José Francisco Guerra Lira (Apoderado Legal)

Expediente 534/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
534/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)
  • José Francisco Guerra Lira (Apoderado Legal)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo promovido por ****, en su carácter de mandatario del ****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ese proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la totalidad de las parte para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción y con fundamento en el numeral 18, fracción I, inciso a) del propio acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ambos supuestos una vez que transcurra tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia -en el expediente principal- y se negó la medida tanto provisional, como definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el presidente de la Junta Especial 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en León, Guanajuato, mediante el cual informa que en el juicio laboral de origen *****, en el que la parte quejosa funge como tercero llamado a juicio, el quince de los corrientes se dictó laudo absolutorio. A fin de acreditar lo anterior, se anexó copia certificada de la resolución, que merece eficacia probatoria acorde a lo establecido por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del análisis de la referida constancia, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". La causal consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectará ésta y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Para mayor claridad, la improcedencia opera sólo en ese tipo de procedimientos, pues es razonable entender que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadío procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas y que, por regla general, la validez de actos posteriores dependen de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado sobre la base de aquél. En esa perspectiva, para la actualización de esta causal, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Sirve de apoyo el criterio emitido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, a fin de comprender la actualización de la improcedencia, se enuncian los antecedentes conducentes: La tercera interesada, *****, demandó en la vía ordinaria laboral al Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, el cumplimiento de diversas prestaciones provenientes de las condiciones generales de trabajo vigentes para el organismo demandado, entre las que destacan el pago de diversos gastos médicos, entre otros. Seguido el juicio por su cauce legal, el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se dictó laudo condenatorio, el cual fue impugnado en amparo directo por la actora-tercera interesada. En resolución dictada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, dentro del amparo directo ****, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosexto Circuito, concedió la protección federal para los siguientes efectos: "1) Deje insubsistente el laudo reclamado 2) En reposición de procedimiento, atendiendo a los reclamos vinculados con la suspensión de los servicios de salud y de rehabilitación de la quejosa, llame a juicio como tercero interesado al *****. 3) Pronuncie otro laudo en el que, conforme a los lineamientos aquí establecidos, de manera fundada y motivada emprenda nuevamente el análisis de la acción ejercida por la parte actora." En cumplimiento del punto identificado como primero de la ejecutoria federal, la aquí quejosa fue llamada como tercera interesada. El veinticinco de septiembre pasado se verificó la audiencia conciliatoria y de demanda y excepciones con la presencia de la aquí quejosa. En uso de la voz, el mandatario de ésta expresó que momentos antes presentó un escrito en el que interpuso incidente de incompetencia y que "por ser un incidente de previo y especial pronunciamiento se le dé entrada y trámite al mismo". A lo anterior, la Junta le tuvo interponiendo la incidencia y señaló las 08:45 horas del 9 de octubre de 2020 para el verificativo de la audiencia. En esa misma fecha, se dictó por separado un acuerdo regulatorio para efecto de correr traslado con ciertas documentales a la aquí quejosa. Al efecto, se señaló la misma fecha y hora para la "continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones". En la data mencionada (9-oct-20), se verificó una audiencia en la que la Junta, nuevamente, advirtió una irregularidad consistente en la falta de traslado con ciertas documentales a la aquí quejosa, por lo que ordenó su regularización y difirió la audiencia "de continuación de conciliación, demanda y excepciones"; empero, fue omisa en pronunciarse respecto del incidente de incompetencia que había sido admitido y cuya fecha de audiencia se señaló para esa misma fecha. Éste es el acto reclamado. La Junta responsable dio seguimiento al proceso, bajo la premisa de que estuvo informando al Tribunal Colegiado las actuaciones relevantes, a fin de demostrar el cumplimiento de la ejecutoria a cabalidad. Inclusive, obran en autos diversos proveídos insertos en oficios provenientes del órgano federal, entre los que destacan los de uno de octubre de dos mil veinte, dos de diciembre del mismo año y cuatro de enero de dos mil veintiuno, en los que se asentó: ".se advierte que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que en su oportunidad remita a este Tribunal las actuaciones realizadas hasta el dictado de la nueva resolución, subsistiendo por ende el apercibimiento respectivo" Finalmente, de las constancias remitidas en el oficio que hoy se acuerda, se advierte que el quince de abril de dos mil veintiuno se dictó laudo absolutorio. Éste último acto es el que constituye una nueva situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener la omisión impugnada, en la medida en que el laudo posterior produce una nueva situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las consecuencias que generó la omisión reclamada. De tal guisa que no pueden analizarse o, en su caso, subsanarse inconstitucionalidades, sin afectar este nuevo espectro tanto jurídico como fáctico, generado a partir de la resolución de fondo que se dictó, lo que, además, debe destacarse, se hizo en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Es orientadora por analogía, el criterio que enseguida se transcribe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. OPERA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA. Cuando se señala como acto reclamado la resolución que confirma el auto admisorio de la demanda en la vía ejecutiva mercantil, y durante la tramitación del juicio de amparo se dicta la sentencia definitiva en el juicio natural, opera el cambio de situación jurídica, toda vez que en aquél el Juez natural abre la instancia y realiza un examen preliminar de la vía y, en esta última, cierra la instancia, califica nuevamente la procedencia de la vía, previo examen de las excepciones y, con vista de las probanzas aportadas por las partes, en la generalidad de los casos resuelve en definitiva acerca de la cuestión sometida al litigio; de tal manera que existe autonomía entre el auto admisorio y la sentencia definitiva que confirma la procedencia de la vía, ya que estos actos subsisten con independencia entre sí, y no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia definitiva; por tanto, se actualizan los elementos para que opere la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis 2a. CXI/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, página doscientos diecinueve, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.". Así como el criterio siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo." En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. Lo anterior torna innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las trece horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, por el cual remite las constancias de emplazamiento de la tercera interesada ****, en cumplimento al requerimiento formulado el ocho de marzo pasado. Por tanto, se le tiene emplazada al presente asunto, para todos los efectos legales.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que en el acuerdo de admisión de la demanda, se encomendó a la autoridad responsable Junta Especial número 3 de la Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, el emplazamiento de la tercera interesada ****; además, en proveído de veintitrés de marzo pasado se giró el oficio recordatorio 1966/2021, sin que a la se fecha haya dado cumplimiento a la encomienda. En razón de ello, no es posible verificar la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se difiere para las trece horas con treinta minutos del doce de mayo del año en curso. Sin perjuicio de ello, emítase nueva misiva para la autoridad mencionada, a fin de requerirle que remita las constancias enunciadas. En el entendido que de no cumplir con dicho requerimiento se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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