José Eduardo Berona Rodríguez
Expediente 716/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- José Eduardo Berona Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías.1.1 Acuerdo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno.2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido.3. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
...En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en lo siguiente: La asignación de plaza docente de educación primaria que por derecho adquirió y le corresponde por haber obtenido resultado idóneo en el concurso de oposición ordinario, convocado por la autoridad responsable el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, ciclo escolar 2017-2018. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes el quejoso refiere haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la autoridad responsable en la convocatoria, obteniendo ficha de examen nacional para tener derecho a presentar el examen del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica superior, ciclo escolar 2017-2018. Lo anterior, permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de Amparo, en atención a los razonamientos que más adelante se expondrán. Para arribar a la anterior conclusión, primeramente es necesario precisar el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, los artículos 103 y 107 constitucionales, no definen el término autoridad, tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se define el vocablo aludido; pues como ya se dijo, el artículo 5o de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales tampoco lo establece. Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares cuando sus actos no sean equivalentes a los de autoridad, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que la promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo los promoventes un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Encuentra sustento lo antes expuesto en la tesis 2a. XXXVI/99. Así, la parte quejosa refiere que el acto reclamado en esencia es la omisión en las que han incurrido las autoridades señaladas como responsables de asignar plaza de maestro de educación primaria, que por derecho adquirió y le corresponde por haber obtenido resultado idóneo en el concurso de oposición ordinario, convocado por la autoridad responsable el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, ciclo escolar 2017-2018, emitida por las responsables. Luego, la actuación atribuida a las autoridades responsables, no reúne el carácter de un acto de autoridad; esto es, no se trata de una determinación tomada por el organismo, ante sí y por sí, sino simplemente se trata de un acto que deriva de una relación laboral que tiene con el quejoso y en ejercicio de las facultades de autonomía para determinar con sus subordinados; es decir, se trata de cuestiones laborales, por lo que no resulta ser autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Del criterio invocado se advierte que para que exista un acto de autoridad, susceptible de ser analizado en el juicio constitucional, necesariamente debe existir una relación de supraordinación que es donde una autoridad actúa como ente de derecho público sobre la esfera jurídica del gobernado utilizando el imperio que la Ley le concede, a fin de modificar, extinguir o restringir los derechos del gobernado; por tanto, como ya se adelantó en el presente caso, no se trata de controvertir una decisión o acto de autoridad, si no que pretenden esclarecerse o combatirse actos relativos a relaciones estrictamente laborales, las cuales deben ventilarse y resolverse en una instancia diversa. En tal virtud, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la citada ley. 4. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...
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NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en lo siguiente: La asignación de plaza docente de educación primaria que por derecho adquirió y le corresponde por haber obtenido resultado idóneo en el concurso de oposición ordinario, convocado por la autoridad responsable el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, ciclo escolar 2017-2018. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes el quejoso refiere haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la autoridad responsable en la convocatoria, obteniendo ficha de examen nacional para tener derecho a presentar el examen del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica superior, ciclo escolar 2017-2018. Lo anterior, permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de Amparo, en atención a los razonamientos que más adelante se expondrán. Para arribar a la anterior conclusión, primeramente es necesario precisar el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, los artículos 103 y 107 constitucionales, no definen el término autoridad, tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se define el vocablo aludido; pues como ya se dijo, el artículo 5o de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales tampoco lo establece. Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares cuando sus actos no sean equivalentes a los de autoridad, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que la promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo los promoventes un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Encuentra sustento lo antes expuesto en la tesis 2a. XXXVI/99. Así, la parte quejosa refiere que el acto reclamado en esencia es la omisión en las que han incurrido las autoridades señaladas como responsables de asignar plaza de maestro de educación primaria, que por derecho adquirió y le corresponde por haber obtenido resultado idóneo en el concurso de oposición ordinario, convocado por la autoridad responsable el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, ciclo escolar 2017-2018, emitida por las responsables. Luego, la actuación atribuida a las autoridades responsables, no reúne el carácter de un acto de autoridad; esto es, no se trata de una determinación tomada por el organismo, ante sí y por sí, sino simplemente se trata de un acto que deriva de una relación laboral que tiene con el quejoso y en ejercicio de las facultades de autonomía para determinar con sus subordinados; es decir, se trata de cuestiones laborales, por lo que no resulta ser autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Del criterio invocado se advierte que para que exista un acto de autoridad, susceptible de ser analizado en el juicio constitucional, necesariamente debe existir una relación de supraordinación que es donde una autoridad actúa como ente de derecho público sobre la esfera jurídica del gobernado utilizando el imperio que la Ley le concede, a fin de modificar, extinguir o restringir los derechos del gobernado; por tanto, como ya se adelantó en el presente caso, no se trata de controvertir una decisión o acto de autoridad, si no que pretenden esclarecerse o combatirse actos relativos a relaciones estrictamente laborales, las cuales deben ventilarse y resolverse en una instancia diversa. En tal virtud, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la citada ley. 4. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...
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