Jose Felipe Rodriguez Kantun

Expediente 2362/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2362/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Jose Felipe Rodriguez Kantun

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, JOSÉ IGNACIO ALPUCHE AGUILAR, SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CERTIFICO: Que hasta la presente fecha no se interpuso recurso alguno contra el auto dictado en este juicio de amparo, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Conste. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el quince de diciembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia relativa al incidente de repetición del acto reclamado. En Mérida, Yucatán, a las doce horas del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. En este acto, el Secretario hace constar que ya obra el informe rendido por la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. A lo que la Jueza acuerda: Atento a lo anterior, celébrese la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por la Junta responsable; por tanto, la Jueza acuerda: Se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas, en virtud de su naturaleza jurídica, cerrándose a continuación este período. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, por lo que se cierra esta etapa. Asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la Representación Social de la Federación adscrita, la Jueza declara visto el incidente y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el incidente de repetición del acto reclamado, planteado por Jaime Silvestre Medina Chim, respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo 13/2021, que promovió contra el acto que reclamó de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Jaime Silvestre Medina Chim, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y del Presidente de su adscripción, que hizo consistir, medularmente, en la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, emitida en el controvertido 491/2016, en la que se declaró improcedente el incidente de sustitución patronal que planteó en dicho juicio. SEGUNDO. Mediante auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; dictándose sentencia el trece de abril de dos mil veintiuno, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. TERCERO. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 103/2021, en la que confirmó la sentencia concesoria emitida por este órgano de control constitucional, por lo que se requirió a la Junta responsable el cumplimiento del fallo protector. CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional se pronunció sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y decretó que en el presente caso, la sentencia protectora había quedado cumplido. QUINTO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa planteó el presente incidente de repetición del acto reclamado, con base en que en la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Junta responsable nuevamente otorgó la carga de la prueba a la parte promovente del incidente de sustitución patronal, de demostrar la actualización de dicha figura, en contravención a los lineamientos trazados en el fallo protector. SEXTO. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, previa ratificación del escrito relativo, se admitió a trámite el presente incidente de repetición del acto reclamado, por lo que se requirió a la Junta responsable para que dentro del término de ley rindiera su informe justificado y una vez tramitado este incidente por sus cauces legales, se procede a dictar la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de repetición del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en los artículos 107 Constitucional, fracción XVI, así como 199 y 200 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. La Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, rindió su informe con justificación con motivo del incidente de mérito. TERCERO. Es infundado el presente incidente de repetición del acto reclamado, atentas las consideraciones legales que enseguida se exponen. Antes de entrar en materia, reviste una fundamental importancia destacar los términos en que fue concedida la ejecutoria de amparo, misma que en lo conducente, es del siguiente tenor: ".En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Jaime Silvestre Medina Chim, para que la Junta responsable deje insubsistente la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio 491/2016 y, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que la carga probatoria corresponde al presunto sustituto patronal, debiendo fundar y motivar en todo caso, la valoración de pruebas que realice; y, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda." Sentado lo anterior, procede decir que la parte quejosa incidentista aduce fundamentalmente que la Junta responsable repitió el acto reclamado, toda vez que en la resolución que emitió el siete de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente 491/2016, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, nuevamente otorgó la carga de la prueba a la parte promovente del incidente de sustitución patronal, de demostrar la actualización de dicha figura, en contravención a los lineamientos trazados en el fallo protector. El planteamiento que antecede resulta infundado, atentas las siguientes consideraciones. En el presente caso, se advierte que la protección constitucional otorgada a la parte amparista, fue para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio 491/2016 y, al emitir una nueva determinación, determinara que la carga probatoria corresponde al presunto sustituto patronal, debiendo fundar y motivar en todo caso, la valoración de pruebas que realizara y, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho estimare conducente. En ese sentido, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Junta responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin incurrir en una repetición del acto reclamado primigeniamente, cuenta habida que el siete de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la determinación de cinco de octubre de dos mil veinte reclamada, emitiendo una nueva, en la que prescindió de imponer la carga probatoria al trabajador actor, de demostrar la procedencia del incidente de sustitución patronal; por lo que la Junta responsable valoró las pruebas aportadas y, tal y como se ordenó en la ejecutoria de amparo, con plenitud de jurisdicción, resolviendo lo que estimó procedente en relación al citado incidente. Ello es así, pues al respecto, en la nueva resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno, en los considerandos segundo, tercero y cuarto, estableció en esencia: a) Fijó la litis de la incidencia de sustitución patronal, la cual consistió en determinar si Francisco Daniel Caamal Yerves, era patrón sustituto de Francisco Javier Caamal May, quedando a cargo