JOSE FELIX URBINA HERNANDEZ y Otros.

Expediente 1275/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1275/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla
  • Maria Isabel Gutierrez Rosales
  • JOSE FELIX URBINA HERNANDEZ y Otros.
  • Jose Felix Urbina Hernandez
  • Guillermo Victoria Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veintitrés de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el escrito signado por José Ignacio Lima Chumacero y María Isabel Gutiérrez Rosales en representación de la menor tercero interesada Mariann Lima Gutiérrez y, atento a su contenido téngasele señalando nuevo domicilio en la ciudad de Puebla para oír y recibir notificaciones, para los efectos legales a que haya lugar, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar. .

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 71 a 86), se sobreseyó en parte y se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, en virtud de que el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, advirtió los siguientes vicios formales: "Primer vicio formal. De las constancias que en vía de informe con justificación remitió el jueza responsable, consistentes en copias certificadas de la causa penal ********************, se aprecia que en la resolución reclamada se comete una violación de carácter formal en perjuicio de los impetrantes de amparo, transgrediendo con ello el derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional, al carecer de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. En efecto, la responsable en el considerando cuarto relativo al estudio del cuerpo del delito de responsabilidad médica (página 710 vuelta y 711 del tomo II de pruebas), refirió que se configuraba dicho ilícito, pero enseguida dijo que el ilícito en estudio se encontraba matizado con la agravante de responsabilidad médica, previsto y sancionado en el artículo 239, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, y que para su configuración se requería a) El abandono de una Persona cuya asistencia o cuidado esté a cargo del médico, y b) Que lo anterior se realice sin causa justificada y sin aviso oportuno. Como se observa, la responsable determinó por una parte que se demostraba el delito de responsabilidad médica, pero por la otra dice que es una agravante del delito en estudio, por tanto, no existe coherencia en sus argumentos lo que produce inseguridad jurídica en perjuicio de los impetrantes, por no saber con precisión el delito que realmente se le imputa y que sirvió de base a la autoridad jurisdiccional para dictar el auto de formal prisión reclamado, dejándolos así en estado de indefensión, vulnerando con ello la garantía de legalidad que en su favor tutela el artículo 16 de la Carta Magna. Sobre el tema de las agravantes o calificativas de los delitos, nuestro Alto Tribunal determinó que al dictarse el auto de formal prisión, se deben analizar y precisar los hechos, las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso penal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa; es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes, por ende, de estimar que en el caso se acreditó alguna agravante del delito en estudio, la autoridad responsable deberá establecer cuál es la que en el caso se demostró." Segundo vicio formal. Por otra parte, del estudio realizado al cuerpo del delito de lesiones a título de culpa, se advierte que el juez responsable estimó que se encuentra previsto y sancionado en los artículos 305, 307 y 308, fracción V, incisos b), c) y e), en relación con el 83, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, numerales que textualmente establecen: "Artículo 305.- Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado. Artículo 307.- Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le sancionará con tres a seis años de prisión, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. "Artículo 308.- Por lo que hace a las consecuencias de las lesiones inferidas, se observarán las siguientes disposiciones: IV.- Se impondrán de cinco a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al que contagiare, provocare un daño o infiriere una lesión de los que resultare: b) La inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; c) Sordera del ofendido; d) Alguna deformidad incorregible, o e) En general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica.." "V.- Se impondrán de seis a diez años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario, al que contagiare, provocare un daño o infiriere una lesión, a consecuencia de la cual resultare para el ofendido:. c) Pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales, o." Enseguida la jueza responsable precisó que elementos materiales constitutivos del delito en estudio son: Alteraciones en la salud o daños que dejen huella material en el cuerpo humano. Que tal resultado se realice por el activo por imprevisión, falta de reflexión, negligencia, falta de cuidado, impericia, manifiesto por medio de actos o de omisiones. Relación de causalidad física, directa o indirecta entre los actos u omisiones y el daño resultante. Imputación legal del daño sobre quien por su estado subjetivo de culposidad produjo el acto o la omisión causales. Los componentes mencionados consideró se acreditaron con los siguientes medios probatorios: la declaración ministerial de ********************, la inspección de lesiones practicada a la menor agraviada, el dictamen médico 416 de siete de abril de dos mil trece, el dictamen médico 429 de diez de abril de dos mil trece, el dictamen médico 884 de cuatro de julio de dos mil trece, el dictamen CRI-1005/2014 de veintisiete de junio de dos mil catorce, el dictamen médico de reclasificación de lesiones número 1345 de veintiuno de diciembre de dos mil quince, el dictamen médico 147/2015 de siete de agosto de dos mil quince, y el informe médico de trece de noviembre de dos mil quince; pruebas que estimó alcanzan valor probatorio en términos de los artículos 178, fracción II, 200, 196, 197 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, suficientes para acreditar los elementos del delito de lesiones a título de culpa, concluyendo en lo siguiente: "Circunstancias que de tal manera produjeron al pasivo lesiones que le produjeron una alteración en su salud física, vulnerando así el bien jurídicamente tutelado por la Norma Penal para el Estado, que en el caso lo es, la integridad corporal de las personas; y es así, por lo que en forma válida se puede afirmar, que en la especie, en términos de lo establecido por el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, en autos se justifica la existencia del correspondiente acción, el resultado y el nexo que une a las dos anteriores; y en razón de lo anterior, es que en autos se acredita también, la lesión al bien jurídicamente tutelado por la Norma de Defensa Social, que en el caso es, la integridad corporal de las personas; apreciándose en conciencia el conjunto de datos o elementos de convicción con que se cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código Adjetivo de la Materia; por lo que válidamente se puede afirmar y por ende concluir que en el caso que nos ocupa, quedaron plenamente acreditados, EL CONJUNTO DE ELEMENTOS OBJETIVOS O EXTERNOS QUE CONSTITUYEN LA MATERIALIDAD DEL HECHO DESCRITO POR LA LEY que en el caso su estudio nos ocupa, mismo que ha sido denominado, tanto por la Doctrina como por la Ley, como del DELITO DE LESIONES A TÍTULO DE CULPA, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, incisos B), C), y E), V inciso C), en relación con los artículos 14 y 21 fracción I y 83 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor ********************, representada por sus progenitores ******************** y ********************". Sin embargo, la consideración de la responsable, trastoca los derechos fundamentales de los quejosos, toda vez que omitió identificar en que parte de los certificados médicos practicados a la menor agraviada citada, se advierte que presentan lesiones que como consecuencia resultaron con la inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; que el legislador ordinario exige para acreditar la hipótesis a que aluden las fracciones IV, incisos b), c) y e), y V, inciso c), del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla. Lo anterior se considera así, toda vez que al relacionar y valorar los certificados médicos de la menor pasivo, la autoridad se concretó a señalar que la menor sufrió lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días y dejan secuelas como fue daño cerebral permanente. Luego, si la responsable estima que con los certificados médicos realizados a la menor pasivo, se acreditan los elementos del delito de lesiones culposas, y por ende, que éste se encuentra sancionado en el artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla, es necesario aclare cómo es que la menor ofendida resultó con inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; es decir, destaque la parte en que los dictámenes médicos así lo demuestran; ello a efecto de permitir a los inconformes una adecuada defensa jurídica. Por tanto, si en el acto reclamado la autoridad responsable soslayó explicar que las lesiones advertidas en la menor agraviada originaron que tuviera inutilización completa o pérdida de un ojo, o de una mano, o de un brazo, de una pierna, o de un pie, que tuviera sordera, o alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; que pérdida la vista, el habla o de las funciones sexuales, la resolución combatida carece de una debida fundamentación y motivación, que implica una franca contravención al artículo 16 constitucional, normativo que obliga a la autoridad a fundar y motivar sus actos, insistiéndose, en que no basta que cite los artículos en que encuadra la conducta antijurídica que se reprocha a los inculpados, sino que es necesario precise de qué manera los hechos delictivos se ubican en esa hipótesis, a fin de no dejar en estado de indefensión a los impetrantes de amparo. Tercer vicio formal. Por otra parte, continuando con el estudio del acto reclamado, del considerando cuarto atinente al cuerpo del delito de responsabilidad médica, se aprecia que la autoridad responsable incurrió en una insuficiente motivación de las pruebas para acreditar el abandono de una persona cuya asistencia o cuidado esté a cargo del médico y que lo hayan hecho sin causa justificada y sin aviso oportuno, a que alude el primero y segundo de los elementos del delito en estudio. En efecto, para que la conducta de los profesionales médicos pueda considerarse efectivamente típica y antijurídica deberá tenerse la certeza jurídica de que el actuar negligente o irresponsable del médico, lo cual únicamente será susceptible de valoración a través de la legal ponderación de los elementos de prueba allegados durante el proceso, acorde a sus propias circunstancias de ejecución y en relación con el propio hecho probado. Ahora bien, la responsable en el acto reclamado a fin de tener por demostrados los elementos del cuerpo del delito partió de la declaración de ********************, del dictamen médico GYD-198/2014 de veintisiete de mayo de dos mil trece, con la cédula profesional de especialidad en cirugía pediátrica número ******************** expedida a favor de ********************, y títulos de médico cirujano y de pediatría a nombre de ********************, con las declaraciones de los testigos ******************** y ********************, y con las declaraciones de las enfermeras ******************** e ********************, la cual una vez que transcribió y valoró concluyó: ".De ahí que sólo pueda rescatarse de las declaraciones antes transcritas la circunstancia de que fueron los médicos ******************** Y ******************** los encargados de la atención pediátrica operatoria y postoperatoria de la menor ********************, que dichos médicos después de intervenir quirúrgicamente a la menor ******************** se retiraron de las instalaciones del hospital beneficencia española de puebla, abandonando el cuidado de la menor en manos de las enfermeras del área de cuidados intensivos, sin que existiera una razón justificable para tal fin, ." (foja 715 del tomo de pruebas). Tales medios de convicción, si bien como lo sostuvo en el acto reclamado son aptos para acreditar la calidad de profesionales médicos que tienen los quejosos en el momento de los hechos; sin embargo, los argumentos que vertió para demostrar los elementos normativos "abandono de la asistencia o cuidados médicos sin causa justificada", son insuficientes, ya que el hecho de que los quejosos en su calidad de médicos se retiraran de las instalaciones del Hospital Beneficencia Española y el cuidado de la menor se quedara a cargo de las enfermeras, en modo alguno significa que abandonaron a la menor pasivo de la asistencia médica sin causa justificada. En efecto, correspondía al juez del proceso demostrar el acto de abandono de la asistencia médica de la menor sin causa justificada, al momento de resolver la situación jurídica de los quejosos, al menos de manera indiciaria, con los medios de prueba que constan en la indagatoria; es decir, dicho elemento requiere de la valoración jurídica o cultural por parte del juzgador, en el sentido de que el actuar de los sujetos activos se realizó sólo a voluntad o capricho de este, esto es, sin causa justificada; es decir, debe exponer detalladamente la mecánica de los hechos, y a partir de ello aclarar cuáles eran sus facultades frente a los hechos en que participaron, cuál fue la atención médica que brindaron a la menor pasivo, para finalmente explicar que sin causa justificada y sin aviso oportuno abandonaron a la menor agraviada de cuya asistencia estaba a su cargo. En esas condiciones, es que se concluye que la resolución reclamada carece de la debida motivación en cuanto a su demostración de los elementos en estudio, pues el juez de origen omitió de manera razonada los indicios obtenidos de cada elemento de prueba que lo llevaron a considerar, valorados y adminiculados entre sí, que el acto de abandono de la asistencia médica de la menor agraviada sin causa justificada, por lo que su acto de autoridad deviene falto de motivación en la forma destacada y por ende ilegal." Concediendo el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Dada la incongruencia advertida, deberá precisar el delito de responsabilidad médica es una agravante del diverso de lesiones a título de culpa (sic), ya que por una parte determinó que se demostraba el delito de responsabilidad médica, pero por la otra dice que es una agravante del delito en estudio, por tanto, no existe coherencia en sus argumentos lo que produce inseguridad jurídica en perjuicio de los impetrantes, por no saber con precisión el delito que realmente se le imputa y que sirvió de base a la autoridad jurisdiccional para dictar el auto de formal prisión reclamado, dejándolos así en estado de indefensión, vulnerando con ello la garantía de legalidad que en su favor tutela el artículo 16 de la Carta Magna. b) Deberá identificar en que parte de los certificados médicos se advierte que la menor agraviada presentó lesiones que originaron inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de al alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; que el legislador ordinario exige para acreditar la hipótesis a que aluden las fracciones IV, incisos b), c) y e), y V, inciso c), del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla; estudio que deberá realizar fundando y motivando su determinación. c) Deberá precisar con qué pruebas se demostró el acto de abandono de la asistencia médica de la menor sin causa justificada, al menos de manera indiciaria, es decir, debe exponer detalladamente la mecánica de los hechos, y a partir de ello aclarar cuáles eran sus facultades frente a los hechos en que participaron, cuál fue la atención médica que brindaron a la menor pasivo, para finalmente explicar que sin causa justificada y sin aviso oportuno abandonaron a la menor agraviada de cuya asistencia estaba a su cargo. Ya que los argumentos que vertió para demostrar los elementos normativos "abandono de la asistencia o cuidados médicos sin causa justificada", son insuficientes, dado que el hecho de que los quejosos en su calidad de médicos se retiraran de las instalaciones del Hospital Beneficencia Española y el cuidado de la menor se quedara a cargo de las enfermeras, en modo alguno significa que abandonaron a la menor pasivo de la asistencia médica sin causa justificada." Inconformes con la anterior determinación los quejosos interpusieron recurso de revisión (foja 149), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en determinación de nueve de marzo de dos mil diecisiete, en el toca R-27/2017, resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 210 a 251). Ahora bien, mediante oficio 1505 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 267 a 293), el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen ******************** de su índice, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de doce de agosto de dos mil dieciséis (foja 268 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de los quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, decretándoles auto de formal prisión por el delito de LESIONES CULPOSAS, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Asimismo, decretó a favor de dichos quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, auto de libertad por falta de elementos para procesar, por el delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Sin embargo, en auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 309 a 317), se tuvo al juez responsable no dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, por cuanto hace al estudio del cuerpo del delito de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales; únicamente se limitó a establecer lo siguiente: "CUARTO. Por cuanto hace al cuerpo del delito de responsabilidad médica en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez se obtiene lo siguiente: En el caso que nos ocupa, a juicio de quien esto resuelve, el conjunto de elementos materiales objetivos, subjetivos y normativos NO se encuentran plena y legalmente acreditados. Se sostiene lo anterior en virtud de que el delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA previsto y sancionado por el artículo 239 fracción IV, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, vigente en la época en que sucedieron los hechos cometido en agravio de la menor ********************, requiere para su configuración de los elementos siguientes: En ejercicio profesional (médico); calidad específica del activo. Omita recabar la autorización de quien esté autorizado para darla; en el presente caso los padres de la pasivo menor ********************. Se realice un ataque a la integridad de una función vital; en el caso que nos ocupa de la pasivo: Las exigencias configurativas en cita, NO aparecen acreditadas en la causa, bajo los lineamientos del artículo 83 de la Ley Adjetiva Penal, según se verá al análisis del material probatorio que instruye en la causa: En primer término el requisito exigido por el artículo 16 Constitucional, para la incoación de la causa, quedó satisfecho con la denuncia de JOSÉ IGNACIO LIMA CHUMACERO, presentada el 07 siete de abril de 2013 dos mil trece, por escrito y ratificada ante el representante social, en la misma fecha, por su autor. Se sostiene lo anterior en virtud de que si bien en autos se encuentra justificado que los activos son profesionistas médicos, que con su proceder ocasionaron las lesiones culposas que han quedado justificadas con antelación, sin embargo, en actuaciones únicamente existe un indicio aislado el cual consiste en el dictamen en grafoscopía y documentoscopía con el cual queda de manifiesto que el consentimiento informado para la colocación del catéter central el día de los hechos que se investigan, fue llenado en tres tiempos y presenta una adición que textualmente dice "y acceso central"; es decir que este documento se encuentra alterado, ratificando la importancia en que en este documento es en donde la persona legalmente de la paciente otorga la autorización para llevar a cabo el procedimiento denominado colocación de catéter central. Mismo que resulta insuficiente e ineficaz para tener por acreditado el cuerpo del delito de responsabilidad médica a que alude el numeral legal en cita, pues como se puede observar claramente, los restantes elementos del delito no se pueden justificar con el material probatorio existente en la causa. A mayor abundamiento, no existe la certeza de quién física y materialmente realizó esas alteraciones y/o aumentos en el documento analizado. Ya que el perito únicamente determina fue llenado en tres tiempos y presenta una adición que textualmente dice "y acceso central", sin determinar quién realizó el llenado en tres tiempos." (fojas 283 y 283 vuelta). De lo que se estableció que el juez del proceso, incurrió nuevamente en una indebida y deficiente fundamentación y motivación, ya que para dar cumplimiento a los incisos a) y c) de los efectos de la ejecutoria de amparo, relativos al estudio del delito de responsabilidad médica, lejos de subsanar las incongruencias y deficiencias formales advertidas en la ejecutoria de amparo, reclasificó dicho ilícito de la fracción I del artículo 239 del Código Penal del Estado de Puebla, a la fracción IV de dicho dispositivo legal, sin establecer fundamento y razonamiento alguno para ello. Aunado a que el juez de la causa, respecto de dicho ilícito de responsabilidad médica, si bien estableció los elementos del cuerpo del delito, que se imputa a los quejosos, también lo es que únicamente se limitó a estudiar el elemento de prueba consistente en un dictamen en grafoscopía y documentoscopía, del que no especifica qué especialista lo emitió, ni tampoco el fundamento legal con el cual lo demerita. Lo anterior es así, ya que independientemente de que en la ejecutoria de amparo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-27/2017, se otorgó libertad de jurisdicción al juez de la causa, quien tiene la facultad para, en su caso, poder reclasificar el delito imputado a los quejosos, con base en las pruebas existentes y apreciando los mismos hechos, también lo es que se estableció que en la determinación que llegara a dictar en cumplimiento a la misma debía estar debidamente fundada y motivada; a lo cual no se ciñó el juez responsable. Por otra parte, por cuanto hace al diverso ilícito imputado a los quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, de LESIONES CULPOSAS, el juez del proceso nuevamente incurrió en falta de fundamentación y motivación. Como se destacó, el efecto de la ejecutoria de amparo dictada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, referente a dicho ilícito, fue para que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en la nueva resolución que dictara, de manera fundada y motivada realizara lo siguiente: "b) Deberá identificar en que parte de los certificados médicos se advierte que la menor agraviada presentó lesiones que originaron inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de al alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; que el legislador ordinario exige para acreditar la hipótesis a que aluden las fracciones IV, incisos b), c) y e), y V, inciso c), del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla; estudio que deberá realizar fundando y motivando su determinación." Sin embargo, el juez de la causa en la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el proceso penal ******************** de su índice, estableció que el delito que se actualiza es el de LESIONES CULPOSAS, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por su progenitores ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales (fojas 267 a 293 del expediente original). De lo que se advertía que el juez del proceso procedió a excluir los incisos b) y c) de la fracción IV, así como la fracción V, inciso c) del artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla, sin establecer razonamiento y fundamento alguno. De lo que se evidenció que nuevamente incurrió en falta de fundamentación y motivación. Por lo anterior, se requirió nuevamente al juez responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual debía dejar insubsistente el auto de formal prisión reclamado de doce de agosto de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; debiendo dictar una nueva resolución observando los lineamientos antes precisados. Así las cosas, mediante oficio 2246 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 325 a 367), el juez de la causa remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de doce de agosto de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de los quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, decretándoles auto de formal prisión por el delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Asimismo, decretó en contra de dichos quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, auto de formal prisión, por el delito de LESIONES A TÍTULO DE CULPA, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Resolución en la cual, y con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, procedió a reclasificar el delito consignado de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, incisos b), c) y e) y fracción V, inciso c), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla; al delito de lesiones a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, bajo el argumento que de los medios de prueba que obran en autos sólo se acredita el inciso e) de la fracción IV del artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla. Así, el juez de la causa para arribar a tal determinación, tomó en consideración los siguientes elementos de prueba: inspección de lesiones practicada a la menor agraviada por parte del representante social; dictamen número 416 suscrito por el doctor José Alberto Correa Sánchez, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; dictamen número 429 suscrito por el médico legista Víctor López Rosario, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; dictamen 717 suscrito por el médico legista José Antonio Pacheco Aragón, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; dictamen 884 suscrito por la doctora Alicia Flores Gutiérrez; dictamen médico CRI-1005/2014 