Jose Fernando Huerta Mejia

Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
908/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • JOSE FERNANDO HUERTA MEJIA y Otros.
  • Jose Fernando Huerta Mejia

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 33873/2021, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, al efecto, se provee: Téngase al Juzgado Federal oficiante acusando recibo del oficio 450 (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 908/2021) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Fernando Huerta Mejía y José Fernando Huerta Valera, registrándola bajo el número de expediente 1551/2021-II. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Asimismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Décimo Tercero de las Disposiciones Complementarias del artículo 35 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista a las partes...

  2. Principal

    23-09-2021lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 09/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda con la que se dio cuenta, fue presentada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida el veintiuno de septiembre siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 908/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. INCOMPETENCIA. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por José Fernando Huerta Mejía y José Fernando Huerta Valera; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, los peticionarios de amparo, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es la JUEZA DÉCIMO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, con domicilio conocido sito en Periférico Arco Sur Número 4,000, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla. IV. ACTO RECLAMADO. El acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno emitido dentro de autos del expediente 676/2021 del índice del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, así como sus efectos y consecuencias. Se precisa que el acto reclamado fue notificado al quejoso con fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, por lo que me encuentro en tiempo y forma para promover el presente amparo, previo descuento de días inhábiles." Ahora bien, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifiestan lo siguiente: "Siendo de especial relevancia para este medio de control constitucional manifestar que, el documento fundatorio de la acción ejercitada en el juicio descrito en el inciso b) anterior, lo es un PAGARÉ de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, supuestamente suscrito por el señor JOSÉ FERNANDO HUERTA MEJÍA a favor del señor ARTEMIO MORA OLOARTE, por una cantidad de $21,770,220.00 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.). (.) 3. Por lo anterior, fue por lo que el día dieciocho de enero del dos mil veintiuno, los suscritos nos vimos en la imperiosa necesidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República a fin de que investigara las conductas descritas; denuncia que fue radicada bajo el número de carpeta de investigación FED/PUE/0000156/2021 y que actualmente es conocida por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula 3-III-4 PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, Licenciada NOEMI MONROY LUCERO. 4. En ese contexto, el día veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, los ahora quejosos presentamos un escrito dentro de la carpeta de investigación FED/ PUE/0000156/2021 ante la Autoridad Ministerial antes descrita, por el que le informamos que el ORIGINAL del PAGARÉ de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, supuestamente suscrito por el señor JOSÉ FERNANDO HUERTA MEJÍA a favor del señor ARTEMIO MORA OLOARTE, por una cantidad de $21,770,220.00 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), había sido exhibido por el imputado como documento fundatorio de la acción ejercitada dentro del 676/2020 ante el Juzgado Décimo especializado en materia mercantil de la Ciudad de Puebla. 5. Posteriormente, el dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, uno de los asesores jurídicos que nombramos dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/0000156/2021, Licenciado FRANCISCO JAVIER DE UNANUE BRETÓN, presentó un escrito ante la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula B-III-4 PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, Licenciada NOEMI MONROY LUCERO, por el que propuso como actos de investigación la realización de una PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA y una PERICIAL EN DOCUMENTOSCOPÍA, ambas con la finalidad de demostrar la FALSEDAD de las firmas que se nos atribuye dentro de los juicios ejecutivos mercantiles de mérito. Y en el mismo escrito, entre otras cosas, pedimos a la Representante Social que solicitara a la Jueza Décimo especializado en Material del Distrito Judicial de Puebla, que a través. del respectivo actuario/diligenciario judicial o a través de la Policía Federal de Investigación, realizara el TRASLADO del ORIGINAL del PAGARÉ de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, supuestamente suscrito por el señor JOSÉ FERNANDO HUERTA MEJÍA a favor del señor ARTEMIO MORA OLOARTE, por una cantidad de $21,770,220.00 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 001.100 M.N.), que había sido exhibido dentro del juicio ejecutivo mercantil 676/2020 de los conocidos por esa Autoridad. 