Jose Fortino Jimenez Gonzalez
Expediente 1119/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Fortino Jimenez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito aclaratorio signado por José Fortino Jiménez González, copias y anexo que se acompaña, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos, y al efecto amplía los antecedentes del acto reclamado; en virtud de lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda. Así, vista la demanda de amparo que promueve José Fortino Jiménez González, contra actos del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial, con sede en Rioverde, San Luis Potosí y de otra autoridad, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se advierte que el acto reclamado se hace consistir, en esencia, en el embargo trabado sobre el bien inmueble que aduce es de su propiedad, según refiere, ordenado por el Juez señalado como responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil 619/1990, de su estadística; acto que conoció desde el quince de mayo de dos mil doce. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que la demanda de mérito deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; arábigo que en lo conducente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley de la materia, sin promover dentro del mismo el juicio de amparo respectivo. En efecto, pues los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. La parte inicial del primero de los preceptos en comento, establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el segundo de los citados dispositivos prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a) Dicho plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b) El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquel en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora bien, como se adelantaba, la parte promovente reclama en forma destacada la orden de embargo trabado sobre un bien raíz que aduce es de su propiedad. No obstante lo anterior, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el propio impetrante en el escrito aclaratorio de demanda de cuenta, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento de tal determinación, desde el quince de mayo de dos mil doce; circunstancia que no resulta ilógica, si se parte del hecho de que refiere que el expediente en el cual aduce ser tercero extraño, data de mil novecientos noventa. Así, la deposición anterior adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la misma no se haya ofertado expresamente como prueba, pues, se insiste, son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, a través de un escrito por el cual comparecen ante este Juzgado de Distrito. Al respecto se invoca, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 57 del tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 1996, de la Novena Época, con registro 200094, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, se tiene que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, fue presentada hasta el veinticinco de agosto del año que transcurre. Bajo esa óptica jurídica, debe concluirse que el término de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. Resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Volumen 169-174, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito, con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Asimismo, se invoca, por su aplicación, la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1993, Octava Época, que dispone: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito aclaratorio signado por José Fortino Jiménez González, copias y anexo que se acompaña, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos, y al efecto amplía los antecedentes del acto reclamado; en virtud de lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda. Así, vista la demanda de amparo que promueve José Fortino Jiménez González, contra actos del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial, con sede en Rioverde, San Luis Potosí y de otra autoridad, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se advierte que el acto reclamado se hace consistir, en esencia, en el embargo trabado sobre el bien inmueble que aduce es de su propiedad, según refiere, ordenado por el Juez señalado como responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil 619/1990, de su estadística; acto que conoció desde el quince de mayo de dos mil doce. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que la demanda de mérito deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; arábigo que en lo conducente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley de la materia, sin promover dentro del mismo el juicio de amparo respectivo. En efecto, pues los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. La parte inicial del primero de los preceptos en comento, establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el segundo de los citados dispositivos prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a) Dicho plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b) El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquel en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora bien, como se adelantaba, la parte promovente reclama en forma destacada la orden de embargo trabado sobre un bien raíz que aduce es de su propiedad. No obstante lo anterior, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el propio impetrante en el escrito aclaratorio de demanda de cuenta, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento de tal determinación, desde el quince de mayo de dos mil doce; circunstancia que no resulta ilógica, si se parte del hecho de que refiere que el expediente en el cual aduce ser tercero extraño, data de mil novecientos noventa. Así, la deposición anterior adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la misma no se haya ofertado expresamente como prueba, pues, se insiste, son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, a través de un escrito por el cual comparecen ante este Juzgado de Distrito. Al respecto se invoca, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 57 del tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 1996, de la Novena Época, con registro 200094, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, se tiene que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, fue presentada hasta el veinticinco de agosto del año que transcurre. Bajo esa óptica jurídica, debe concluirse que el término de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. Resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Volumen 169-174, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito, con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Asimismo, se invoca, por su aplicación, la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1993, Octava Época, que dispone: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el diecinueve de los presentes mes y año, el quejoso José Fortino Jiménez González, ratificó el contenido y la firma del escrito aclaratorio de demanda recibido ante este Juzgado de Distrito el siete de los actuales; y, en ese sentido, se acuerda lo siguiente: Así, se tiene que mediante el ocurso previamente referido, el promovente pretende desahogar la prevención que le fue formulada en autos, en la que se le solicitó que aclarará su demanda a fin de que, con seis copias de su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, manifestara de forma cronológica y sucinta los antecedentes de los actos que reclama; que precisara la fecha en que tuvo conocimiento del embargo que refiere impera sobre un bien que aduce es de su propiedad; y, de la misma manera, expresara con claridad la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Ahora, en atención al contenido del ocurso de cuenta, debe decirse que no cumple cabalmente con lo anterior. Como primer punto, debe decirse que ahora, a través del escrito aclaratorio, se precisa que en el caso se reclama el embargo trabado sobre el bien inmueble que aduce es de su propiedad, según refiere, ordenado por el Juez Civil del Tercer Distrito Judicial, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, dentro del juicio ejecutivo mercantil 619/1990, de su estadística; asimismo, expresó algunos antecedentes, bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, fue omiso en puntualizar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. De ahí que se estime que no da cabal cumplimiento con la prevención de que se trata; y, como consecuencia, subsiste el requerimiento y apercibimiento contenidos en el auto preventivo. En el entendido de que la parte agraviada deberá acatar dicha prevención, dentro del término de cinco días inicialmente otorgado, el cual se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, y se reanudará al siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª/J.106/2003, visible a fojas 133, Tomo XVIII, noviembre 2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO (...) Asimismo, la Jurisprudencia 1ª./J.39/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo del 2012, Tomo I Décima Época, que dice: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE (...) Además, deberá acompañar seis copias del escrito a través del cual dé cumplimiento a la presente promoción, a fin de correr traslado con su contenido a las diversas partes procesales, como se asentó en el citado proveído aclaratorio. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente
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