Jose Eduardo Ruiz Chimal

Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
521/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Ruiz Chimal

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio 2497/2023 de cuenta suscrito por el Actuario del Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo ******************** así como testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese Órgano Colegiado al resolver la queja 402/2022 de su índice, interpuesta ********************, en representación del menor con identidad reservada ******************** contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por este juzgado en el citado juicio constitucional, al tenor del resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por ********************, en representación del menor con identidad reservada ******************** contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en el juicio de amparo indirecto ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria..."; intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas para evitar duplicidad de constancias, y agréguese el oficio con anexos de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes y para conocimiento de las partes. Como lo solicita el Tribunal de Alzada, con transcripción de este proveído, acúsese recibo mediante oficio vía SISE. Pues bien, del estado procesal de los autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra concluido; por tanto, conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en representación del menor con identidad reservada ********************, acuerdo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver la queja 402/2022 de su índice; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso **************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, como lo solicita y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la ley de la materia, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa en contra de dicho auto. Una vez notificado este auto a las partes, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el escrito del recurso, el informe sobre la materia de la queja, una copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano de alzada, copia del proveído recurrido, de la demanda de garantías y de la constancia de notificación del acuerdo recurrido para la substanciación del citado medio de impugnación.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de siete de septiembre del año en curso, de la cual se obtiene que el quejoso José Eduardo Ruiz Chimal, en cumplimiento a las prevenciones de veinticinco de agosto y cinco de septiembre de dos mil veintidós, ratificó la firma estampada en el escrito aclaratorio presentado el dos de septiembre de este año; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTOS RECLAMADOS 1.- LA OMISION DE APLICAR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL ESCUCHAR A MI MENOR HIJO DE IDENTIDAD RESGUARDADA J.R.R. QUE FUE ORDENADA POR LA RESPONSABLE DE MANERA OFICIOSA EN AUTO DE FECHA 16 de Junio del año 2022, señalándose las OCHO TREINTA HORAS A.M, para que fuera presentado mi menor hijo de identidad resguardada J.R.R, para el día 04 de julio en el área de psicología PARA SER ESCUCHADO y que sería ATENDIDO POR LA PSICOLOGA MONICA IVETTE PEREZ CALLU. 2.- CELEBRAR CONVENIO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022, JUSTIFICADO EN LA PROMOCION DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO QUIEN MANIFESTÓ QUE EN DIVERSAS OCASIONES SE HA ESCUCHADO A LA PERSONA MENOR DE EDAD, CUANDO SOLO SE DIO UNA REUNION PARA SER ESCUCHADO EL MENOR SIN APLICAR EL PROTOCOLO DE ACTUACION ANTES REFERIDO Y PASANDO POR ALTO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS PERICIALES, PSICOLOGICAS INMEDIATAS ORDENADAS EN AUTO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, EN PERJUICIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR. De lo anterior, se deduce que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable dos actos, el primero lo hace consistir en la omisión de aplicar el protocolo de actuación para ser escuchado al menor de identidad resguardada J.R.R., en el área de Psicología, en fecha cuatro de julio del año en curso; el segundo, la celebración del convenio de tres de agosto de dos mil veintidós. Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: "V.- ANTECEDENTES. Bajo Protesta de decir verdad, declaro que los hechos que narré a continuación constituyen los antecedentes del acto que reclamo. 1.- En fecha 13 del mes de enero de 2021, celebramos convenio de alimentos y guarda y custodia dentro del expediente 1016/2020, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito judicial de Ahome, Sinaloa, México. 2.