8. Así pues, fue hasta el dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, que la Agente del Ministerio Público Federal atendió nuestra petición y a través del oficio número PUE-E1L-B111-C4-1023/2021 solicitó a la Jueza Décimo especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, lo siguiente: (.) 9. Desafortunadamente, la petición de la Agente del Ministerio Público que cabe mencionar era indirectamente de los suscritos, fue NEGADA por parte de la Jueza Décimo Especializado en materia Mercantil del Distrito de Judicial de Puebla, el cual con fecha veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, dictó un proveído dentro del juicio ejecutivo mercantil 676/2020/10M que en su parte de interés dice lo siguiente: "Finalmente, visto el contenido del oficio de cuenta, mediante similar infórmese al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula B-I11-4 Puebla, Estado de Puebla, que no es posible conceder su petición de que el pagaré exhibido en autos sea trasladado a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, en virtud de que este procedimiento mercantil está en curso y el documento fundatorio solo podrá ser entregado a las partes al término del juicio..."." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atenta la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, los promoventes de amparo reclaman al Juzgado Décimo especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, el acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno emitido dentro de autos del expediente 676/2021 del índice del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, así como sus efectos y consecuencias; ello no significa que dicho acto sea naturaleza penal, puesto que, el acto reclamado no deriva de alguna carpeta de investigación o averiguación previa; aunado a ello, que el acto del que se duele la parte quejosa, no es reclamado a ningún agente del Ministerio Público. En efecto, lo que se reclama al juez responsable emana de un juicio de naturaleza mercantil, además como ya se precisó, que si bien un agente del Ministerio Público fue señalado como parte tercera interesada en el presente controvertido constitucional, este no está señalado como autoridad responsable, de ahí que esta potestad Federal no tenga competencia para conocer del acto reclamado. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio convencional de la parte quejosa, el que proporciona en su escrito de demanda. De igual forma, no ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona, como medio para recibir notificaciones, al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio para establecer contacto, en caso de que ello se estime necesario. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Herminio Cano Benítez, Francisco Javier de Unanue y Bretón, José Guadalupe Jiménez Rosas, Víctor Ricardo Chincoya Morales, Alfredo Guillermo Martínez Tellez, Jesús Manuel Calonge Romero y Jorge Mauricio Tellez Juárez, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, ténganse como autorizados en los términos restringidos del citado numeral a Juan Rosas Olaya, José Justino Muñoz Rosas y Luis Alberto Rosas Olaya, por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, téngase como representante común de los quejosos a José Fernando Huerta Mejía. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, toda vez que el quejoso en su escrito de demanda solicita que se autorice el acceso al expediente electrónico a través del usuario "JESUSMANUELCALONGEROMERO", se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Jesús Manuel Calonge Romero es titular del usuario "JESUSMANUELCALONGEROMERO", el cual está vigente, se concede al antes mencionado el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que lo anterior implique que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, ya que no fue expresamente solicitado por el quejoso. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte quejosa solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada, entre ellos, los datos personales del promovente como lo solicitó. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente al promovente; por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" de la adscripción encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, por oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla.

