José Francisco García Campoverde

Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • José Francisco García Campoverde
  • Juez de Control Y Enjuiciamiento Adscrito Al Centro de Justicia Penal Federal, Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el amparo en el presente juicio, transcurrió del veintiuno de julio al tres de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista el diecinueve de julio pasado, sin que lo hubiere hecho; y, Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Doy fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 20 primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, así como el incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. BILLETE DE DEPÓSITO. En autos obra el billete de depósito ********************, valioso por la cantidad de ********************, expedido por el Banco del Bienestar, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional. Ahora bien, en virtud de que dicha garantía se constituyó en términos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, resulta innecesario que transcurra el plazo de seis meses, a fin de que la parte tercera interesada comparezca a presentar la reclamación prevista en el artículo156 de la referida Ley. Sustenta lo anterior, por las razones que aduce, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, tomo XVI, publicada en la página 1194, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable." Así como la tesis IX.2o.9 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 533, de rubro y texto: "GARANTÍA. DEVOLUCIÓN DE LA OTORGADA PARA LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD. Sí procede la devolución del billete de depósito exigido como garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida contra una orden de reaprehensión, la cual se condicionó a que se presentara el quejoso ante las autoridades responsables dentro del término de setenta y dos horas, en el caso de que haya causado ejecutoria la sentencia dictada en lo principal que otorgó el amparo, pues dicha medida de aseguramiento, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, tiene el fin de que el quejoso pueda ser devuelto a la autoridad responsable, de no concedérsele el amparo. Máxime si no obra en los autos constancia del incumplimiento por parte del quejoso." En esas condiciones, se deja a disposición de su depositante ********************, quien deberá comparecer ante este Juzgado a recibirlo dentro del plazo de DOS AÑOS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; apercibido que de no hacerlo, en el plazo concedido para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decretará su prescripción en favor del Erario Federal. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    ****************************************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL********************En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veinticinco minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************/2023, sin la asistencia de las partes.********************La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.********************Y, relaciona como principales constancias del expediente:********************La demanda; e,********************Informes justificados. ********************Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden.********************Posteriormente la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, haciendo constar que:********************Se encuentra debidamente integrado;********************Que guarda estado para dictar sentencia;********************Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y********************Que las constancias del expediente físico y electrónico coinciden íntegramente.********************El Juez Acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, en cuanto a la certificación que antecede se ordena tomar en consideración para los efectos legales conducentes.********************Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta al Juez con las pruebas documentales que acompañó la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, a su informe con justificación. ********************A lo que el Juez toma conocimiento; y cierra esta etapa.********************Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta de que ninguna de las partes formuló alegatos en su favor.********************A lo que el Juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos, con lo que se cierra esta etapa.********************Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación:********************S E N T E N C I A******************** VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************/2023, promovido por ********************, contra actos del Fiscal General de la República, Delegación Morelia, Michoacán y otras autoridades.********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el nueve de junio de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben:********************"III.-. AUTORIDADES RESPONSABLES:********************Señalo como autoridades responsables ordenadoras, las siguientes: ********************Fiscalía General de la República, Delegación Morelia, Michoacán (.)********************Al Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en la ciudad de Morelia Michoacán (.)********************Al Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Morelia, Michoacán (...)********************Como autoridades ejecutoras del acto reclamado señalo: ********************Director y/o comandante de la Agencia de Investigación Criminal, Región, Michoacán y/o Policía Federal Ministerial (.)********************Fiscalía General de la República, Delegación Morelia, Michoacán (.)********************Al Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en la ciudad de Morelia Michoacán (.)********************Al Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Morelia, Michoacán (.)********************Reservándome el derecho de aclarar el nombre de las autoridades o sus respectivos domicilios (.)********************IV. ACTOS RECLAMADOS. - Reclamos (sic) la posible orden de detención en mi contra sin que exista mandato judicial por la autoridad competente, así como la ejecución y detención del suscrito.********************De igual forma reclamo la cumplimentación de orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia y/o presentación del suscrito, sin que exista mandato judicial por la autoridad competente, así como la ejecución y detención del suscrito, fuera de todo fundamento legal. - (.)"********************El promovente del amparo expone que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14,16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito, el nueve de junio de dos mil veintitrés, y en proveído de esa misma fecha se admitió a trámite; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer respecto de la existencia de terceros interesados hasta en tanto obraran en autos los informes justificados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. De la razón actuarial de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se advirtió la imposibilidad de la funcionaria judicial para notificar los oficios dirigidos a la Fiscalía General de la República, Delegación Morelia, Michoacán de Ocampo y al Director y/o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal, Región Michoacán y/o Policía Federal Ministerial, Morelia, Michoacán de Ocampo; al serle comunicado por correo electrónico por la licenciada Haydee Garduño Santiago y Jesús López Trujillo, que no corresponden los nombramientos de las autoridades, siendo las denominaciones correctas Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán y Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia.********************Por tanto, en auto de veinte de junio siguiente, se tuvo por inexistentes a las primeras autoridades referidas, se ordenó suspender toda comunicación con ellas, y se ordenó emplazar a las responsables en su denominación correcta. ********************En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscalía General de la República, Delegación Morelia, Michoacán de Ocampo y al Director y/o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal, Región Michoacán y/o Policía Federal Ministerial, Morelia, Michoacán de Ocampo.********************Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone:********************"AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente."********************Previo diferimiento, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************Lo anterior, en virtud que en el caso se reclama actos con posible ejecución en San Juan Nuevo Parangaricutiro, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción y competencia. ********************SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo.********************Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama:********************La orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación, girada en su contra, y su ejecución.********************De las siguientes autoridades, en cuanto ordenadoras y ejecutoras:********************Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, Morelia, Michoacán de Ocampo;********************Juez del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Morelia, Michoacán;********************Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán.********************Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia.******************** Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".********************TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa.********************La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta.********************En caso de que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza de este para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba.********************Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención.********************Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.********************Existen tres reglas con relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado:********************1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado;********************2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, ********************3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión.********************En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional.********************La parte quejosa reclama de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo: ********************La orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación, girada en su contra, y su ejecución.********************En su escrito de demanda, expuso que el día siete de junio del año que corre, por conducto de algunos vecinos de su domicilio particular y de su fuente laboral en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, se enteró que se han presentado elementos u oficiales de la Policía Federal de Investigación, en camionetas blancas sin ningún logotipo o denominación que las pudiera ubicar, preguntando por el quejoso en diversos horarios, y ante la insistencia de su búsqueda, es que teme que se le prive injustamente de la libertad.********************Al respecto, las autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron categóricamente los actos que de ellas reclama el quejoso.********************En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades, al rendir sus informes con justificación negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlo, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos.********************En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado orden de aprehensión en contra del impetrante de amparo, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo.********************Luego, si las autoridades responsables, negaron el acto que se les atribuye, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. ********************Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ********************"INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".********************Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:********************"ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo".********************Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece:********************"ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado".********************Dicha inexistencia, fue corroborada con las constancias que acompañó a su informe justificado el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán en funciones de Juez de Control, consistentes en las copias de la causa penal ********************, que tienen valor probatorio pleno, conforme a los preceptos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su ordinal 2, y por tanto, constituyen una documental pública al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones.********************Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".********************También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto:********************"EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales".********************En efecto, de dichas documentales se obtienen los antecedentes que, en lo conducente, se destacan a continuación: ********************En audiencia inicial de seis de junio del año en curso, la fiscalía formuló imputación contra ********************, por el probable hecho señalado por la ley como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción III, en relación con el diverso 11, inciso e), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.********************Toda vez que, el imputado se acogió a la duplicidad del plazo constitucional, se señalaron las ocho horas con quince minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, para la continuación de la audiencia inicial y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que se concedió a ********************, el plazo de cinco días hábiles a efecto de que se internara de manera voluntaria en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en el municipio de Charo, Michoacán.********************A solicitud de su defensa, la continuación de la audiencia inicial se llevó a cabo a las dieciocho horas del once de junio del mismo mes y año, a la que el quejoso compareció a través de video conferencia, y en la que se le dictó auto de vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; se indicó que subsistía la medida cautelar impuesta durante el tiempo que dure la causa penal de que se trata, la cual deberá cumplirse en el centro penitenciario referido, y se precisó que el quejoso tendría hasta el trece de junio del año en curso, para internarse de manera voluntaria; se hizo constar que el plazo de investigación autorizado sería de cuarenta y cinco días y fenecería el veintiséis de julio de dos mil veintitrés; y, finalmente, se dio vista a la fiscalía a fin de que lleve a cabo la investigación correspondiente respecto de la posible falta administrativa o de orden penal, respecto a la cuarta persona que estuvo detenida a la que hizo alusión la defensa, así como la camioneta con reporte de robo que tripulaba el imputado, aquí quejoso. ******************** En ese contexto, cuando se reclame un acto o una omisión, su existencia debe analizarse de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que el juicio constitucional sólo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales.********************De los antecedentes reseñados se desprende, sin lugar a duda, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (nueve de junio de dos mil veintitrés), el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán en funciones de Juez de Control, no había dictado orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación, en contra del quejoso, toda vez que, hasta ese momento, ********************, había comparecido a través de video conferencia a la audiencia inicial dentro de la causa penal ********************, por lo que, inclusive se le hizo saber que el día trece de junio, como máximo, debía internarse de manera voluntaria en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", en cumplimiento a la medida cautelar que le fue impuesta.******************** Ilustra, la tesis sin número, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 273, del tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207528, que señala:******************** "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda".********************En esas condiciones, al resultar inexistentes los actos reclamados por el quejoso, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.********************En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen:********************"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente".********************CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.********************SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia.********************Notifíquese.********************Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe.********************La suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se determinó sobreseer en el juicio de amparo ********************/2023, promovido por ********************, contra actos del Fiscal General de la República, Delegación Morelia, Michoacán y otras autoridades. Conste.****************************************El dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.

