José Enrique Pérez López y Otros.
Expediente 655/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Enrique Pérez López y Otros.
- Paula María Pérez López y Otros.
- José Enrique Pérez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
PRAL 655/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de once de octubre del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Se declara consentido el cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 3. Precisión sobre el acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 4. Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18 del acuerdo en cita se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; previa digitalización. Terminado el proceso de depuración, este juzgado solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten la leyenda referida que en el mismo es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 655/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Como el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió; por ello, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para establecer el cumplimiento del fallo protector. II. Antecedentes. A) El veintiséis de julio de dos mil veintidós se dictó sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos 1) *** y 2) ***, para los efectos siguientes: ".Séptimo. Efectos de la concesión. Por lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a 1) *** y 2) ***, para el efecto de que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja radicado con el número de toca familiar 367/2021; hecho lo cual: Emita otra resolución en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de queja interpuesto por 1) *** y 2) ***, en el citado toca familiar; realizado lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Respecto a este último inciso, la autoridad responsable, conforme a lo indicado en la sentencia, debía realizar el estudio de todos los agravios en su escrito de apelación. B) Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de agosto de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento a la Primera Sala Familiar de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. C) Mediante oficio 1082/2022, de seis de septiembre de dos mil veintidós, el presidente de la Primera Sala Familiar de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca familiar 367/2021, por la que resuelve el recurso de queja; con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa en proveído ocho de septiembre de este año. III. Análisis del cumplimiento. De las constancias que remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a analizar si se dio cumplimiento, o no, a la sentencia de amparo. En cuanto al inciso a), se advierte que se dio cumplimiento, ya que la Sala responsable emitió resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que resolvió el recurso de queja y por el cual dejó insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Respecto al inciso b), también se encuentra cumplido, pues la referida Sala responsable emitió una nueva resolución el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que realizó el análisis de todos los agravios expuestos por la parte quejosa en el recurso de apelación, sin embargo, solo se analizarán los solicitados en la ejecutoria de amparo a fin de no duplicar la información y hacer más práctico el estudio, como se ve de la manera siguiente: Agravios expresados en el recurso de queja Estudio de los agravios que no habían sido analizados por la Sala Primer agravio punto II: (.) Que del análisis del convenio celebrado de manera verbal en el mes de diciembre de dos mil tres y del cual se pidió la ejecución forzosa, se observa que se pidió la ejecución forzosa de una cantidad líquida determinada de novecientos pesos, por lo que nunca se presentó ninguna planilla de liquidación, sino la cuantificación de todas las pensiones alimenticias adeudadas. "En cuanto al segundo punto, como se precisó en el anterior, contrario a lo estimado por los quejosos, éstos si solicitaron la liquidación y ejecución forzosa de una cantidad ilíquida." (.) "Entonces, queda justificado plenamente los quejosos solicitaron la liquidación de las cantidades correspondientes a los meses de uno de octubre del dos mil nueve al treinta y uno (sic) de noviembre del dos mil dieciocho, por concepto de pensiones alimenticias adeudadas a razón de novecientos pesos quincenales, volviendo líquida dicha cantidad conforme a su planilla de liquidación; pidiendo se despachara ejecución por la cantidad resultante." "Aun cuando aleguen únicamente cuantificaron las cantidades adeudadas, por ende, no es una liquidación; al respecto debe decirse, la finalidad de la cuantificación y liquidación es la misma, esto es, hacer líquida una cantidad que al momento de la sentencia definitiva no lo era y para ello, exhibieron la planilla respectiva, promoviendo liquidación y ejecución de la cantidad resultante. En consecuencia, si resulta aplicable el artículo 501 del código adjetivo civil, luego la resolución que pretendieron recurrir, no es apelable." Primer agravio punto III: Por ello, no se cumple con lo previsto por el artículo 501 del código adjetivo civil para el Estado de Oaxaca, porque el incidente de cumplimiento forzoso del convenio verbal