Jose Enrique Vazquez Castorena
Expediente 178/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Enrique Vazquez Castorena
Actuaciones
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y otra autoridad, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 178/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, En la inteligencia de que el Sistema Electrónico y la utilización de firma electrónica para consulta y uso para las partes, se implementará una vez que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, por conducto de su Sala Superior o de su Comisión de Administración, según corresponda, y el Consejo expidan la normativa aplicable, en el ámbito de su competencia, relacionada con los certificados digitales que emitirán, así como con los expedientes electrónicos que integrarán, a partir de las bases establecidas en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez analizada la citada demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, se hace consistir en: La resolución de fecha del 7 DE FEBRERO DEL 2018, que acuerda: UNICO.- Toda vez que ha transcurrido el término de más de cuatro meses, sin que, en tal periodo, haya promovido la parte actora, es que con base en lo dispuesto por los artículos 771 setecientos setenta y uno, 772 setecientos setenta y dos y 773 setecientos setenta y tres de la ley Federal del Trabajo, SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA PRESENTE INSTANCIA, Y SE ORDENA POR CONSECUENCIA, EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. Notifíquese a las parte por medio de los ESTRADOS de este Tribunal. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el siete de febrero de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, decretó la caducidad de dicha instancia y ordenó por consecuencia el archivo definitivo del expediente laboral ***. Bajo este escenario, se arriba a la conclusión de que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, toda vez que se trata de una resolución que puso fin al juicio laboral antes señalado. De lo anterior, así como del contenido de la demanda de amparo, se desprende que dicha resolución es reclamable en amparo directo, atento al contenido del artículo 170, de la Ley de Amparo, cuyo contenido respectivamente reza: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Así pues, del dispositivo legal en cita, se advierte que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo directo; hipótesis que se actualiza en el presente juicio de amparo, toda vez que conforme a lo dispuesto en el transcrito numeral 170, de la Ley de Amparo, la resolución que se combate reúne los requisitos para ser considerada como una resolución que puso fin al juicio laboral. De lo que se colige, que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, ES LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer la presente demanda de amparo, salvo la mejor determinación del Tribunal Colegiado, pues el acto reclamado consiste en una resolución que puso fin al juicio laboral de que se trata; por consiguiente, su conocimiento y substanciación compete al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en Turno del Decimosexto Circuito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, razón por la cual, se ordena remitir la demanda de amparo al Tribunal antes referido, junto con sus copias, para el efecto de que se encuentre en posibilidad de resolver si acepta la competencia planteada, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se tiene al promovente nombrando como autorizado de su parte términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que del escrito de demanda no se advierte que en citado promovente haya señalado domicilio de su pate para oír y recibir notificaciones, se tiene los estrados de este Juzgado Federal para tales efectos.
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