José Felix Urbina Hernández
Expediente 1169/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Felix Urbina Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio 5723 signado por la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, por medio del cual en alcance a su informe justificado, remite las constancias con las que lo apoya; sin embargo, no es el caso realizar mayor proveído al respecto, pues mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente asunto. Por otra parte, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias que remite la autoridad oficiante que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmense los anexos I y II, conservando el folio de origen, en la inteligencia que, una vez que quede firme la resolución citada en el párrafo que precede, se devolverán las constancias a la autoridad responsable.
- Principal
(SE PUBLICA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes. De igual forma, intégrese a los autos el oficio 5395 y anexo de la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que conduce a decretar el sobreseimiento del presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional, como enseguida se evidenciará. En tal sentido, no resulta necesario esperar a que llegue la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en este sumario constitucional se actualiza una causal de improcedencia notoria e indudable, de manera que, con ningún medio de convicción puede desvirtuarse. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa se tiene que el quejoso José Felix Urbina Hernández, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el cuatro de agosto de dos mil dieciséis y, ante este órgano federal el cinco de agosto siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y otra autoridad, que hizo consistir en la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Mediante proveído de ocho de agosto del actual se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. En ese sentido, al rendir su informes justificado la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación admitieron la existencia de los actos reclamados. Así mismo, en esta data el 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, se tuvo por recibido en este órgano jurisdiccional el oficio 5395 al que anexó copia certificada de la resolución de término constitucional de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la causa epnal 429/2016, constancias que las que aparece que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.). El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Así las cosas, del informe justificado se advierte que con fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 429/2016 de su estadística, estimó procedente librar orden de aprehensión en contra del quejoso José Félix urbina Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de responsabilidad médica previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, y lesiones a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308 fracción IV, incisos b), c) y e), V inciso c), en relación con los artículos 14 y 21 fracción I, y 83 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. Por su parte, la aludida autoridad responsable, remitió copia certificada de la resolución de doce de agosto del actual, dictada dentro del citado proceso penal 429/2016 de su estadística, documental que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de esta ley, de la que se desprende que procedió a resolver la situación jurídica del ahora quejoso, decretando auto de formal prisión en su contra, por la probable comisión de los aludidos ilícitos. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dar cumplimiento a la orden de aprehensión reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la orden de captura en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de formal prisión, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Así también, por similitud jurídica, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace al acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en su denominación correcta, ya que el acto que se le imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No se soslaya que la parte agraviada dentro del proceso penal de origen no fue llamada al presente juicio de derechos fundamentales con el carácter de terceros interesados, sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado del presente acuerdo, pues el sobreseimiento decretado no le causa ningún perjuicio a dicha parte. Cobra aplicación al caso la tesis aislada P. V/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del cinco de septiembre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 5395 del Juez Primero de lo penal por Ministerio de Ley de la ciudad de Puebla, por el que remite a esta potestad federal la resolución de término constitucional de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictado en autos del proceso penal 429/2016 de su estadística instruida en contra del quejoso José Félix Urbina Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de responsabilidad médica previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, y lesiones a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308 fracción IV, incisos b), c) y e), V inciso c), en relación con los artículos 14 y 21 fracción I, y 83 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, de lo que se toma conocimiento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza Primero de lo Penal por Ministerio de Ley de la ciudad de Puebla, con el que informa que el quejoso José Félix Urbina Hernández compareció ante esa autoridad el diez de agosto de esta anualidad a rendir su declaración preparatoria y a efecto de acreditar su dicho remite copia certificada de la declaración preparatoria del quejoso de referencia. En consecuencia, téngase a la autoridad oficiante informando lo anterior, y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele, para que una vez que resuelva la situación jurídica del quejoso de mérito, remita copia certificada de las constancias conducentes; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 259 de la Ley de Amparo.
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