José Fernando Toral Macías

Expediente 859/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
859/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • José Fernando Toral Macías
  • Jorge Arturo Toral Macías
  • Jorge Arturo Toral Macías y Otros.
  • Ma. de Lourdes Toral Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se decretó el sobreseimiento y dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso a) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- y el cuaderno principal del incidente de suspensión es depurable, puesto que se dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el cuaderno principal, y se concedió la suspensión provisional, esto en el cuaderno incidental. En el entendido que deberán conservarse los autos incidentales que concedieron la medida cautelar. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que el dieciséis de febrero de la presente anualidad se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, la que por haber sido dictada el mismo día de celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordenó notificar mediante la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, al día siguiente, esto es, el diecisiete de febrero de dos mil veintidós; sin embargo, dicha determinación no fue publicada; por tanto, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que realicen la publicación correspondiente y, además, notifiquen de forma personal de la sentencia a las partes. En el entendido que deberán dejar constancia de ello en el expediente.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a las partes la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, que a la letra dice: R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado, *********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Juzgado Civil de Partido y del actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios, ambos con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. Actos reclamados: El emplazamiento al juicio ordinario civil que se siga en mi contra, así como todos los actos dictados en vía de consecuencia." Foja 3 del cuaderno de amparo. En ese ocurso los quejosos narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número **********; además, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 17 y 18) se apersonaron como interesados al presente asunto Ricardo, Silvia Margarita, María de los Ángeles, Jorge Arturo y Ma. Herminia, todos de apellidos Toral Macías. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues se reclaman actos de autoridades residentes dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: 1. El emplazamiento realizado a los quejosos a un juicio ordinario civil. 2. En vía de consecuencia, todas las actuaciones posteriores. Actos reclamados a las siguientes autoridades: a. Juzgado Civil de Partido. b. Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios. Ambos con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La jueza Única Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen (foja 31). A igual determinación debe arribarse respecto a los actos atribuidos a la actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios de Apaseo el Grande, Guanajuato, pues aun y cuando haya aceptado la existencia del acto reclamado al rendir su informe con justificación, lo cual realizó con base en las siguientes consideraciones: En atención a lo ordenado en el toca ********* del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, emplazó a los quejosos al expediente ********* de la siguiente manera: El cinco de enero de dos mil cinco, emplazó personalmente a Fernando Toral Macías. El doce de febrero de dos mil nueve, emplazó *********, por conducto de su apoderada legal *********. Que no tiene registro de que se haya condenado a los quejosos y no ha recibido órdenes para ejecutar alguna sentencia en su contra. Lo cierto es que dicha manifestación se desvirtúa, con base en las consideraciones siguientes: En primer lugar, la jueza responsable al rendir su informe con justificación expuso: Que en su registro de expedientes obra el juicio ordinario civil número *********, promovido por *********, todos de apellidos Toral Macías- en contra de Antonio Sánchez Jiménez. Que los quejosos no figuran como parte demandada en dicho controvertido. En segundo lugar, *********, al apersonarse al presente sumario manifestaron lo siguiente: Que existe el expediente número *********del índice del juzgado responsable. Que ese juicio fue iniciado por *********(su progenitor) en su carácter de usufructuario vitalicio del bien inmueble materia de la litis Que se ordenó llamar a los hijos de éste como terceros, incluidos los quejosos, debido a que ostentan la nuda propiedad de dicho bien. Que Rodolfo Toral Soto falleció el veinticinco de febrero de dos mil diez, motivo por el que se tuvo como actores a los nudos propietarios, incluidos los quejosos, quienes continuaron con la secuela procesal. En ese sentido, a pesar de que dicha responsable aceptó el acto que le es reclamado, de lo anterior se pone de manifiesto que los promoventes del amparo fueron llamados a ese juicio como interesados, debido a la nuda propiedad que ostentan del inmueble materia de ese juicio y que, con posterioridad, se les reconoció la calidad de actores en ese controvertido. En tales condiciones, debe desvirtuarse la manifestación de certeza de los actos señalada por la actuaria responsable, puesto que, en primer lugar, la autoridad ordenadora negó los actos y, en segundo lugar, no hay alguna orden de emplazamiento en contra de los quejosos como demandados; ya que únicamente existe el aludido juicio, en el cual los ahora quejosos son parte actora. Sin que tal circunstancia haya sido desvirtuada por los promoventes. De ahí que, no obstante que la actuaria responsable haya aceptado la existencia del acto reclamado, tal manifestación debe desvirtuarse, pues lo anterior pone de manifiesto la inexistencia de tales actos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada VII.1o.C.4 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." Luego, ante dichas negativas y a que los peticionarios de la tutela federal no ofrecieron prueba para desvirtuarla, sin que en autos existan otros elementos de convicción, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******** y ******** ambos de apellidos **********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por la jueza Única Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, por el cual rinden su informe justificado, en el sentido de que niega el acto que se le atribuyó. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de que sea relacionado dicho informe al celebrarse la audiencia constitucional.

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