JOSE FELIX URBINA HERNANDEZ y Otros.
Expediente 985/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSE FELIX URBINA HERNANDEZ y Otros.
- Jose Felix Urbina Hernandez
- GUILLERMO VICTORIA MORALES y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó de plano la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 985/2017-D. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por los promoventes José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales en esta instancia se hace consistir en: - El auto de formal prisión de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla dentro del proceso 429/2016 de su índice. Respecto a dicho acto reclamado, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de dicho cuerpo de leyes refiere: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es: - De treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; - De ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; - De siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y, - En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la presente demanda es de quince días. Ahora, según lo narrado por la parte quejosa, así como de las copias certificadas de diversas actuaciones deducidas del diverso juicio de amparo 1275/2016 del índice de este Juzgado de Distrito, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierten a manera de antecedentes los siguientes: I. Que el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este Juzgado de Distrito, resolvió el juicio de amparo 1275/2016, en el que concedió a los aquí quejosos el amparo respecto del auto de formal prisión de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 429/2016, por el 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, para el efecto de que dejara insubsistente dicha resolución y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictara una debidamente fundada y motivada, la cual podía ser en el mismo sentido que la ahí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, debía purgar los vicios formales que la afectaban. II. Dicha sentencia fue impugnada en revisión por los quejosos José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales. Medio de impugnación que fue radicado por el Segundo Tribunal colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de amparo en revisión R-27/2017. III. Por ejecutoria de nueve de marzo de dos mil diecisiete, dicho órgano colegiado resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión; por lo que, mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. IV. Mediante oficio 1505 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la responsable ordenadora, remitió a este Juzgado de Distrito copia certificada del auto de formal prisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en contra de los aquí inconformes, pero, al no ajustarse a los extremos a que se contrajo la protección constitucional solicitada, se volvió a requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, por diverso oficio 2246 de cuatro de mayo del mismo año, la responsable remitió la resolución de la misma fecha, en la que dejó sin efectos el auto de formal prisión de doce de agosto de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento, y dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales, por los delitos de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV y lesiones a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor M.L.G., representada por sus padres José Ignacio Lima Chumacera y María Isabel Gutiérrez Rosales. V. Por auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; mismo que se le notificó a los inconformes José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales por lista de acuerdos publicada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (previo citatorio de once del propio mes y año). VI. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo dos mil diecisiete, los quejosos José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales desahogaron la vista que les fue dada. VII. En proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, notificándole a los quejosos dicho auto por lista de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, según lo previsto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Todo lo cual se hace valer como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena extraer copias certificadas de constancias diversas emanadas del juicio de amparo 1275/2016 del índice de este juzgado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el término para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Atento a lo anterior, tenemos que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir de dicho supuestos, esto es, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Luego, si de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se advierte que la parte quejosa conoció el acto aquí reclamado (auto de formal prisión de cuatro de mayo de dos mil diecisiete), con motivo de la vista que este Juzgado de Distrito le dio en el diverso juicio de amparo 1275/2016, con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete, notificado el dieciséis de mayo siguiente, entonces, estamos ante el supuesto identificado con el inciso b) para contar los quince días, por ser ese momento en el que se materializó en la esfera jurídica del quejoso un agravio real y actual, y pudo formular conceptos de violación en contra del acto reclamado, ya que fue cuando adquirió conocimiento del mismo; pues no hay notificación conforme a la ley que rige el acto (Código de Procedimientos Penales del estado de Puebla), que es el supuesto uno. Máxime que los quejosos desahogaron la vista otorgada con el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, mediante escrito recibido en este juzgado el veintitrés de mayo de la presente anualidad (presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla el veintidós anterior), lo que evidencia que tuvieron pleno conocimiento de la resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y que ahora pretenden reclamar en esta instancia constitucional. Lo anterior, sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector, pues no hay numeral que así lo permita, y por así sustentarlo la jurisprudencia acabada de transcribir. Así, si la notificación de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, surtió efectos el diecisiete siguiente, entonces, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del dieciocho de mayo al siete de abril de dos mil diecisiete, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, tres y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, por haber sido sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente. Entonces, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (fojas 1 y 3), es evidente que resulta extemporánea su presentación, pues se realizó más de cuatro meses después al vencimiento del plazo que tenía; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, al no haber presentado los quejosos la demanda dentro de los quince días que tenían, es evidente que existe consentimiento tácito. Es aplicable al caso, por analogía, y respecto al consentimiento tácito por no promover la demanda en el término de quince días tratándose de actos que afectan la libertad personal, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizados, con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a las personas que indica al carece esta autoridad de los elementos necesarios para corroborar que las personas que indica cuentan con su cédula de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éste. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, podrá autorizarlo en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 985/2017-D. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por los promoventes José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales en esta instancia se hace consistir en: - El auto de formal prisión de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla dentro del proceso 429/2016 de su índice. Respecto a dicho acto reclamado, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de dicho cuerpo de leyes refiere: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es: - De treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; - De ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; - De siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y, - En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la presente demanda es de quince días. Ahora, según lo narrado por la parte quejosa, así como de las copias certificadas de diversas actuaciones deducidas del diverso juicio de amparo 1275/2016 del índice de este Juzgado de Distrito, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierten a manera de antecedentes los siguientes: I. Que el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este Juzgado de Distrito, resolvió el juicio de amparo 1275/2016, en el que concedió a los aquí quejosos el amparo respecto del auto de formal prisión de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 429/2016, por el 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, para el efecto de que dejara insubsistente dicha resolución y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictara una debidamente fundada y motivada, la cual podía ser en el mismo sentido que la ahí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, debía purgar los vicios formales que la afectaban. II. Dicha sentencia fue impugnada en revisión por los quejosos José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales. Medio de impugnación que fue radicado por el Segundo Tribunal colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de amparo en revisión R-27/2017. III. Por ejecutoria de nueve de marzo de dos mil diecisiete, dicho órgano colegiado resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión; por lo que, mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. IV. Mediante oficio 1505 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la responsable ordenadora, remitió a este Juzgado de Distrito copia certificada del auto de formal prisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en contra de los aquí inconformes, pero, al no ajustarse a los extremos a que se contrajo la protección constitucional solicitada, se volvió a requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, por diverso oficio 2246 de cuatro de mayo del mismo año, la responsable remitió la resolución de la misma fecha, en la que dejó sin efectos el auto de formal prisión de doce de agosto de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento, y dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales, por los delitos de responsabilidad médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracción IV y lesiones a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 14, 21, fracción I y 83, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor M.L.G., representada por sus padres José Ignacio Lima Chumacera y María Isabel Gutiérrez Rosales. V. Por auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; mismo que se le notificó a los inconformes José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales por lista de acuerdos publicada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (previo citatorio de once del propio mes y año). VI. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo dos mil diecisiete, los quejosos José Félix Urbina Hernández y Guillermo Victoria Morales desahogaron la vista que les fue dada. VII. En proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, notificándole a los quejosos dicho auto por lista de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, según lo previsto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Todo lo cual se hace valer como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena extraer copias certificadas de constancias diversas emanadas del juicio de amparo 1275/2016 del índice de este juzgado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el término para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Atento a lo anterior, tenemos que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir de dicho supuestos, esto es, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Luego, si de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se advierte que la parte quejosa conoció el acto aquí reclamado (auto de formal prisión de cuatro de mayo de dos mil diecisiete), con motivo de la vista que este Juzgado de Distrito le dio en el diverso juicio de amparo 1275/2016, con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete, notificado el dieciséis de mayo siguiente, entonces, estamos ante el supuesto identificado con el inciso b) para contar los quince días, por ser ese momento en el que se materializó en la esfera jurídica del quejoso un agravio real y actual, y pudo formular conceptos de violación en contra del acto reclamado, ya que fue cuando adquirió conocimiento del mismo; pues no hay notificación conforme a la ley que rige el acto (Código de Procedimientos Penales del estado de Puebla), que es el supuesto uno. Máxime que los quejosos desahogaron la vista otorgada con el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, mediante escrito recibido en este juzgado el veintitrés de mayo de la presente anualidad (presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla el veintidós anterior), lo que evidencia que tuvieron pleno conocimiento de la resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y que ahora pretenden reclamar en esta instancia constitucional. Lo anterior, sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector, pues no hay numeral que así lo permita, y por así sustentarlo la jurisprudencia acabada de transcribir. Así, si la notificación de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, surtió efectos el diecisiete siguiente, entonces, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del dieciocho de mayo al siete de abril de dos mil diecisiete, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, tres y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, por haber sido sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente. Entonces, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (fojas 1 y 3), es evidente que resulta extemporánea su presentación, pues se realizó más de cuatro meses después al vencimiento del plazo que tenía; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, al no haber presentado los quejosos la demanda dentro de los quince días que tenían, es evidente que existe consentimiento tácito. Es aplicable al caso, por analogía, y respecto al consentimiento tácito por no promover la demanda en el término de quince días tratándose de actos que afectan la libertad personal, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizados, con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a las personas que indica al carece esta autoridad de los elementos necesarios para corroborar que las personas que indica cuentan con su cédula de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éste. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, podrá autorizarlo en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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