nunca fue con el objeto de determinar liquidez de una cierta prestación o derecho, sino con el objeto de ejecutar y lograr el cumplimiento forzoso del convenio judicial. Citan las jurisprudencias con rubro "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE ORDENA SU APERTURA, CUANDO A LA FECHA DE LA EMISIÓN DEL LAUDO CUENTA CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUANTIFICAR LAS CONDENAS EN CANTIDAD LÍQUIDA ES ILEGAL Y, POR TANTO, VIOLATORIA DE GARANTÍAS" "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA" "En relación al tercer punto, distinto a lo argüido por los quejosos, si se cumple con lo previsto en el numeral 501 del código adjetivo civil, porque, como ya se destacó, la intención de los actores incidentales si es la de determinar liquidez de una cantidad incierta por el periodo de uno de octubre del dos mil nueve al treinta al uno (sic) de noviembre del dos mil dieciocho, ya que únicamente se conocía el valor de una quincena (novecientos pesos) y no de todas aquellas comprendidas en ese lapso de tiempo." "Así, una vez se cuantificaron e hicieron líquida la cantidad resultante, conforme a su planilla de liquidación y en base a las pruebas aportadas, la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, hizo líquida la cantidad de ciento trece mil ciento cuarenta y un pesos ochenta y tres centavos, sobre la cual ordenó despachar ejecución el tribunal de primera instancia." Respecto a la primera tesis citada, señaló lo siguiente: "No resultando aplicable la jurisprudencia citada por los quejosos, la cual versa sobre materia laboral, en el que analizaron las disposiciones legales 833 y 834 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, las hipótesis normativas ahí previstas, no encuadran en el presunto asunto." Respecto a la segunda tesis citada, señaló lo siguiente: "Así, la liquidación y ejecución que solicitaron los quejosos, no pretende desconocer derecho alguno reconocido en la sentencia firme de divorcio por mutuo consentimiento, sino, liquidarla a través de la cuantificación del monto adeudado por el deudor alimentista, de ahí que, dicha resolución no es apelable en términos del artículo 501 de la codificación adjetiva civil; respetándose las normas del procedimiento, las que de conformidad con el diverso numeral 53 del mismo ordenamiento jurídico, no pueden alterarse, modificarse o renunciarse por convenio de los interesados." Primer agravio punto IV: EI procedimiento incidental que promovieron no se ajusta al supuesto regulado por el artículo 501 del código procesal civil, y tampoco le es aplicable la última parte del dicho artículo, que establece la irrecurribilidad de la interlocutoria, por lo que el auto recurrido le deniega su derecho a recurrir la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintiuno. "En relación al cuarto punto, contrario a lo considerado por los quejosos, el procedimiento incidental que promovieron, si se ajusta al supuesto regulado por el muchas veces citado arábigo 501 del Código de Procedimientos Civiles." "Como ya se explicó, los interesados promovieron demanda para hacer líquida una cantidad que no lo era y que deviene de una sentencia definitiva, para ello, exhibieron panilla de liquidación o cuantificación, pidiendo ejecución sobre la cantidad obtenida." "Además, por tratarse de una resolución que tiende directamente a ejecutar la sentencia de divorcio, por las razones ya precisadas con anterioridad y en obvio de repeticiones innecesarias se tienen aquí por reproducidas; con fundamento en, la primera parte, del artículo 513 del código adjetivo civil, no es apelable." Primer agravio punto V: Que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria se encuentra previsto y regulado en los diversos artículos 513 y 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los que transcribió. Lo anterior, porque lo que promovieron no fue para obtener la ejecución y cumplimiento forzoso del convenio verbal, no de una sentencia y se reclamó el pago de cantidades líquidas y determinadas no de una cantidad ilíquida; por lo que resulta aplicable la regla establecida en los artículos 513 y 405 del citado ordenamiento jurídico. "Siendo infundado lo anterior, dado ejecución que solicitan los quejosos mediante su demanda incidental de liquidación y cumplimiento forzoso de convenio, deviene de la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento que aprobó el convenio de los solicitantes y que sentó las bases para el pago de la pensión alimentaria a favor de los hoy recurrentes, el monto de la misma, únicamente se actualizó con posterioridad a dicha sentencia de cantidad ilíquida." "Atento, la naturaleza de la resolución dictada en el incidente de liquidación de pensión alimenticia y cumplimiento forzoso, es la de hacer líquida una cantidad y ejecutar la misma, que deriva de la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento, lógico, no se trata de una resolución distinta a aquellas que tienden directamente a ejecutar las sentencias. Por lo tanto, no se actualiza la última parte del numeral 513 del código adjetivo civil." "Entonces, como se precisó, es verdad el artículo 405 de la ley adjetiva civil previene que los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo y también lo es que