Jose Gerardo Albarrán Gonzalez

Expediente 475/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
475/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Gerardo Albarrán Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 475/2022-V. Puebla, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 475/2022-V. Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso +++++ .. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda, fue circunscrito a los siguientes actos: "... ".... Los actos combatidos, se los atribuye a las siguientes autoridades administrativas: .. Pero de la lectura integral de la demanda que realizó esta juzgadora, se desprende que en realidad reclama, los siguientes actos: 1. El inicio de una carpeta de investigación (lo anterior debido a que señala únicamente autoridades administrativas); y 2. Las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, retención, presentación, búsqueda y citación. Primeramente, se realizara el pronunciamiento, respecto acto reclamado consistente en: el inicio de una carpeta de investigación. El quejoso pretende combatir: el inicio de alguna carpeta de investigación Acto que reclama a las autoridades ordenadoras administrativas, antes citadas. Pero el inicio de alguna carpeta de investigación, formada por hechos con apariencia de delito, encuentra la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que corresponden al precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Amparo: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. ; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades....La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. [.]". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el interés jurídico, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación existirá para entablar el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia : "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE". De modo que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Así las cosas, el principio general de procedencia en alusión, consiste en que sólo puede promoverse juicio de amparo si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; esto es, sólo por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral - sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Luego, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por su parte, es igualmente válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De modo que si la precondición para la procedencia de un juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, si no hay derecho afectado que tutelar, tampoco existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. A la luz de lo apuntado, es válido considerar que el inicio de una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con el inicio ni con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra el inicio de una carpeta de investigación, que atañe a la integración para la eventual determinación de la acción penal, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obliga a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre el acto consistente en el inicio de una carpeta de investigación, pues no genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Bajo este contexto, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en el inicio de una carpeta de investigación. Acto que se reclamó a las autoridades ordenadoras administrativas antes citadas. Ello obedece, como se dijo, a que el inicio o trámite de una carpeta de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos del quejoso, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de alguna carpeta iniciada contra aquél, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Luego, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el mencionado acto. En apoyo a lo considerado, se invoca la tesis "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Sólo resta indicar que tampoco podría considerarse el parámetro del interés legítimo, porque este depende de que el gobernado esté ubicado en una situación particular, respecto del orden jurídico que dio sustento al acto reclamado, lo cual es ajeno al inicio de una carpeta de investigación, porque esta sólo comprende a las personas involucradas en la controversia penal. Por tanto, esta juzgadora concluye que el inicio de una carpeta de investigación, reclamado a las mencionadas autoridades ordenadoras, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del diverso 61 de la Ley de Amparo, que es indudable y manifiesta conforme a las razones expuestas con antelación, las cuales descansan en la falta de interés jurídico. En segundo lugar, se realiza el pronunciamiento, respecto a los actos reclamados consistentes en: las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, retención, presentación, búsqueda y citación, atribuidas a las autoridades administrativas señaladas como responsables. De ellos, se actualizan las causas de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional...Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar las órdenes de aprehensión o detención, a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General del Estado de Puebla, señalados como autoridades responsables ordenadoras, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar búsqueda, aprehensión y detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. . Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlo o detenerlo. Ahora, aun si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. ... Resulta aplicable la tesis "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, propio derecho, contra las órdenes de órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, retención, presentación, búsqueda y citación, y su ejecución, así como el diverso acto consistente en el inicio de una carpeta de investigación, reclamados a las autoridades administrativas señaladas como responsables, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Domicilio procesal, autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada únicamente para recibir notificaciones, la persona señalada en la demanda, pues carece de registro ante el Sistema de Registro de Profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Domicilio procesal, autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada únicamente para recibir notificaciones, la persona señalada en la demanda, pues carece de registro ante el Sistema de Registro de Profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese de forma personal al quejoso.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 475/2022-V. Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso +++++ .. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda, fue circunscrito a los siguientes actos: "... ".... Los actos combatidos, se los atribuye a las siguientes autoridades administrativas: .. Pero de la lectura integral de la demanda que realizó esta juzgadora, se desprende que en realidad reclama, los siguientes actos: 1. El inicio de una carpeta de investigación (lo anterior debido a que señala únicamente autoridades administrativas); y 2. Las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, retención, presentación, búsqueda y citación. Primeramente, se realizara el pronunciamiento, respecto acto reclamado consistente en: el inicio de una carpeta de investigación. El quejoso pretende combatir: el inicio de alguna carpeta de investigación Acto que reclama a las autoridades ordenadoras administrativas, antes citadas. Pero el inicio de alguna carpeta de investigación, formada por hechos con apariencia de delito, encuentra la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que corresponden al precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Amparo: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. ; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades....La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. [.]". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el interés jurídico, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación existirá para entablar el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia : "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE". De modo que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Así las cosas, el principio general de procedencia en alusión, consiste en que sólo puede promoverse juicio de amparo si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; esto es, sólo por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral - sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Luego, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por su parte, es igualmente válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De modo que si la precondición para la procedencia de un juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, si no hay derecho afectado que tutelar, tampoco existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. A la luz de lo apuntado, es válido considerar que el inicio de una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con el inicio ni con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra el inicio de una carpeta de investigación, que atañe a la integración para la eventual determinación de la acción penal, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obliga a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre el acto consistente en el inicio de una carpeta de investigación, pues no genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Bajo este contexto, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en el inicio de una carpeta de investigación. Acto que se reclamó a las autoridades ordenadoras administrativas antes citadas. Ello obedece, como se dijo, a que el inicio o trámite de una carpeta de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos del quejoso, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de alguna carpeta iniciada contra aquél, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Luego, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el mencionado acto. En apoyo a lo considerado, se invoca la tesis "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Sólo resta indicar que tampoco podría considerarse el parámetro del interés legítimo, porque este depende de que el gobernado esté ubicado en una situación particular, respecto del orden jurídico que dio sustento al acto reclamado, lo cual es ajeno al inicio de una carpeta de investigación, porque esta sólo comprende a las personas involucradas en la controversia penal. Por tanto, esta juzgadora concluye que el inicio de una carpeta de investigación, reclamado a las mencionadas autoridades ordenadoras, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del diverso 61 de la Ley de Amparo, que es indudable y manifiesta conforme a las razones expuestas con antelación, las cuales descansan en la falta de interés jurídico. En segundo lugar, se realiza el pronunciamiento, respecto a los actos reclamados consistentes en: las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, retención, presentación, búsqueda y citación, atribuidas a las autoridades administrativas señaladas como responsables. De ellos, se actualizan las causas de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional...Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar las órdenes de aprehensión o detención, a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General del Estado de Puebla, señalados como autoridades responsables ordenadoras, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar búsqueda, aprehensión y detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. . Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlo o detenerlo. Ahora, aun si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. ... Resulta aplicable la tesis "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, propio derecho, contra las órdenes de órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, retención, presentación, búsqueda y citación, y su ejecución, así como el diverso acto consistente en el inicio de una carpeta de investigación, reclamados a las autoridades administrativas señaladas como responsables, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Domicilio procesal, autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada únicamente para recibir notificaciones, la persona señalada en la demanda, pues carece de registro ante el Sistema de Registro de Profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Domicilio procesal, autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada únicamente para recibir notificaciones, la persona señalada en la demanda, pues carece de registro ante el Sistema de Registro de Profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese de forma personal al quejoso.

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