José Francisco Martorell Caballero
Expediente 634/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Francisco Martorell Caballero
- Ricardo Martorell Caballero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y de la certificación que antecede se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 634/2019, promovido por ********************, asesor victimal de ********************, y ********************; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, asesor victimal de ********************, y ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió a este Órgano Jurisdiccional el conocimiento del asunto, por lo que la registró bajo el número 634/2019 y mediante auto de cinco de junio desechó la demanda con apoyo en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que el acto reclamado no es de los considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en esta ciudad, quien mediante resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente ********************, revocó el auto combatido, para el efecto de que este juzgado acordara lo conducente en relación con la admisión de la demanda. Atento lo anterior, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de terceros interesados a ********************, ******************** y ********************, Agentes del Ministerio Público quienes fungen como fiscales en el proceso penal de origen; así como en diverso auto de veintiocho de agosto de la misma anualidad, se reconoció dicho carácter al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y ahora se resuelve de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, dentro de la causa penal ********************, el cual resolvió como infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintisiete de mayo del mismo año. En dicho auto el juez responsable determinó improcedente fijar fecha para audiencia de debate de prórroga de la investigación complementaria solicitada por el aquí quejoso, pues estimó que la petición no se presentó en forma oportuna. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento de la Región Morelia, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado [fojas 55 y 56]. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en un disco compacto que contiene la carpeta digitalizada de la causa penal ********************, en donde obra la resolución reclamada y la audiencia de vinculación a proceso donde fue fijado el plazo de cierre de investigación. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente juicio ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de realizar el análisis de los motivos de disenso planteados por el quejoso, se considera importante destacar los siguientes antecedentes: En audiencia de diez de abril de dos mil diecinueve, se vinculó a proceso a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por el hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, en términos de los artículos 243, fracciones I y II, en relación con el 19, fracción I, 20, fracción I, y 24, fracción III, del Código Penal del Estado, en agravio de los aquí quejosos ******************** y ********************; En dicha audiencia se estableció el plazo para el cierre de investigación por un mes y medio a partir de esa fecha, la cual concluyó el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve; El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el asesor victimal presentó ante el juez de control un escrito solicitando audiencia para prórroga de plazo de cierre de investigación; petición que fue atendida mediante auto de la propia fecha en la que se determinó improcedente dicha petición, ya que el plazo de investigación complementaria había fenecido; Inconforme con esa determinación, el asesor victimal promovió recurso de revocación ante el juez de control, mismo que fue resuelto el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar el auto impugnado. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional por los quejosos, en su calidad de víctimas dentro de la causa penal de origen. Precisado lo anterior, los motivos de disenso expresados por el quejoso en su único concepto de violación, resultan infundados. Para dar sustento a la premisa anterior, conviene primeramente traer a colación el contenido de los numerales 94 y 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "CAPÍTULO VI PLAZOS Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación." "TÍTULO VI AUDIENCIA INICIAL "[.] Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente." De los preceptos transcritos, se obtienen las siguientes premisas: - El numeral 94 señalado, relativo a los plazos y sus reglas generales, dispone que los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que el Código autorice. - Que los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. - Asimismo, que en los plazos no se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. - Que con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. - Por su parte, el precepto 321 invocado, que regula el plazo para la investigación complementaria, establece que el Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de dicha investigación. - Dispone también que el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. - Que en caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente. En el caso, como se narró en los antecedentes, el juez de control estableció como plazo para la investigación en la causa penal ********************, el de mes y medio, mismo que concluyó el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, y el quejoso presentó su escrito para solicitar audiencia de debate de prórroga de la investigación complementaria, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve a las catorce horas con veintisiete minutos. Luego, el quejoso sostiene medularmente que es incorrecto que el juez responsable afirme