José Enrique Rodríguez Santos

Expediente 1395/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1395/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
04/12/2015

Partes del expediente

  • José Enrique Rodríguez Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mesa V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto emitido el trece de noviembre de dos mil quince (fojas 115 a 119), por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por José Enrique Rodríguez Santos, transcurrió del diecinueve de noviembre al tres de diciembre de dos mil quince, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado estado dicho auto. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó la incomunicación de que fue objeto el directamente quejoso en la instalación denominada "el módulo" del interior del centro de reclusión donde se encuentra privado de su libertad; y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Mesa V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos, advirtiéndose que el juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no ha devuelto el despacho con número de orden 1665/2015 y de origen 652/2015 de este juzgado; el cual se giró con el fin de notificar el auto dictado en este asunto el veintiocho de septiembre de dos mil quince al directo quejoso José Enrique Rodríguez Santos. En consecuencia, y tomando en consideración que hasta este momento el referido juez mixto no ha informado lo relativo a la diligenciación del citado despacho, sin perjuicio que por la vía postal se envíe el oficio respectivo, por la vía telegráfica, requiérase al juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del término de veinticuatro horas, devuelva la comunicación oficial con número de orden 1665/2015 y de origen 652/2015 debidamente diligenciada; o bien, dentro de igual plazo informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercíbase a la citada autoridad, que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que tengan para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de noviembre de dos mil quince. Notifíquese...

  3. Principal

    Mesa V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio 2829/2015 signado por el juez Primero de lo Penal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y anexo que acompaña, en virtud que por auto de trece de noviembre de dos mil quince, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, en el cual se agregó el mismo oficio de cuenta por haberlo enviado vía fax la autoridad oficiante. Notifíquese...

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil quince. Visto el oficio 2829/2015 signado por el titular del Juzgado Primero Penal del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y anexo que acompaña, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de diez de noviembre en curso, informa que el quejoso José Enrique Rodríguez Santos, actualmente se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social número Uno (antes Penitenciaría Central del Estado), en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SSP/SPRS/DGRS/2677/2015, de quince de septiembre de dos mil quince, suscrito por el director general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias que anexa la autoridad responsable en copia certificada, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su carácter de instrumental de actuaciones, se aprecia que en la especie se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la existencia de una causal de improcedencia; cuyo estudio es de orden público y preferente al fondo del asunto. En el caso, la parte quejosa se duele de la incomunicación de que está siendo objeto el directamente quejoso en la instalación denominada "el módulo" del interior del centro de reclusión donde se encuentra privado de su libertad. Asimismo, la lectura de la constancia de cuenta, revela que el aquí quejoso José Enrique Rodríguez Santos fue egresado del Centro de Readaptación y Reinserción Social, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por traslado definitivo al Centro de Reinserción Social número Uno (antes Penitenciaría Central del Estado), en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SSP/SPRS/DGRS/2677/2015, de quince de septiembre de dos mil quince, suscrito por el director general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad. En esa tesitura, se considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cierto, si en esta instancia se reclama la incomunicación de que era objeto en la instalación denominada "el módulo" del interior del centro de reclusión de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y si a la fecha se llevó a cabo su traslado del Centro de Readaptación y Reinserción Social, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca al Centro de Reinserción Social número Uno (antes Penitenciaría Central del Estado); es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que, al haber sido el aquí quejoso egresado por traslado definitivo al Centro de Reinserción Social número Uno (antes Penitenciaría Central del Estado), se destruyeron los efectos del acto reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a la anterior determinación por su contenido la tesis aislada II 1o C T 217 K, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Por tanto, lo pretendido por el promovente de la acción constitucional, en el sentido que se le otorgara la atención médica especializada, se satisfizo al haber sido egresado por traslado definitivo al Centro de Reinserción Social número Uno (antes Penitenciaría Central del Estado), en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SSP/SPRS/DGRS/2677/2015, de quince de septiembre de dos mil quince, suscrito por el director general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad; por ello, debe decirse que durante el trámite del juicio, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que quedaron destruidos todos los efectos del acto reclamado en esta instancia en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo, con lo cual cesó la instancia. Al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado, impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales consideraron violados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prosperó por declararse improcedente el ejercicio de la acción constitucional. Sin que el hecho de que el presente caso se sobresea fuera de audiencia constitucional, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, el impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. Al caso, resulta aplicable la tesis XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Sin que lo anteriormente expuesto, atente contra el derecho humano relativo al acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo y legalidad, pues éste no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales. Sobre este aspecto, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito, en la tesis aislada VII.2o.C.14 C (10a.), cuyos rubro y texto dicen: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales. La tesis aislada CCLXXV/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun sin publicar, emitida al resolver el amparo directo en revisión 2354/2012, con los rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Asimismo, la tesis aislada LXXXI/2012 (10ª), aun sin publicar, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo directo en revisión 1131/2012, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 10. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Sin que obste para agregar el oficio de cuenta, que se recibiera por fax, ya que al estar certificada la hora y fecha de su recepción y haberse constatado por la secretaria que lo recibió, el nombre y cargo de la persona que lo remitió; tiene pleno valor probatorio, en atención a lo previsto en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y siete, del tomo XIII, mayo de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federal, con el rubro y texto siguientes, que se aplica por analogía: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en auto de doce de noviembre de dos mil quince (foja 104). Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.

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