del primero, la carga procesal relativa a demostrar que no era patrón sustituto del actor, siendo que éste no compareció a la audiencia incidental, por lo que no negó tener tal carácter; b) Tuvo por desahogadas las pruebas ofertadas, precisando que el presunto patrón sustituto, no aportó pruebas de su parte ni compareció a la audiencia relativa; y, c) Que si bien el actor indicó que el presunto patrón sustituto se ostentaba propietario y responsable del predio que ocupa la fuente de trabajo "Panadería La Soledad", aunado a que éste no compareció ni negó dicha sustitución; lo cierto es que ello no era suficiente, por sí solo, para acreditar dicha figura, ya que es indispensable para que esto ocurra que haya una adquisición total o parcial del patrimonio por el nuevo patrón y la continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituido, de lo que debe haber prueba fehaciente, ya que, en caso contrario, bastaría el señalamiento de la parte actora y que el presunto patrón sustituto no acudiera a la audiencia, para que quedara formalmente acreditada la sustitución. En esa virtud, se insiste, deviene infundado el presente incidente de repetición del acto reclamado, habida cuenta que, como se desprende de la lectura de la ejecutoria de amparo, en ella se indicó a la Junta responsable que debía abstenerse de imponer la carga probatoria a la parte trabajadora de demostrar la sustitución patronal y, una vez hecho lo anterior, se le otorgó plenitud de jurisdicción para resolver lo que estimare procedente en relación a la indicada sustitución patronal. Por tanto, es evidente que la Junta responsable no estaba constreñida a resolver en determinado sentido, sino estaba compelida a no revertir la carga probatoria al citado trabajador, como así lo hizo; encontrándose, por ende, en libertad de jurisdicción de resolver como estimare procedente, lo que realizó de esa forma, como se desprende de la lectura de la determinación que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto, pues si bien la Junta responsable estimó que aun y cuando el supuesto patrón sustituto no hubiere dado contestación a la incidencia de marras, lo cierto era que no bastaba con que existiera una identidad en el domicilio y el mismo nombre comercial, para concluir en la existencia de dicha sustitución, ya que para ello era menester que hubiere una adquisición total o parcial del patrimonio por el nuevo patrón y la continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituido, mismas circunstancias que, según estimó la Junta del conocimiento, no quedaron plenamente demostradas. De ahí que la Junta responsable, en la resolución emitida con motivo de la ejecutoria de amparo, en concepto de esta resolutora, se ciñó a los lineamientos fijados en la misma, aunado a que, como se indicó, se encontraba en libertad de jurisdicción para resolver la incidencia que se les planteó. Sin que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de abordar las consideraciones que vertió la Junta responsable en la nueva determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuenta habida que, se reitera, el fallo protector fue otorgado para que, dejando de lado la carga de la prueba a la parte incidentista, valorara las pruebas existentes y, con plenitud de jurisdicción, resolviera conforme estimare pertinente; motivo por el que, en su caso, las nuevas consideraciones vertidas por la Junta no pueden ser materia de la ejecutoria que se analiza. En este orden de ideas, al no haberse acreditado que la Junta responsable hubiere otorgado la carga de la prueba de demostrar la sustitución patronal a la parte actora, aquí quejosa, en el juicio reclamatorio laboral de origen, resulta infundado este incidente de repetición del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se declara infundado el presente incidente de repetición del acto reclamado, promovido por Jaime Silvestre Medina Chim, respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo 13/2021, que promovió contra el acto que reclamó de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, consistente en diversas actuaciones del juicio laboral 425/2018. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la Junta responsable, al no acordar sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio reclamatorio laboral 425/2018. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la Junta responsable, al no acordar sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio reclamatorio laboral 425/2018. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Magistrado responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que dicho Tribunal no había acordado sobre la admisión o desechamiento de las partes en el juicio laboral de origen, siendo que con fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable dictó un acuerdo mediante el cual resolvió lo conducente con respecto a las probanzas ofrecidas y señaló fecha y hora para el desahogo de las que requieren de perfeccionamiento, continuándose de esa forma con la secuela procedimental en el expediente 425/2018, del índice de dicha responsable. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable señaló fechas y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no acordar lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el referido acuerdo de pruebas. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la Junta responsable acordó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, consistente en diversas actuaciones del juicio laboral 425/2018. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la Junta responsable, al no acordar sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio reclamatorio laboral 425/2018. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la Junta responsable, al no acordar sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio reclamatorio laboral 425/2018. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Magistrado responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que dicho Tribunal no había acordado sobre la admisión o desechamiento de las partes en el juicio laboral de origen, siendo que con fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable dictó un acuerdo mediante el cual resolvió lo conducente con respecto a las probanzas ofrecidas y señaló fecha y hora para el desahogo de las que requieren de perfeccionamiento, continuándose de esa forma con la secuela procedimental en el expediente 425/2018, del índice de dicha responsable. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable señaló fechas y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no acordar lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el referido acuerdo de pruebas. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la Junta responsable acordó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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