- dentro del mismo en la Cláusula Segunda que refiere: ejercer la guarda y custodia de manera virtual haciendo uso de la tecnología cualquier día y hora de la semana, pasará el C. José Eduardo Ruiz Chimal al domicilio brindado en el convenio, a partir de las 10:00 horas del día sábado a las 18:00 horas del día domingo de cada semana; así como en los periodos vacacionales de semana santa, de verano y decembrina, los cuales en este año calendario corresponden a la primer mitad de cada periodo; por motivo de pandemia, se decretó de esa forma la convivencia, con deficiencias en la comunicación que era a través de la C. Flor Jazmín Ruiz Valenzuela, quien comenzó a impedir dicha comunicación virtual. 3.- es en fecha 12 de octubre de 2021, que solicitamos dentro del mismo expediente, la modificación a la convivencia de acuerdo a que los semáforos de riesgo por la COVID19, se habían modificado, con la finalidad de que las convivencias fueran presenciales debido a que en esos tiempos se me había bloqueado por completo la comunicación con nuestro menor hijo, por parte de su Mamá Flor Jazmín, se le da vista a la C. Flor Jazmín, por conducto de su Procurador Judicial el Licenciado Eulogio Rábago Mejía, en fecha 19 de octubre de 2021, el Juzgado segundo requirió y apercibió a efecto de que permitiera y no obstaculizara la convivencia pactada entre las partes, por lo que en fecha doce de noviembre y ante la omisión y que seguía bloqueado el suscrito en cuanto a las comunicación con nuestro menor hijo por la C. Flor Jazmín, se ordena por el Juzgado hacer efectiva multa, señalada mediante auto de fecha 15 de octubre de 2021, al incurrir en desacato, dando vista a la procuraduría de la defensa del menor, así como a la fiscalía general del estado, donde se da origen a la Carpeta de investigación por la fracción Ill del artículo 242 bis del código penal vigente en el estado por. no permitir la convivencia decretada por resolución judicial, ante el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA FAMILIA, DE LA VICEFISCALIA ZONA NORTE CON RESIDENCIA EN AROME, BAJO LA CARPETA NÚMERO: AHOME/AEDFAM/5454/2021, INICIADA EN EL MISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2021. 4.- No obstante, en el mismo mes de noviembre y ante la negativa a dicha convivencia por los fines de semana, solicité al juzgado se le notificara el disfrute del periodo vacacional decembrino de los días 25 de diciembre de 2021 al 02 de enero de 2022, acordándose lo conducente apercibiendo a la C. Flor Jazmín en el caso de impedir dicho mandato, periodo que sólo por orden judicial entregó y con dificultades a nuestro menor hijo y haciendo entrega en su domicilio (distinto al manifestado en el convenio que no me notificó, ni al juzgado tampoco) en fecha 01 de enero de 2022. 5.- es en fecha 03 de enero solicite el pago del mes de diciembre de 2021, al oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ante su reciente nombramiento en dicha institución y que no me lo habían cubierto, notificando al Juzgado Familiar dentro del mismo expediente dicho acto, posteriormente en fecha 10 de enero me notifica una rescisión de contrato, misma que se notificó al juzgado y donde de nueva cuenta solicite que se le requiriera al Oficial Mayor el pago del porcentaje a nuestro menor hijo, así como los días correspondientes al mes de enero, ACORDANDO Y GIRANDO OFICIO ENTREGADO EN FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022, a lo que el Oficial Mayor contestó EN OFICIO NÚMERO: 494, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2022, que no laboraba en dicha institución en el mes de diciembre de 2021, siendo que se había exhibido el documento expedido por el mismo que me habían notificado en el mes de enero de 2022, sin haber consecuencia alguna para dicha autoridad, quien se contradice que no trabajaba en el mes de diciembre por eso no pagó, y el suscrito exhibí el documento fechado un mes después donde el mismo oficial me notifica la rescisión, sobrepasando el interés superior del menor a su derecho de alimentos, sin acordar lo conducente. 6.- es en fecha 31 de enero de 2022, se requiere de nueva cuenta que permita y no obstruya la convivencia entre el que suscribe y nuestro menor hijo en el domicilio circuito valle dorado número 2140 del fraccionamiento real del valle, donde ya no vivía, sin notificarme ni al juzgado, obstruyendo así la convivencia, posteriormente y aun así notificada de los impedimentos, continuó con su actitud, bloqueándome por completo de la comunicación en llamada normal, aplicación whatsapp, sin saber de nuestro menor hijo, por los meses de enero hasta marzo que de nueva cuenta en el periodo vacacional de semana santa, volví a requerir mediante juzgado la convivencia de mi periodo vacacional, acordando favorable en fecha 17 de marzo de 2022, apercibiéndola para el caso de impedir y de nueva cuenta, acudí con dificultad por mi menor hijo, ahora en un punto puesto por ella porque de nueva cuenta cambio de domicilio, citándome en una plaza comercial en la ciudad de los Mochis, llegando casi dos horas después de la hora acordada en convenio el día sábado 09 de abril al día 16 de abril de 2022, entregándolo a las 18:00 horas como lo establece el convenio de fecha 13 de enero de 2021. 