José Eleazar Gómez Mendoza

Expediente 760/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
760/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • José Eleazar Gómez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    [...] archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. [...] Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso ..., mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en proveído de trece de junio de dos mil veintitrés y precisa la fecha exacta en que tuvo conocimiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos normativos reproducidos, en lo que interesa, se obtiene que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo o, en su caso, que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia legislación. Bajo esa premisa, se debe acotar que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, el quejoso podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. Por otra parte, debe decirse que dentro de la ejecución forzosa de una sentencia, la Ley de Amparo distingue una regla general y una particular de procedencia del juicio biinstancial. La regla general prevé que el amparo procede únicamente cuando se impugne la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución, y que ésta debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Al efecto, el legislador federal fijó como definición de "última resolución" en la citada fase a la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la que ordena la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva o la última resolución que tiene por cumplido el incidente de actualización liquidación de intereses, gastos y costas. Ello se traduce en un límite a la procedencia del juicio constitucional, pues será hasta que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la intención del legislador es restringir la procedencia del amparo indirecto, tratándose de dicha etapa, es evitar que se obstaculice innecesariamente la fase de ejecución de sentencias judiciales, protegiendo, de esta forma, el derecho de acceso a la justicia, pues es hasta tales momentos que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo determinado a favor del accionante. Cabe señalar que esa regla de procedencia rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley cuya inconstitucionalidad se reclame, pues ese acto procesal tiene como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse. De manera que mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, o en su caso, del remate. En el caso concreto, la parte quejosa reclama las resoluciones de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictadas por el Juez Tercero Menor de lo Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, a través de los cuales se declararon improcedentes los recursos de revocación promovidos en contra de los autos de diecinueve y veintiuno, ambos de abril del año en curso. Para un mejor entendimiento, de porque el acto reclamado no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, es debido a que lo que le duele, es por lo que ve al auto de diecinueve de abril del presente año, la autoridad responsable no dio lugar, a su solicitud de que se le liberara de cualquier tipo de obligación de pago respecto las prestaciones hechas valer por la parte actora, debido a que dicha parte, fue omisa en presentar planilla de liquidación dentro del término estipulado por la ley. Ahora bien, en cuanto al auto dictado el veintiuno de abril del presente año, se advierte que se inconforma, por que se le tuvo a la parte actora promoviendo planilla de liquidación fuera de término, misma que fue admitida. Razón de ello, promovió recurso de revocación ante el juez de origen, los cuales mediante resoluciones de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, fueron declararos improcedentes, esto último, es lo que constituye el acto reclamado. Por tanto, no procede el amparo indirecto, por no ser la última resolución en la etapa de ejecución, esto es así, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto de que se trata, el cual persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste, contra actos dictados en ejecución de sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, pues en ese momento es factible impugnar las violaciones procesales que hayan tenido lugar antes de la última resolución, ya que por los efectos restitutorios de la sentencia de amparo, es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación relativa. Del tópico, tanto la tesis I.8o.C.22 K (10a.), visible en la página dos mil ciento quince, del Tomo IV, Enero de 2018, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la resolución que tenga por cumplida la condena o establezca la imposibilidad para cumplirla, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público, en acatamiento al párrafo tercero del artículo 17 constitucional. Además, la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que se trata de una determinación intermedia vinculada con el cumplimiento del fallo emitido en el procedimiento de origen, que constituye verdad legal, respecto de la cual, la sociedad tiene interés en que se le dé cumplimiento y por ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo al caso la Jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por otra parte, resulta necesario puntualizar que si bien el juicio constitucional por regla general procede contra la "última resolución" dictada en la fase de ejecución de la sentencia o en el procedimiento de remate, existe una excepción a ese requisito pues procederá el amparo contra actos dictados en esas fases cuando sean de imposible reparación, es decir, que trasgredan derechos sustantivos del quejoso, siempre y cuando sean ajenos a la cosa juzgada. De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que serán actos de esa naturaleza aquellos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse, por haberse consumado la violación al derecho del que se trate. Sirve de apoyo al caso la tesis P. LVII/2004, visible en la página nueve, del Tomo XX, Octubre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte demandada, no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede de los que se advierte que a la fecha, se encuentra integrado el presente juicio de amparo, relativo al recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución de la denuncia de repetición del acto reclamado de veintiocho de abril de dos mil veintitrés auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio de amparo, la cual se declaró infundada. En tales condiciones, en acatamiento a los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo, ya que se encuentran notificadas las partes de la resolución recurrida y del proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, por el que se tuvo interpuesto el recurso de inconformidad y como está ordenado en el auto de referencia, remítase copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, del escrito de expresión de agravios presentado por la parte quejosa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso que se hace valer. Por tanto, a efecto de que la superioridad esté en aptitud legal de acordar sobre el recurso de inconformidad admitido en autos, se ordena al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), poner el expediente electrónico a disposición para su consulta por el Tribunal de Alzada, ello para los efectos de la ulterior tramitación del aludido recurso. Notifíquese.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponían las partes, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra de la interlocutoria de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en que se declaró fundado el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que otorgó la quejosa ..., para que surtiera efectos la suspensión definitiva del acto reclamado que se le concedió, promovido por ********************, por conducto de su apoderada, sin que lo hicieran; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, se ordena extraer de la caja de valores el certificado de depósito N 907904, expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la suma de quince mil pesos, a nombre de la quejosa ..., para su endoso a nombre del actuario judicial adscrito, a fin de que efectúe su canje, por la misma cantidad, a favor del tercero interesado ********************, con motivo de los perjuicios determinados en esta interlocutoria, derivados de la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado. Finalmente, agréguese el escrito presentado por Diana Díaz Mora, apoderada jurídica del tercero interesado ********************; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente.

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