tratándose de las resoluciones de incidentes de liquidación de una sentencia de cantidad indeterminada tramitados en los términos del artículo 404 del ordenamiento jurídico de referencia; no admiten recurso ordinario alguno, como lo es la apelación." Segundo y tercero agravio puntos IX, X Y XII: IX. El auto recurrido vulnera en su perjuicio la garantía de acceso a la justicia completa, prevista en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 14 y 17 de constitucionales, porque la de interpretación que realiza el juez familiar del artículo 501 del código adjetivo civil, les priva su derecho de defensa (tutela judicial y acceso a la justicia), consistente en recurrir la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintiuno, lo que se convierte también en violaciones a su derecho humano a un recurso judicial sencillo y efectivo. Citan las tesis: "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LITIMITAR ESE DERECHO". X. El acuerdo recurrido le causa agravios, porque el juez vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva; así como el principio pro-persona, previsto en los artículos 1 y 17 constitucionales, porque el juez realizó una interpretación extensiva del artículo 501 del código de procedimientos civiles, para denegar el recurso de apelación contra la resolución interlocutoria. Lo anterior porque la resolución interlocutoria contra la que se interpuso recurso de apelación, no se ajusta al supuesto previsto en el citado artículo 501, mismo que al imponer consecuencias negativas dentro del procedimiento debe aplicarse de manera precisa y exacta, sin extender sus efectos a cualquier otra resolución que no se ajuste a lo expresamente regulado en su contenido, tal y como ilegalmente lo determinó el juez el siete de octubre de dos mil veintiuno. XII. Que el auto recurrido vulnera en su perjuicio el principio pro-persona, porque todas las autoridades deben velar por elegir aquella interpretación que resulte más protectora de los derechos fundamentales de los gobernados o bien aquella que resulte menos restrictiva, de tal manera que se privilegie siempre la supremacía constitucional; por ello, si los artículos 405, 513, 670 y 671 del código adjetivo civil, establecen la recurribilidad de la interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el recurso de apelación, el juez debió elegir esta norma sobre cualquier otra, pues es la que resulta más protectora de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Citaron las tesis "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN ÉSTA SON RECURRIBLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)", "INTERPRETACIÓN CONFORME, NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA", y "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE". "Esto es así, porque distinto a las aseveraciones de los quejosos, no existe una interpretación equivocada del juzgador de origen al aplicar el numeral 501 del código adjetivo civil, como ya fue asentado." "Puesto, liquidación y ejecución que solicitaron los quejosos, pretende cuantificar la sentencia firme de divorcio por mutuo consentimiento en relación al rubro de alimentos, especificando el monto que representa dicha pensión por los meses que dejó de cubrir el deudor alimentista, de ahí, dicha resolución no es apelable en términos del artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles, respetándose las normas del procedimiento, las que de conformidad con el diverso numeral 53 del mismo ordenamiento jurídico, no pueden alterarse, modificarse o renunciarse por convenio de los interesados." "Con la aplicación exacta y correcta de la hipótesis normativa procesal, no se violentan los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento el procedimiento de liquidación y ejecución solicitado por los quejosos, fue tramitado en los términos del numeral 404 del código adjetivo civil, y en relación con el diverso dispositivo legal, 501 del mismo ordenamiento jurídico, por disposición expresa no admite recurso de apelación las resoluciones que resuelvan dichos incidentes, porque sirven para ejecutar una sentencia y posterior al fallo definitivo dictado en un juicio, no queda más que ejecutarla." "De igual manera, el hecho que no se haya admitido recurso de apelación en contra de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno que tiende a ejecutar la sentencia definitiva de divorcio por mutuo consentimiento, no vulnera el derecho humano de un recurso judicial efectivo de los quejosos y por ende, el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, puesto, el juzgador de origen observó las formalidades del procedimiento y tuvo a bien aplicar al caso en concreto, el numeral 501 del código adjetivo civil, el cual expresamente dispone la inadmisibilidad de la apelación en ese tipo de resoluciones." Respecto a la primera tesis citada por los quejosos: "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN ÉSTA SON RECURRIBLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)", la autoridad señaló: "A más de, dicho criterio aislado, analiza el numeral 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, cuya redacción es distinta al numeral 501 de nuestro código procesal civil; sin embargo, ambos son coincidentes en el sentido de que las