suscrito por el doctor José Alvarado Ochoa, perito en materia de criminalística adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; y, dictamen 147/2015 suscrito por el doctor Ricardo Landa Reyes, Delegado Institucional por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 73, 85, 86, 200 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Para concluir lo siguiente: "Ahora bien, el Agente del Ministerio Público en su consignación de fecha 14 catorce de julio del 2016 dos mil dieciséis, el Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, remitió la averiguación previa marcada con el número AP-1642/2013/NTE/DMZS-V, ejerciendo acción penal en contra de ******************** y Guillermo Victoria Morales, como probables responsables en la comisión de los delitos de LESIONES A TÍTULO DE CULPA previsto y sancionado por el artículo 305, 307, 308, fracción IV, inciso B, C y E, V inciso C, en relación a los diversos 14, 21 fracción I y 83 del Código de Defensa para el Estado, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez representada por sus señores padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales, de ahí que con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad reclasifica el ejercicio de la acción penal, sin que ello agrave la situación de los inculpados toda vez que no varía los hechos de la acusación." (fojas 328 vuelta a 333). Asimismo, el juez de la causa, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, procedió a reclasificar el delito consignado de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción I, en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla; al delito de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, bajo el siguiente argumento: "Al analizar las pruebas existentes en la causa, mismas que han sido valoradas con antelación, se llega a la conclusión de que en cuanto al delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Por el cual, se ejercitara acción penal, y se iniciara la causa NO SE ENCUENTRA ACREDITADO EN AUTOS. (.) Como puede advertirse de las pruebas ya valoradas con antelación, de ninguna de ellas deriva el abandono de la víctima por los médicos que la atendían, ello es así pues se aprecia que los médicos atendieron a la pasivo desde su ingreso, tratamiento, intervención quirúrgica y posteriormente, lo que no desestima la omisión de cuidado en que incurren en el desempeño de la atención médica que les corresponde. (.) Tan es así, que del cúmulo de pruebas existente entes (sic) en la causa relativas en los diversos, dictámenes médicos ya precisados y valorados en párrafos precedentes acreditan su omisión de cuidado, con lo que se descarta el abandono de la pasivo. Esta autoridad debe decir que si bien, al realizar la orden de aprehensión se consideró en el análisis, del delito de responsabilidad médica, a esta figura delictiva matizada como agravante del delito de lesiones a título de culpa, debe decirse que dichos tipos penales son autónomos, los cuales cuentan con sus propios elementos constitutivos, en consecuencia el delito de responsabilidad médica no prevé circunstancias especiales que agraven o atenúen las sanciones establecidas en el código penal. Bajo esas premisas, esta autoridad concluye que el cuerpo del delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Por el cual, se ejercitara acción penal y se iniciara la causa NO SE ENCUENTRA ACREDITADO EN AUTOS. Ahora bien, el Agente del Ministerio Público en su consignación de fecha 14 catorce de julio del 2016 dos mil dieciséis, el Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, remitió la averiguación previa marcada con el número AP-1642/2013/NTE/DMZS-V, ejerciendo acción penal en contra de ******************** y Guillermo Victoria Morales, como probables responsables en la comisión de los delitos de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus progenitores ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales, de ahí que con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad reclasifique el ejercicio de la acción penal, sin que ello agrave la situación del inculpado toda vez que no varían los hechos de la acusación." (fojas 342 vuelta a 343 vuelta). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de los quejosos con el que se da cuenta, por medio del cual desahogan la vista otorgada en auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, en virtud de que el juez de la causa, en la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete en la cual resuelve nuevamente su situación jurídica, no funda y motiva correctamente su determinación. Ello, primeramente en atención a que el juez del proceso en dicha determinación hace referencia al delito de "fraude genérico", lo cual permite evidenciar que en la citada determinación no existe un análisis objetivo sobre los hechos que se les imputan. Manifestación que es fundada pero inoperante, en virtud de que si bien, en el primer considerando de la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 328 vuelta), el juez del proceso hizo referencia al delito de "fraude genérico", ello pudo haber sido por un error mecanográfico que no cambia el estudio y análisis realizado por el juez de la causa, ya que como se advierte de dicha determinación el juez responsable procedió a establecer los elementos de prueba y los razonamientos lógicos jurídicos por los cuales, a su parecer, se tuvo por acreditado el cuerpo del delito de responsabilidad médica y de lesiones culposas, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión. Por otra parte, agregan los quejosos que con los elementos de prueba que obran en autos y que menciona el juez del proceso, no se tiene por acreditada su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos que se les atribuyen, pues el juez del proceso toma en consideración la declaración de ********************, dándole valor probatorio en términos de los artículos 61 y 178, fracción II del código procesal de la materia; sin embargo, ello no implica que resulte ser totalmente eficaz para acreditar la debida motivación, pues dicha persona no es médico para poder describir lo que según él sucedió en la atención médica que le fue otorgada a su menor hija; además de que en su declaración se basa en el dicho de terceras personas y en circunstancias totalmente inexistentes. Que el juez de la causa valoró inadecuadamente el material probatorio que obra en autos, pues por cuanto hace al dictamen en criminalística suscrito por Jorge Alvarado Ochoa, en el análisis que realiza refiere que la menor agraviada fue remitida a terapia intensiva, aún y cuando en el expediente clínico se establece que el servicio al cual fue remitida correspondió al servicio de terapia intermedia, lo que denota una falta de análisis de las constancias. Asimismo, refiere que dentro de dicho dictamen el perito jamás se definió para establecer si la menor agraviada sufrió un desgarro del vaso en donde se introdujo el catéter o por punción de pleura pulmonar con catéter subclavio o yugular; por lo que dicho dictamen no genera certeza jurídica y con motivo de ello no se pueda ejercer una adecuada defensa. Agregan que, de los diversos dictámenes que obran en autos, jamás se infiere perforación de pulmón, tal y como falsamente lo señala la parte denunciante y que el juez considera como existente; por lo cual dice la resolución que resuelve su situación jurídica está viciada. Concluyen los quejosos que de los medios de prueba que obran en autos se advierte que la menor agraviada jamás ingresó con motivo del evento en paro cardiorespiratorio, jamás hubo perforación de pulmón, no está definido si se trató de un desgarro del vaso o si se trató de punción de pleura pulmonar. Argumentos que resultan infundados, en virtud de que, en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el juez de la causa, y dichas manifestaciones de los amparistas consistentes en la forma de valorar el material probatorio por parte del juez de la causa, se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por el juez de la causa, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Finalmente, respecto de la alegación del quejoso consistente en que el juez de la causa, no aclara cómo es que la menor ofendida resultó con inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna o de un pie, de sordera, de alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de laguna función orgánica, pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; sin especificar la parte de los dictámenes médicos que así lo demuestren. Manifestación que es infundada, ya que como se advierte de la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete y como quedó establecido anteriormente, el juez del proceso estableció claramente que con los diversos dictámenes que obran en autos (antes precisados), sólo se acredita el inciso e) de la fracción IV del artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla, concerniente a la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; de ahí lo infundado de dicha alegación. