Jose Francisco Martinez Ramirez
Expediente 1441/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Francisco Martinez Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Magistrado Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que acompaña un anexo certificado. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, visto el informe de ley, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la omisión de velar por el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en los autos 1411/20-25-01-2-OT, del índice del Tribunal responsable. Luego, de las constancias que la autoridad responsable adjunta a su informe de ley, consistente en copia certificada del juicio de origen 1411/20-25-01-2-OT, se observa que en proveído de quince de noviembre del año en curso, con motivo del requerimiento formulado al instituto demandado el veinticinco de agosto del presente año y al haberse recibido el quince del mes y año que transcurren ante el tribunal responsable, el oficio de la moral demandada con el cumplimiento dado a la resolución emitida en el citado expediente, la autoridad responsable ordenó dar vista a la parte quejosa con el diverso oficio 5650/2022, por el que el Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado informó respecto del cumplimiento dado al fallo de mérito. De ahí que se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido el auto relativo tendente a velar por el cumplimiento dado a la sentencia correspondiente, cuya omisión se reclamó en este juicio, dándole vista a la parte quejosa con el comunicado respectivo; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto reclamado fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Se cita como apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós. Es de aplicación, la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El seis de junio de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".el agente del Ministerio Público Titular de la Cédula Primera del Equipo de Investigación y Litigación I de la Fiscalía General de la República en el Estado de San Luis Potosí, o el agente que ahora conozca de la carpeta de investigación, una vez que cause ejecutoria la sentencia, haga lo siguiente: a) En el término de cinco días hábiles, dicte un acuerdo en el que indique cuáles son las pruebas y diligencias que estima pendientes de desahogo y conducentes para integrar en forma definitiva la carpeta de investigación FGR/SLP/SLP/0000115/2021; y, b) Hecho lo anterior, dentro del término de treinta días hábiles, acredite haber desahogado las diligencias y recabado los medios de prueba señalados en su acuerdo y, con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada lo que en derecho proceda en la indagatoria; esto es, deberá exponer si es procedente el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, lo cual deberá notificar oportunamente.". Por proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós causó ejecutoria dicho fallo constitucional y se requirió a la autoridad responsable. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Agente del Ministerio Publico encargada de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación 1 de la Fiscalía General de la República, remitió copia certificada de la determinación de diez de octubre del año en curso, dictada en los autos de la carpeta de investigación de origen, de la que se desprende que se decretó el no ejercicio de la acción penal de forma parcial en lo que respecta a la marca registrada UNDER ARMOUR INC., a favor del aquí quejoso Rafael Márquez Gabriel. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable emitió una determinación en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal de forma parcial a favor de la parte quejosa, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Hágase constar la valoración del expediente referido, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que se exhibieron en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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