo hecho así, se actualizó la causal de improcedencia que refiere la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo" También, sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página doscientos ocho, Tomo XV-2, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL QUE SE PROMUEVE RESPECTO DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIN QUE SE HAYA AGOTADO PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. De conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la fracción XIX del artículo 27 constitucional, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, los asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deben pasar a ser de la competencia de los Tribunales Agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva. Consecuentemente, aquellos asuntos que encuadren dentro de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), y que surjan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del referido decreto, son impugnables a través del juicio agrario, por lo que la promoción del juicio de amparo en contra de alguno de estos actos resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías". De igual forma, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos cincuenta y cuatro, Tomo II, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, COMPETENCIA DE LOS. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, éstos serán competentes para conocer: "De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias"; por lo tanto, dichos tribunales no sólo son competentes para conocer de la nulidad de actos y documentos celebrados ante autoridades agrarias o con motivo de la aplicación de leyes en la materia, sino también de todo acto o contrato que contravenga a las leyes agrarias, independientemente de que no se hayan celebrado ante esa clase de autoridades". Finalmente, la Jurisprudencia VI.3o.C.J/62, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos sesenta y cinco, Tomo XXIII, Materia Común, Febrero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo" DOMICILIO PROCESAL Téngasele señalando a la parte quejosa como domicilio, el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS Se le tiene a la impetrante de amparo autorizando en términos del numeral 12 de la Ley de la Materia a ********************; además, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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