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 71 a 86), se sobreseyó en parte y se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, en virtud de que el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, advirtió los siguientes vicios formales: "Primer vicio formal. De las constancias que en vía de informe con justificación remitió el jueza responsable, consistentes en copias certificadas de la causa penal ********************, se aprecia que en la resolución reclamada se comete una violación de carácter formal en perjuicio de los impetrantes de amparo, transgrediendo con ello el derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional, al carecer de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. En efecto, la responsable en el considerando cuarto relativo al estudio del cuerpo del delito de responsabilidad médica (página 710 vuelta y 711 del tomo II de pruebas), refirió que se configuraba dicho ilícito, pero enseguida dijo que el ilícito en estudio se encontraba matizado con la agravante de responsabilidad médica, previsto y sancionado en el artículo 239, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, y que para su configuración se requería a) El abandono de una Persona cuya asistencia o cuidado esté a cargo del médico, y b) Que lo anterior se realice sin causa justificada y sin aviso oportuno. Como se observa, la responsable determinó por una parte que se demostraba el delito de responsabilidad médica, pero por la otra dice que es una agravante del delito en estudio, por tanto, no existe coherencia en sus argumentos lo que produce inseguridad jurídica en perjuicio de los impetrantes, por no saber con precisión el delito que realmente se le imputa y que sirvió de base a la autoridad jurisdiccional para dictar el auto de formal prisión reclamado, dejándolos así en estado de indefensión, vulnerando con ello la garantía de legalidad que en su favor tutela el artículo 16 de la Carta Magna. Sobre el tema de las agravantes o calificativas de los delitos, nuestro Alto Tribunal determinó que al dictarse el auto de formal prisión, se deben analizar y precisar los hechos, las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso penal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa; es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes, por ende, de estimar que en el caso se acreditó alguna agravante del delito en estudio, la autoridad responsable deberá establecer cuál es la que en el caso se demostró." Segundo vicio formal. Por otra parte, del estudio realizado al cuerpo del delito de lesiones a título de culpa, se advierte que el juez responsable estimó que se encuentra previsto y sancionado en los artículos 305, 307 y 308, fracción V, incisos b), c) y e), en relación con el 83, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, numerales que textualmente establecen: "Artículo 305.- Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado. Artículo 307.- Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le sancionará con tres a seis años de prisión, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. "Artículo 308.- Por lo que hace a las consecuencias de las lesiones inferidas, se observarán las siguientes disposiciones: IV.- Se impondrán de cinco a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al que contagiare, provocare un daño o infiriere una lesión de los que resultare: b) La inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; c) Sordera del ofendido; d) Alguna deformidad incorregible, o e) En general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica.." "V.- Se impondrán de seis a diez años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario, al que contagiare, provocare un daño o infiriere una lesión, a consecuencia de la cual resultare para el ofendido:. c) Pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales, o." Enseguida la jueza responsable precisó que elementos materiales constitutivos del delito en estudio son: Alteraciones en la salud o daños que dejen huella material en el cuerpo humano. Que tal resultado se realice por el activo por imprevisión, falta de reflexión, negligencia, falta de cuidado, impericia, manifiesto por medio de actos o de omisiones. Relación de causalidad física, directa o indirecta entre los actos u omisiones y el daño resultante. Imputación legal del daño sobre quien por su estado subjetivo de culposidad produjo el acto o la omisión causales. Los componentes mencionados consideró se acreditaron con los siguientes medios probatorios: la declaración ministerial de ********************, la inspección de lesiones practicada a la menor agraviada, el dictamen médico 416 de siete de abril de dos mil trece, el dictamen médico 429 de diez de abril de dos mil trece, el dictamen médico 884 de cuatro de julio de dos mil trece, el dictamen CRI-1005/2014 de veintisiete de junio de dos mil catorce, el dictamen médico de reclasificación de lesiones número 1345 de veintiuno de diciembre de dos mil quince, el dictamen médico 147/2015 de siete de agosto de dos mil quince, y el informe médico de trece de noviembre de dos mil quince; pruebas que estimó alcanzan valor probatorio en términos de los artículos 178, fracción II, 200, 196, 197 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, suficientes para acreditar los elementos del delito de lesiones a título de culpa, concluyendo en lo siguiente: "Circunstancias que de tal manera produjeron al pasivo lesiones que le produjeron una alteración en su salud física, vulnerando así el bien jurídicamente tutelado por la Norma Penal para el Estado, que en el caso lo es, la integridad corporal de las personas; y es así, por lo que en forma válida se puede afirmar, que en la especie, en términos de lo establecido por el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, en autos se justifica la existencia del correspondiente acción, el resultado y el nexo que une a las dos anteriores; y en razón de lo anterior, es que en autos se acredita también, la lesión al bien jurídicamente tutelado por la Norma de Defensa Social, que en el caso es, la integridad corporal de las personas; apreciándose en conciencia el conjunto de datos o elementos de convicción con que se cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código Adjetivo de la Materia; por lo que válidamente se puede afirmar y por ende concluir que en el caso que nos ocupa, quedaron plenamente acreditados, EL CONJUNTO DE ELEMENTOS OBJETIVOS O EXTERNOS QUE CONSTITUYEN LA MATERIALIDAD DEL HECHO DESCRITO POR LA LEY que en el caso su estudio nos ocupa, mismo que ha sido denominado, tanto por la Doctrina como por la Ley, como del DELITO DE LESIONES A TÍTULO DE CULPA, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, incisos B), C), y E), V inciso C), en relación con los artículos 14 y 21 fracción I y 83 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor ********************, representada por sus progenitores ******************** y ********************". Sin embargo, la consideración de la responsable, trastoca los derechos fundamentales de los quejosos, toda vez que omitió identificar en que parte de los certificados médicos practicados a la menor agraviada citada, se advierte que presentan lesiones que como consecuencia resultaron con la inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; que el legislador ordinario exige para acreditar la hipótesis a que aluden las fracciones IV, incisos b), c) y e), y V, inciso c), del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla. Lo anterior se considera así, toda vez que al relacionar y valorar los certificados médicos de la menor pasivo, la autoridad se concretó a señalar que la menor sufrió lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días y dejan secuelas como fue daño cerebral permanente. Luego, si la responsable estima que con los certificados médicos realizados a la menor pasivo, se acreditan los elementos del delito de lesiones culposas, y por ende, que éste se encuentra sancionado en el artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla, es necesario aclare cómo es que la menor ofendida resultó con inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; es decir, destaque la parte en que los dictámenes médicos así lo demuestran; ello a efecto de permitir a los inconformes una adecuada defensa jurídica. Por tanto, si en el acto reclamado la autoridad responsable soslayó explicar que las lesiones advertidas en la menor agraviada originaron que tuviera inutilización completa o pérdida de un ojo, o de una mano, o de un brazo, de una pierna, o de un pie, que tuviera sordera, o alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; que pérdida la vista, el habla o de las funciones sexuales, la resolución combatida carece de una debida fundamentación y motivación, que implica una franca contravención al artículo 16 constitucional, normativo que obliga a la autoridad a fundar y motivar sus actos, insistiéndose, en que no basta que cite los artículos en que encuadra la conducta antijurídica que se reprocha a los inculpados, sino que es necesario precise de qué manera los hechos delictivos se ubican en esa hipótesis, a fin de no dejar en estado de indefensión a los impetrantes de amparo. Tercer vicio formal. Por otra parte, continuando con el estudio del acto reclamado, del considerando cuarto atinente al cuerpo del delito de responsabilidad médica, se aprecia que la autoridad responsable incurrió en una insuficiente motivación de las pruebas para acreditar el abandono de una persona cuya asistencia o cuidado esté a cargo del médico y que lo hayan hecho sin causa justificada y sin aviso oportuno, a que alude el primero y segundo de los elementos del delito en estudio. En efecto, para que la conducta de los profesionales médicos pueda considerarse efectivamente típica y antijurídica deberá tenerse la certeza jurídica de que el actuar negligente o irresponsable del médico, lo cual únicamente será susceptible de valoración a través de la legal ponderación de los elementos de prueba allegados durante el proceso, acorde a sus propias circunstancias de ejecución y en relación con el propio hecho probado. Ahora bien, la responsable en el acto reclamado a fin de tener por demostrados los elementos del cuerpo del delito partió de la declaración de ********************, del dictamen médico GYD-198/2014 de veintisiete de mayo de dos mil trece, con la cédula profesional de especialidad en cirugía pediátrica número ******************** expedida a favor de ********************, y títulos de médico cirujano y de pediatría a nombre de ********************, con las declaraciones de los testigos ******************** y ********************, y con las declaraciones de las enfermeras ******************** e ********************, la cual una vez que transcribió y valoró concluyó: ".De ahí que sólo pueda rescatarse de las declaraciones antes transcritas la circunstancia de que fueron los médicos ******************** Y ******************** los encargados de la atención pediátrica operatoria y postoperatoria de la menor ********************, que dichos médicos después de intervenir quirúrgicamente a la menor ******************** se retiraron de las instalaciones del hospital beneficencia española de puebla, abandonando el cuidado de la menor en manos de las enfermeras del área de cuidados intensivos, sin que existiera una razón justificable para tal fin, ." (foja 715 del tomo de pruebas). Tales medios de convicción, si bien como lo sostuvo en el acto reclamado son aptos para acreditar la calidad de profesionales médicos que tienen los quejosos en el momento de los hechos; sin embargo, los argumentos que vertió para demostrar los elementos normativos "abandono de la asistencia o cuidados médicos sin causa justificada", son insuficientes, ya que el hecho de que los quejosos en su calidad de médicos se retiraran de las instalaciones del Hospital Beneficencia Española y el cuidado de la menor se quedara a cargo de las enfermeras, en modo alguno significa que abandonaron a la menor pasivo de la asistencia médica sin causa justificada. En efecto, correspondía al juez del proceso demostrar el acto de abandono de la asistencia médica de la menor sin causa justificada, al momento de resolver la situación jurídica de los quejosos, al menos de manera indiciaria, con los medios de prueba que constan en la indagatoria; es decir, dicho elemento requiere de la valoración jurídica o cultural por parte del juzgador, en el sentido de que el actuar de los sujetos activos se realizó sólo a voluntad o capricho de este, esto es, sin causa justificada; es decir, debe exponer detalladamente la mecánica de los hechos, y a partir de ello aclarar cuáles eran sus facultades frente a los hechos en que participaron, cuál fue la atención médica que brindaron a la menor pasivo, para finalmente explicar que sin causa justificada y sin aviso oportuno abandonaron a la menor agraviada de cuya asistencia estaba a su cargo. En esas condiciones, es que se concluye que la resolución reclamada carece de la debida motivación en cuanto a su demostración de los elementos en estudio, pues el juez de origen omitió de manera razonada los indicios obtenidos de cada elemento de prueba que lo llevaron a considerar, valorados y adminiculados entre sí, que el acto de abandono de la asistencia médica de la menor agraviada sin causa justificada, por lo que su acto de autoridad deviene falto de motivación en la forma destacada y por ende ilegal." Concediendo el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Dada la incongruencia advertida, deberá precisar el delito de responsabilidad médica es una agravante del diverso de lesiones a título de culpa (sic), ya que por una parte determinó que se demostraba el delito de responsabilidad médica, pero por la otra dice que es una agravante del delito en estudio, por tanto, no existe coherencia en sus argumentos lo que produce inseguridad jurídica en perjuicio de los impetrantes, por no saber con precisión el delito que realmente se le imputa y que sirvió de base a la autoridad jurisdiccional para dictar el auto de formal prisión reclamado, dejándolos así en estado de indefensión, vulnerando con ello la garantía de legalidad que en su favor tutela el artículo 16 de la Carta Magna. b) Deberá identificar en que parte de los certificados médicos se advierte que la menor agraviada presentó lesiones que originaron inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de al alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; que el legislador ordinario exige para acreditar la hipótesis a que aluden las fracciones IV, incisos b), c) y e), y V, inciso c), del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla; estudio que deberá realizar fundando y motivando su determinación. c) Deberá precisar con qué pruebas se demostró el acto de abandono de la asistencia médica de la menor sin causa justificada, al menos de manera indiciaria, es decir, debe exponer detalladamente la mecánica de los hechos, y a partir de ello aclarar cuáles eran sus facultades frente a los hechos en que participaron, cuál fue la atención médica que brindaron a la menor pasivo, para finalmente explicar que sin causa justificada y sin aviso oportuno abandonaron a la menor agraviada de cuya asistencia estaba a su cargo. Ya que los argumentos que vertió para demostrar los elementos normativos "abandono de la asistencia o cuidados médicos sin causa justificada", son insuficientes, dado que el hecho de que los quejosos en su calidad de médicos se retiraran de las instalaciones del Hospital Beneficencia Española y el cuidado de la menor se quedara a cargo de las enfermeras, en modo alguno significa que abandonaron a la menor pasivo de la asistencia médica sin causa justificada." Inconformes con la anterior determinación los quejosos interpusieron recurso de revisión (foja 149), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en determinación de nueve de marzo de dos mil diecisiete, en el toca R-27/2017, resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 210 a 251). Ahora bien, mediante oficio 1505 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 267 a 293), el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen ******************** de su índice, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de doce de agosto de dos mil dieciséis (foja 268 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de los quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, decretándoles auto de formal prisión por el delito de LESIONES CULPOSAS, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Asimismo, decretó a favor de dichos quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, auto de libertad por falta de elementos para procesar, por el delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Sin embargo, en auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 309 a 317), se tuvo al juez responsable no dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, por cuanto hace al estudio del cuerpo del delito de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales; únicamente se limitó a establecer lo siguiente: "CUARTO. Por cuanto hace al cuerpo del delito de responsabilidad médica en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez se obtiene lo siguiente: En el caso que nos ocupa, a juicio de quien esto resuelve, el conjunto de elementos materiales objetivos, subjetivos y normativos NO