resoluciones dictadas en la vía de apremio para ejecutar una sentencia, son irrecurribles." "En todo caso, dicha tesis aislada no es obligatoria para este Tribunal de alzada en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo." Respecto a la segunda y tercer tesis citada por los quejosos: "INTERPRETACIÓN CONFORME, NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA" y "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE", la autoridad señaló: "Lo anterior, cuenta habida, el artículo 501 del código adjetivo civil, no contiene derecho subjetivo alguno, al tratarse de una norma procedimental, que previene la inadmisibilidad de un recurso ordinario contra las resoluciones dictadas en los incidentes de liquidación y ejecución de sentencia definitiva." "El numeral 501 del código adjetivo civil, no contiene una interpretación más allá que la de ser irrecurribles las resoluciones en las que se pide la ejecución de una sentencia que no contiene cantidad líquida y que para ello, se presentará su liquidación. Lo cual, incluso, se concatena con la primera parte del numeral 513 del código procesal civil, al establecer son irrecurribles las resoluciones que tiendan directamente a ejecutar las sentencias, como lo es aquella de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno." "Así las normas procesales fueron creadas por el legislador para casos específicos y no para una generalidad como las normas de carácter subjetivo que contienen un derecho humano; por tanto, la interpretación de las normas procesales y su aplicación, se limita a los efectos para los que fueron creadas, lo cual da seguridad a los gobernados en el sentido de que los procedimientos seguidos en forma de juicio establecidos por el legislador, serán tramitados y resueltos conforme a las reglas previamente establecidas para ello." Tercer agravio, punto XI: XI. La resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno resulta apelable por resultar aplicables los artículos 513 y 405 del código procesal civil, así como los diversos 670 y 671 de la misma codificación. ". no es correcta la apreciación de los quejosos, puesto, como se ha destacado en múltiples ocasiones en la presente, la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación y ejecución forzosa la cantidad de la sentencia definitiva de divorcio mutuo consentimiento respecto a la pensión alimenticia con la finalidad de despachar ejecución en contra del deudor alimentario." "Sin que se actualice el supuesto normativo de la última parte, del numeral 513 del código adjetivo civil, que hace alusión, son apelables aquellas resoluciones que se dicten en la vía de apremio, pero que no tienden a ejecutar una situación, lo que no ocurre en el presente asunto." "Por ello, tampoco le es aplicable el artículo 405 del código adjetivo civil, que alude, son apelables en efecto devolutivo, los autos que resuelvan incidentes, porque aun cuando el incidente de liquidación y ejecución que nos ocupa, se tramitó en términos del numeral 404 del ordenamiento jurídico en cita, esto fue, por reenvío del numeral 501 de la misma ley, que a su vez previene su irrecurribilidad." "Entonces, si no es admisible el recurso de apelación, tampoco son aplicables los numerales 670 y 671 del código adjetivo civil que se refieren al objeto del recurso de apelación y a las personas que pueden apelar." (Lo subrayado es propio) Como se ve, la Sala responsable dio cabal cumplimiento a cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. IV. Manifestaciones de la quejosa. Por otra parte, la parte quejosa en su escrito agregado en autos el veintiocho de septiembre del año en curso precisó, en esencia: - Que la autoridad responsable cumplió defectuosamente con la ejecutoria de amparo, ello en razón de que no estudió la totalidad de los agravios expuestos, sino que lo hizo a partir de lo considerado en la ejecutoria de amparo. -Aunado a que hace diversas manifestaciones reiterando que la autoridad estudió de forma errónea sus agravios, ya que la interlocutoria de seis de septiembre de dos mi veintiuno es recurrible de conformidad con los artículos 405, 513, 670 y 671 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, por lo que su recurso de queja es procedente. No obsta que la parte quejosa haya manifestado lo anterior, en virtud que el efecto por el que se concedió el amparo es que la autoridad responsable "emita otra resolución en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de queja y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda", es decir, que estudiara y diera contestación congruente a todos los agravios que la parte quejosa expuso, lo que se advierte realizó. Además, que el efecto de la concesión del amparo no fue para que declarara procedente dicho recurso, ya que la autoridad tiene expeditas sus facultades para resolver en el sentido que señale la ley y que al caso sea aplicable, por lo que, como se vio en el cuadro comparativo, la autoridad dio respuesta a cada uno de los agravios expuestos por la parte quejosa y resolvió de acuerdo a lo estipulado por la legislación aplicable. Por lo anterior, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la autoridad responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. IV. Archivo del expediente. Se