7.- ante la incomunicación impidiendo la convivencia y alienando a nuestro menor hijo, continuó con el bloqueo por lo que me vi en la necesidad de reclamar el cumplimiento del convenio de fecha 13 de enero de 2021, en su cláusula segunda por lo que en acuerdo de fecha 07 de junio de 2022, acertadamente de lo que son las constancias, el Juzgado, me tiene por presentado en la vía incidental, ordenando correr traslado a Flor Jazmín Ruiz Valenzuela, en el domicilio que teníamos ubicado de su señora madre María Florina Ruiz Valenzuela, en el ejido la Cuchilla de Cachoana, toda vez que ante la incomunicación y la negativa a proporcionar el nuevo domicilio donde vivía nuestro menor hijo para pasar por el los fines de semana y llevar a cabo mi convivencia con nuestro menor hijo, fue notificada recibiendo la señora María Florina Ruiz Valenzuela, DAR VISTA INMEDIATA A LA PROCURADORA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEL DIF-AHOME, Y PONER DEL CONOCIMIENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ADSCRIPCION A FIN DE QUE PROCEDA DE ACUERDO A SUS FACULTADES. 8.- en fecha 16 de junio de 2022, contesta la demanda manifestando la mayoría de hechos como falsos, se le tiene por contestada la demanda, y se acuerda sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por el suscrito actor incidentista, así como la demandada incidentista, y acertadamente ordenan, darnos vista a las partes actora y demandada, a efecto de dar el domicilio de cada uno para llevarse de manera oficiosa e inmediata las pruebas de investigación campo y psicológica, para recabar los datos o información necesarios para ilustrar sobre las condiciones de vida que desarrolla la persona menor de edad. 9.- es en fecha veintisiete de junio que al suscrito a través de la procuradora judicial, solicitamos el periodo vacacional del mes de julio comprendido del día 30 de julio al 14 de agosto, de conformidad con el calendario escolar oficial SEP y ante la insistente y renuente incomunicación y negativa con la demandada incidentista. 10.- es en fecha 30 de junio de 2022 en donde una vez que informamos los domicilios, acertadamente y en plena protección ante el interés superior del menor, el juzgado segundo familiar, de manera inmediata y oficiosa, acuerda que en los domicilios proporcionados se lleven a cabo 1.- la investigación de campo, comisionando a la trabajadora social adscrita al dif Culiacán, 2.- se ordena la preparación de periciales en materia de psicología que se estimen pertinentes y necesarias para allegarse de elementos indispensables para conocer quien es la persona más apta y conveniente para ejercer la guarda y custodia de la persona menor de edad, ordenando oficio para la procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del sistema dif-Culiacán, para que proporcione un especialista en materia de psicología, así como las mismas pruebas para la demandada incidentista ante la procuraduría de protección de niñas niños y adolescentes del sistema dif de Ahome. 11.-en fecha 04 de julio comparece la demandada incidentista con nuestro menor hijo, para que la psicóloga adscrita ESCUCHE LA OPINIÓN DEL MISMO posterior a ello nos invita a conciliar, a lo que le pedí que esperaba a que nos valoraran con los dictámenes correspondientes en lo personal para saber quiénes somos y de qué forma poder ayudar a nuestro menor hijo. 12.- Es en fecha once de julio de 2022, donde se acuerda un escrito donde el Agente del Ministerio Público del fuero común Titular adscrita al Juzgado Segundo Familiar, para exhortarnos a que lleguemos a la celebración de un convenio conciliatorio, para el día 03 de agosto de 2022 a las 10:00 hr., solicitud basada que en diversas ocasiones se ha escuchado a la persona menor de edad, (sin existir las constancias de las diversas ocasiones), argumentando que se continua con el conflicto familiar, dejando de lado el desahogo de las probanzas periciales y actuaciones inmediatas y oficiosas ordenadas por la juzgadora para resolver, refiriendo que se le está violentando su estado psico-emocional, dejando de lado las herramientas soporte para la juzgadora y conocer el núcleo familiar integrado por las partes, dando favoritismo a la protección de la mujer quien ha venido impidiendo el derecho a la convivencia así como a la identidad paterna y familiar paterna, alienando con sus acciones al menor, negándole la justicia como un derecho humano de mi menor hijo, poniéndolo en riesgo de