Jose Fernando Rojano Garcia

Expediente 647/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
647/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Fernando Rojano Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); José Fernando Rojano García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de la autoridad responsable: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, ratificación, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de ocho de julio del presente año, la demanda promovida por José Fernando Rojano García, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 647/2021-E; y se previno al quejoso, para que bajo protesta de decir verdad, señalara lo siguiente: "ÚNICO. Precisé qué juez o jueces de control señala como autoridad responsable,.". Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído catorce de julio de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación del escrito aclaratorio, la cual tuvo verificativo en diligencia llevada a cabo el veintitrés de julio del presente año, por lo que en proveído de veintiséis de julio siguiente, la demanda de amparo presentada se admitió a trámite, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional y en su lugar se señalaron las diez horas con catorce minutos del treinta y uno de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, José Fernando Rojano García, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de busca, aprehensión y detención. b) Su ejecución. TERCERO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de la audiencia constitucional, el doce de agosto de dos mil veintiuno, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, bajo las siguientes denominaciones: "17. Comandante de la Primera Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 18. Comandante de la Segunda Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 19. Comandante de la Tercera Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 20. Comandante de la Cuarta Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 21. Comandante de la Quinta Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 22. Comandante de la Sexta Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla y 23. Comandante de la Séptima Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla"; lo anterior, en virtud que la parte quejosa no desahogó la vista que se le concedió en auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara la denominación completa y correcta de dichas potestades, en el término de tres días otorgado para ello. En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. EL JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE JUEZ ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO, RINDIÓ INFORME JUSTIFICADO A NOMBRE DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1 A 14. (foja 37) 1 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ. Niega 2 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO. Niega 3 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ. Niega 4 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. AARON HERNÁNDEZ CHINO. Niega 5 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ROSALBA ELENA ZARATE HERRERA. Niega 6 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. Niega 7 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. IDALIA ARCINIEGA ARIAS. Niega 8 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO. Niega 9 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ. Niega 10 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MIRIAN HUERTA LECHUGA. Niega 11 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ. Niega 12 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ANA ALICIA PONCE FRÍAS. Niega 13 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega 14 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ISAÍ LÓPEZ RIVAS. Niega 15 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE. Niega (foja 42) 16 DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 41) 24 FABIÁN PÉREZ HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA. Niega (foja 47) 25 MARÍA ELENA FLORES ZEPEDA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA-. Niega (foja 64) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por José Fernando Rojano García, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria quien autoriza y da fe.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 647/2021-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por José Fernando Rojano García; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); José Fernando Rojano García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de la autoridad responsable: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, ratificación, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de ocho de julio del presente año, la demanda promovida por José Fernando Rojano García, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 647/2021-E; y se previno al quejoso, para que bajo protesta de decir verdad, señalara lo siguiente: "ÚNICO. Precisé qué juez o jueces de control señala como autoridad responsable,.". Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído catorce de julio de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación del escrito aclaratorio, la cual tuvo verificativo en diligencia llevada a cabo el veintitrés de julio del presente año, por lo que en proveído de veintiséis de julio siguiente, la demanda de amparo presentada se admitió a trámite, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional y en su lugar se señalaron las diez horas con catorce minutos del treinta y uno de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, José Fernando Rojano García, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de busca, aprehensión y detención. b) Su ejecución. TERCERO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de la audiencia constitucional, el doce de agosto de dos mil veintiuno, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, bajo las siguientes denominaciones: "17. Comandante de la Primera Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 18. Comandante de la Segunda Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 19. Comandante de la Tercera Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 20. Comandante de la Cuarta Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 21. Comandante de la Quinta Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla, 22. Comandante de la Sexta Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla y 23. Comandante de la Séptima Comandancia de la Agencia de Investigación con destacamentos en el distrito judicial de Puebla, Puebla"; lo anterior, en virtud que la parte quejosa no desahogó la vista que se le concedió en auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara la denominación completa y correcta de dichas potestades, en el término de tres días otorgado para ello. En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. EL JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE JUEZ ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO, RINDIÓ INFORME JUSTIFICADO A NOMBRE DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1 A 14. (foja 37) 1 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ. Niega 2 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO. Niega 3 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ. Niega 4 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. AARON HERNÁNDEZ CHINO. Niega 5 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ROSALBA ELENA ZARATE HERRERA. Niega 6 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. Niega 7 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. IDALIA ARCINIEGA ARIAS. Niega 8 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO. Niega 9 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ. Niega 10 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MIRIAN HUERTA LECHUGA. Niega 11 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ. Niega 12 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ANA ALICIA PONCE FRÍAS. Niega 13 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega 14 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ISAÍ LÓPEZ RIVAS. Niega 15 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE. Niega (foja 42) 16 DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 41) 24 FABIÁN PÉREZ HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA. Niega (foja 47) 25 MARÍA ELENA FLORES ZEPEDA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA-. Niega (foja 64) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por José Fernando Rojano García, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 1483/TECALI/FGE suscrito por la autoridad responsable 25. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tecali de Herrera, Puebla -en su denominación correcta-, a través del cual, rinde informe justificado, con el que se ordena dar vista a las partes, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. II. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, se encuentran señaladas las nueve horas con veintidós minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a fin que transcurran los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido en esta data, por la mencionada autoridad responsable, se difiere anticipadamente dicha audiencia y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 191995; misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte, que no existe constancia de que se haya notificado a la autoridad responsable ejecutora Unidad de Investigación, con sede en Tecali de Herrera, Puebla -en su denominación correcta-, el auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por el cual, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso José Fernando Rojano García, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención, emitidas en su contra, así como su ejecución y, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, su respectivo informe justificado. Ante tal circunstancia y en obvio de mayores dilaciones procesales, expídase de inmediato, el oficio correspondiente, vía correo electrónico, a la autoridad responsable ejecutora Unidad de Investigación, con sede en Tecali de Herrera, Puebla -en su denominación correcta-, al que se adjunten las impresiones con evidencia criptográfica del auto admisorio de veintiséis de julio del año en curso, así como copia autorizada de la demanda de amparo promovida por el agraviado directo José Fernando Rojano García, a fin que dicha autoridad rinda su respectivo informe justificado y cumpla con los requerimientos formulados en el auto admisorio en mención. Se conmina a la autoridad responsable antes indicada, que de no cumplir con las exigencias planteadas en el multicitado acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, o de no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se le harán efectivos los apercibimientos insertos en dicho proveído. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el oficio derivado de este proveído, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, en la misma fecha del presente proveído; asimismo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla al expediente del presente juicio. Para el supuesto que exista imposibilidad justificada, para que el actuario notifique el presente proveído por el medio electrónico indicado, sin ulterior razón actuarial, deberá remitir de inmediato, el comunicado dirigido a la autoridad responsable señalada, por diversa vía, ya sea por el servicio de mensajería acelerada "Estafeta" ó telegrama, debiendo dejar constancia en el presente sumario constitucional, del envío respectivo. Notifíquese por oficio, vía correo electrónico, a la autoridad precisada en el presente acuerdo; y por lista a las demás partes.

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