reserva el archivo de este juicio hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201, de la Ley de Amparo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 655/2022 Acuerdo: PRAL 655/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Como el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió; por ello, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para establecer el cumplimiento del fallo protector. II. Antecedentes. A) El veintiséis de julio de dos mil veintidós se dictó sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos 1) *** y 2) ***, para los efectos siguientes: ".Séptimo. Efectos de la concesión. Por lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a 1) *** y 2) ***, para el efecto de que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja radicado con el número de toca familiar 367/2021; hecho lo cual: Emita otra resolución en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de queja interpuesto por 1) *** y 2) ***, en el citado toca familiar; realizado lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Respecto a este último inciso, la autoridad responsable, conforme a lo indicado en la sentencia, debía realizar el estudio de todos los agravios en su escrito de apelación. B) Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de agosto de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento a la Primera Sala Familiar de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. C) Mediante oficio 1082/2022, de seis de septiembre de dos mil veintidós, el presidente de la Primera Sala Familiar de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca familiar 367/2021, por la que resuelve el recurso de queja; con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa en proveído ocho de septiembre de este año. III. Análisis del cumplimiento. De las constancias que remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a analizar si se dio cumplimiento, o no, a la sentencia de amparo. En cuanto al inciso a), se advierte que se dio cumplimiento, ya que la Sala responsable emitió resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que resolvió el recurso de queja y por el cual dejó insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Respecto al inciso b), también se encuentra cumplido, pues la referida Sala responsable emitió una nueva resolución el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que realizó el análisis de todos los agravios expuestos por la parte quejosa en el recurso de apelación, sin embargo, solo se analizarán los solicitados en la ejecutoria de amparo a fin de no duplicar la información y hacer más práctico el estudio, como se ve de la manera siguiente: Agravios expresados en el recurso de queja Estudio de los agravios que no habían sido analizados por la Sala Primer agravio punto II: (.) Que del análisis del convenio celebrado de manera verbal en el mes de diciembre de dos mil tres y del cual se pidió la ejecución forzosa, se observa que se pidió la ejecución forzosa de una cantidad líquida determinada de novecientos pesos, por lo que nunca se presentó ninguna planilla de liquidación, sino la cuantificación de todas las pensiones alimenticias adeudadas. "En cuanto al segundo punto, como se precisó en el anterior, contrario a lo estimado por los quejosos, éstos si solicitaron la liquidación y ejecución forzosa de una cantidad ilíquida." (.) "Entonces, queda justificado plenamente los quejosos solicitaron la liquidación de las cantidades correspondientes a los meses de uno de octubre del dos mil nueve al treinta y uno (sic) de noviembre del dos mil dieciocho, por concepto de pensiones alimenticias adeudadas a razón de novecientos pesos quincenales, volviendo líquida dicha cantidad conforme a su planilla de liquidación; pidiendo se despachara ejecución por la cantidad resultante." "Aun cuando aleguen únicamente cuantificaron las cantidades adeudadas, por ende, no es una liquidación; al respecto debe decirse, la finalidad de la cuantificación y liquidación es la misma, esto es, hacer líquida una cantidad que al momento de la sentencia definitiva no lo era y para ello, exhibieron la planilla respectiva, promoviendo liquidación y ejecución de la cantidad resultante. En consecuencia, si resulta aplicable el artículo 501 del código adjetivo civil, luego la resolución que pretendieron recurrir, no es apelable." Primer agravio punto III: Por ello, no se cumple con lo previsto por el artículo 501 del código adjetivo civil para el Estado de Oaxaca, porque el incidente de cumplimiento forzoso del convenio verbal nunca fue con el objeto de determinar liquidez de una cierta prestación o derecho, sino con el objeto de ejecutar y lograr el cumplimiento forzoso del convenio judicial. Citan las jurisprudencias con rubro "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE ORDENA SU APERTURA, CUANDO A LA FECHA DE LA EMISIÓN DEL LAUDO CUENTA CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUANTIFICAR LAS CONDENAS EN CANTIDAD LÍQUIDA ES ILEGAL Y, POR TANTO, VIOLATORIA DE GARANTÍAS" "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA" "En relación al tercer punto, distinto a lo argüido por los quejosos, si se cumple con lo previsto en el numeral 501 del código adjetivo civil, porque, como ya se