una persona que ante los hechos manifestados pasaron por alto, no atendiendo al interés superior de nuestro menor hijo. por lo que en fecha 03 de agosto estando ante la presencia de la juez, de la secretario de la juez, de la procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes, de la agente del ministerio público titular adscrita al juzgado, de la demandada incidentista, al supuestamente conciliar y escuchar a la demandada, al darme uso de la palabra interrumpiéndome y dando razón a la mujer la única opción que me dan era la de acudir con la psicóloga del juzgado a que nos brinde herramientas para saber ser padres en beneficio del menor, lo cual es absurdo toda vez que le negaron el acceso a la justicia a nuestro menor hijo, siendo que si no tiene un dictamen de quien realmente somos estaremos imposibilitados a manejar herramientas para llevar una relación sana, saltando las periciales inmediatas y oficiosas y argumentando la agente social y encargada de velar por el interés superior del menor, diversas platicas y valoraciones al menor las cuales no obran en el expediente, situación que deja desprotegido a nuestro menor hijo violentando su derecho humano al acceso a la justicia.". En escrito aclaratorio agregó: PRIMERO.- 1.- Con Fecha 07 de junio del año 2022, promoví incidente de incumplimiento de la Cláusula Segunda del Convenio dentro del Expediente 1016/2020 celebrado en fecha 13 de enero de 2021, y se ordena correr traslado a la Demandada Incidentista Flor Jazmín Ruiz Valenzuela, para que en el término de tres días produzca su contestación y so ordena también poner en conocimiento del Ministerio Público adscrita al H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome Sinaloa. 2.- En fecha de 16 de junio del año 2022, se tiene a Flor Jazmín Ruiz Valenzuela como Demandada Incidentista dando contestación y ofreciendo Pruebas y se señalan las 10 horas a.m. del día 03 de Agosto del año 2022, para que tenga verificativo la Audiencia y ahí mismo acordó que era necesario escuchar al menor por lo que ordeno se le presentara por su señora madre Flor Jazmín Ruiz Valenzuela el día 04 de julio del año 2022, en el local del Juzgado Segundo y precisamente en el área de psicología y que iban a ser atendidos por la Lic. Mónica Ivette Pérez Callu, 3.- Con Fecha once de julio del año 2022, la Agente del Ministerio público solicito se llevara a cabo un Convenio Conciliatorio, justificando DIVERSAS OCASIONES SE HA ESCUCHADO A LA PERSONA MENOR DE EDAD, pasando por alto las PRUEBAS PERICIALES PSICOLOGICAS INMEDIATAS Y DE MANERA OFICIOSA ORDENADAS EN AUTOS, es decir Exhortando al actor Incidentista y a la Demandada Incidentista por parte de la responsable por lo que en Fecha 03 de agosto, se celebró un convenio por ambas partes, pero dejando de lado la responsable lo referente al menor. En ese tenor, este juzgado considera que en lo tocante al primer acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niña, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser escuchado al menor de identidad resguardada J.R.R., en el área de Psicología, en fecha cuatro de julio del año en curso; se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido, al haber sido sustituida procesalmente. Dicho numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado. De manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, en primer término, la parte quejosa reclama la omisión de aplicar el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niña, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser escuchado al menor de identidad resguardada J.R.R., en el área de Psicología, en fecha cuatro de julio del año en curso, en autos del expediente 1016/2020. En ese orden de ideas, también se advierte que en fecha tres de agosto de dos mil veintidós, fue celebrado convenio, mismo que fue elevado a categoría de cosa juzgada, en los autos del expediente 1016/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Lo anterior pone de manifiesto que la celebración del convenio de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, elevado a categoría de cosa juzgada, sustituyó procesalmente la omisión de aplicar el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niña, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser escuchado al menor de identidad resguardada J.R.R., en el área de Psicología, en fecha cuatro de julio del año en curso, combatida, ya que le dio firmeza procesal al dar por concluido el incidente de convivencia; de ahí que se estime que ha operado la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución procesal. Por tanto, la omisión combatida ha dejado de tener efectos jurídicos propios, pues ha sido sustituida procesalmente por la celebración del convenio elevado a categoría de Cosa Juzgada. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los PJF - Versión Pública Juicio de Amparo 1617/2018-IV-C Quejoso: ******* ******* **** medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." . En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Por otro lado, en lo tocante al diverso acto reclamado, consistente en la celebración del convenio de tres de agosto de dos mil veintidós, en el incidente de convivencia, en el juicio de Alimentos, Guardia y Custodia número 1016/2020, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que también procede desechar de plano por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Por su parte, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción antes transcrita, establece que antes de instar el juicio de amparo, debe agotarse el principio de definitividad, excepto cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, del auto de vinculación a proceso o cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sin embargo, en el presente asunto, no se está en alguno de los supuestos mencionados en los párrafos que anteceden, toda vez que de la lectura integral que se realiza de la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que el impetrante de amparo, en su calidad de parte actora en el incidente de convivencia en el juicio de alimentos, guardia y custodia número 1016/2020, reclama el convenio celebrado en fecha tres de agosto de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. En mérito de lo expuesto con antelación y dada la naturaleza de los actos impugnados, el promovente, previamente a instar la acción constitucional, debió impugnar dicha determinación a través del recurso de apelación previsto por el arábigo 226 en relación con los diversos 223, 224 y 225, 381 fracción II, 383 y 384, todos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, a través del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado el acto impugnado. Los preceptos jurídicos de mérito, son del tenor literal siguiente: "Artículo 223. La tramitación de los incidentes que se promuevan durante la sustanciación de un juicio o en ejecución de sentencia, si no está expresamente determinada por otras disposiciones, se regirá por lo que se establece en este Capítulo, observándose, en su caso, lo que se previene en el artículo 136 de este Código. Los incidentes se tramitarán en la misma pieza de autos, salvo lo que en otro sentido disponga el presente Código. La promoción de un incidente no suspenderá el curso del juicio, excepto cuando expresamente lo prevenga este código. "Artículo 224. Promovido el incidente observando en lo relativo las prevenciones del artículo 196 de este Código, se correrá traslado a la contraparte para que conteste dentro de tres días. En la demanda incidental y en la contestación, las partes deben ofrecer sus pruebas con sujeción a lo que este código previene para cada una. "Artículo 225. Vencido el plazo de la contestación, el juez proveerá sobre la admisión de las pruebas y mandará preparar las que admita, citando a una audiencia que se celebrará dentro de cinco días. En la audiencia, una vez concluida la recepción probatoria, el juez escuchará los alegatos, y pronunciará la resolución que proceda dentro de tres días. "Artículo 226. Las interlocutorias que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan fin al juicio, casos en que se admitirán también en efecto suspensivo. Artículo 381. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando este Código declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición del presente Código no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no sea apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste.". "Artículo 383. El plazo para interponer el recurso de apelación, será: I. De ocho días si se trata de sentencia definitiva; II. De treinta días a partir de la fecha en que se haga la publicación de la sentencia, en el caso de emplazamiento por domicilio ignorado, y III. De cinco días para apelar de sentencias interlocutorias, autos y demás resoluciones. Artículo 384. En el escrito de apelación, el recurrente deberá expresar los agravios que le causa la resolución impugnada. Con el escrito de apelación se exhibirá una copia del mismo, para agregarse al expediente y una más para cada una de las partes. En el mismo escrito en que se interponga el recurso, el apelante deberá designar domicilio en el lugar de ubicación del superior, para oír notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias; igualmente la parte apelada deberá cumplir con esta carga procesal. En el caso que no se cumpla con esta prevención, las notificaciones, aún las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se harán por lista de acuerdos. La expresión de agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida que en concepto del apelante le causen agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los principios generales de derecho que estime han sido violados, ya sea por la aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente podrá ser motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya dejado de estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o bien que ésta no sea congruente con la demanda y la contestación, y las demás cuestiones debatidas en el juicio. Igualmente deberán de expresarse agravios en relación con las violaciones a normas esenciales de procedimiento que se estimen cometidas durante su desarrollo. En el escrito de inconformidades, deberá además, indicarse si el apelante desea ofrecer pruebas, expresando los puntos sobre los que deberá versar cada una de las probanzas los que nunca serán extraños a la cuestión debatida. Tratándose de personas menores de edad e incapacitadas, queda en el deber la alzada de suplir tanto deficiencia como omisión inconformatoria. Artículo 385. Interpuesta en tiempo una apelación, el juez la admitirá sin sustanciación alguna, si es procedente, mandando correr traslado a la contraparte 148 con el libelo de inconformidades para que los conteste en un plazo de cinco días si es sentencia definitiva, o de tres para cualquier otro caso, y previniéndole para que señalen domicilio en la segunda instancia, con el objeto de que reciban notificaciones. Una vez transcurridos los plazos anteriores, el de primera instancia remitirá al superior dentro de los tres días siguientes los autos originales o las constancias correspondientes, además el escrito apelatorio original, juntamente con el de contestación en su caso; se enviarán para la sustanciación de la alzada y serán los que integren el toca en la sala. Además, los numerales 383, 384 y 385 del citado código, establecen el procedimiento para la tramitación de la apelación, de lo que interesa destacar que, deberá hacerse valer dentro de los cinco días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; deberá contener la expresión de los agravios que le causa la resolución reclamada, mediante una relación clara y precisa de los puntos y las leyes, la interpretación jurídica o los principios generales de derecho que estime han sido violados, ya sea por la aplicación inexacta o por la falta de aplicación, y en su caso, el hecho de que se haya dejado de estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o bien que ésta no sea congruente; igualmente deberán de expresarse agravios en relación con las violaciones a normas esenciales de procedimiento que se estimen cometidas durante su desarrollo; se dará vista a la contraparte, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga, se enviarán para la sustanciación de la alzada y serán los que integren el toca en la Sala. De los preceptos legales transcritos se infiere el derecho de las partes en un procedimiento jurisdiccional de impugnar a través del recurso de apelación para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque la resolución del inferior, que para tal efecto se prevé en el capítulo relativo del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. Ahora, al existir la relación procesal entre actora y demandado, y que puede intervenir en el juicio natural 1016/2020; por lo tanto, como parte integrante el impetrante, antes de acudir al juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que le concede la ley del acto, es decir, promover el -recurso de apelación-, contra el convenio celebrado el tres de agosto de dos mil veintidós, dando fin al incidente de convivencia reclamado, que establece el artículo 226 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, antes trascrito, ya que, contra dicha determinación, procede el recurso de apelación en efecto devolutivo, medio de defensa a través del cual, puede ser revocado o nulificado el acto reclamado. Es decir, al ser el ahora quejoso, parte actora en el incidente promovido en el expediente 1016/2020, promovido por el hoy quejoso en su carácter de padre del menor de edad, J. R. R. (resguardo de identidad), y reclamar el convenio de tres de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de convivencia, debió agotar previo al amparo, el -recurso de apelación- que prevé el artículo 226 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, pues el mismo constituye un medio de defensa por el cual pudiera haberse revocado o nulificado los actos reclamados, y al no haber agotado el principio de definitividad, el amparo es improcedente. La anterior afirmación encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 350 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, registro electrónico 2005039, de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SI MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la Ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De igual forma, brinda sustento a lo hasta aquí expresado, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Tomo XXIII, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de dos mil seis, cuyos rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Se agrega que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no se opone en forma alguna a la normatividad que en materia de derechos humanos existe en México, ya que en los propios artículos 1° y 103 Constitucionales se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a los derechos humanos, como en el caso lo es, agotar los recursos ordinarios. De manera que, la definitividad continúa siendo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, principio que se justifica en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; de ahí que previamente a su promoción, el quejoso deba acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto que se reclama, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, las disposiciones en derechos humanos, no resultan incompatibles con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.4o.A.6 K (10ª)),sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1488, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época el tenor que sigue: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna. En razón de lo expuesto, es claro que el juicio de amparo no puede promoverse mientras exista un recurso ordinario que pueda substanciarse contra el acto reclamado, como sucede en el caso con el recurso de apelación que prevé el artículo 226, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, por tanto, es incuestionable que debe, desde luego, desecharse la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, Ley de Amparo. De tal suerte, resulta inconcuso que al no haberse interpuesto el supracitado medio ordinario de defensa, el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Brinda apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 447, localizable en las páginas 297 y 298, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los Tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 573, que puede verse en la página 515, Apéndice 2000, Octava Época, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro número 918107, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Así como la tesis I.6o.C J/37, visible a página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, con registro número 187016, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por tanto, si el impetrante del amparo inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud de que no agotó los medios ordinarios de defensa legal, conforme a los cuales la autoridad jurisdiccional responsable, de resultar fundados, podría revocar o nulificar los actos impugnados, deviene incuestionable que en el caso, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Máxime, que no se actualiza alguna la excepción al principio de definitividad, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, habida cuenta que al inconforme no le reviste el carácter de tercero extraño al juicio de origen, incluso ni por equiparación, en cuyo caso, sí resultaría procedente el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.".

  4. Principal

    Visto el escrito al parecer firmado por José Eduardo Ruiz Chimal, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le formuló en auto de veinticinco de agosto del año en curso. Teniendo en consideración que las firmas que calza el ocurso de cuenta es distinta a las que estampó el promovente de referencia en su demanda de amparo, con fundamento en los artículos 6° y 108 fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere al impetrante de garantías para que dentro del término legal de tres días comparezca ante este Jugado Federal, a ratificar las firmas que calza el escrito de cumplimiento de prevención, identificado con documento oficial, donde aparezca su fotografía y firma; lo anterior, con la finalidad de obtener certeza de que quién plasmó dicho grafismo efectivamente fue José Eduardo Ruiz Chimal. En el entendido de que, tal acto es de carácter personalísimo que sólo los impetrantes del amparo deben atender. Al respecto, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 258, consultable en la página 174, del Tomo VI de jurisprudencia, Materia Común, del Apéndice al Semanario MATEO NOLBERTO PEÑUELAS VELAZQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f4.ea 05/01/23 10:00:46 Judicial de la Federación 1917-1995, con registro electrónico 394214, que a la letra expresa: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". En el entendido que subsiste el apercibimiento otorgado en proveído de veinticinco de agosto del año en curso.

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