José Francisco Pérez Melchor

Expediente 162/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
162/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • José Francisco Pérez Melchor
  • Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio en que se actúa y testimonio de la ejecutoria de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el amparo revisión 193/2022 de su índice, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida en la que sobreseyó en el presente juicio. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la diversa comunicación por el que se remitió el recurso de revisión hecho valer contra la sentencia emitida en autos; asimismo, informa que admitió el referido medio de impugnación y lo registró bajo el número de revisión civil 193/2022 de su índice. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 162/2022, promovido por José Francisco Pérez Melchor, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, José Francisco Pérez Melchor, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, se registró con el número 162/2022, y se admitió mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Luego, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se reconoció carácter de tercero interesado a Juan Pérez Melchor, en cuanto parte actora en el juicio sumario civil de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron dictados por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual tuvieron ejecución. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de la demanda, se advierte que José Francisco Pérez Melchor, reclama lo siguiente: La falta emplazamiento al juicio sumario civil 380/2021, que sobre división de cosa común respecto del inmueble ubicado en la calle Benito Juárez número 266 de San Nicolás Obispo, Michoacán, y otras prestaciones promovió Juan Pérez Melchor contra Elena Pérez Melchor, así como todas las notificaciones practicadas dentro del mismo; El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno [no de septiembre como señala el quejoso], en el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado por las partes en el citado juicio; y, El diverso auto de veintitrés de septiembre del mismo año [no de veintisiete como refiere el quejoso], mediante el cual se ordenó enviar el juicio de origen a la Notaría Pública Número 97, a fin de que se realice la protocolización del referido bien inmueble y se otorgue la escritura correspondiente. Actos que atribuye a las autoridades: Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán; y, Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán, y Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado en forma conjunta. Lo que se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado dichas autoridades, consistentes en copia certificada de las principales constancias que integran el juicio sumario familiar 380/2021, [mismas que obran agregadas al juicio, fojas 27 a 111]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia de los actos que se combaten, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto, -de oficio- este juzgador advierte que el presente juicio de amparo es improcedente porque la parte quejosa no acredita su interés jurídico. La causa de improcedencia en cita, es la prevista en la fracción 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio sumario civil 380/2021, que sobre división de cosa común promovió el aquí tercero interesado Juan Pérez Melchor contra Elena Pérez Melchor, respecto del inmueble ubicado en la calle Benito Juárez número 266 de San Nicolás Obispo, Michoacán, y al efecto aduce que es heredero legítimo del autor de la sucesión y las autoridades responsables le privan de ejercer su derecho como heredero; por ende debe acreditar el interés jurídico, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 51/2019 (10a.), visible en la página 1598, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro 2019456 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Como se dijo, el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio sumario civil 380/2021, promovido por el aquí tercero interesado Juan Pérez Melchor, contra Elena Pérez Melchor. Aduce en sus conceptos de violación, que se vulneran sus derechos al privarle de ser oído y vencido en cuanto heredero de la sucesión legítima correspondiente al citado bien inmueble que fue materia de la división en el juicio de origen y respecto del cual se ordenó la escrituración a favor del aquí tercero interesado. Luego, para acreditar sus afirmaciones, exhibió los siguientes documentos: Copia de una hoja de minuta realizada en San Nicolás Obispo, Michoacán, el catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, relativo a la compra venta de un solar. Copia cotejada de las actas de nacimiento de Juan Pérez Melchor, Elena Pérez Melchor, y de Josefina María Teresa Melchor Gutiérrez. Copia simple del acta de nacimiento del quejoso José Francisco Pérez Melchor, así como de su clave única de registro de población. Copia cotejada de un recibo de pago del impuesto predial del domicilio ubicado en la calle Benito Juárez número 266 de la tenencia de San Nicolás Obispo, a nombre de "Juan Pérez Melchor y Soc". Copia cotejada de un recibo de pago del servicio de energía eléctrica CFE, correspondiente al domicilio Benito Juárez número 266, San Nicolás Obispo, Mich., a nombre de "Pérez M J Francisco". Copia cotejada de un recibo a nombre de "Josefina Melchor Gutiérrez". Copia simple de un acta circunstanciada levantada ante el Jefe de Tenencia de San Nicolás Obispo, por los hechos que informó Elena Pérez Melchor. Sin embargo, debe precisarse que en el caso no se advierte que los actos que reclama el quejoso consistentes en la falta emplazamiento al juicio sumario civil 380/2021, que sobre división de cosa común y otras prestaciones promovió Juan Pérez Melchor contra Elena Pérez Melchor, así como todas las actuaciones y notificaciones practicadas dentro del mismo, le cause perjuicio. Se afirma lo anterior, porque como se dijo con antelación José Francisco Pérez Melchor, aduce que se le dejó en estado de indefensión respecto del derecho que le asiste como heredero de la sucesión legítima a bienes del autor de la herencia y se le priva de ejercer su derecho a ser oído y vencido; sin embargo, al margen de que con los documentos exhibidos el quejoso acredite su entroncamiento con la de cujus y por tanto el derecho que le asiste como heredero, el contradictorio de origen no es un juicio sucesorio en el que se hubieren ventilado derechos sobre los bienes que refiere. Es decir, el expediente de origen es un juicio sumario civil sobre división de cosa común que promovió Juan Pérez Melchor contra Elena Pérez Melchor, respecto del predio rústico actualmente ubicado en la calle Benito Juárez sin número, de la tenencia de San Nicolás de Obispo, mismo que adquirieron en copropiedad. De modo que, si bien el quejoso manifiesta que su extinta madre adquirió un solar en la población de San Nicolás de Obispo, y que de acuerdo a las partidas de nacimiento exhibidas, se advierte que además de Juan y Elena, también es hijo de Josefina Melchor Gutiérrez y por tanto tiene derecho al haber hereditario de la de cujus como lo señala, lo cierto es que no es en el trámite relativo al juicio sumario civil sobre división de cosa común donde tiene que hacer valer su derecho. De ahí que, al margen de que el quejoso ostente un derecho como sucesor respecto de los bienes de su progenitora, el mismo no lo puede hacer valer en el juicio sobre división de cosa común 380/2021. Por ende, como el quejoso lo que reclama es su derecho hereditario sobre el bien inmueble que sus hermanos adquirieron en copropiedad, es evidente que el juicio sobre división de cosa común promovido por el aquí tercero interesado Juan Pérez Melchor contra Elena Pérez Melchor, no le causa agravio alguno. En ese estado de cosas, es de concluirse que el quejoso no acreditó la vulneración a sus derechos y por tanto su interés jurídico para ser llamado al juicio sumario civil sobre división de cosa común de origen, máxime que este debe acreditarse fehacientemente, y no inferirse con base en presunciones, como lo establece el criterio 2ª./J. 16/94, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, registro 206338, de título y tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Francisco Pérez Melchor, por su propio derecho, por los actos, autoridad y motivos expuestos en la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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