  3. Principal

    (publicación citatorio)SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSOS EL ACUERDO DE 23 DE septiembre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: 23-09-2021lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 09/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda con la que se dio cuenta, fue presentada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida el veintiuno de septiembre siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 908/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. INCOMPETENCIA. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por José Fernando Huerta Mejía y José Fernando Huerta Valera; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, los peticionarios de amparo, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es la JUEZA DÉCIMO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, con domicilio conocido sito en Periférico Arco Sur Número 4,000, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla. IV. ACTO RECLAMADO. El acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno emitido dentro de autos del expediente 676/2021 del índice del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, así como sus efectos y consecuencias. Se precisa que el acto reclamado fue notificado al quejoso con fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, por lo que me encuentro en tiempo y forma para promover el presente amparo, previo descuento de días inhábiles." Ahora bien, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifiestan lo siguiente: "Siendo de especial relevancia para este medio de control constitucional manifestar que, el documento fundatorio de la acción ejercitada en el juicio descrito en el inciso b) anterior, lo es un PAGARÉ de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, supuestamente suscrito por el señor JOSÉ FERNANDO HUERTA MEJÍA a favor del señor ARTEMIO MORA OLOARTE, por una cantidad de $21,770,220.00 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.). (.) 3. Por lo anterior, fue por lo que el día dieciocho de enero del dos mil veintiuno, los suscritos nos vimos en la imperiosa necesidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República a fin de que investigara las conductas descritas; denuncia que fue radicada bajo el número de carpeta de investigación FED/PUE/0000156/2021 y que actualmente es conocida por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula 3-III-4 PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, Licenciada NOEMI MONROY LUCERO. 4. En ese contexto, el día veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, los ahora quejosos presentamos un escrito dentro de la carpeta de investigación FED/ PUE/0000156/2021 ante la Autoridad Ministerial antes descrita, por el que le informamos que el ORIGINAL del PAGARÉ de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, supuestamente suscrito por el señor JOSÉ FERNANDO HUERTA MEJÍA a favor del señor ARTEMIO MORA OLOARTE, por una cantidad de $21,770,220.00 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), había sido exhibido por el imputado como documento fundatorio de la acción ejercitada dentro del 676/2020 ante el Juzgado Décimo especializado en materia mercantil de la Ciudad de Puebla. 5. Posteriormente, el dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, uno de los asesores jurídicos que nombramos dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/0000156/2021, Licenciado FRANCISCO JAVIER DE UNANUE BRETÓN, presentó un escrito ante la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula B-III-4 PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, Licenciada NOEMI MONROY LUCERO, por el que propuso como actos de investigación la realización de una PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA y una PERICIAL EN DOCUMENTOSCOPÍA, ambas con la finalidad de demostrar la FALSEDAD de las firmas que se nos atribuye dentro de los juicios ejecutivos mercantiles de mérito. Y en el mismo escrito, entre otras cosas, pedimos a la Representante Social que solicitara a la Jueza Décimo especializado en Material del Distrito Judicial de Puebla, que a través. del respectivo actuario/diligenciario judicial o a través de la Policía Federal de Investigación, realizara el TRASLADO del ORIGINAL del PAGARÉ de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, supuestamente suscrito por el señor JOSÉ FERNANDO HUERTA MEJÍA a favor del señor ARTEMIO MORA OLOARTE, por una cantidad de $21,770,220.00 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 001.100 M.N.), que había sido exhibido dentro del juicio ejecutivo mercantil 676/2020 de los conocidos por esa Autoridad. 8. Así pues, fue hasta el dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, que la Agente del Ministerio Público Federal atendió nuestra petición y a través del oficio número PUE-E1L-B111-C4-1023/2021 solicitó a la Jueza Décimo especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, lo siguiente: (.) 9. Desafortunadamente, la petición de la Agente del Ministerio Público que cabe mencionar era indirectamente de los suscritos, fue NEGADA por parte de la Jueza Décimo Especializado en materia Mercantil del Distrito de Judicial de Puebla, el cual con fecha veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, dictó un proveído dentro del juicio ejecutivo mercantil 676/2020/10M que en su parte de interés dice lo siguiente: "Finalmente, visto el contenido del oficio de cuenta, mediante similar infórmese al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula B-I11-4 Puebla, Estado de Puebla, que no es posible conceder su petición de que el pagaré exhibido en autos sea trasladado a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, en virtud de que este procedimiento mercantil está en curso y el documento fundatorio solo podrá ser entregado a las partes al término del juicio..."." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atenta la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, los promoventes de amparo reclaman al Juzgado Décimo especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, el acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno emitido dentro de autos del expediente 676/2021 del índice del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, así como sus efectos y consecuencias; ello no significa que dicho acto sea naturaleza penal, puesto que, el acto reclamado no deriva de alguna carpeta de investigación o averiguación previa; aunado a ello, que el acto del que se duele la parte quejosa, no es reclamado a ningún agente del Ministerio Público. En efecto, lo que se reclama al juez responsable emana de un juicio de naturaleza mercantil, además como ya se precisó, que si bien un agente del Ministerio Público fue señalado como parte tercera interesada en el presente controvertido constitucional, este no está señalado como autoridad responsable, de ahí que esta potestad Federal no tenga competencia para conocer del acto reclamado. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio convencional de la parte quejosa, el que proporciona en su escrito de demanda. De igual forma, no ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona, como medio para recibir notificaciones, al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio para establecer contacto, en caso de que ello se estime necesario. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Herminio Cano Benítez, Francisco Javier de Unanue y Bretón, José Guadalupe Jiménez Rosas, Víctor Ricardo Chincoya Morales, Alfredo Guillermo Martínez Tellez, Jesús Manuel Calonge Romero y Jorge Mauricio Tellez Juárez, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, ténganse como autorizados en los términos restringidos del citado numeral a Juan Rosas Olaya, José Justino Muñoz Rosas y Luis Alberto Rosas Olaya, por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, téngase como representante común de los quejosos a José Fernando Huerta Mejía. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, toda vez que el quejoso en su escrito de demanda solicita que se autorice el acceso al expediente electrónico a través del usuario "JESUSMANUELCALONGEROMERO", se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Jesús Manuel Calonge Romero es titular del usuario "JESUSMANUELCALONGEROMERO", el cual está vigente, se concede al antes mencionado el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que lo anterior implique que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, ya que no fue expresamente solicitado por el quejoso. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte quejosa solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada, entre ellos, los datos personales del promovente como lo solicitó. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente al promovente; por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" de la adscripción encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, por oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla.

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