Jose Felipe Sanchez Heredia
Expediente 909/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Felipe Sanchez Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remitan copias certificadas de las constancias derivadas del toca 218/2021, que adjunto a su informe con justificación, las cuales obran agregadas al presente juicio de amparo; por tal motivo, para los efectos legales a que haya lugar, remítase a la autoridad ocursante, las copias certificadas de las constancias solicitadas.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el dos de los cursantes; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Agréguese a estos autos el alegato ministerial 283/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, sin que sea el caso realizar mayor proveído, toda vez que en auto de dos de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, expídase copia certificada de la citada determinación que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se notificó a la parte quejosa la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca 218/2021, formado con motivo de la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso José Felipe Sánchez Heredia, en contra de la sentencia definitiva de once de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Juez Segundo Civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 121/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido en su contra, por Yolanda Encarnación Heredia Barahona (o) Yolanda Heredia Barahona. En la especie, el quejoso JOSE FELIPE SANCHEZ HEREDIA, esencialmente reclama: la falta de contestación a su escrito de seis de abril de dos mil veintiuno, presentada ante la autoridad responsable, en el que le solicitó se sirva dictar la sentencia respectiva; así como la omisión de la Sala responsable de emitir la sentencia en el toca 218/2021. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de contestación a su escrito de seis de abril de dos mil veintiuno, presentada ante la autoridad responsable, en el que le solicitó se sirva dictar la sentencia respectiva; así como la omisión de la Sala responsable de dictar la resolución en el toca 218/2021; lo que evidentemente deja ver que, lo esencialmente reclamado por el directo quejoso es la omisión del dictado de la sentencia de segunda instancia. Ahora bien, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable notificó la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca 218/2021, formada con motivo del recurso de apelación interpuesto por José Felipe Sánchez Heredia, en contra de la resolución de primera instancia, de once de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Juez Segundo Civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 121/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido en contra del aquí quejoso, por Yolanda Encarnación Heredia Barahona (o) Yolanda Heredia Barahona. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Presidente de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió la resolución correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable por cuanto no se había emitido la sentencia en el recurso de apelación que interpuso el aquí quejoso, y cuya omisión reclamó; lo que en el caso se subsana con el dictado de la resolución pronunciada por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. En cuanto al acto reclamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dado que al rendir su informe de ley negó la existencia del mismo, y de los autos que obran en autos, se aprecia que no le correspondía emitir la resolución cuya omisión reclamaba el quejos; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, se sobresee respecto de dicha autoridad, dada la inexistencia del acto reclamado a la misma.
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