José Enrique Alderete Cortés

Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
32/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • José Enrique Alderete Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 32/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEOSA, PREVIO AVISO.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con catorce minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 32/2021, como se ordenó en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (foja 28), Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por José Enrique Alderete Cortés, por propio derecho, y el informe rendido por la autoridad responsable e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Finalmente, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que se hizo de su conocimiento en auto de inicio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género exhibió las documentales, consistentes en copias certificadas de: - Escritos de veintidós de diciembre de dos mil veinte y cinco de enero de dos mil veintiuno, firmados por José Enrique Alderete Cortés (fojas 21 y 22). - Oficio de cuatro de enero de dos mil veinte (sic), emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género (foja 23). - Oficio de seis de enero de dos mil veinte (sic), emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género (foja 24). Acto continuo, se acuerda: En términos del numeral antes citado de la Ley de Amparo se admiten las referidas pruebas documentales, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio de amparo, por lo que no habiendo prueba pendiente que desahogar, se cierra este periodo. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento; se cierra esta etapa y se procede a dictar Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ponciano Velasco Velasco. La Secretaria. Reyna Soledad Juárez Avendaño. Visto para resolver el juicio de amparo 32/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el diecinueve de enero de dos mil veintiuno y remitida en la misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado, José Enrique Alderete Cortés, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que atribuyó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; consistente en la negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno (fojas 6 a 10) se registró la demanda de amparo con el expediente 32/2021; se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y la autoridad responsable reside en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: - La negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; para justificarlo remitió copia certificada de dos oficios de cuatro de enero de dos mil veinte y seis de enero de dos mil veinte (sic), los cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, a través de los cuales se advierte que dio contestación a dos escritos del quejoso, en los que solicitó la intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En primer término, cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que, conforme a lo que establece la fracción I del artículo 107 Constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, quien deberá demostrar ser titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa, o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Ahora, es necesario indicar lo que debe entenderse por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en la medida en que ello servirá de punto de partida para evidenciar la materialización de la indicada causa de improcedencia. Es decir, lo constituyen dos elementos básicos e imprescindibles en conjunto, a saber: a) la titularidad de un derecho y b) la afectación de ese derecho por el acto de autoridad, de modo que esa titularidad del derecho de que se habla debe ser coetánea al momento de la emisión del acto o bien de la afectación que ocasiona. El interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquél que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así, se tiene que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica del gobernado. Entonces, no es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta que otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Ilustra lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. (Jurisprudencia 856, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 584 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época). Aunado a lo anterior, debe considerarse que la acreditación del interés jurídico debe ser plena, en la medida en que no es factible tenerlo por demostrado a base de presunciones, esto es, debe quedar cabalmente acreditado que la parte quejosa es titular de un derecho jurídicamente tutelado y que se ve amenazado con el acto de autoridad; como así lo ilustra la jurisprudencia integrada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. (Jurisprudencia visible en las páginas 242 y 243 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación). Esto quiere decir que quien acude en demanda de amparo al juicio correspondiente debe allegar elementos probatorios de los que se advierta información bastante, que conduzca al juzgador a la certidumbre de que el peticionario es titular de un derecho jurídicamente salvaguardable, contra el cual se tomó cierta determinación que se considera violatoria del orden constitucional. En el caso, la parte quejosa reclama la negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020, ya que la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de dos oficios de cuatro de enero de dos mil veintiuno y seis de enero de dos mil veintiuno (año correcto), notificados el catorce y dieciséis de enero de dos mil veintiuno (fojas 23 y 24), negó la intervención que solicitó el quejoso en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020, pues precisó que en la mesa a su cargo no se encuentra registrada ninguna carpeta de investigación bajo el número 38729/SMUJ/UDMA/2020. De lo anterior, se advierte que dicha determinación que comunicó la responsable, de no darle intervención al quejoso en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020, no afecta algún derecho subjetivo, ni el interés legítimo del quejoso, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual, y mucho menos aun directa ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, porque, en principio, los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado, para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, o bien, cuando determina el no ejercicio de la acción penal; máxime si la carpeta de investigación cuya intervención solicita el quejoso es inexistente. Estimar lo contrario, esto es, estimar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación -como lo es la determinación adoptada en los citados oficios-, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y, por ende, declarar la procedencia del juicio de amparo, traería como consecuencia el entorpecimiento injustificado de la potestad conferida en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad que el imputado (a) lo cometió o participó en su comisión; máxime que, como se precisó, la representación social indicó al quejoso que no existe dicha carpeta de investigación. En la inteligencia que esta regla general admite excepciones que deben examinarse en lo particular, como acontece cuando la autoridad ministerial ordena que se le prive de la libertad, posesiones o derechos; situación que no acontece en el caso. Sirven de apoyo, por identidad jurídica sustancial, las tesis siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." (Tesis II.2o.P.51 P (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, página: 2601, Décima Época, Registro: 2015368). "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." (Tesis (X Región)2o.1 P (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, página: 2592, Época: Décima Época, Registro: 2012423). También encuentra sustento lo anterior en el criterio emitido en la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 99/2020, de su índice. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". QUINTO. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por José Enrique Alderete Cortés, por propio derecho, contra el acto reclamado a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; consistente en negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con catorce minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 32/2021, como se ordenó en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (foja 28), Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por José Enrique Alderete Cortés, por propio derecho, y el informe rendido por la autoridad responsable e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Finalmente, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que se hizo de su conocimiento en auto de inicio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género exhibió las documentales, consistentes en copias certificadas de: - Escritos de veintidós de diciembre de dos mil veinte y cinco de enero de dos mil veintiuno, firmados por José Enrique Alderete Cortés (fojas 21 y 22). - Oficio de cuatro de enero de dos mil veinte (sic), emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género (foja 23). - Oficio de seis de enero de dos mil veinte (sic), emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género (foja 24). Acto continuo, se acuerda: En términos del numeral antes citado de la Ley de Amparo se admiten las referidas pruebas documentales, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio de amparo, por lo que no habiendo prueba pendiente que desahogar, se cierra este periodo. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento; se cierra esta etapa y se procede a dictar Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ponciano Velasco Velasco. La Secretaria. Reyna Soledad Juárez Avendaño. Visto para resolver el juicio de amparo 32/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el diecinueve de enero de dos mil veintiuno y remitida en la misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado, José Enrique Alderete Cortés, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que atribuyó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; consistente en la negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno (fojas 6 a 10) se registró la demanda de amparo con el expediente 32/2021; se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y la autoridad responsable reside en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: - La negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; para justificarlo remitió copia certificada de dos oficios de cuatro de enero de dos mil veinte y seis de enero de dos mil veinte (sic), los cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, a través de los cuales se advierte que dio contestación a dos escritos del quejoso, en los que solicitó la intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En primer término, cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que, conforme a lo que establece la fracción I del artículo 107 Constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, quien deberá demostrar ser titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa, o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Ahora, es necesario indicar lo que debe entenderse por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en la medida en que ello servirá de punto de partida para evidenciar la materialización de la indicada causa de improcedencia. Es decir, lo constituyen dos elementos básicos e imprescindibles en conjunto, a saber: a) la titularidad de un derecho y b) la afectación de ese derecho por el acto de autoridad, de modo que esa titularidad del derecho de que se habla debe ser coetánea al momento de la emisión del acto o bien de la afectación que ocasiona. El interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquél que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así, se tiene que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica del gobernado. Entonces, no es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta que otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Ilustra lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. (Jurisprudencia 856, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 584 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época). Aunado a lo anterior, debe considerarse que la acreditación del interés jurídico debe ser plena, en la medida en que no es factible tenerlo por demostrado a base de presunciones, esto es, debe quedar cabalmente acreditado que la parte quejosa es titular de un derecho jurídicamente tutelado y que se ve amenazado con el acto de autoridad; como así lo ilustra la jurisprudencia integrada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. (Jurisprudencia visible en las páginas 242 y 243 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación). Esto quiere decir que quien acude en demanda de amparo al juicio correspondiente debe allegar elementos probatorios de los que se advierta información bastante, que conduzca al juzgador a la certidumbre de que el peticionario es titular de un derecho jurídicamente salvaguardable, contra el cual se tomó cierta determinación que se considera violatoria del orden constitucional. En el caso, la parte quejosa reclama la negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020, ya que la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de dos oficios de cuatro de enero de dos mil veintiuno y seis de enero de dos mil veintiuno (año correcto), notificados el catorce y dieciséis de enero de dos mil veintiuno (fojas 23 y 24), negó la intervención que solicitó el quejoso en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020, pues precisó que en la mesa a su cargo no se encuentra registrada ninguna carpeta de investigación bajo el número 38729/SMUJ/UDMA/2020. De lo anterior, se advierte que dicha determinación que comunicó la responsable, de no darle intervención al quejoso en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020, no afecta algún derecho subjetivo, ni el interés legítimo del quejoso, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual, y mucho menos aun directa ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, porque, en principio, los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado, para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, o bien, cuando determina el no ejercicio de la acción penal; máxime si la carpeta de investigación cuya intervención solicita el quejoso es inexistente. Estimar lo contrario, esto es, estimar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación -como lo es la determinación adoptada en los citados oficios-, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y, por ende, declarar la procedencia del juicio de amparo, traería como consecuencia el entorpecimiento injustificado de la potestad conferida en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad que el imputado (a) lo cometió o participó en su comisión; máxime que, como se precisó, la representación social indicó al quejoso que no existe dicha carpeta de investigación. En la inteligencia que esta regla general admite excepciones que deben examinarse en lo particular, como acontece cuando la autoridad ministerial ordena que se le prive de la libertad, posesiones o derechos; situación que no acontece en el caso. Sirven de apoyo, por identidad jurídica sustancial, las tesis siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." (Tesis II.2o.P.51 P (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, página: 2601, Décima Época, Registro: 2015368). "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." (Tesis (X Región)2o.1 P (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, página: 2592, Época: Décima Época, Registro: 2012423). También encuentra sustento lo anterior en el criterio emitido en la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 99/2020, de su índice. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". QUINTO. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por José Enrique Alderete Cortés, por propio derecho, contra el acto reclamado a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; consistente en negativa de intervención en la carpeta de investigación 38729/SMUJ/UDMA/2020; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

  4. Principal

    pral 32/2021 mesa 4º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. 1. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, se advierte que el proveído de ocho del actual por el que se dio vista a las partes, con el informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, se notificó por lista a las partes el nueve del mismo mes y año; lo que denota no ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia señalada para esta fecha, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". 2. Notificación de este acuerdo. Con la precisión que la notificación de este proveído se realizará por medio de lista a las autoridades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios a las autoridades responsables, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a dichas autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional se les notificó mediante oficio, por lo cual están en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista electrónica que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y en los estrados del edificio sede. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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