José Emiliano Avalos Sanchez
Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Emiliano Avalos Sanchez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en la sesión de dieciocho de febrero del año en curso, al resolver el conflicto competencial 2/2011 de su índice, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, y este órgano judicial, en la cual se determinó que el citado Juzgado Noveno es el competente para conocer del juicio de amparo 524/2020-4A de la estadística de este órgano; agréguese a los autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a lo anterior, acúsese recibo mediante oficio en el que se transcriba el presente proveído. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto total y definitivamente concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso k) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de tres de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado no aceptó la competencia planteada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y toda vez que el Órgano Jurisdiccional declinante insistió en carecer de competencia, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, quien mediante ejecutoria pronunciada en la sesión de dieciocho de febrero del año en curso, resolvió el conflicto competencial 2/2011 de su índice, en la cual se determinó que el citado Juzgado Noveno es el competente para conocer del juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso en la demanda de amparo, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa que se admite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, al cual le correspondió el número ********************/********************0********************1; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, con el que informa que envió el juicio de amparo ********************/2019 del índice de ese Juzgado, y ********************/2020-4A, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito, y anexos, al Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en Materia Penal, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que dirima el conflicto competencial suscitado entre dicho órgano jurisdiccional oficiante y este juzgado; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el oficio signado por el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, al que se acompaña el juicio de amparo número 449/2019, mediante el cual por los motivos y fundamentos que expone se declara incompetente para conocer de la demanda intentada por José Emiliano Ávalos Sánchez; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 524/2020-4A; y al efecto se provee: En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. El suscrito Juzgado considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional competente, de ahí que, no se acepta la competencia planteada. Para dilucidar el tema es necesario señalar que de los antecedentes relatados por el Juzgado Federal declinante, y se derivan las siguientes premisas fácticas del asunto que nos ocupa: El quejoso reclama (1) del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, el auto de vinculación a proceso de siete de junio de dos mil diecinueve, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que resultan ser constitutivos del delito de Homicidio calificado cometido con premeditación, ventaja y con enseñamiento o crueldad, previsto y sancionado por los artículos 133 y 139 primera y segunda hipótesis y fracción V, todos del Código Penal vigente en el Estado, y el delito de Feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 134 Bis, fracción III y IV del Código en cita, dentro del proceso 48/2018, así como su ejecución atribuida (2) al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delitos de Los Mochis, Sinaloa. Siendo oportuno precisar que el cuatro de junio de dos mil diecinueve, la autoridad ordenadora impuso como medida cautelar la establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción XIV, consistente en la prisión preventiva misma que tendrá una duración por el tiempo que dure el procedimiento, teniendo como límite dos años conforme a lo dispuesto por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo que se trate del ejercicio del derecho de defensa del imputado, y que deberá llevarse a cabo el internamiento en el Centro Penitenciario "El Castillo" del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en un lugar distinto al que ocupan las personas que se encuentran en cumplimiento de las penas. De igual manera, en autos obra constancia de que el veinte de junio de dos mil diecinueve, el Director del Centro Penitenciario "El Castillo" comunicó a la autoridad ordenadora que por razones de seguridad el imputado, había sido trasladado al Centro Penitenciario "Goros II", de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, información que fue confirmada por el Director del Centro Penitenciario "Goros II". Por su parte, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 6293/2019, signado por la Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, informó que la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Región Norte, le notificó que admitió la competencia por declinatoria de la causa penal instruida contra el imputado, ahora quejoso, asignándole el número de proceso 695/2019. En este aspecto, la admisión de competencia por parte de la Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, informó que la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Región Norte ocurrió mediante auto de once de septiembre de dos mil diecinueve -mientras que la demanda de amparo fue admitida por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa- el veinticinco de junio de dos mil diecinueve; de ahí que, el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso surtía efectos en Mazatlán, Sinaloa al momento de la interposición del juicio de amparo. En este contexto, el órgano jurisdiccional declinante considera que quien conoce de la causa penal instruida contra el quejoso en la que fue emitido el auto de vinculación a proceso objeto del presente juicio de amparo es el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Región Norte, Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa; asimismo, apreció que el agraviado se encuentra interno en el Centro Penitenciario "Goros II" con sede en Los Mochis, Sinaloa. Por ende, la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito coligió que la ejecución de