destacó, la intención de los actores incidentales si es la de determinar liquidez de una cantidad incierta por el periodo de uno de octubre del dos mil nueve al treinta al uno (sic) de noviembre del dos mil dieciocho, ya que únicamente se conocía el valor de una quincena (novecientos pesos) y no de todas aquellas comprendidas en ese lapso de tiempo." "Así, una vez se cuantificaron e hicieron líquida la cantidad resultante, conforme a su planilla de liquidación y en base a las pruebas aportadas, la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, hizo líquida la cantidad de ciento trece mil ciento cuarenta y un pesos ochenta y tres centavos, sobre la cual ordenó despachar ejecución el tribunal de primera instancia." Respecto a la primera tesis citada, señaló lo siguiente: "No resultando aplicable la jurisprudencia citada por los quejosos, la cual versa sobre materia laboral, en el que analizaron las disposiciones legales 833 y 834 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, las hipótesis normativas ahí previstas, no encuadran en el presunto asunto." Respecto a la segunda tesis citada, señaló lo siguiente: "Así, la liquidación y ejecución que solicitaron los quejosos, no pretende desconocer derecho alguno reconocido en la sentencia firme de divorcio por mutuo consentimiento, sino, liquidarla a través de la cuantificación del monto adeudado por el deudor alimentista, de ahí que, dicha resolución no es apelable en términos del artículo 501 de la codificación adjetiva civil; respetándose las normas del procedimiento, las que de conformidad con el diverso numeral 53 del mismo ordenamiento jurídico, no pueden alterarse, modificarse o renunciarse por convenio de los interesados." Primer agravio punto IV: EI procedimiento incidental que promovieron no se ajusta al supuesto regulado por el artículo 501 del código procesal civil, y tampoco le es aplicable la última parte del dicho artículo, que establece la irrecurribilidad de la interlocutoria, por lo que el auto recurrido le deniega su derecho a recurrir la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintiuno. "En relación al cuarto punto, contrario a lo considerado por los quejosos, el procedimiento incidental que promovieron, si se ajusta al supuesto regulado por el muchas veces citado arábigo 501 del Código de Procedimientos Civiles." "Como ya se explicó, los interesados promovieron demanda para hacer líquida una cantidad que no lo era y que deviene de una sentencia definitiva, para ello, exhibieron panilla de liquidación o cuantificación, pidiendo ejecución sobre la cantidad obtenida." "Además, por tratarse de una resolución que tiende directamente a ejecutar la sentencia de divorcio, por las razones ya precisadas con anterioridad y en obvio de repeticiones innecesarias se tienen aquí por reproducidas; con fundamento en, la primera parte, del artículo 513 del código adjetivo civil, no es apelable." Primer agravio punto V: Que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria se encuentra previsto y regulado en los diversos artículos 513 y 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los que transcribió. Lo anterior, porque lo que promovieron no fue para obtener la ejecución y cumplimiento forzoso del convenio verbal, no de una sentencia y se reclamó el pago de cantidades líquidas y determinadas no de una cantidad ilíquida; por lo que resulta aplicable la regla establecida en los artículos 513 y 405 del citado ordenamiento jurídico. "Siendo infundado lo anterior, dado ejecución que solicitan los quejosos mediante su demanda incidental de liquidación y cumplimiento forzoso de convenio, deviene de la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento que aprobó el convenio de los solicitantes y que sentó las bases para el pago de la pensión alimentaria a favor de los hoy recurrentes, el monto de la misma, únicamente se actualizó con posterioridad a dicha sentencia de cantidad ilíquida." "Atento, la naturaleza de la resolución dictada en el incidente de liquidación de pensión alimenticia y cumplimiento forzoso, es la de hacer líquida una cantidad y ejecutar la misma, que deriva de la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento, lógico, no se trata de una resolución distinta a aquellas que tienden directamente a ejecutar las sentencias. Por lo tanto, no se actualiza la última parte del numeral 513 del código adjetivo civil." "Entonces, como se precisó, es verdad el artículo 405 de la ley adjetiva civil previene que los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo y también lo es que tratándose de las resoluciones de incidentes de liquidación de una sentencia de cantidad indeterminada tramitados en los términos del artículo 404 del ordenamiento jurídico de referencia; no admiten recurso ordinario alguno, como lo es la apelación." Segundo y tercero agravio puntos IX, X Y XII: IX. El auto recurrido vulnera en su perjuicio la garantía de acceso a la justicia completa, prevista en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 14 y 17 de constitucionales, porque la de interpretación que realiza el juez familiar del artículo 501 del código adjetivo civil, les priva su derecho de defensa (tutela judicial y acceso a la justicia), consistente en recurrir