Jose Fernando Moreno Hernandez
Expediente 604/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Fernando Moreno Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, mediante el cual informa que la última atención brindada a la parte quejosa fue por la especialidad de Endocrinología, por lo que dicha autoridad programó consulta de seguimiento el próximo doce de septiembre del año en curso, en el área de Endocrinología con la Doctora Cárdenas. Consecuentemente, tomando en consideración lo informado por la responsable en mención, con la finalidad asegurar una atención médica adecuada para el padecimiento que presenta el impetrante y de ahí que corresponda al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada, lo anterior para poder cumplir con el precepto 4 Constitucional. Requerimiento. En tales condiciones, a fin de tutelar de manera correcta el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, informen el motivo por el cual se ha señalado la consulta antes aludida hasta el doce de septiembre del año en curso, y si esto obedece a alguna indicación del médico tratante, además, de ser posible y en caso de considerarlo necesario, señale una fecha más próxima, esto es, en el mes de junio de la presente anualidad, a fin de que se le realice el tratamiento respectivo a su padecimiento; debiendo acompañar copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 169316, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 457, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la s lud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, no obstante deje el cargo. Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, intitulada: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que aún no obran los acuses de recibo relativos a los oficios 6691/2023, 6692/2023 y 6693/2023, por los cuales se remitió al Titular de la Coordinación General, Titular de la Subdirección de Asuntos y Transparencia, ambos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y, al Titular de la Secretaría de Gobernación, la sentencia dictada el ocho de marzo del año en curso; así como el relativo a la comunicación 10618/2023, dirigida a ésta última autoridad, por la que se le corrió traslado con el recurso de revisión interpuesto en contra de la aludida determinación. Requerimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Administrador de Correos de esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, remita el acuse de recibo de los referidos oficios 6691/2023, 6692/2023 y 6693/2023, respectivamente, así como del diverso 10618/2023, dirigidos a las aludidas autoridades; los cuales fueron listados y les correspondió el registro 0088, 0086, 0090 y MN056794403MX, en las facturas recibidas el diez de marzo y dieciocho de abril del año en curso; o bien, manifieste el motivo que se lo impide, acompañándole para tal efecto copia autorizada de dichas facturas. Apercibimiento Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo, al demeritar la pronta y correcta administración de justicia y, además, al faltar a su encomienda, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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