José Feliciano Pérez Sánchez
Expediente 744/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Feliciano Pérez Sánchez
Actuaciones
- Principal
PRAL.744/2022.M-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de veintisiete de junio del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. De conformidad con el artículo 15, fracción X, del Acuerdo General invocado previamente, este asunto se considera de relevancia documental, por versar sobre materia agraria; por tanto, se conservará en su integridad en original. 5. Plazo de resguardo. Con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable y de relevancia documental. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL.744/2022.M-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, el veintitrés de junio del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional el veinticuatro de junio siguiente, promovida por José Feliciano Pérez Sánchez, contra un acto del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 744/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Así, del análisis de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el procedimiento no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo anterior, es de señalarse que la parte quejosa le reclama al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno del Estado de Oaxaca lo siguiente: "El haber señalado que su acuerdo que dictó y firmó en el expediente 424/2021, fue con fecha 24 de mayo de 2021". (Transcripción y el énfasis es añadido) Asimismo, a manera de antecedentes, refirió en lo sustancial, lo siguiente: Que el doce de mayo de dos mil veintiuno presentó demanda agraria ante la autoridad responsable y el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la misma, radicándola con el número 424/2021. El uno de diciembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia ante la responsable, sin que se presentaran los demandados por no haber sido emplazados a juicio, por lo cual solicitó tiempo prudente para localizar el domicilios de los mismos, tiempo que fue concedido. El trece de diciembre pasado mediante escrito informó a la responsable que solicitó a diversas dependencias públicas y privadas los domicilios de los demandados. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós presentó un escrito ante la responsable, en el cual le informó sobre el resultado de las solicitudes de búsqueda de los domicilios, el cual fue acordado en auto de cuatro de abril de este año. El tres de mayo de este año solicitó a la responsable requiriera algunos datos al Instituto Nacional Electoral. La autoridad responsable acordó dicho escrito (tres de mayo de este año) mediante un acuerdo que fue autorizado, aparentemente, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, la parte quejosa refiere que es imposible que el acuerdo que se autorizó lo haya hecho el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós (sic), pues el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, por lo cual fue error de la responsable señalar que el acuerdo fue ordenado y firmado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; siendo lo correcto el año dos mil veintidós. Solicita la protección de la justicia federal para el efecto de que se conceda el amparo para que la responsable dicte otro acuerdo en que subsane el error (dos mil veintiuno a dos mil veintidós). De lo anterior se aprecia esencialmente que la parte quejosa se duele que la autoridad responsable, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno del Estado de Oaxaca, dictó y firmó el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en el expediente 424/2021, siendo lo correcto el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, el acto reclamado no causa al quejoso un perjuicio de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en los que México sea parte, toda vez que únicamente tiene efectos intraprocesales. Esto es así, dado que el acto que ahora se reclama puede o no trascender al resultado del fallo definitivo y, en su caso, de constituir una violación procesal, puede impugnarse a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la determinación definitiva que se dicte en el procedimiento de origen, si la eventual afectación adjetiva trascendiera en el resultado del fallo. La conclusión que precede se sustenta en que en la determinación dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno del Estado de Oaxaca se examinó una cuestión de carácter intraprocesal que no afecta algún derecho sustantivo ni impide de forma actual el ejercicio de un derecho, pues en el acuerdo combatido se determinó lo siguiente: Se tuvo a los oficiantes informando respecto a un requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós dictado en el expediente 424/2021. Se dio vista de la parte actora con un oficio exhibido para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente del que surtiera efectos la notificación de ese proveído, manifestara al respecto, caso contrario, comenzaría a correr en su perjuicio el plazo de los cuatro meses calendario para la caducidad de la instancia que refiere el numeral 190 de la Ley Agraria. Respecto a un escrito signado por diversa parte procesal se precisó que no había lugar a proveer de conformidad con lo que solicitó, pues debía imponerse primero de los domicilios aportados por las diversas dependencias a quienes se les había requerido el auxilio; aunado a que correspondía a la parte actora la carga procesal de precisar el domicilio de la parte demandada. Como se ve, el juicio natural se encuentra en trámite, por lo cual, hasta en esa etapa no puede establecerse de qué manera va a repercutir el auto combatido en el resultado del fallo definitivo que se llegue a dictar en el expediente 424/2021; además, tampoco se trata de una lesión a algún derecho fundamental de la parte quejosa, como lo es la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, registro 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (El énfasis es añadido). Así como, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J.24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 56, agosto de 1992, página 11, registro 205651, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (El énfasis es añadido). 5. Determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar por improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. 6. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y de conformidad con el artículo 12 de dicha ley, por autorizado con facultades amplias, a Ramiro Guadalupe Hernández Jarquín (cédula profesional 8236320), toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existe registrada cédula profesional a su favor, en el Registro Nacional de Profesionistas, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado la parte quejosa en el escrito de demanda. 7. Autorización de teléfono y correo electrónico. Por otro lado, se precisa que los teléfonos y correo electrónico proporcionados en la demanda de amparo no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que, el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 8. Medios electrónicos. Además, como lo solicita de acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga, por lo cual estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial; por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser trasmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Por ello, se indica al(a) actuario(a) de este Juzgado que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Con la precisión que para que pueda consultar el expediente, deberá de atender los lineamientos establecidos en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 11. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 13. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 14. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.1130/2019.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1130/2019; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Eulalia Hernández Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: a) La respuesta dada a su petición de seis de diciembre de dos mil diecinueve. b) Con lo que, dijo, se niega tácitamente en iniciar y realizar el procedimiento de verificación y control de obra que Eulalia Margarita Velasco Ramírez construye en primera privada de Revolución de la colonia Francisco I. Madero de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. c) Omite la verificación y control de la obra, permitiendo que la parte tercera interesada edifique sobre obra pública. d) La privación del derecho a un gobierno municipal eficiente. Atribuido a la autoridad responsable: Director de Desarrollo Urbano de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 115, fracción II, III inciso g), V incisos a), d) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno. Por auto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1130/2019, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se citó a las partes para la audiencia constitucional y se dio trámite al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra la omisión de llamar a juicio en su carácter de tercera interesada en este juicio de amparo a Eulalia Margarita Velasco Ramírez. Tercero. Ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, por cuanto al acto consistente en la verificación y control de obra que la responsable realizó con fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el lado sur del inmueble número doscientos de la calle Revolución en la colonia Francisco I. Madero, de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; que atribuyó al director de Desarrollo Urbano de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca. Cuarto. Ejecutoria de la superioridad. En acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte se tuvo por recibida la ejecutoria emitida en el toca de queja 20/2020 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que declaró fundado el recurso de queja promovido por la parte quejosa y ordenó el emplazamiento de la tercera Eulalia Margarita Velasco Ramírez; diligencia que se llevó a cabo el trece de agosto de dos mil veinte. Quinto. Desecha prueba y se confirma por el tribunal de alzada. En proveído de fecha dos de marzo de dos mil veinte se desechó la prueba de reconocimiento o inspección judicial con intervención necesaria de perito o peritos en materia de construcción de inmuebles, agrimensura, elaboración de plano y fotografía que ofreció la parte quejosa; determinación que fue recurrida en queja. El veintidós de diciembre de dos mil veinte se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el toca de queja 136/2020, por la que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Sexto. Audiencia constitucional. Previo trámites del procedimiento, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados se ejecutaron en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: a) Oficio número DDU/181/2019, de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el que, en