la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintiuno, lo que se convierte también en violaciones a su derecho humano a un recurso judicial sencillo y efectivo. Citan las tesis: "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LITIMITAR ESE DERECHO". X. El acuerdo recurrido le causa agravios, porque el juez vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva; así como el principio pro-persona, previsto en los artículos 1 y 17 constitucionales, porque el juez realizó una interpretación extensiva del artículo 501 del código de procedimientos civiles, para denegar el recurso de apelación contra la resolución interlocutoria. Lo anterior porque la resolución interlocutoria contra la que se interpuso recurso de apelación, no se ajusta al supuesto previsto en el citado artículo 501, mismo que al imponer consecuencias negativas dentro del procedimiento debe aplicarse de manera precisa y exacta, sin extender sus efectos a cualquier otra resolución que no se ajuste a lo expresamente regulado en su contenido, tal y como ilegalmente lo determinó el juez el siete de octubre de dos mil veintiuno. XII. Que el auto recurrido vulnera en su perjuicio el principio pro-persona, porque todas las autoridades deben velar por elegir aquella interpretación que resulte más protectora de los derechos fundamentales de los gobernados o bien aquella que resulte menos restrictiva, de tal manera que se privilegie siempre la supremacía constitucional; por ello, si los artículos 405, 513, 670 y 671 del código adjetivo civil, establecen la recurribilidad de la interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el recurso de apelación, el juez debió elegir esta norma sobre cualquier otra, pues es la que resulta más protectora de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Citaron las tesis "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN ÉSTA SON RECURRIBLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)", "INTERPRETACIÓN CONFORME, NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA", y "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE". "Esto es así, porque distinto a las aseveraciones de los quejosos, no existe una interpretación equivocada del juzgador de origen al aplicar el numeral 501 del código adjetivo civil, como ya fue asentado." "Puesto, liquidación y ejecución que solicitaron los quejosos, pretende cuantificar la sentencia firme de divorcio por mutuo consentimiento en relación al rubro de alimentos, especificando el monto que representa dicha pensión por los meses que dejó de cubrir el deudor alimentista, de ahí, dicha resolución no es apelable en términos del artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles, respetándose las normas del procedimiento, las que de conformidad con el diverso numeral 53 del mismo ordenamiento jurídico, no pueden alterarse, modificarse o renunciarse por convenio de los interesados." "Con la aplicación exacta y correcta de la hipótesis normativa procesal, no se violentan los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento el procedimiento de liquidación y ejecución solicitado por los quejosos, fue tramitado en los términos del numeral 404 del código adjetivo civil, y en relación con el diverso dispositivo legal, 501 del mismo ordenamiento jurídico, por disposición expresa no admite recurso de apelación las resoluciones que resuelvan dichos incidentes, porque sirven para ejecutar una sentencia y posterior al fallo definitivo dictado en un juicio, no queda más que ejecutarla." "De igual manera, el hecho que no se haya admitido recurso de apelación en contra de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno que tiende a ejecutar la sentencia definitiva de divorcio por mutuo consentimiento, no vulnera el derecho humano de un recurso judicial efectivo de los quejosos y por ende, el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, puesto, el juzgador de origen observó las formalidades del procedimiento y tuvo a bien aplicar al caso en concreto, el numeral 501 del código adjetivo civil, el cual expresamente dispone la inadmisibilidad de la apelación en ese tipo de resoluciones." Respecto a la primera tesis citada por los quejosos: "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN ÉSTA SON RECURRIBLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)", la autoridad señaló: "A más de, dicho criterio aislado, analiza el numeral 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, cuya redacción es distinta al numeral 501 de nuestro código procesal civil; sin embargo, ambos son coincidentes en el sentido de que las resoluciones dictadas en la vía de apremio para ejecutar una sentencia, son irrecurribles." "En todo caso, dicha tesis aislada no es obligatoria para este Tribunal de alzada en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo." Respecto a la segunda y tercer tesis citada por los quejosos: "INTERPRETACIÓN CONFORME, NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA" y "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE", la autoridad señaló: "Lo anterior, cuenta habida, el artículo 501 del código adjetivo civil, no contiene derecho subjetivo alguno, al tratarse de una norma procedimental, que previene la inadmisibilidad de un recurso ordinario contra las resoluciones dictadas en