José Enrique Tosacano García

Expediente 1137/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1137/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • José Enrique Tosacano García

Actuaciones

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda origen de este expediente, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se desechó de plano la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los autos el oficio enviado por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, por el cual manifiesta que remite el informe sobre la suspensión de plano rendido por la encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, por lo que se reserva proveer al respecto hasta en tanto se reciba la citada promoción. Notifíquese."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y el anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la actuaria judicial del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 248/2021 y de origen 58/2021; en consecuencia, regístrese la baja de la citada comunicación en el libro respectivo y acúsese el recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se acepta competencia. En el oficio que se atiende, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, remite la demanda de amparo promovida por ***************, en nombre y representación de ***************, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca; lo anterior, al haber declinado competencia a favor de este órgano jurisdiccional por razón de territorio. Atento a lo anterior, este juzgado comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente y hágase del conocimiento de la autoridad federal que este juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Radíquese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1137/2021. Solicítese, atentamente, al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que instruya a su analista jurídico (SISE), a fin de que habilite la disponibilidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto 963/2021, a efecto de que se vincule a este órgano jurisdiccional; ello, para los efectos legales correspondientes. Se valida lo actuado por el juez declinante de la competencia, por lo que continúese con el trámite de este juicio. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Ahora bien, en el caso de estudio este Juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por ***************, en nombre y representación de ***************. Lo anterior es así, ya que, de un análisis a la demanda de amparo, conduce a sostener que se actualiza una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: La parte quejosa señala como acto reclamado la falta de atención médica por parte de diversas autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde se encuentra recluido ***************. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.] Acorde con las disposiciones legales transcritas, el juicio de amparo es improcedente cuando como en el caso, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, que cumpla el principio de definitividad. Luego, como se estableció, el promovente reclama la omisión por parte de la responsable de otorgarle las atenciones médicas y de salud que necesita ***************. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/20182, consideró en esencia lo relativo a los mecanismos que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal para que personas internas en los centros penitenciarios los hagan valer ante el Juez de Ejecución de Pena competente. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria a partir del lunes diez de diciembre de dos mil dieciocho, visible en la página doscientos treinta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.). Materia(s): Común. Décima Época, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De la referida jurisprudencia se desprende que de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal existe un mecanismo de control denominado "peticiones administrativas" por medio del cual, aquellas personas que se encuentren privadas de su libertad estén en aptitud de reclamar ante la autoridad penitenciaria, o en su caso, ante el juez correspondiente, las omisiones que estén relacionadas a su condición de internamiento y que lleguen a quebrantar sus derechos". Dicho mecanismo se comprende en diversas etapas: a) Presentación de petición, formulada por los internos ante las autoridades penitenciarias. b) Se pueden ofrecer pruebas o que la autoridad la recabe de manera oficiosa. c) En caso de que el acto sea urgente, podrá ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones necesarias para que cese. d) Se prevé la posibilidad de que aquellas decisiones que adopte la autoridad respectiva, conforme a las peticiones de los internos, éstas podrán ser impugnadas a través de los recursos correspondientes. No obstante lo anterior, en el caso específico es oportuno destacar lo dispuesto en los numerales 114, penúltimo párrafo y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas [.] Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria." Asimismo, el 115 del mismo ordenamiento dice: "Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." De dichas porciones normativas establecen que en el supuesto de que las peticiones no fueren resueltas en el plazo legal, podrán acudir ante el juez de ejecución competente y demandar dicha omisión. Así, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, y en caso de que fuere procedente tal acción, se requerirá a la autoridad penitenciaria que responda a la petición formulada. Por su parte el precepto 115 antes referido, se advierte que cuando se trate de casos urgentes - al no atenderse de inmediato las peticiones- la persona legitimada podrá acudir ante el juez de ejecución y formular su solicitud. Por tanto, ese control constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz para que las personas privadas de su libertad puedan reclamar omisiones inherentes a su condición de su internamiento, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deberán agotar ese mecanismo y medios de impugnación. De modo que, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que se reitera, el promovente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el mecanismo de control establecido por los ordinales 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo en relación a la falta de atención médica por la omisión en que incurren las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que el justiciable se encuentra recluido; al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Cobra vigencia al caso, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1701 del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2017822, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad. Cabe destacar que de las manifestaciones vertidas por el propio promovente, en el sentido de que los síntomas del directo quejoso (dolor e inflamación de tobillo), no lo coloca en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentre gravemente comprometida, por lo cual una cierta dilación no lo somete a un dolor físico o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles, equiparándose a un tormento. Apoya dicho aserto, por las razones que la informan la tesis 1a./J.55/2019 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 69, agosto 2019, tomo II, en la página 1270, de texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". Se tiene la quejoso como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado **********, quien cuenta con cédula profesional 11552845, y a ************** para el registro único de profesionales del derecho no aparece registrada su cédula profesional ni acreditó estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el número 2310-9 (dos mil trescientos diez, interior nueve), de la calle Nueve Sur, de la colonia Chula Vista, en la Ciudad de Puebla; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 al 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2°, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, para que notifique este acuerdo, asimismo, requiera al impetrante del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, señale domicilio en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, los ulteriores acuerdos se harán por estrados, aún las de carácter personal. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración que el promovente está privado de su libertad, se encomienda notificar personalmente a ***************, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Mengolí, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a fin de no retrasar la impartición de justicia en contravención al párrafo segundo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en el artículo 27, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se señalan las quince horas treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que se efectúe la notificación personal ordenada en la comunicación oficial de cuenta. Diligencia que se efectuará mediante el método alternativo de comunicación denominado videoconferencia, a través de la aplicación CISCO WEBEX, en la cual participará la actuaria adscrita a este juzgado y personal del Centro Federal de Readaptación Social, Número Trece "OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En consecuencia, de conformidad con el protocolo para el uso de la videoconferencia en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el correo electrónico respectivo, solicítese a la coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este órgano jurisdiccional, para que en su calidad de responsable del ámbito técnico del desahogo de la videoconferencia antes mencionada, realice lo siguiente: Elaborar la solicitud de la videoconferencia ante la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante el formato respectivo. Agendar la videoconferencia de mérito en la aplicación CISCO WEBEX; y una vez que se genere el link respectivo, lo proporcione de inmediato a las partes que habrán de intervenir en dicha diligencia. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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