Jose Eduardo Rivas Pirul

Expediente 1002/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1002/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Rivas Pirul

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en dicha ciudad Capital y Juzgado de Oralidad Penal de Acámbaro, Guanajuato; que estima violatorio de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 20, apartado B, inciso IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1002/2017-I.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que describió de la forma siguiente: IV.- Actos reclamados: La resolución de segunda instancia de fecha 20 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, en la cual convalidó el magistrado que integra la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al ordenar no dar trámite al medio de impugnación interpuesto por el defensor del suscrito, determinación que recayó dentro del toca número ***, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por mi defensor el Licenciado Jaime Nicasio Valdez; en favor de la defensa del suscrito quejoso, ante la primera instancia, esto en la causa penal número*** Como antecedentes del acto reclamado se desprende, en lo conducente, ante el Juzgado de Control de Oralidad Penal de Acámbaro, Guanajuato, se tramita la causa penal número *** en contra de *** por considerarlo probable responsable en la comisión del antijurídico de homicidio; en el que por conducto de su defensor ofreció como prueba de su parte la que denominó como testimonio del perito criminalista *** con el que se pretende autenticar el contenido del formato de cadena de custodia de indicio y evidencia de diecinueve de junio de dos mil dieciséis, que obra dentro de la carpeta de investigación número ***. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Juez de Control de Oralidad Penal responsable determinó excluir dicho medio de prueba, lo que dice el quejoso le causa perjuicio al violarse las leyes del procedimiento, las cuales trascienden a su defensa. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso por conducto de su defensor, licenciado ***, interpuso recurso de apelación, medio ordinario de defensa del que correspondió conocer a la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, quien tramitó el Toca ***, y el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, determinó la no admisión y/o no dar trámite a dicho recurso, con el argumento de que el recurso resulto extemporáneo y además, no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, dictada como se dijo por la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, en el Toca 32/2017-O, que constituye el acto materia del reclamo Constitucional en la demanda de amparo que se analiza. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la determinación de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado responsable dentro del toca ***su índice, que no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, por conducto de su defensor, en contra de la decisión de veintiuno de agosto de la mencionada, emitida por el Juez de Control de Oralidad Penal de Acámbaro, Guanajuato, dentro de su causa penal 1P0216-84, que excluyó la prueba que se denominó como testimonio del perito criminalista Sergio Aguado Hernández con la que se pretende autenticar el contenido del formato de cadena de custodia y evidencia de diecinueve de junio de dos mil dieciséis, que obra dentro de la carpeta de investigación número ***, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal; pero que por su propia naturaleza, no causan afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por José Eduardo Rivas Pirul, por su propio derecho, es improcedente porque la determinación de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado responsable dentro del toca de origen, que no admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por el referido quejoso, por conducto de su defensor, en contra de la decisión de veintiuno de agosto de la mencionada anualidad, en la que el Juez de Control de Oralidad Penal de Acámbaro, Guanajuato, dentro de su causa penal ***, determinó excluir medios de prueba (testimonio a cargo del perito criminalista ***); no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del solicitante del amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama al Magistrado responsable, es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia(s) Común, página 291, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Sobre el tema, es aplicable, en lo esencial, la Jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Página 273, que dice: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y por no cumplir con dicho requisito, téngase por autorizada únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a la licenciada ***. Por otra parte, en razón de que el solicitante del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como los estrados de este Tribunal Federal, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente por conducto de sus autorizados por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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