los incidentes de liquidación y ejecución de sentencia definitiva." "El numeral 501 del código adjetivo civil, no contiene una interpretación más allá que la de ser irrecurribles las resoluciones en las que se pide la ejecución de una sentencia que no contiene cantidad líquida y que para ello, se presentará su liquidación. Lo cual, incluso, se concatena con la primera parte del numeral 513 del código procesal civil, al establecer son irrecurribles las resoluciones que tiendan directamente a ejecutar las sentencias, como lo es aquella de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno." "Así las normas procesales fueron creadas por el legislador para casos específicos y no para una generalidad como las normas de carácter subjetivo que contienen un derecho humano; por tanto, la interpretación de las normas procesales y su aplicación, se limita a los efectos para los que fueron creadas, lo cual da seguridad a los gobernados en el sentido de que los procedimientos seguidos en forma de juicio establecidos por el legislador, serán tramitados y resueltos conforme a las reglas previamente establecidas para ello." Tercer agravio, punto XI: XI. La resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno resulta apelable por resultar aplicables los artículos 513 y 405 del código procesal civil, así como los diversos 670 y 671 de la misma codificación. ". no es correcta la apreciación de los quejosos, puesto, como se ha destacado en múltiples ocasiones en la presente, la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación y ejecución forzosa la cantidad de la sentencia definitiva de divorcio mutuo consentimiento respecto a la pensión alimenticia con la finalidad de despachar ejecución en contra del deudor alimentario." "Sin que se actualice el supuesto normativo de la última parte, del numeral 513 del código adjetivo civil, que hace alusión, son apelables aquellas resoluciones que se dicten en la vía de apremio, pero que no tienden a ejecutar una situación, lo que no ocurre en el presente asunto." "Por ello, tampoco le es aplicable el artículo 405 del código adjetivo civil, que alude, son apelables en efecto devolutivo, los autos que resuelvan incidentes, porque aun cuando el incidente de liquidación y ejecución que nos ocupa, se tramitó en términos del numeral 404 del ordenamiento jurídico en cita, esto fue, por reenvío del numeral 501 de la misma ley, que a su vez previene su irrecurribilidad." "Entonces, si no es admisible el recurso de apelación, tampoco son aplicables los numerales 670 y 671 del código adjetivo civil que se refieren al objeto del recurso de apelación y a las personas que pueden apelar." (Lo subrayado es propio) Como se ve, la Sala responsable dio cabal cumplimiento a cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. IV. Manifestaciones de la quejosa. Por otra parte, la parte quejosa en su escrito agregado en autos el veintiocho de septiembre del año en curso precisó, en esencia: - Que la autoridad responsable cumplió defectuosamente con la ejecutoria de amparo, ello en razón de que no estudió la totalidad de los agravios expuestos, sino que lo hizo a partir de lo considerado en la ejecutoria de amparo. -Aunado a que hace diversas manifestaciones reiterando que la autoridad estudió de forma errónea sus agravios, ya que la interlocutoria de seis de septiembre de dos mi veintiuno es recurrible de conformidad con los artículos 405, 513, 670 y 671 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, por lo que su recurso de queja es procedente. No obsta que la parte quejosa haya manifestado lo anterior, en virtud que el efecto por el que se concedió el amparo es que la autoridad responsable "emita otra resolución en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de queja y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda", es decir, que estudiara y diera contestación congruente a todos los agravios que la parte quejosa expuso, lo que se advierte realizó. Además, que el efecto de la concesión del amparo no fue para que declarara procedente dicho recurso, ya que la autoridad tiene expeditas sus facultades para resolver en el sentido que señale la ley y que al caso sea aplicable, por lo que, como se vio en el cuadro comparativo, la autoridad dio respuesta a cada uno de los agravios expuestos por la parte quejosa y resolvió de acuerdo a lo estipulado por la legislación aplicable. Por lo anterior, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la autoridad responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. IV. Archivo del expediente. Se reserva el archivo de este juicio hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201, de la Ley de Amparo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 655/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Escrito de la parte quejosa. Agréguese el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, Jesús Mario Osorio López, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento que dio la autoridad a la ejecutoria de amparo; en su atención, dígasele que dichas manifestaciones se tomarán en consideración, en el momento que se realice el estudio del cumplimiento respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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