Jose Felipe de Jesus Arjona Conde

Expediente 493/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
493/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Jose Felipe de Jesus Arjona Conde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de mayo pasado, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por por Sergio Jorge Arjona Sosa, quien se ostenta endosatario en procuración del directo quejoso José Felipe de Jesús Arjona Conde, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de veintisiete de abril del presente año, esto es, anexó el documento idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta, por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce al promovente la calidad con la que se ostenta, la cual acredita con la cédula de notificación derivada del expediente 1305/2015 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, de ocho de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Sergio Jorge Arjona Sosa, quien se ostenta endosatario en procuración del directo quejoso José Felipe de Jesús Arjona Conde, contra los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en tal virtud, fórmese el expediente respectivo, dese de alta y regístrese con el número 493/2018 En ese tenor, el suscrito procede a resolver acerca de la procedencia o no de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 112 de la ley de la materia; por lo que se estima que se actualiza la improcedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de mérito, por los motivos que se exponen en líneas siguientes: El acto combatido por esta vía de control constitucional consiste en la resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, emitida por la responsable en el expediente 1305/2015 de su índice, en el cual declaró que no procede el recurso de revocación intentado por el ahora quejoso, contra la parte conducente del auto de veintiocho de junio de dos mil siete, el cual versa respecto de que la responsable no admitió al perito propuesto por la citada quejosa en el juicio de origen para el desahogo de diversa probanza. Como se ha dicho, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse, al existir la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ésta última interpretada a contrario sensu, ambas de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En principio, cabe hacer énfasis sobre la evolución del concepto de actos de "imposible reparación"; sobre el particular, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación; de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores, a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate, y: b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto, en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo. También era cierto, que se consideró que tal criterio no era absoluto, pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también respecto de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad o incluso tratándose de la excepción de cosa juzgada), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación ésta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, durante un tiempo prolongado, un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia; así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone, como se ha dicho antes, lo siguiente: ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean "de imposible reparación, entendiéndose por ellos "los que afecten materialmente derechos "sustantivos tutelados en la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos y en los "tratados internacionales de los que el Estado "Mexicano sea parte. De la literalidad del artículo antes trascrito, se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió que son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia, tratándose sólo de violaciones a derechos sustantivos, con la clara exclusión de los de naturaleza procesal. Con lo anterior, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran de forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción, en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación" o de "afectación en grado predominante o superior", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, que estatuye: ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO. La "jurisprudencia integrada conforme a la ley "anterior continuará en vigor en lo que no se "oponga a la presente Ley. Bajo este contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no, materialmente, un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales; asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico, ampliar la procedencia del amparo bi-instancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación "pro personae" para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado, que sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. Ahora, como ya se expuso, en la Ley de Amparo aplicable, se define con precisión lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando que son aquéllos que "afecten materialmente derechos "sustantivos tutelados en la Constitución Política de "los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados "internacionales en los que el Estado Mexicano sea "parte." En efecto, el legislador estableció que un acto para ser calificado como irreparable, debe originar una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera de leyes adjetivas. En este orden de ideas, la resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, emitida por la responsable en el expediente 1305/2015 de su índice, en la cual declaró que no procede el recurso de revocación intentado por el ahora quejoso contra la parte conducente del auto de veintiocho de junio de dos mil siete, el cual versa respecto de que la responsable no admitió al perito propuesto por la citada quejosa en el juicio de origen para el desahogo de diversa probanza; no presenta las características establecidas por el legislador, ya que dicha afectación es de índole formal y no material, además de que sólo podría trasgredir derechos adjetivos y no sustantivos, por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Por tanto, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, uno que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece, ya que el hecho de no admitir un recurso planteado contra el proveído que tuvo por no admitido a un perito que desahogaría la prueba grafoscópica a cargo de la parte quejosa no incide dentro de sus derechos sustantivos. Por tanto, se considera que el acto aquí reclamado no trastoca ningún derecho sustantivo del justiciable, para que pueda proceder la instancia constitucional que nos ocupa. Esto es, el nombramiento del perito que desahogará la prueba grafoscópica a su cargo, ningún perjuicio irreparable le irroga, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues existe la posibilidad de que obtenga resolución favorable al resolverse el juicio de origen, evento en el cual, las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. Establecido lo anterior, en caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer como violación procesal en los agravios del recurso correspondiente. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que determinó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues para ser calificados con ese carácter necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos y por tanto resultaban inaplicables las jurisprudencias que no fueran compatibles con ese nuevo texto legal. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA "RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA "EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD "SIN ULTERIOR RECURSO, ES "IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, "RESULTANDO INAPLICABLE LA "JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE "AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE "ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó "en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra "de la resolución que en el juicio laboral desecha "la excepción de falta de personalidad sin ulterior "recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de "que se tratara de una cuestión de índole formal o "adjetiva, y aunque no lesionara derechos "sustantivos, ya que con esa decisión de "cualquier forma se afectaba a las partes en "grado predominante o superior. Ahora bien, "como a partir de la publicación de la actual Ley "de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece "precisión para comprender el alcance de la "expresión relativa a los actos de imposible "reparación, al establecer que por dichos actos se "entienden "... los que afecten materialmente ""derechos sustantivos tutelados en la ""Constitución Política de los Estados Unidos ""Mexicanos y en los tratados internacionales de ""los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede "afirmarse que con esta aclaración el legislador "secundario proporcionó mayor seguridad jurídica "para la promoción del amparo indirecto contra "actos de imposible reparación, ya que mediante "una fórmula legal estableció que esos actos, "para ser calificados como irreparables, "necesitarían producir una afectación material a "derechos sustantivos, es decir, sus "consecuencias deberían ser de tal gravedad que "impidieran en forma actual el ejercicio de un "derecho, y no únicamente que produzcan una "lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva "que no necesariamente llegará a trascender al "resultado del fallo; además de que debían recaer "sobre derechos cuyo significado rebasara lo "puramente procesal, lesionando bienes jurídicos "cuya fuente no proviniera exclusivamente de las "leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de "las dos condiciones que el legislador secundario "dispuso para la promoción del amparo indirecto "contra actos de imposible reparación dictados en "el proceso o el procedimiento: la primera, "consistente en la exigencia de que se trate de "actos que afecten materialmente derechos, lo "que equivale a situar el asunto en aquellos "supuestos en los que el acto autoritario impide el "libre ejercicio de algún derecho en forma "presente, incluso antes del dictado del fallo "definitivo; y la segunda, en el sentido de que "estos derechos afectados materialmente revistan "la categoría de derechos sustantivos, expresión "antagónica a los derechos de naturaleza formal "o adjetiva, derechos estos últimos en los que la "afectación no es actual -a diferencia de los "sustantivos- sino que depende de que llegue o "no a trascender al desenlace del juicio o "procedimiento, momento en el cual sus secuelas "pueden consumarse en forma efectiva. "Consecuentemente, dada la connotación que el "legislador aportó a la ley respecto de lo que "debe entenderse por actos de imposible "reparación, no puede seguir siendo aplicable la "citada jurisprudencia, ni considerar procedente "en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya "que ésta se generó al amparo de una legislación "que dejaba abierta toda posibilidad de "interpretación de lo que debía asumirse por "dicha expresión, lo cual a la fecha ya no "acontece, de modo tal que en los juicios de "amparo iniciados conforme la vigente Ley de "Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal "criterio para no incurrir en desacato a este "ordenamiento, toda vez que en la repetida "jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno "reconoció que era procedente el juicio de "amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión "formal no se traduzca en la afectación directa e "inmediata de un derecho sustantivo; concepción "que hoy resulta incompatible con el nuevo texto "legal, porque en éste reiteradamente se "estableció que uno de los requisitos que "caracterizan a los actos irreparables es la "afectación que producen a derechos sustantivos, "y que otro rasgo que los identifica es la "naturaleza material de la lesión que producen, "expresión esta última que es de suyo antagónica "con la catalogación de cuestión formal o adjetiva "con la que este Tribunal Pleno había calificado -"con toda razón- a las resoluciones que dirimen "los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En la jurisprudencia supra inserta, el Máximo Tribunal Constitucional del País, indicó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario, dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afectan materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos, en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y: La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva. Por lo que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia 4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA "RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, "PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO "INDIRECTO.", en los juicios iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo, puesto que en dicho criterio se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste, reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es, la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última, que de suyo es antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva, con la que el Máximo Tribunal de Justicia había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Lo que significa que si la nueva Ley Reglamentaria, en su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquéllos ".que afecten materialmente "derechos sustantivos tutelados en la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los "tratados internacionales en los que el Estado "Mexicano sea parte...", es inconcuso que una violación procesal no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada -de manera excepcional- a aquellos actos que, aunque procesales o formales, produzcan una afectación material de manera inmediata y directa a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el arresto o la diversa prueba de inspección también reclamada en esta vía de control constitucional. Sin embargo, en la especie no opera dicha excepción, pues la resolución en la cual la responsable declaró que no procede el recurso de revocación intentado por el quejoso contra el auto en el que no admitió al perito propuesto por la citada quejosa en el juicio de origen para el desahogo de diversa probanza, no irroga un perjuicio material y directo a algún derecho sustantivo del peticionario de amparo protegido constitucional o convencionalmente, que deba considerarse como de imposible reparación, pues los efectos que produce el acto que se combate es meramente de carácter intraprocesal o adjetivo. Esto es así, en razón de que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales, reparables si el quejoso afectado obtiene una resolución favorable; por ello, el acto reclamado bajo análisis, constituye una violación procesal, la cual es reclamable una vez que se dicte la sentencia definitiva en el juicio de origen, y únicamente en caso de que ésta sea adversa a los intereses de la parte hoy quejosa, ya que aun y cuando no se haya admitido al perito de la parte aquí quejosa en el juicio de origen, puede darse el caso de que el aquí recurrente obtenga una sentencia definitiva favorable. Por consiguiente, se repite, ello no afecta de manera directa y material alguno de los derechos sustantivos del inconforme, verbigracia, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, la disposición de sus bienes etcétera, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual o derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, aquél que tiene como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales; de lo que se sigue que la posible violación cometida, puede extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de que se habla, habida cuenta que la sentencia que llegue a pronunciarse en dicho procedimiento, puede serle favorable, y en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente, e incluso el juicio de amparo directo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Sergio Jorge Arjona Sosa, quien se ostenta endosatario en procuración del directo quejoso José Felipe de Jesús Arjona Conde, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta, signado por Sergio Jorge Arjona Sosa quien se ostenta endosatario en procuración del directo quejoso José Felipe de Jesús Arjona Conde, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le efectúo en proveído de veintisiete de abril del año en curso. Sin embargo no ha lugar a tener por cumplida la prevención que se le hizo en el referido auto, por los motivos que a continuación se exponen. Para explicar lo anterior, cabe recordar que por auto de de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se hicieron las siguientes prevenciones a la parte ocursante: A) Precise la etapa procesal en la que se encuentra el juicio mercantil de origen, esto es, si ya se dictó la sentencia correspondiente, ha causado ejecutoria o se encuentra en vías de ejecución; B) Manifieste si comparece por su propio y perosnal derecho o como endosatario en procuración de José Felipe de Jesús Arjona Conde; y, C) En caso de comparecer como endosatario en procuración del referido quejoso, acredite la personalidad que ostenta, y acompañe copias suficientes del documento con el que lo haga, a fin de que se corra traslado a las partes con el mismo. Ahora bien, Sergio Jorge Arjona Sosa pretende dar cumplimiento a la prevención de referencia, sin embargo, no obstante que manifestó que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen es la de desahogo de pruebas, así como también que comparece como endosatario en procuración del referido quejoso; sin embargo para acreditar dicha personalidad anexó copia simple de un escrito signado por él mismo y aparentemente presentado en la oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado. Por lo anterior, se estima que el ocursante cumplió parcialmente con lo solicitado, ello en virtud de que no desahogo lo requerido en el inciso c) del acuerdo de veintisiete de abril del presente año, toda vez que el artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, esto es algún documento oficial del cual se advierte que dicha personalidad le ha sido reconocida en el juicio de origen por la autoridad responsable lo cual en el caso no acontece. Lo anterior en virtud de que el documento que anexa a su escrito aclaratorio con el cual pretende acreditar la personalidad con la que se ostenta se trata de una mera presunción puesto que no es un auto dictado por la responsable del cual se podría evidenciar que le fue reconocida la personalidad con la que se ostenta en el juicio de origen, aunado a que el documento exhibido se trata de una copia simple sin valor oficial alguno. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época con número de registro 167431 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Por tanto, no ha lugar a tener por cumplida la prevención que se le hizo en el referido auto de veintisiete de abril del año en curso, en virtud de que del escrito aclaratorio de cuenta no se advierte esté acreditada la personalidad con la que se ostenta el ocursante. Lo cual se estima necesario para estar en aptitud de resolver sobre la admisión de la demanda, conforme a los artículos 108 y 112 de la Ley de Amparo, pues sólo así el suscrito juzgador estará en condiciones de fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto, pues la parte que promueve la demanda de amparo en representación de la parte quejosa debe acreditar la personalidad con la que pretende comparecer al juicio en comento. En consecuencia, vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que su promoción fue presentada el primer día de los cinco otorgados, notifíquese el presente auto de manera personal a la quejosa, comunicándole, que subsiste la prevención y apercibimientos contenidos en el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, así como que la presentación del escrito que se provee, suspendió el término concedido, el cual iniciará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo. Lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia por contradicción de tesis número 39/2012 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció el criterio firme que cuando el quejoso presente su escrito aclaratorio en el primero o segundo de los tres días otorgados, pero sin cumplir con la prevención impuesta, los Juzgados deben emitir un acuerdo en el que se determine que no las acató, señalándole sus omisiones para darle oportunidad a subsanarlas, por lo que deberá notificarse personalmente y en consecuencia se debe interrumpirse el plazo, reanudándose al día siguiente al en que surta efectos la notificación de esa auto. La jurisprudencia de que se habla, es de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época con número de registro 2000702 del rubro y síntesis siguiente: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta, signado por Sergio Jorge Arjona Sosa quien se ostenta endosatario en procuración del directo quejoso José Felipe de Jesús Arjona Conde, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le efectúo en proveído de veintisiete de abril del año en curso. Sin embargo no ha lugar a tener por cumplida la prevención que se le hizo en el referido auto, por los motivos que a continuación se exponen. Para explicar lo anterior, cabe recordar que por auto de de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se hicieron las siguientes prevenciones a la parte ocursante: A) Precise la etapa procesal en la que se encuentra el juicio mercantil de origen, esto es, si ya se dictó la sentencia correspondiente, ha causado ejecutoria o se encuentra en vías de ejecución; B) Manifieste si comparece por su propio y perosnal derecho o como endosatario en procuración de José Felipe de Jesús Arjona Conde; y, C) En caso de comparecer como endosatario en procuración del referido quejoso, acredite la personalidad que ostenta, y acompañe copias suficientes del documento con el que lo haga, a fin de que se corra traslado a las partes con el mismo. Ahora bien, Sergio Jorge Arjona Sosa pretende dar cumplimiento a la prevención de referencia, sin embargo, no obstante que manifestó que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen es la de desahogo de pruebas, así como también que comparece como endosatario en procuración del referido quejoso; sin embargo para acreditar dicha personalidad anexó copia simple de un escrito signado por él mismo y aparentemente presentado en la oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado. Por lo anterior, se estima que el ocursante cumplió parcialmente con lo solicitado, ello en virtud de que no desahogo lo requerido en el inciso c) del acuerdo de veintisiete de abril del presente año, toda vez que el artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, esto es algún documento oficial del cual se advierte que dicha personalidad le ha sido reconocida en el juicio de origen por la autoridad responsable lo cual en el caso no acontece. Lo anterior en virtud de que el documento que anexa a su escrito aclaratorio con el cual pretende acreditar la personalidad con la que se ostenta se trata de una mera presunción puesto que no es un auto dictado por la responsable del cual se podría evidenciar que le fue reconocida la personalidad con la que se ostenta en el juicio de origen, aunado a que el documento exhibido se trata de una copia simple sin valor oficial alguno. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época con número de registro 167431 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Por tanto, no ha lugar a tener por cumplida la prevención que se le hizo en el referido auto de veintisiete de abril del año en curso, en virtud de que del escrito aclaratorio de cuenta no se advierte esté acreditada la personalidad con la que se ostenta el ocursante. Lo cual se estima necesario para estar en aptitud de resolver sobre la admisión de la demanda, conforme a los artículos 108 y 112 de la Ley de Amparo, pues sólo así el suscrito juzgador estará en condiciones de fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto, pues la parte que promueve la demanda de amparo en representación de la parte quejosa debe acreditar la personalidad con la que pretende comparecer al juicio en comento. En consecuencia, vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que su promoción fue presentada el primer día de los cinco otorgados, notifíquese el presente auto de manera personal a la quejosa, comunicándole, que subsiste la prevención y apercibimientos contenidos en el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, así como que la presentación del escrito que se provee, suspendió el término concedido, el cual iniciará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo. Lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia por contradicción de tesis número 39/2012 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció el criterio firme que cuando el quejoso presente su escrito aclaratorio en el primero o segundo de los tres días otorgados, pero sin cumplir con la prevención impuesta, los Juzgados deben emitir un acuerdo en el que se determine que no las acató, señalándole sus omisiones para darle oportunidad a subsanarlas, por lo que deberá notificarse personalmente y en consecuencia se debe interrumpirse el plazo, reanudándose al día siguiente al en que surta efectos la notificación de esa auto. La jurisprudencia de que se habla, es de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época con número de registro 2000702 del rubro y síntesis siguiente: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.

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