Jose Fernando Hernandez Aldrete

Expediente 565/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
565/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Jose Fernando Hernandez Aldrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 23 DE julio DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. I. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. I. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio pasado se tuvo a la autoridad: 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitiendo la resolución dictada el veinticuatro de junio del año en curso, dentro de la causa penal 296/2013 de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 71/2021 del propio índice. Ahora bien, de la revisión de dichas documentales, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que el quejoso José Fernando Hernández Aldrete, acude a esta instancia constitucional a reclamar el auto de formal prisión o preventiva de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 296/2013, por el 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla; así como su ejecución al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, lo que se traduce en la privación de su libertad y su identificación administrativa. Ahora bien, del informe justificado que rindió el juez responsable y de las constancias que remitió en su apoyo y en alcance -recibidas en auto de veintinueve de junio pasado-, las cuales tienen pleno valor probatorio con fundamento en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se aprecia que el auto de formal prisión o preventiva que se combate en la presente instancia constitucional, se emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el controvertido constitucional 71/2021 de la estadística de este juzgado; en la que, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso José Fernando Hernández Alderete, en contra del auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 296/2013 del índice del referido juez de origen. Asimismo, de dicho sumario constitucional -71/2021 de este índice- se desprende que por acuerdo dictado el diecisiete de junio del actual, el suscrito Juez de Distrito, se pronunció respecto al cumplimiento emitido por el juez responsable mediante oficio 714/2021/SRIA PAR, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual remitió la resolución de veintisiete de mayo del mismo año, dictada en la causa penal 296/2013, considerando que en su totalidad con dicha ejecutoria no dio cumplimiento, y se le requirió nuevamente para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho auto, diera cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora. Por lo que, en cumplimiento al citado requerimiento, el 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitió una nueva resolución en la que, dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 296/2013 (acto reclamado), y dictó auto de formal prisión o preventiva en contra de José Fernando Hernández Alderete por la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad. De lo expuesto, se advierte que el Juez de la causa, dejó sin efectos el auto de formal prisión que aquí se combate, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo 71/2021, del índice de este juzgado Federal. Por tanto, es evidente que, se han destruido todos los efectos en forma total e incondicional del auto de formal prisión que reclama el quejoso en esta instancia, así como su ejecución -reclamada al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla-; de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; actualizándose la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. En ese sentido, se dejan sin efecto las nueve horas con veinticuatro minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Fernando Hernández Aldrete, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veinticinco de junio del año en curso, fue notificado que el veinticuatro de junio del mismo año, el juez responsable dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 296/2013 (acto reclamado); de lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio pasado se tuvo a la autoridad: 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitiendo la resolución dictada el veinticuatro de junio del año en curso, dentro de la causa penal 296/2013 de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 71/2021 del propio índice. Ahora bien, de la revisión de dichas documentales, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que el quejoso José Fernando Hernández Aldrete, acude a esta instancia constitucional a reclamar el auto de formal prisión o preventiva de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 296/2013, por el 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla; así como su ejecución al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, lo que se traduce en la privación de su libertad y su identificación administrativa. Ahora bien, del informe justificado que rindió el juez responsable y de las constancias que remitió en su apoyo y en alcance -recibidas en auto de veintinueve de junio pasado-, las cuales tienen pleno valor probatorio con fundamento en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se aprecia que el auto de formal prisión o preventiva que se combate en la presente instancia constitucional, se emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el controvertido constitucional 71/2021 de la estadística de este juzgado; en la que, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso José Fernando Hernández Alderete, en contra del auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 296/2013 del índice del referido juez de origen. Asimismo, de dicho sumario constitucional -71/2021 de este índice- se desprende que por acuerdo dictado el diecisiete de junio del actual, el suscrito Juez de Distrito, se pronunció respecto al cumplimiento emitido por el juez responsable mediante oficio 714/2021/SRIA PAR, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual remitió la resolución de veintisiete de mayo del mismo año, dictada en la causa penal 296/2013, considerando que en su totalidad con dicha ejecutoria no dio cumplimiento, y se le requirió nuevamente para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho auto, diera cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora. Por lo que, en cumplimiento al citado requerimiento, el 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitió una nueva resolución en la que, dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 296/2013 (acto reclamado), y dictó auto de formal prisión o preventiva en contra de José Fernando Hernández Alderete por la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad. De lo expuesto, se advierte que el Juez de la causa, dejó sin efectos el auto de formal prisión que aquí se combate, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo 71/2021, del índice de este juzgado Federal. Por tanto, es evidente que, se han destruido todos los efectos en forma total e incondicional del auto de formal prisión que reclama el quejoso en esta instancia, así como su ejecución -reclamada al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla-; de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; actualizándose la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. En ese sentido, se dejan sin efecto las nueve horas con veinticuatro minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Fernando Hernández Aldrete, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veinticinco de junio del año en curso, fue notificado que el veinticuatro de junio del mismo año, el juez responsable dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 296/2013 (acto reclamado); de lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

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