atención a la solicitud de la quejosa recibida el seis de diciembre de ese año, se le comunica que después de haber realizado el procedimiento de verificación y control de obra, se encontró la licencia de obra menor a favor de Eulalia Margarita Velasco Ramírez, respecto del predio ubicado en avenida Revolución doscientos esquina primera privada de Revolución, colonia Francisco I. Madero, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la incongruente respuesta dada a su petición de seis de diciembre de dos mil diecinueve. b) La consecuencia de ese oficio que la quejosa señaló como negativa tácita de iniciar y realizar el procedimiento de verificación y control de obra que la tercera interesada construye sobre la vía pública. c) La omisión de verificación y control de la obra, permitiendo que la parte tercera interesada edifique sobre la vía pública. d) La verificación y control de obra que la responsable realizó con fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el lado sur del inmueble número doscientos de la calle Revolución en la colonia Francisco I. Madero, de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, director de Desarrollo Urbano del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados. Y manifestó, por cuanto a los actos reclamados en la demanda de amparo, que: 1. El seis de diciembre de dos mil diecinueve la quejosa Eulalia Hernández Pérez presentó un escrito por el que solicitó se inicie y realice el procedimiento de verificación y control de obra de Eulalia Margarita Velasco Ramírez, respecto de los trabajos de excavación realizados en el lado sur del inmueble número doscientos de la calle Revolución en la colonia Francisco I. Madero de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, con la finalidad de que no se ocupara la vía pública con construcción de obra privada y no afectara la vialidad con una zanja. 2. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en atención a lo manifestado por la quejosa, se llevó a cabo una verificación, de la cual se advirtió que, efectivamente, en ese domicilio se llevaban a cabo trabajos de excavación, contando para ello con permiso de obra menor de fecha treinta y uno de noviembre de dos mil diecinueve y que dichos trabajos no afectaban la vialidad pública. 3. Circunstancias que se asentaron en el oficio DDU/181/2019 de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el cual fue notificado a través de su autorizado a la parte quejosa. Respecto al acto reclamado en la ampliación de la demanda de amparo, señaló la responsable que: En esa Dirección se ordenó la verificación ordinaria número ochocientos ochenta y cinco, en la cual Eulalia Margarita Velasco Ramírez informó que construyó el enmallado dentro de su predio y no invadió vía pública. Además, que en ese predio se hizo presente personal de esa responsable, que le informó que los trabajos de construcción se llevaban a cabo dentro del inmueble de la tercera interesada, sin invadir la vía pública, razón por la que no se levantó ninguna acta. En esas condiciones, como las expresiones que realiza la responsable para negar la existencia de los actos que se le atribuyen, son propias del análisis del fondo del asunto, pero no para establecer su inexistencia; por lo que, exclusivamente, para efectos de la existencia de los actos reclamados, se tienen por ciertos. Y como justificación de su informe se tiene la copia certificada de diversas constancias. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Estudio de la causal. En su relación, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o, de la Ley de Amparo, establecen, respectivamente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Para demostrar tal extremo se requiere que se acredite la existencia conjunta de varios elementos: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) un derecho legítimo de ésta; c) el señalamiento indudable de ese derecho (legitimación); d) un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) la afectación del citado derecho, de manera personal y directa, con ese acto. En este último aspecto, se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, texto y rubro siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2012855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: II.1o.23 K (10a.) Página: 2942 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta". Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la reforma al artículo 107 constitucional, aparte de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; así como que, no obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: 1º Eulalia Hernández Pérez presentó escrito ante la autoridad el seis de diciembre de dos mil diecinueve, por el que le manifestó que desde el dos de noviembre de ese año Eulalia Margarita Velasco Ramírez construía una barda, cuya excavación era sobre la vía pública, en primera privada de Revolución en la colonia Francisco I. Madero de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo afectada dicha ocursante, dijo, porque era vecina de esa obra y la vialidad la ocupaba con su familia para desplazarse desde y hacia su casa, así como para que le proporcionaran servicios que involucran paso de vehículos, como suministro de agua por medio de camión tipo cisterna, por lo que pidió iniciara y realizara procedimiento de verificación y control de obra, con la finalidad de que no se ocupara la vía pública con construcción de obra privada ni se afectara la vialidad con la zanja. 2º Al respecto, la responsable emitió el oficio número DDU/181/2019, de nueve de diciembre de dos mil diecinueve y señaló que, en atención a la solicitud de la quejosa recibida el seis de diciembre de ese año, le comunicaba que después de haber realizado el procedimiento de verificación y control de obra, se encontró la licencia de obra menor a favor de Eulalia Margarita Velasco Ramírez, respecto del predio ubicado en avenida Revolución doscientos esquina primera privada de Revolución, colonia Francisco I. Madero, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Actos reclamados. Así, la parte quejosa reclama: a) Ese oficio número DDU/181/2019, de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. b) La consecuencia de ese oficio, consistente en la negativa tácita de iniciar y realizar el procedimiento de verificación y control de obra que la tercera interesada construye sobre la vía pública. c) La omisión de verificación y control de la obra, permitiendo que la parte tercera interesada edifique sobre la vía pública. d) La verificación y control de obra que la responsable realizó con fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el lado sur del inmueble número doscientos de la calle Revolución en la colonia Francisco I. Madero, de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Sin embargo, no demostró que esos actos le causen un daño o perjuicio. En efecto, la parte quejosa no aportó prueba alguna para acreditar que tuviera su domicilio cerca del lugar en el que se construyó la barda por parte de Eulalia Margarita Velasco Ramírez, obra autorizada por la responsable, director de Desarrollo Urbano del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, ni que se tratara de la vialidad por la cual transitaba, o por la que pasaran vehículos que dijo le proporcionaban servicios; pues la prueba que ofreció y fue desahogada, se trata de la pericial en materia de a) construcción de inmuebles, b) agrimensura, c) elaboración de planos y d) fotografía, por parte del perito oficial de iniciales J.L.L.M., designado de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, quien presentó el peritaje relativo en el que concluyó que la obra se desarrolló en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, respetando en todo momento el alineamiento autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y los trabajos se realizaron sin afectar la vía pública, inmuebles colindantes ni tránsito vehicular, para lo cual exhibió imágenes fotográficas y planos; pero de forma alguna establecer que la quejosa sea la titular del inmueble en el que dijo residir. Entonces, no queda demostrado que la parte quejosa sufra afectación o perjuicio con los actos que reclamó. No es obstáculo que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados, porque ello no releva a la quejosa de la obligación de justificar que el mismo afecta su esfera de derechos subjetivos públicos; como lo establece la jurisprudencia I.1o.A.J/3 publicada en la página 923, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, invocada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Tampoco es de considerarse que la parte quejosa hubiere manifestado en la demanda de amparo, que habitaba la casa lote uno, manzana ciento sesenta y dos, zona uno, de la primera privada de Revolución en la colonia Francisco I. Madero, de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, pues ello no la releva de la obligación legal de aportar las pruebas que lo demuestren. Por tanto, la falta de prueba que justifique que los actos reclamados a la autoridad responsable afectan de manera personal y directa un derecho subjetivo del que sea titular, hace que se actualice la hipótesis de improcedencia de falta de interés jurídico. Decisión. Por lo que, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, por cuanto al acto y autoridad responsable de que se trata. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eulalia Hernández Pérez, por propio derecho, contra: a) Oficio número DDU/181/2019, de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el que, en atención a la solicitud de la quejosa recibida el seis de diciembre de ese año, se le comunica que después de haber realizado el procedimiento de verificación y control de obra, se encontró la licencia de obra menor a favor de Eulalia Margarita Velasco Ramírez, respecto del predio ubicado en avenida Revolución doscientos esquina primera privada de Revolución, colonia Francisco I. Madero, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la incongruente respuesta dada a su petición de seis de diciembre de dos mil diecinueve. b) La consecuencia de ese oficio que la quejosa señaló como negativa tácita de iniciar y realizar el procedimiento de verificación y control de obra que la tercera interesada construye sobre la vía pública. c) La omisión de verificación y control de la obra, permitiendo que la parte tercera interesada edifique sobre la vía pública. d) La verificación y control de obra que la responsable realizó con fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el lado sur del inmueble número doscientos de la calle Revolución en la colonia Francisco I. Madero, de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Reclamados al director de Desarrollo Urbano del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy veintisiete de junio de dos mil veintidós, en que las labores de ese órgano jurisdiccional lo permitieron.
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