Jose Galindo Vargas
Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Galindo Vargas
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 502/2022-II. Puebla, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo , se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 502/2022-II. Puebla, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por , por propio derecho donde reclama el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Ejecución de Sentencia del Estado de Puebla, dentro del incidente , donde se desechó de plano el incidente de libertad anticipada que planteó Lo anterior, sustancialmente, pues refiere que juez señalado como responsable debió recabar las constancias necesarias (el proceso de origen) y no él. En esas circunstancias, a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, relativa al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia : "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 131, en relación con los diversos 132, fracción I, 134 y 135, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen lo siguiente: "Artículo 131.- Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación [.]". "Artículo 134. Emplazamiento y remisión .". "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación....En esas circunstancias, la resolución reclamada al juez responsable en la que desechó de plano el incidente de libertad anticipada que promovió el quejoso respecto de la pena de prisión impuesta por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec, Puebla, dentro del proceso + que se instruyó en su contra por el delito de homicidio -en donde se le condenó a una pena de prisión de treinta y ocho años- es de las que pueden ser combatidas a través del recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tener por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por consiguiente, ese recurso debió haber sido agotado, previo a ser impugnada a través del ejercicio de la acción de amparo. Máxime que el aquí quejoso es parte en el incidente o carpeta de ejecución + del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, y por ello estuvo en aptitud de interponer ese recurso de apelación, pero al haberlo omitido, se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. En tales condiciones, si el quejoso no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, pues al estar vinculado al juicio natural por ser el imputado dentro de la causa generadora, sí estaba en aptitud de interponer dicho recurso en todo aquello que lo afectara al abordar dicho aspecto. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni de los previstos en los incisos b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Además, es importante precisar que, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, se insiste, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto. Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis : "ACTO RECLAMADO NO COMPRENDIDO EN LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". También resulta aplicable : "RECURSOS ORDINARIOS". Y la Jurisprudencia : "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". Finalmente, es necesario resaltar la actual tendencia de los criterios emitidos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativos al principio de definitividad en relación con los recursos ordinarios previstos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (aplicable en el caso por tramitarse conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal), pues estos últimos han sido considerados idóneos para resolver las inconformidades de los justiciables. Un claro ejemplo de ello se encuentra en la tesis "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.4" En éste, la Primera Sala consideró que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, con lo que se abandonó el pensamiento que permitía la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto. Lo mismo ocurre con el recurso innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; éste, sostuvo también la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.)5, es idóneo para combatir las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, por lo que debe agotarse de manera previa a la promoción del juicio de amparo indirecto. En esa línea de pensamiento, se insiste, en el presente caso el quejoso debió promover el recurso ordinario que tenía a su alcance (apelación) previo a promover el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle catorce norte, número doscientos cinto, Barrio de la Luz, en la ciudad de Puebla, Puebla. Por otra parte, queda autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo María del Carmen Báez Aguirre, dado que se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, Guicela Ortiz Torres, Julio Arturo Gómez Peña, José Antonio García Paredes, Alfonzo González Hernández y Manuel Antonio Rodríguez Cruz, únicamente quedan autorizados para oír y recibir notificaciones, los cuatro primeros a solicitud expresa del quejoso, y el quinto por carecer del referido registro. Notifíquese; de manera personal al quejoso (en el domicilio indicado en la demanda); y cúmplase.
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