José Enrique Aguilar Gordillo y Otros.

Expediente 439/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 41 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
439/2020
Año
2020
Actuaciones
41
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • José Enrique Aguilar Gordillo
  • José Enrique Aguilar Gordillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa desahogó la vista dada por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: El auto de plazo constitucional de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 29/2010, por el que se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y auto de libertad por falta de elementos para procesar por el ilícito de delincuencia organizada. La protección constitucional se concedió para que el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a fin de restituirle en el goce del derecho humano violado, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto constitucional de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 29/2010. Reinicie el término constitucional prorrogado y, dentro del mismo provea lo conducente respecto de la prueba ofertada por el inculpado, específicamente los careos que solicitó con Jazmín Alexandrina Aguilar Pérez y Celia Noemí Aguilar Pérez. Hecho lo anterior resuelva su situación jurídica conforme a derecho corresponda, respetando la prórroga del término hasta el último día de su conclusión. Concesión que no dio lugar a que se anulen las pruebas desahogadas en el término constitucional o en la etapa de instrucción, toda vez que la concesión del amparo no tiene por objeto la anulación de las diligencias que ya fueron legalmente practicadas, sino la reapertura de un término probatorio para que tengan lugar las probanzas cuyo desahogo fue omitido de manera injustificada. También, debe precisarse que dentro de la dilación constitucional de que se habla, pudiera acontecer que por alguna causa ajena al personal del Juzgado, no fuera materialmente posible obtener el desahogo de las probanzas de mérito; en ese supuesto con libertad de jurisdicción, deberá hacer constar dicha circunstancia, y proveer lo conducente para obtener su desahogo en el período de instrucción de ser el caso. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, Jueza y Primer Secretario Encargado del Despacho, todos del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficios 225/21-EC, 169/21-MC, 173/2021-MC, 172/2021-MC, de trece, diecisiete y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. De las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable en auto de trece de agosto del actual, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó insubsistente auto constitucional de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 29/2010. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), reinició el procedimiento constitucional prorrogado, a partir de las doce horas con treinta y ocho minutos del trece de agosto de esta anualidad, y señaló las doce horas del dieciséis siguiente, para que la diligencia de careos que resulte entre Jazmín Alexandrina Aguilar Pérez y Celia Noemí Aguilar Pérez. Por auto de diecisiete de agosto del año que transcurre, al no ser posible el desahogo de la diligencia de careos entre el aquí quejoso y Celia Noemí Aguilar Pérez, señaló de nueva cuenta las trece horas del dieciocho siguiente, para llevar a cabo la misma, ordenando girar oficio al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce, "El Amate", para la presentación de la referida Aguilar Pérez, en las ventanillas de prácticas; al no ser localizada Jazmín Alexandrina Aguilar Pérez, giró oficio a diversas dependencias para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informaran si en su base de datos tenían registro de su domicilio, quienes comunicaron que no localizaron ningún dato a su nombre. Por auto de diecinueve de agosto de este propio año, al no desahogarse la diligencia de careos con Celia Noemí Aguilar Pérez, por no haber sido traslada a las ventanillas de prácticas del juzgado, y al haber fenecido el término constitucional, ordenó su desahogo en el período de instrucción. Y en cumplimiento al inciso iii) de la ejecutoria de amparo, por resolución de diecinueve de agosto del año en curso, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso y dictó auto de formal prisión, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito que la ley señala como privación Ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Santa Rangel Gómez y auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de delincuencia organizada, cometido en agravio de la sociedad. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión. Respecto a las manifestaciones vertidas por el quejoso José Enrique Aguilar Gordillo, dígasele que deberá estarse al contenido de este proveído.Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa desahogó la vista dada por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: El auto de plazo constitucional de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 29/2010, por el que se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y auto de libertad por falta de elementos para procesar por el ilícito de delincuencia organizada. La protección constitucional se concedió para que el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a fin de restituirle en el goce del derecho humano violado, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto constitucional de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 29/2010. Reinicie el término constitucional prorrogado y, dentro del mismo provea lo conducente respecto de la prueba ofertada por el inculpado, específicamente los careos que solicitó con Jazmín Alexandrina Aguilar Pérez y Celia Noemí Aguilar Pérez. Hecho lo anterior resuelva su situación jurídica conforme a derecho corresponda, respetando la prórroga del término hasta el último día de su conclusión. Concesión que no dio lugar a que se anulen las pruebas desahogadas en el término constitucional o en la etapa de instrucción, toda vez que la concesión del amparo no tiene por objeto la anulación de las diligencias que ya fueron legalmente practicadas, sino la reapertura de un término probatorio para que tengan lugar las probanzas cuyo desahogo fue omitido de manera injustificada. También, debe precisarse que dentro de la dilación constitucional de que se habla, pudiera acontecer que por alguna causa ajena al personal del Juzgado, no fuera materialmente posible obtener el desahogo de las probanzas de mérito; en ese supuesto con libertad de jurisdicción, deberá hacer constar dicha circunstancia, y proveer lo conducente para obtener su desahogo en el período de instrucción de ser el caso. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, Jueza y Primer Secretario Encargado del Despacho, todos del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficios 225/21-EC, 169/21-MC, 173/2021-MC, 172/2021-MC, de trece, diecisiete y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. De las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable en auto de trece de agosto del actual, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó insubsistente auto constitucional de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 29/2010. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), reinició el procedimiento constitucional prorrogado, a partir de las doce horas con treinta y ocho minutos del trece de agosto de esta anualidad, y señaló las doce horas del dieciséis siguiente, para que la diligencia de careos que resulte entre Jazmín Alexandrina Aguilar Pérez y Celia Noemí Aguilar Pérez. Por auto de diecisiete de agosto del año que transcurre, al no ser posible el desahogo de la diligencia de careos entre el aquí quejoso y Celia Noemí Aguilar Pérez, señaló de nueva cuenta las trece horas del dieciocho siguiente, para llevar a cabo la misma, ordenando girar oficio al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce, "El Amate", para la presentación de la referida Aguilar Pérez, en las ventanillas de prácticas; al no ser localizada Jazmín Alexandrina Aguilar Pérez, giró oficio a diversas dependencias para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informaran si en su base de datos tenían registro de su domicilio, quienes comunicaron que no localizaron ningún dato a su nombre. Por auto de diecinueve de agosto de este propio año, al no desahogarse la diligencia de careos con Celia Noemí Aguilar Pérez, por no haber sido traslada a las ventanillas de prácticas del juzgado, y al haber fenecido el término constitucional, ordenó su desahogo en el período de instrucción. Y en cumplimiento al inciso iii) de la ejecutoria de amparo, por resolución de diecinueve de agosto del año en curso, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso y dictó auto de formal prisión, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito que la ley señala como privación Ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Santa Rangel Gómez y auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de delincuencia organizada, cometido en agravio de la sociedad. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión. Respecto a las manifestaciones vertidas por el quejoso José Enrique Aguilar Gordillo, dígasele que deberá estarse al contenido de este proveído.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Acuerdo. Atento a su contenido, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante que este órgano jurisdiccional a la fecha no se ha pronunciado respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otra parte, tráiganse a la vista los autos del presente juicio de amparo para dictar la resolución que corresponda en el momento en que las cargas labores de este Juzgado lo permitan.

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