la resolución reclamada en la causa penal tiene lugar en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa; de ahí que, la competencia resultaba en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Los Mochis, Sinaloa. Establecido lo anterior, el suscrito Juzgador, de manera respetuosa no comparte las consideraciones esgrimidas por el órgano jurisdiccional declinante, pues se considera que corresponde conocer de la demanda de amparo de que se trata al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Para sustentar esta determinación, en primer lugar, es pertinente señalar que acorde con lo previsto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, se fincará en el órgano que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. En congruencia con la norma constitucional, el artículo 37 de la Ley de Amparo, al respecto, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De dicha disposición se desprenden las siguientes reglas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, a decir: 1) Como regla genérica, será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Como reglas específicas, i) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, ii) o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, 3) Como regla de excepción, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo anterior se obtiene que la Ley Reglamentaria se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados que ameritan ejecución material, pues como regla general, fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Pero además, tratándose de actos que por su naturaleza tenga ejecución, el legislador estableció dos reglas específicas en el segundo párrafo del numeral legal en análisis, una de ellas en lo conducente establece que si el acto reclamado hubiese comenzado a ejecutarse en un distrito y siguiera ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, en el caso particular, tal como lo expone el órgano jurisdiccional declinante, los efectos jurídicos del auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva comenzaron a surtir en Mazatlán, Sinaloa, donde tiene su residencia el Juez de Control responsable que lo emitió y ante quien se judicializó inicialmente la investigación complementaria, es más, donde surtió efectos desde el cuatro de junio de dos mil diecinueve, la medida cautelar de prisión preventiva, pues el quejoso estuvo interno en el Centro Penitenciario "El Castillo", con residencia en Mazatlán, Sinaloa, tal y como lo ordenó el juez de origen que emitió la medida cautelar de prisión preventiva, esto es, donde ejerce jurisdicción el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esa ciudad. En este sentido, si bien, los efectos jurídicos de la medida cautelar, a partir del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, continuaron ejecutándose en el Centro Penitenciario, "Goros II", con sede en Los Mochis, Sinaloa, y, por su parte, los efectos jurídicos del auto de vinculación a proceso continuaron ejecutándose en Los Mochis, Sinaloa a partir del once de septiembre de dos mil diecinueve, es inconcuso que en ambas partes surtieron efectos los actos reclamados, de ahí que, en términos del artículo 37, párrafo segundo, el competente para conocer del juicio de amparo es quien previno, en este caso, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Máxime considerando la facilidad que tuvo la defensa para litigar y acceder al juicio de amparo radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, lo que incluso permitió que se celebrará la audiencia constitucional. Es menester destacar que en el nuevo sistema penal, el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. En ese tenor, el plazo de la investigación complementaria que inicia con la emisión del auto de vinculación a proceso, comenzó a transcurrir cuando el proceso penal estaba a cargo del Juez de Control con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y con posterioridad, a partir de la incompetencia de éste y de la admisión de la causa penal por parte de la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con sede en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa el once de septiembre de dos mil diecinueve, continuó en Los Mochis, Sinaloa, lugar donde tiene su domicilio el Juez de Control que ahora conoce del mismo, y que es donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito requerido. Por su parte, la medida cautelar de prisión preventiva comenzó a tener ejecución material -el cuatro de junio de dos mil diecinueve- en Mazatlán, Sinaloa, lugar donde tiene competencia el Juez declinante y, si bien, con posterioridad, -el diecinueve de junio de dos mil diecinueve- fue trasladado a un centro en Los Mochis, Sinaloa, lo cierto es que surtió efectos en ambos territorios. En este contexto, el suscrito Juzgador considera que el caso particular encuadra en la hipótesis normativa establecida en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, misma que, como se dijo, dispone que si el acto reclamado hubiese comenzado a ejecutarse en un distrito y siguiera ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es por ello que no debe soslayarse su aplicación, pues la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en esa porción normativa, de ahí que, contrariamente a lo esgrimido por el Juez de Distrito requirente, el texto de la misma debe aplicarse e interpretarse de manera literal. Sobre el particular, es importante destacar que los jueces de Distrito deben procurar interpretar y aplicar textualmente el precepto analizado, con el fin de evitar la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los Jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y con el diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, pues -se itera- la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página quinientas, Libro 6, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de mayo de dos mil catorce, Décima Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Sin que se pase por alto que el Juez Federal requirente sostuvo su postura manifestando que en el caso era aplicable la hipótesis normativa prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; empero, como se dijo, atendiendo a las particularidades del asunto, debido a que las consecuencias jurídicas del auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, reclamados comenzaron a ejecutarse en primer término en Mazatlán, Sinaloa, y con posterioridad, continuó surtiendo sus efectos legales en Los Mochis, Sinaloa, es inconcuso que debe aplicarse la regla específica estudiada que se contiene en el segundo párrafo del citado numeral. Ello, con independencia de si el auto de vinculación a proceso es de tracto sucesivo o no, pues no hay duda de que sus consecuencias jurídicas comenzaron a concretizarse en Mazatlán, Sinaloa, y después, con motivo de la incompetencia del Juez de Control señalado como responsable, continuaron en Los Mochis, Sinaloa. En este contexto argumentativo, si los actos reclamados surtieron sus efectos jurídicos, tanto el auto de vinculación a proceso como la medida cautelar de prisión preventiva, en Mazatlán, Sinaloa y la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esa ciudad, correspondiendo conocer de la misma a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Mazatlán, Sinaloa, este órgano jurisdiccional es el competente para conocer del asunto, por haber sido el juzgador que previno, con independencia de que con posterioridad, inclusive, tales efectos continuaran surtiendo en Los Mochis, Sinaloa, por las razones que ya se explicaron. Sin que sea aplicable al caso concreto la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." Lo anterior es así, habida cuenta que en la especie no está en controversia dónde tiene ejecución un auto de formal prisión -para efectos de fincar la competencia de un juez de Distrito que conoce de un juicio de amparo promovido en contra de ese acto-, en los casos en que el quejoso se encuentra recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye proceso, sino que el presente criterio es atendiendo a la particular circunstancia de que las consecuencias jurídicas del auto de vinculación a proceso reclamado, comenzaron a transcurrir cuando el proceso penal estaba a cargo del Juez de Control e interno en el Centro Penitenciario "El Castillo" con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y con posterioridad, a partir de la incompetencia de éste, continuó en Los Mochis, lugar donde tiene su domicilio el Juez de Control que ahora conoce del mismo, y que es donde ejerce jurisdicción el suscrito Juzgador; por lo que no existe duda de que se actualizó la hipótesis específica prevista en el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Tampoco es aplicable la diversa jurisprudencia citada por el declinante, J/6 P sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 2451, Libro 71, Tomo III, Octubre de 2019, Plenos de Circuito de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso.". Se sostiene lo anterior en razón de que en la ejecutoria que dio origen a la citada Jurisprudencia se dilucidó el tema a la luz de los siguientes actos: Ahora, en los asuntos de los que emanaron los conflictos competenciales resueltos por los tribunales contendientes, se caracterizaron por presentar la siguiente peculiaridad: 1. El o los quejosos reclamaron la determinación del Juez de Control en la que les decretó prisión preventiva, oficiosa y justificada. 2. El o los quejosos se encontraban recluidos en un ámbito territorial distinto a aquel en el cual residía el Juez que instruía la causa penal, es decir, la ejecución material de la medida cautelar de prisión preventiva ocurría de manera simultánea en dos ámbitos territoriales distintos, a saber, el lugar donde se instruye la causa penal (Guanajuato, Guanajuato, donde ejercen jurisdicción Jueces de Distrito con residencia en esa ciudad capital), y el lugar donde el o los inculpados se encontraban recluidos (Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", Municipio de Ocampo, Guanajuato, en el cual ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito con residencia en León, Guanajuato). Esto es, en la citada ejecutoria, se atendió una medida cautelar de prisión preventiva ejecutada en un lugar diverso a aquél en el cual se lleva el procedimiento; mientras que, en el presente juicio de amparo se dilucida la competencia para conocer de un juicio de amparo contra un auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva que tuvo ejecución en Mazatlán, Sinaloa -lugar donde se presentó la demanda de amparo- y con posterioridad tiene ejecución en Los Mochis, Sinaloa, de ahí que, acorde al contenido del artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, cuando un acto haya comenzado a ejecutarse en uno territorio y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; de ahí que, el criterio jurisprudencial no resulte aplicable por tratarse de hipótesis diversas, en la especie, tanto el auto de vinculación a proceso como la medida cautelar comenzaron a ejecutarse en Mazatlán, Sinaloa, de ahí que, a prevención es competente el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, quien admitió la demanda de amparo, tramitó el procedimiento y levantó la audiencia constitucional. En las relatadas condiciones, el suscrito Juzgado considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata corresponde al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, a quien se considera competente para conocer del asunto. En similares condiciones fue resuelto el conflicto competencial 7/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en sesión de once de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. Finalmente, intégrese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta suscrito por Enrique Alejandro Reyes Díaz, en su carácter de autorizado de la parte quejosa -personalidad reconocida en el juicio de amparo que dio origen al presente asunto-, con el cual solicita se le autorice la consulta al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "ENRIQUEALEJANDRO", y además se le realicen por esa misma vía las notificaciones. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, 24 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo en concordancia con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, y se le permite la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica del presente procedimiento, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias necesarias, las que podrán desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias, y finalmente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "ENRIQUEALEJANDRO", y se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el juicio constitucional en que se actúa.
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