José Farid Flores Soto

Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
526/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • José Farid Flores Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1., relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 526/2021 promovido por **en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. ANTECEDENTES El quejoso bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, señala que ante la Junta número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje se tramita el expediente laboral **, en el cual, a pesar de haber transcurrido los plazos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, no se ha emitido el laudo correspondiente. Lo anterior, constituye el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que previo cumplimiento de prevención, mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la admitió a trámite y la registró bajo el número 526/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, el acto reclamado al tratarse de una omisión atribuida a una autoridad que reside dentro la de jurisdicción de este órgano jurisdiccional. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme combate los actos siguientes: A la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 1310/2016(2) Bis. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto atribuido a la autoridad responsable, quedó legalmente acreditado a partir del informe justificado. Lo que se corrobora, con las constancias que anexó a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al resultar ciertos los actos reclamados, se da pie al siguiente apartado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En el caso, el suscrito estima que, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en el expediente 1310/2016(2) Bis, de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. De las constancias que obran en autos se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el quejoso demandó a Danone de México Sociedad Anónima de Capital Variable, y a otros; de quienes reclamó el cumplimiento del contrato laboral, reinstalación, pago de salarios caídos, entre otras prestaciones de carácter laboral. Seguido el trámite de ley, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del juicio, tunándose los autos al auxiliar dictaminador para que procediera a la formulación del proyecto de resolución. El once de mayo de dos mil veintiuno, la Junta responsable emitió el laudo respectivo; mismo que en copia certificada adjunto a su informe justificado, y del que se advierte que fue notificado al quejoso el veintiocho de mayo del año en curso. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues resulta evidente que la actuación reclamada, traducida en la falta de emisión del laudo que la ahora parte quejosa atribuye a la responsable, en el sentido de la omisión de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados por la Ley Federal del Trabajo y la falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, ha dejado de existir, puesto que en autos se advierte que el once de mayo de dos mil veintiuno, se dictó el laudo correspondiente y se hizo del conocimiento de la parte quejosa el veintiocho de mayo siguiente. De ahí, que se estime que cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte aquí inconforme presentó demanda de amparo el once de mayo de dos mil veintiuno y ese mismo día la Junta responsable dictó el laudo correspondiente, del cual tuvo conocimiento el veintiocho de mayo del año en curso, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. VII. DECISIÓN En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo que, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y téngase como pruebas del oficiante, las documentales que remite para tal efecto; con lo anterior, dese vista a las partes. Ahora bien, del estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedidos al quejoso, en auto de uno de junio de este año, para que proporcionara el domicilio donde pueda ser emplazados los terceros interesados, sin que lo haya hecho; no obstante, no ha lugar a ordenar el emplazamiento de la parte tercero interesada, por las siguientes razones: En primer término, porque el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral de origen, lo que, implica una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de impartición de justicia pronta y expedita, cuya eventual reparación beneficia no sólo a la parte peticionaria del amparo, sino a todas las partes, las cuales están interesadas en que se resuelva el asunto dentro de los plazos que para tal efecto prevé la ley aplicable. Asimismo, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el once de mayo de dos mil veintiuno, se dictó el laudo en el expediente laboral 1310/2016(2) Bis (acto reclamado); y se estima que la sola emisión del mismo, no causa perjuicio para alguna de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 36, Tercera Parte, página 83, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.- Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada Sin que en el caso se soslaye la tesis 1a./J. 90/2010, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO"; sin embargo, se estima que no constituye un obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, toda vez que como es de verse de su contenido, la misma se refiere al reconocimiento del carácter de tercero interesado -lo que en la especie no se discute-, pero no así, a la conveniencia y necesidad de emplazar a dicho tercero cuando el asunto se resuelve en la forma precisada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hizo constar la imposibilidad que tuvo para realizar el emplazamiento de la parte tercera interesada Danone México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, toda vez que al constituirse en el domicilio proporcionado por el quejoso, fue informada que en dicho domicilio ya no reciben notificaciones de la citada empresa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído proporcione el domicilio donde pueda ser emplazada la parte tercera interesada (el último que se encuentre señalado en autos del expediente laboral 1310/2016(2)Bis del índice de la responsable para recibir notificaciones). Se le hace saber a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, este órgano jurisdiccional se avocará a la investigación de dicho dato y de resultar infructuosa dicha búsqueda, se ordenará emplazarlo por edictos a costa del justiciable, de conformidad con lo previsto por el arábigo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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