José Francisco Ochoa Arriaga

Expediente 354/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
354/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • José Francisco Ochoa Arriaga
  • Dario Munguia Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la suspensión provisional. Por lo que se refiere al duplicado destrucción por personal autorizado de este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que allegaron al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del tercero interesado ********************mediante el cual se apersona al presente asunto, señala domicilio para recibir notificaciones y autoriza de su parte a las personas que señala en su ocurso. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al presente juicio el tercero interesado en cita. Asimismo, se tiene por señalado el domicilio que indica el tercero interesado para recibir notificaciones en esta ciudad. En ese sentido, se comisiona al actuario tome nota del señalamiento de domicilio para realizar las subsecuentes notificaciones. Por otro lado, se tienen como autorizadas para tal efecto a la personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos que vierte el tercero interesado en cita, mismos que se ordenan relacionar de nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibido el informe previo que rinde la Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán. En tal virtud, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el referido informe previo, toda vez que por resolución interlocutoria de nueve de los actuales, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 354/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el juez provee: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se declara precluido el derecho de las partes para ofrecer medios de convicción dentro de la presente incidencia. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluído el derecho de las partes para formularlos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; 2. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Tacámbaro, Michoacán. Acto reclamado: La sentencia emitida el seis de marzo de dos mil diecinueve, dentro del toca civil I-37/2019, en la que se dejó sin efectos la sentencia definitiva de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho dictada dentro del juicio civil 897/2017, por la que se ordenó reponer el procedimiento para que el juez de origen nombre a un perito tercero en discordia. Segunda. La autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al de rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. Asimismo, igual determinación debe tomarse en relación con el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Tacámbaro, Michoacán, toda vez que la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto reclamado. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, en derecho procede realizar el siguiente análisis: De acuerdo a la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que el juzgador de amparo realice la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Ahora bien, la parte quejosa reclama en esta vía constitucional la sentencia de seis de marzo de dos mil diecinueve pronunciada dentro del toca I-37/2019 en la que se dejó sin efectos la sentencia definitiva de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho dictada dentro del juicio civil 897/2017, ordenando reponer el procedimiento para que el juez de origen nombre a un perito tercero en discordia. En ese sentido, con fundamento en el artículo 124, 128, 129, 132, 136, 138, 139, 146, 147, 150 y 151 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada para que se suspenda el procedimiento en la etapa en la que se encuentra, ya que al suspender el mismo significa detener la ejecución de la resolución de la que se duele la parte quejosa, atendiéndose a la preservación de la materia que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que pueden confirmarse en la sentencia del juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 1, Marzo de 2012, página 205, de la Décima Época, con número de registro 2000472, de texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Suspender el procedimiento implica interrumpir el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales e impedir el dictado de la sentencia con que se decida la controversia de que se trate. En cambio, suspender la reposición del procedimiento significa detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio concluido en todas sus etapas procesales, en el que posiblemente se ha dictado sentencia de fondo. Por tanto, conforme a los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión del acto reclamado, a consideración del juez, respecto de los juicios en que se decreta la reposición del procedimiento, ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que atiende a la preservación de la materia del amparo que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que pueden confirmarse en la sentencia definitiva del juicio de garantías, pues de lo contrario se obligaría a la quejosa a litigar nuevamente con la consecuente inversión de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar daños de difícil reparación." Dicha suspensión se concede en términos de los preceptos 129 y 139 de la referida ley, porque con ella no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social y de no concederse se causarían a la parte quejosa de que se trata daños y perjuicios de difícil reparación. Sin que sea necesario fijar garantía alguna, toda vez que se estima que la suspensión concedida no ocasiona de manera inminente, retardo en el procedimiento de origen, por lo que hasta el momento no existen elementos que permitan determinar que se afecta el derecho de celeridad procesal del tercero interesado. Lo anterior no se contrapone con la jurisprudencia 1a./J. 55/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página ciento cuarenta y seis, Tomo XXVIII, Octubre 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Si el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que dicha medida cautelar pudiera causar al tercero perjudicado no es patrimonial, en tanto que el retardo en el dictado de la sentencia afecta su derecho de celeridad procesal, el cual no es estimable en dinero. En ese sentido, se concluye que cuando se concede la suspensión contra actos intraprocesales relacionados con la personalidad y ello retarda la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, la autoridad que conozca del amparo debe fijar discrecionalmente el monto de la garantía en términos del mencionado artículo". Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve: Único. Se concede a********************, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Oscar Hernández García, secretaria que autoriza y da fe.

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