se encuentran plena y legalmente acreditados. Se sostiene lo anterior en virtud de que el delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA previsto y sancionado por el artículo 239 fracción IV, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, vigente en la época en que sucedieron los hechos cometido en agravio de la menor ********************, requiere para su configuración de los elementos siguientes: En ejercicio profesional (médico); calidad específica del activo. Omita recabar la autorización de quien esté autorizado para darla; en el presente caso los padres de la pasivo menor ********************. Se realice un ataque a la integridad de una función vital; en el caso que nos ocupa de la pasivo: Las exigencias configurativas en cita, NO aparecen acreditadas en la causa, bajo los lineamientos del artículo 83 de la Ley Adjetiva Penal, según se verá al análisis del material probatorio que instruye en la causa: En primer término el requisito exigido por el artículo 16 Constitucional, para la incoación de la causa, quedó satisfecho con la denuncia de JOSÉ IGNACIO LIMA CHUMACERO, presentada el 07 siete de abril de 2013 dos mil trece, por escrito y ratificada ante el representante social, en la misma fecha, por su autor. Se sostiene lo anterior en virtud de que si bien en autos se encuentra justificado que los activos son profesionistas médicos, que con su proceder ocasionaron las lesiones culposas que han quedado justificadas con antelación, sin embargo, en actuaciones únicamente existe un indicio aislado el cual consiste en el dictamen en grafoscopía y documentoscopía con el cual queda de manifiesto que el consentimiento informado para la colocación del catéter central el día de los hechos que se investigan, fue llenado en tres tiempos y presenta una adición que textualmente dice "y acceso central"; es decir que este documento se encuentra alterado, ratificando la importancia en que en este documento es en donde la persona legalmente de la paciente otorga la autorización para llevar a cabo el procedimiento denominado colocación de catéter central. Mismo que resulta insuficiente e ineficaz para tener por acreditado el cuerpo del delito de responsabilidad médica a que alude el numeral legal en cita, pues como se puede observar claramente, los restantes elementos del delito no se pueden justificar con el material probatorio existente en la causa. A mayor abundamiento, no existe la certeza de quién física y materialmente realizó esas alteraciones y/o aumentos en el documento analizado. Ya que el perito únicamente determina fue llenado en tres tiempos y presenta una adición que textualmente dice "y acceso central", sin determinar quién realizó el llenado en tres tiempos." (fojas 283 y 283 vuelta). De lo que se estableció que el juez del proceso, incurrió nuevamente en una indebida y deficiente fundamentación y motivación, ya que para dar cumplimiento a los incisos a) y c) de los efectos de la ejecutoria de amparo, relativos al estudio del delito de responsabilidad médica, lejos de subsanar las incongruencias y deficiencias formales advertidas en la ejecutoria de amparo, reclasificó dicho ilícito de la fracción I del artículo 239 del Código Penal del Estado de Puebla, a la fracción IV de dicho dispositivo legal, sin establecer fundamento y razonamiento alguno para ello. Aunado a que el juez de la causa, respecto de dicho ilícito de responsabilidad médica, si bien estableció los elementos del cuerpo del delito, que se imputa a los quejosos, también lo es que únicamente se limitó a estudiar el elemento de prueba consistente en un dictamen en grafoscopía y documentoscopía, del que no especifica qué especialista lo emitió, ni tampoco el fundamento legal con el cual lo demerita. Lo anterior es así, ya que independientemente de que en la ejecutoria de amparo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-27/2017, se otorgó libertad de jurisdicción al juez de la causa, quien tiene la facultad para, en su caso, poder reclasificar el delito imputado a los quejosos, con base en las pruebas existentes y apreciando los mismos hechos, también lo es que se estableció que en la determinación que llegara a dictar en cumplimiento a la misma debía estar debidamente fundada y motivada; a lo cual no se ciñó el juez responsable. Por otra parte, por cuanto hace al diverso ilícito imputado a los quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, de LESIONES CULPOSAS, el juez del proceso nuevamente incurrió en falta de fundamentación y motivación. Como se destacó, el efecto de la ejecutoria de amparo dictada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, referente a dicho ilícito, fue para que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en la nueva resolución que dictara, de manera fundada y motivada realizara lo siguiente: "b) Deberá identificar en que parte de los certificados médicos se advierte que la menor agraviada presentó lesiones que originaron inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna, o de un pie; de sordera de la menor ofendida; de al alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; que el legislador ordinario exige para acreditar la hipótesis a que aluden las fracciones IV, incisos b), c) y e), y V, inciso c), del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla; estudio que deberá realizar fundando y motivando su determinación." Sin embargo, el juez de la causa en la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el proceso penal ******************** de su índice, estableció que el delito que se actualiza es el de LESIONES CULPOSAS, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por su progenitores ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales (fojas 267 a 293 del expediente original). De lo que se advertía que el juez del proceso procedió a excluir los incisos b) y c) de la fracción IV, así como la fracción V, inciso c) del artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla, sin establecer razonamiento y fundamento alguno. De lo que se evidenció que nuevamente incurrió en falta de fundamentación y motivación. Por lo anterior, se requirió nuevamente al juez responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual debía dejar insubsistente el auto de formal prisión reclamado de doce de agosto de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; debiendo dictar una nueva resolución observando los lineamientos antes precisados. Así las cosas, mediante oficio 2246 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 325 a 367), el juez de la causa remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de doce de agosto de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de los quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, decretándoles auto de formal prisión por el delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Asimismo, decretó en contra de dichos quejosos ******************** y Guillermo Victoria Morales, auto de formal prisión, por el delito de LESIONES A TÍTULO DE CULPA, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Resolución en la cual, y con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, procedió a reclasificar el delito consignado de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, incisos b), c) y e) y fracción V, inciso c), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla; al delito de lesiones a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, bajo el argumento que de los medios de prueba que obran en autos sólo se acredita el inciso e) de la fracción IV del artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla. Así, el juez de la causa para arribar a tal determinación, tomó en consideración los siguientes elementos de prueba: inspección de lesiones practicada a la menor agraviada por parte del representante social; dictamen número 416 suscrito por el doctor José Alberto Correa Sánchez, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; dictamen número 429 suscrito por el médico legista Víctor López Rosario, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; dictamen 717 suscrito por el médico legista José Antonio Pacheco Aragón, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; dictamen 884 suscrito por la doctora Alicia Flores Gutiérrez; dictamen médico CRI-1005/2014 suscrito por el doctor José Alvarado Ochoa, perito en materia de criminalística adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; y, dictamen 147/2015 suscrito por el doctor Ricardo Landa Reyes, Delegado Institucional por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 73, 85, 86, 200 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Para concluir lo siguiente: "Ahora bien, el Agente del Ministerio Público en su consignación de fecha 14 catorce de julio del 2016 dos mil dieciséis, el Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, remitió