Jose Elias Sevilla Martinez

Expediente 653/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
653/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Jose Elias Sevilla Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veinte, se declaró cumplida la sentencia de amparo (proveído que fue notificado personalmente el siete de octubre siguiente). Ahora, el quejoso adujo en la diligencia del veintidós de octubre de dos mil veinte (ante la presencia de la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito), su conformidad con el cumplimiento hecho a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible

  2. Principal

    Vista la diligencia de notificación realizada por la actuaria de este Juzgado de Distrito de la que se advierte que el quejoso expuso ".pido su total ayuda para que se le dé cumplimiento a la solicitud de petición de amparo y/o solicitud de traslado al director de ejecución de las consecuencias jurídicas en Angostura Sinaloa."; en consecuencia, como el citado acto procesal tuvo por objeto notificarle el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, a través del cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; se le previene al agraviado para que indique si es su deseo interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, aclarándole que el término para interponerlo es de quince días a partir del día que se le notificó el citado proveído (hecho acaecido el siete de octubre de dos mil veinte).

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo a la parte quejosa por auto del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa, personalmente en el lugar de su reclusión, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del catorce de enero de dos mil veinte, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por José Elías Sevilla Martínez, y se fijaron los siguientes efectos (fojas 83 del juicio de garantías de que se trata): ". Una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en el término de tres días, conteste la petición del impetrante, que le presentó el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional. ." Como el citado fallo no fue recurrido, por auto del seis de marzo de dos mil veinte, causó estado y se requirió su cumplimiento (fojas 101 de autos). Atento a lo anterior, las autoridades responsables debieron realizar un acto en concreto: Contestar la petición que se les formuló el nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora, con el fin de tener un conocimiento amplio de lo que aquí se resuelve, no está por demás señalar que en el escrito de petición, el quejoso promovió lo que él denominó como "incidencia y/o respetuosa petición de traslado de un centro federal a otro centro federal por acercamiento familia". Al respecto, en la sentencia de amparo se expuso que la autoridad responsable respondió lo solicitado por el quejoso, en cuanto a su deseo de ser trasladado a otro Centro Federal Penitenciario (sobre este punto, la autoridad le informó al agraviado que no era posible su traslado); sin embargo, la responsable fue omisa en pronunciarse en relación con el incidente señalado en el escrito en estudio. Finalmente, se acotó en el fallo constitucional, que el incidente innominado de traslado voluntario previsto en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, no es competencia de la autoridad responsable; sin embargo, se le informó a ésta, que a pesar de ello, la autoridad estaba obligada a informar y notificar al justiciable, esa situación (de que no es competente), y remitir la petición formulada a la autoridad competente para que resolviera lo correspondiente en cuanto a la solicitud de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, por cercanía familiar. Para sustentar lo anterior, en la sentencia de amparo se citó la tesis 2ª.CLVI/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro "PETICIÓN. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA POR UNA VIOLACIÓN A TAL DERECHO, EN CASO DE QUE LA COMPETENCIA PARA EMITIR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE SE VEA MODIFICADA, VINCULA, INCLUSIVE, A LA AUTORIDAD QUE INCORPORA EN SU ESFERA COMPETENCIAL LAS ATRIBUCIONES RESPECTIVAS". En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio SGG/DEPBP/951/2020, del cinco de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales del Gobierno del Estado de Baja California, informándole al quejoso que su escrito de petición del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se remitió al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de Angostura, Sinaloa. De igual forma, la citada autoridad administrativa allegó al sumario de amparo el oficio SGG/SSEP/DEPBP/950/2020, del cinco de febrero de dos mil veinte, dirigido al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de Angostura, Sinaloa, para informarle que en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por este Juzgado de Distrito, le remitía el escrito de petición del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, firmado por el quejoso José Elías Sevilla Martínez. Incluso, el ocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió en este Juzgado de Distrito, el oficio suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de Angostura, Sinaloa, en donde informa que en cumplimiento a la sentencia de amparo radicó la petición del quejoso, con el número de carpeta de ejecución 30/2020, ordenando su admisión y sustanciación. En consecuencia, del examen de los citados documentos se desprende que la autoridad responsable, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, le informó al quejoso que parte de lo solicitado no era de su competencia, pero que lo remitiría a la autoridad competente, hecho que así hizo. Con los datos señalados se concluye que el fallo protector está cumplido, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte que no median los ocho días entre el informe justificado y anexos de la autoridad responsable encargado del Despacho de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliminares del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere, y se señalan las diez horas del catorce de enero de dos mil veinte. Cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".

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