  3. Principal

    En diez de julio de dos mil veintitrés, la secretaria certifica: que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del informe con justificación rendido por la autoridad responsable Subdelegado de Procedimientos Penales "C", en suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán. Doy fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del informe con justificación rendido por la autoridad responsable Subdelegado de Procedimientos Penales "C", en suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  4. Incidental

    tres de julio de dos mil veintitréstres de julio de dos mil veintitrés********************ACTA DE AUDIENCIA INCIDENTAL********************En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, en el presente incidente de suspensión ********************/2023.********************La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.********************Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144, de la Ley de Amparo, se declara abierta la presente audiencia y la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente.********************Posteriormente, la Secretaria da cuenta al Juez con el oficio registrado bajo el folio 8404, suscrito por el Subdelegado de Procedimientos Penales "C", en suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán, mediante el cual rinde informe previo.********************Por tanto, se da cuenta con los informes previos rendidos por las siguientes autoridades responsables:********************Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, Morelia, Michoacán;********************Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Morelia, Michoacán; y,********************Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia.********************Delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán.********************Al respecto, el Juez acuerda; con fundamento en los artículos 138 fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, téngase a las citadas autoridades responsables, rindiendo su informe previo.********************Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que acompañó la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, Morelia, Michoacán, a su informe previo. ********************A lo que el Juez determina: Se toma conocimiento y se cierra esta fase.********************Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos en su favor.********************A lo que el Juez acuerda: se tiene a las partes por precluido su derecho para formular alegatos, con lo que se cierra esta etapa.********************Finalmente, se da por concluida la audiencia y el Juez procede a dictar la siguiente resolución:******************** VISTOS; y, RESULTANDO:********************PRIMERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En su demanda de amparo ********************, solicitó la suspensión provisional, y en su momento la definitiva, de los actos reclamados a las autoridades responsables.********************SEGUNDO. TRÁMITE. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; ********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo.********************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado:********************La orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia y/o presentación, girada en su contra.********************TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. En proveído de veinte de junio del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables Fiscalía General de la república, Delegación Morelia, Michoacán y Director y/o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal, Región Michoacán y/o Policía Federal Ministerial, Morelia, Michoacán, y se ordenó suspender toda comunicación con ellas.********************Toda vez que, le fue comunicado a la actuaria adscrita por correo electrónico por la licenciada ******************** y ********************, que no corresponden los nombramientos de las autoridades, siendo las denominaciones correctas Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán.********************En esas condiciones, se ordenó notificar a las autoridades responsables en su denominación correcta.********************En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables.********************CUARTO. ACTOS CUYA EXISTENCIA NO QUEDÓ ACREDITADA. No son ciertos los actos reclamados a la autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, Morelia, Michoacán, Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Morelia, Michoacán, Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y Delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán, en razón de que así lo manifestaron, al rendir su informe previo y la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa.********************No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que al rendir su informe previo la autoridad reponsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, Morelia, Michoacán, informó la existencia de un auto de vinculación a proceso dictado en contra de ********************, no obstante, de las constancias que remitió la autoridad en cita, no se advierte que se haya girado orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia y/o presentación, en contra del aquí quejoso.********************Por tanto, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre qué decretarla, por lo que corresponde al referido acto y las mencionadas autoridades.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo:********************"INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."********************Por lo expuesto y fundado, se: ********************RESUELVE:********************ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en los términos del considerando cuarto de esta resolución.********************Notifíquese.********************Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

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