la averiguación previa marcada con el número AP-1642/2013/NTE/DMZS-V, ejerciendo acción penal en contra de ******************** y Guillermo Victoria Morales, como probables responsables en la comisión de los delitos de LESIONES A TÍTULO DE CULPA previsto y sancionado por el artículo 305, 307, 308, fracción IV, inciso B, C y E, V inciso C, en relación a los diversos 14, 21 fracción I y 83 del Código de Defensa para el Estado, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez representada por sus señores padres ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales, de ahí que con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad reclasifica el ejercicio de la acción penal, sin que ello agrave la situación de los inculpados toda vez que no varía los hechos de la acusación." (fojas 328 vuelta a 333). Asimismo, el juez de la causa, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, procedió a reclasificar el delito consignado de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción I, en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla; al delito de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV, en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, bajo el siguiente argumento: "Al analizar las pruebas existentes en la causa, mismas que han sido valoradas con antelación, se llega a la conclusión de que en cuanto al delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Por el cual, se ejercitara acción penal, y se iniciara la causa NO SE ENCUENTRA ACREDITADO EN AUTOS. (.) Como puede advertirse de las pruebas ya valoradas con antelación, de ninguna de ellas deriva el abandono de la víctima por los médicos que la atendían, ello es así pues se aprecia que los médicos atendieron a la pasivo desde su ingreso, tratamiento, intervención quirúrgica y posteriormente, lo que no desestima la omisión de cuidado en que incurren en el desempeño de la atención médica que les corresponde. (.) Tan es así, que del cúmulo de pruebas existente entes (sic) en la causa relativas en los diversos, dictámenes médicos ya precisados y valorados en párrafos precedentes acreditan su omisión de cuidado, con lo que se descarta el abandono de la pasivo. Esta autoridad debe decir que si bien, al realizar la orden de aprehensión se consideró en el análisis, del delito de responsabilidad médica, a esta figura delictiva matizada como agravante del delito de lesiones a título de culpa, debe decirse que dichos tipos penales son autónomos, los cuales cuentan con sus propios elementos constitutivos, en consecuencia el delito de responsabilidad médica no prevé circunstancias especiales que agraven o atenúen las sanciones establecidas en el código penal. Bajo esas premisas, esta autoridad concluye que el cuerpo del delito de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales. Por el cual, se ejercitara acción penal y se iniciara la causa NO SE ENCUENTRA ACREDITADO EN AUTOS. Ahora bien, el Agente del Ministerio Público en su consignación de fecha 14 catorce de julio del 2016 dos mil dieciséis, el Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, remitió la averiguación previa marcada con el número AP-1642/2013/NTE/DMZS-V, ejerciendo acción penal en contra de ******************** y Guillermo Victoria Morales, como probables responsables en la comisión de los delitos de RESPONSABILIDAD MÉDICA, previsto y sancionado por el artículo 239 fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor Mariann Lima Gutiérrez, representada por sus progenitores ******************** y María Isabel Gutiérrez Rosales, de ahí que con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad reclasifique el ejercicio de la acción penal, sin que ello agrave la situación del inculpado toda vez que no varían los hechos de la acusación." (fojas 342 vuelta a 343 vuelta). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de los quejosos con el que se da cuenta, por medio del cual desahogan la vista otorgada en auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, en virtud de que el juez de la causa, en la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete en la cual resuelve nuevamente su situación jurídica, no funda y motiva correctamente su determinación. Ello, primeramente en atención a que el juez del proceso en dicha determinación hace referencia al delito de "fraude genérico", lo cual permite evidenciar que en la citada determinación no existe un análisis objetivo sobre los hechos que se les imputan. Manifestación que es fundada pero inoperante, en virtud de que si bien, en el primer considerando de la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 328 vuelta), el juez del proceso hizo referencia al delito de "fraude genérico", ello pudo haber sido por un error mecanográfico que no cambia el estudio y análisis realizado por el juez de la causa, ya que como se advierte de dicha determinación el juez responsable procedió a establecer los elementos de prueba y los razonamientos lógicos jurídicos por los cuales, a su parecer, se tuvo por acreditado el cuerpo del delito de responsabilidad médica y de lesiones culposas, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión. Por otra parte, agregan los quejosos que con los elementos de prueba que obran en autos y que menciona el juez del proceso, no se tiene por acreditada su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos que se les atribuyen, pues el juez del proceso toma en consideración la declaración de ********************, dándole valor probatorio en términos de los artículos 61 y 178, fracción II del código procesal de la materia; sin embargo, ello no implica que resulte ser totalmente eficaz para acreditar la debida motivación, pues dicha persona no es médico para poder describir lo que según él sucedió en la atención médica que le fue otorgada a su menor hija; además de que en su declaración se basa en el dicho de terceras personas y en circunstancias totalmente inexistentes. Que el juez de la causa valoró inadecuadamente el material probatorio que obra en autos, pues por cuanto hace al dictamen en criminalística suscrito por Jorge Alvarado Ochoa, en el análisis que realiza refiere que la menor agraviada fue remitida a terapia intensiva, aún y cuando en el expediente clínico se establece que el servicio al cual fue remitida correspondió al servicio de terapia intermedia, lo que denota una falta de análisis de las constancias. Asimismo, refiere que dentro de dicho dictamen el perito jamás se definió para establecer si la menor agraviada sufrió un desgarro del vaso en donde se introdujo el catéter o por punción de pleura pulmonar con catéter subclavio o yugular; por lo que dicho dictamen no genera certeza jurídica y con motivo de ello no se pueda ejercer una adecuada defensa. Agregan que, de los diversos dictámenes que obran en autos, jamás se infiere perforación de pulmón, tal y como falsamente lo señala la parte denunciante y que el juez considera como existente; por lo cual dice la resolución que resuelve su situación jurídica está viciada. Concluyen los quejosos que de los medios de prueba que obran en autos se advierte que la menor agraviada jamás ingresó con motivo del evento en paro cardiorespiratorio, jamás hubo perforación de pulmón, no está definido si se trató de un desgarro del vaso o si se trató de punción de pleura pulmonar. Argumentos que resultan infundados, en virtud de que, en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el juez de la causa, y dichas manifestaciones de los amparistas consistentes en la forma de valorar el material probatorio por parte del juez de la causa, se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por el juez de la causa, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Finalmente, respecto de la alegación del quejoso consistente en que el juez de la causa, no aclara cómo es que la menor ofendida resultó con inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna o de un pie, de sordera, de alguna deformidad incorregible, o en general, la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de laguna función orgánica, pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales; sin especificar la parte de los dictámenes médicos que así lo demuestren. Manifestación que es infundada, ya que como se advierte de la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete y como quedó establecido anteriormente, el juez del proceso estableció claramente que con los diversos dictámenes que obran en autos (antes precisados), sólo se acredita el inciso e) de la fracción IV del artículo 308 del Código Penal del Estado de Puebla, concerniente a la inutilización de un órgano cualquiera o la alteración permanente de alguna función orgánica; de ahí lo infundado de dicha alegación. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano