Jose Enrique Hernandez Orozco
Expediente 771/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Enrique Hernandez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintidós de febrero del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: ".Capítulo específico de los efectos de la sentencia de amparo. Al resultar fundado el concepto de violación en análisis, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia Federal solicitados, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la sentencia, el Juez Primero Civil con sede en Celaya, Guanajuato, deje insubsistente el emplazamiento realizado al quejoso y como consecuencia, las actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia y los actos que en ejecución a la misma hubiera realizado únicamente respecto de dicho quejoso, ordenando la reposición del procedimiento para emplazarlo legalmente a juicio. Se precisa que no pasa desapercibido para este Tribunal que el Juicio Ejecutivo Mercantil M-**/2013, del índice del Juez Primero Civil de Partido con sede en Celaya, Guanajuato, promovido por *** se enderezó en contra del quejoso *** y de una diversa persona, siendo que la protección Constitucional decretada solo y únicamente atiende a la solicitud expresa del referido ***, por lo que continúan vigentes las actuaciones realizadas en ese procedimiento respecto de la codemandada que no es parte en este Juicio de Amparo." Determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, el tres de febrero del año en curso, al resolver el Amparo en Revisión Civil número **/2016, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, en consecuencia; SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra de la autoridad y por el acto que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria. El amparo se concede para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 1430, firmado por la Juez Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de su auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el Juicio Ejecutivo Mercantil número M**/2013, dejó insubsistente el emplazamiento realizado al quejoso *** y como consecuencia las actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia y los actos que en ejecución a la misma se hubieren realizado, únicamente respecto de dicho quejoso y ordena la reposición del procedimiento para emplazarlo legalmente a juicio. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que fue otorgada la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Por último, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR PARTE DEL QUEJOSO, POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA: VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintidós de febrero del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: ".Capítulo específico de los efectos de la sentencia de amparo. Al resultar fundado el concepto de violación en análisis, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia Federal solicitados, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la sentencia, el Juez Primero Civil con sede en Celaya, Guanajuato, deje insubsistente el emplazamiento realizado al quejoso y como consecuencia, las actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia y los actos que en ejecución a la misma hubiera realizado únicamente respecto de dicho quejoso, ordenando la reposición del procedimiento para emplazarlo legalmente a juicio. Se precisa que no pasa desapercibido para este Tribunal que el Juicio Ejecutivo Mercantil M-**/2013, del índice del Juez Primero Civil de Partido con sede en Celaya, Guanajuato, promovido por *** se enderezó en contra del quejoso *** y de una diversa persona, siendo que la protección Constitucional decretada solo y únicamente atiende a la solicitud expresa del referido ***, por lo que continúan vigentes las actuaciones realizadas en ese procedimiento respecto de la codemandada que no es parte en este Juicio de Amparo." Determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, el tres de febrero del año en curso, al resolver el Amparo en Revisión Civil número **/2016, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, en consecuencia; SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra de la autoridad y por el acto que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria. El amparo se concede para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 1430, firmado por la Juez Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de su auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el Juicio Ejecutivo Mercantil número M**/2013, dejó insubsistente el emplazamiento realizado al quejoso *** y como consecuencia las actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia y los actos que en ejecución a la misma se hubieren realizado, únicamente respecto de dicho quejoso y ordena la reposición del procedimiento para emplazarlo legalmente a juicio. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que fue otorgada la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Por último, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Incidental
Visto lo de cuenta, glósese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a través del cual, solicita la devolución del billete de depósito número N 776933, expedido por bansefi, por la cantidad de **** que fue exhibido por su autorizante para que siguiera surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados en el incidente de suspensión en que se actúa; como lo pide el promovente, al resultar innecesaria la retención del indicado billete; devuélvase debidamente endosado a nombre de la persona a cuyo nombre se encuentra; esto es, José Enroque Hernández Orozco, previa toma de razón e identificación que por su recibo se agregue al sumario. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que la entrega de billetes de depósito se lleva a cabo los días viernes de nueve a once horas.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por la Juez Primero Civil de Partido, residente en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria emitida. Por tanto, con el oficio que se recibe y anexo; con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo; dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, hecho lo cual, este órgano se pronunciara al respecto.
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