que el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene una regla especial o caso de excepción en tratándose de la prórroga para el plazo de cierre de investigación, ya que ese numeral simplemente enuncia los plazos de la investigación complementaria. Que el diverso precepto 94 del mismo código, establece cuáles son los asuntos urgentes y por ende, su solicitud de audiencia para debatir prórroga del plazo de investigación, se debe efectuar dentro de este plazo, pero como venció en día inhábil, es indudable que debe prorrogarse al siguiente día hábil. Por tanto, -en su concepto- si el plazo de la investigación complementaria venció en un día inhábil [domingo 26 de mayo de dos mil diecinueve], acorde con el citado artículo 94, dicho plazo debe prorrogarse al siguiente día hábil [lunes 27 de mayo del mismo año]. De lo resuelto por el Juez de Control y de lo alegado por la parte quejosa, nos lleva a formular la siguiente interrogante: ¿El artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene el carácter de norma general, susceptible de exclusión por una norma especial a través de la aplicación del principio de especialidad? La respuesta de este juzgador a la problemática expuesta, es en sentido afirmativo. Se explica. Como se advierte de párrafos precedentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 94, establece lo que debe considerarse una regla general relativa a los plazos; asimismo, señala que con la salvedad de la excepción prevista en el segundo párrafo relativa a los casos urgentes, los demás plazos que se venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Por su parte, el numeral 321 del mismo ordenamiento legal, contiene una regla especial pues se refiere exclusivamente al tema de la investigación complementaria y su prórroga, al disponer que transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo. Así, las normas especiales, o sea, las que se aplican sólo a una o varias categorías de sujetos, o a hechos, situaciones o actividades específicas, no sólo son de carácter principal, puesto que su aplicación no depende de insuficiencia alguna en relación con otro ordenamiento, sino que resultan de preferente aplicación frente a las normas generales, atento al conocido principio relativo a que la ley especial se reputa derogatoria de la general [lex specialis derogat legi generali]. En esa virtud, es dable afirmar que el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una norma que establece las reglas generales de los plazos, y señala cuáles son los asuntos considerados urgentes y no urgentes, mientras que el diverso 321 del mismo ordenamiento es una norma que regula específicamente lo relativo al plazo para la investigación complementaria, así como la procedencia de la prórroga de dicho plazo, estableciendo además cuándo debe solicitarse. Por tanto, el planteamiento diferenciador es muy claro, esto es, el artículo 321, sí es una norma especial pues se refiere exclusivamente al plazo de la investigación y su prórroga, al señalar textualmente que transcurrido el plazo para el cierre de investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo. De modo que, la solución al conflicto es que la norma especial prevalece sobre la norma general y por ende, contrario a lo que argumenta la parte quejosa, en atención al principio de especialidad, es el precepto 321 el que resulta aplicable al caso concreto. Es así, porque en la causa penal de origen se fijó como plazo de investigación complementaria el de un mes y medio, el cual concluyó el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, y la petición del quejoso, consistente precisamente en solicitar la prórroga de dicho plazo de investigación, la presentó el veintisiete de mayo de la propia anualidad. Por ende, es dable afirmar que resulta apegada a derecho la resolución del juez responsable porque la petición del quejoso en la que solicitó audiencia para debatir prórroga del plazo de investigación complementaria, se presentó fuera del plazo previsto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en este caso en particular no es aplicable la regla general contenida en el diverso precepto 94 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, contrario a lo que señalan los quejosos, también es infundado el argumento relativo a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, por falta de aplicación de las tesis y jurisprudencias que invocan, en virtud de que los criterios que cita no resultan aplicables al caso que nos ocupa, y por lo mismo es erróneo que el juez responsable debiera observarlas, porque se refieren a supuestos donde los recursos o promociones se presentan ante los órganos o dependencias o por medios electrónicos, en días inhábiles, y que por ello deben tenerse por recibidos al día hábil inmediato siguiente, lo que no ocurrió en la especie pues como lo expuso el juez responsable en la resolución impugnada, el inconforme no presentó su promoción ante la guardia designada por ese tribunal para la recepción de peticiones urgentes; de ahí que dichos criterios no favorezcan lo alegado por el peticionario del amparo. Finalmente, es menester precisar que en caso de que la resolución combatida violentara el debido proceso, ello no es atribuible al juez responsable, sino al actuar de los propios quejosos, ya que presentaron su solicitud de prórroga fuera del plazo legal. En las condiciones apuntadas, al no prosperar los conceptos de violación aducidos y toda vez que no se advierte deficiencia que deba suplirse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, asesor victimal de ********************, y ********************, contra el acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, por las razones expuestas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo.
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