José Fernando García Álvarez
Expediente 344/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Fernando García Álvarez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído por el que este Tribunal tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en favor de ***************por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años a partir de esta data en que se ordenó su archivo definitivo, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo quinto del Acuerdo Conjunto invocado.
- Principal
Agréguense a sus autos únicamente para que obren como legalmente corresponda, los oficios firmados por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializada en Homicidios Región "C" y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, todos con residencia en esta ciudad, por los que refieren rendir el informe justificado que les fuera requerido, toda vez que en data trece de los actuales se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida y, por ende, se dejaron sin efectos las providencias dictadas en el sumario.
- Principal
Vistas las constancias de notificación de cuenta de las que se advierte que los impetrantes del amparo ************, manifestaron expresamente no ratificar la demanda de amparo interpuesta a su favor por ***********; en tal virtud y como se le previno en auto de doce de los corrientes, con apoyo en la parte final del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada dicha demanda, quedando sin efectos las providencias dictadas en el referido acuerdo, respecto a los quejosos antes mencionados. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ************, promoviendo juicio de amparo a favor de **************, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Homicidios, Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Agencia Especializada en Homicidios y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, todos en Celaya, Guanajuato, de quienes reclama la incomunicación y posible tortura en contra de ************ actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2, 5, 6, 14, 15, 17, fracción IV, 20, 24, 35, 107, 108, 109, 112, segundo párrafo, 115, de la Ley de Amparo, se ADMITE dicha demanda, la cual se encuentra registrada en el libro de Gobierno con el número 344/2016-B. Dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan informe justificado, al que deberán adjuntar copia certificada legible de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren; apercibidas, que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, en términos a lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase a las autoridades responsables, que de conformidad con lo dispuesto en la fracciones IV y V, del artículo 63, y 64, de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado. Ahora bien, en razón de que el promovente destaca como actos reclamados la incomunicación y la posible tortura -prohibidos por el 22 de la Constitución Federal- de ************, con apoyo en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de inmediato cesen los referidos actos a que se encuentran sujetos, así como para que no se les aplique ninguno de los actos vetados en el numeral 22 de la Carta Magna, quedando en cuanto a su persona, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, debiendo informar éstas, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables por medio de oficio, pudiendo remitir dicho informe vía telegráfica o vía fax al teléfono 01-461-156-77-41. En esa medida, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165, se concede también la SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: En caso de que la privación de libertad de los quejosos sea por autoridades administrativas distintas al ministerio público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolos en inmediata libertad o a disposición del ministerio público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que los quejosos sean puestos en libertad (artículo 164). Además de lo anterior, y a fin de cumplir cabalmente con los dispositivos en cita, se precisa que si la detención deriva de una orden emitida por el Ministerio Público y se encuentra a su disposición, la medida cautelar tendrá como efecto que el fiscal, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, debe consignar a los directos quejosos ante el juez penal correspondiente, o ponerlos en libertad (artículo 165, primer párrafo). En el entendido de que si la detención fue por flagrancia y se encuentran a disposición del ministerio público, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición (artículo 165, segundo párrafo). En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los quejosos, la suspensión se concederá para el efecto de que, de inmediato, sean puestos en inmediata libertad o consignados al Juez respectivo (artículo 165, tercer párrafo). Si la privación de la libertad proviene de una autoridad distinta de las responsables, es decir, en cumplimiento a una orden de aprehensión o reaprehensión girada por autoridad jurisdiccional, la suspensión será para que de forma inmediata se ponga a los quejosos a disposición del juzgador que emitió el mandato. Se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cincuenta días en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación, con motivo de la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN. Tomando en consideración que el promovente manifiesta que los agraviados posiblemente se encuentra privados de su libertad e incomunicados dentro de las instalaciones de la Agencia de Unidad de Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), así como de la Agencia Especializada en Hopmicidios en esta ciudad, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a efecto de que se constituya en esos lugares, sin perjuicio de que, de no encontrarlos, acuda a las instalaciones de la Policía Ministerial, así como para que lo haga en los principales centro de reclusión de esta ciudad, en su búsqueda y, de encontrarlos, la requiera para que en ese momento, o dentro del término de TRES DÍAS, manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda de amparo, bajo el entendido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las medidas adoptadas, lo anterior de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la ley de la materia. En caso de no encontrarse ya internados en esos lugares, el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fue trasladado y a qué autoridad le fue puesto a disposición. Asimismo, por razón de la hora, se comisiona al funcionario para que haga entrega de los oficios que contienen transcripción del presente proveído, únicamente a los titulares de la Policía Ministerial, así como al agente o agentes del Ministerio Público que se encuentren de turno, dada la hora en que se emite este acuerdo, a fin de que cumplan con lo mandado en este proveído y realicen las gestiones administrativas internas que resulten necesarias para hacer saber a este Tribunal, si fue puesto a disposición de la institución investigadora; en su caso, remitan la información con las que se acredite. El anterior mandato se emite de manera URGENTE, sin perjuicio de que, de encontrarse a los quejosos y ser ratificada la demanda, se informe al resto de las autoridades responsables la tramitación de la demanda. Por el contrario, si no se logra su localización ante las autoridades primigeniamente señaladas, de inmediato se expidan sendos oficios en los que se notifique el presente auto al resto de las autoridades responsables, para que les sean entregados a la hora que éstas inicien sus labores, a fin de continuar con su búsqueda. También deberá hacer saber a las autoridades ante quien se presente que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de la Procuraduría del Estado y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberán recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que tuvieren; apercibidos que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que no de hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva condichos datos. Se tiene al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en el escrito inicial, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. Finalmente, toda vez que no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena practicarlas, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sin perjuicio de lo anterior, se comisiona a la Actuaria para que, de encontrarse presente el directo promovente de la demanda o alguno de sus autorizados, le notifique el presente proveído y le requiera para que en el acto de la diligencia señale algún domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido de que si, bajo protesta de decir verdad, manifiesta alguna imposibilidad para hacerlo, entonces deberá proporcionar un número telefónico donde pueda ser localizado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cincuenta días, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo anterior, considerado como una medida necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento y tramitación del presente asunto, dada su especial y relevante naturaleza, según lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo.
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