José Eduardo Vilchis Gutiérrez
Expediente 1063/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2018
Partes del expediente
- José Eduardo Vilchis Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
1. Estado de autos. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 3. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis del libelo de cuenta, se advierte que los actos de los que se duele el promovente son la citación, emplazamiento y posible ejecución forzosa de una sentencia ejecutoriada en su contra, así como la orden de aprehensión y detención libradas en su contra. En esas condiciones, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, con relación a los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. De los preceptos citados se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los plazos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Asimismo, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, dicho plazo se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo que le antecede, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento desde el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, de un citatorio por medio del cual requerían su presencia ante esas autoridades, refiriendo en el apartado único del capítulo de hechos, que desde esa fecha se enteró de los actos que reclama, vía telefónica por conducto de "su mamá" y de "otra persona de confianza". De ahí que acorde a lo previsto por el invocado numeral 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover la demanda, transcurrió del veintiséis de junio al dieciséis de julio del año en curso, en virtud de que el promovente se ostenta sabedor de los actos reclamados desde el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en que se enteró vía telefónica. Además de que los actos reclamados consistentes en la citación, emplazamiento y posible ejecución forzosa de una sentencia ejecutoriada, así como la orden de aprehensión y detención libradas en su contra, no se ubican en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no implican por sí mismos, peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ello, es irrefutable, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto 17, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que tuvo conocimiento de los actos que reclama, esto es, del veintiséis de junio al dieciséis de julio del año en curso. Luego, tomando en consideración que la parte quejosa presentó la demanda hasta el treinta de agosto del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, resulta inconcuso que dicha presentación fue extemporánea, al exceder el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con tales actos. 3.1 Criterio aplicable. Ilustra lo anterior, la tesis con registro 216152, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. En relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, con relación a los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo conducente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado.
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