José Eduardo Raya Ruíz

Expediente 1081/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1081/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • José Eduardo Raya Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    .Agréguese el oficio sin número signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, con el que hace del conocimiento a este órgano federal, que no fueron admitidas la pruebas supervenientes ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 5A-2370/2011, y como consecuencia, por auto de seis de mayo del año en curso, en la litis de que se trata, para lo cual, adjunta copias certificadas de las constancias con las que acredita tal circunstancia. Ahora, de las citadas constancias, como se anticipó se advierte que mediante proveído del seis de mayo en curso, la junta responsable declaró cerrada la instrucción dentro del juicio ordinario laboral número 5A-2370/2011, promovido por José Eduardo Raya Ruiz, frente al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y otros, dejando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 249 a 251), este Juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 801/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Eduardo Raya Ruiz, remitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con motivo de su incompetencia por razón de turno para conocer del citado juicio, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: ".La autoridad responsable, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, omite desahogar las pruebas, no cierra la instrucción, no elabora el proyecto de laudo y no emite el laudo correspondiente, dentro de los expedientes ordinario laboral 5B-1641/2009 y sus acumulados de número de expediente, 5B-1209/2010, 5A-2370/2011, 5B-1102/2012, 5B-2102/2012, 5B-1490/2013, 5A-2465/2013 y 5B-1738/2014; no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos legales, esto es, no lo sigue diligentemente; y, nada proveé o deja de hacer lo conducente para la marcha expedita de los juicios o la tramitación del procedimiento respectivo para lograr la emisión del laudo correspondiente. Así como dentro de los juicios en cita no pronuncia resolución interlocutoria del incidente de falta de personalidad y personería de los apoderados del Colegio tercero interesado y del Sindicato de Trabajadores del colegio de bachilleres del estado de Michoacán. Actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, como ya quedó establecido de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio de cuenta, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como actos reclamados la omisión por parte de la autoridad responsable de desahogar las pruebas ofrecidas, la omisión de dictar interlocutoria dentro del incidente de falta de personalidad y personería de los apoderados del Colegio tercero interesado y del Sindicato de Trabajadores del colegio de bachilleres del estado de Michoacán, así como de cerrar instrucción dentro del juicio laboral de origen, también lo es que mediante auto de seis de mayo del año en curso, se declaró cerrada la aludida instrucción dentro del referido juicio laboral, dejando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos que ya no generan estado de incertidumbre en el quejoso, dado que al haberse cerrado la instrucción en el juicio, los actos de omisión ya no dejan huella alguna en su esfera jurídica que amerite ser borrada, por tanto es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que en el caso resulte procedente analizar si en la especie existen omisiones o dilaciones posteriores a las ya examinadas, en razón a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis aislada número 2a.CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. .

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesada, el acuerdo y/o resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio sin número signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, con el que hace del conocimiento a este órgano federal, que no fueron admitidas la pruebas supervenientes ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 5A-2370/2011, y como consecuencia, por auto de seis de mayo del año en curso, en la litis de que se trata, para lo cual, adjunta copias certificadas de las constancias con las que acredita tal circunstancia. Ahora, de las citadas constancias, como se anticipó se advierte que mediante proveído del seis de mayo en curso, la junta responsable declaró cerrada la instrucción dentro del juicio ordinario laboral número 5A-2370/2011, promovido por José Eduardo Raya Ruiz, frente al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y otros, dejando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 249 a 251), este Juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 801/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Eduardo Raya Ruiz, remitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con motivo de su incompetencia por razón de turno para conocer del citado juicio, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: ".La autoridad responsable, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, omite desahogar las pruebas, no cierra la instrucción, no elabora el proyecto de laudo y no emite el laudo correspondiente, dentro de los expedientes ordinario laboral 5B-1641/2009 y sus acumulados de número de expediente, 5B-1209/2010, 5A-2370/2011, 5B-1102/2012, 5B-2102/2012, 5B-1490/2013, 5A-2465/2013 y 5B-1738/2014; no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos legales, esto es, no lo sigue diligentemente; y, nada proveé o deja de hacer lo conducente para la marcha expedita de los juicios o la tramitación del procedimiento respectivo para lograr la emisión del laudo correspondiente. Así como dentro de los juicios en cita no pronuncia resolución interlocutoria del incidente de falta de personalidad y personería de los apoderados del Colegio tercero interesado y del Sindicato de Trabajadores del colegio de bachilleres del estado de Michoacán. Actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, como ya quedó establecido de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio de cuenta, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como actos reclamados la omisión por parte de la autoridad responsable de desahogar las pruebas ofrecidas, la omisión de dictar interlocutoria dentro del incidente de falta de personalidad y personería de los apoderados del Colegio tercero interesado y del Sindicato de Trabajadores del colegio de bachilleres del estado de Michoacán, así como de cerrar instrucción dentro del juicio laboral de origen, también lo es que mediante auto de seis de mayo del año en curso, se declaró cerrada la aludida instrucción dentro del referido juicio laboral, dejando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos que ya no generan estado de incertidumbre en el quejoso, dado que al haberse cerrado la instrucción en el juicio, los actos de omisión ya no dejan huella alguna en su esfera jurídica que amerite ser borrada, por tanto es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que en el caso resulte procedente analizar si en la especie existen omisiones o dilaciones posteriores a las ya examinadas, en razón a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis aislada número 2a.CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. .

  4. Principal

    Vistos el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente del oficio presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve,por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que dentro del juicio laboral, 5A-2370/2011 del que emana el acto reclamado, infirmó que se encontraba pendiente de acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas supervenientes ofrecidas por las partes. En consecuencia, requiérase a dicha autoridad laboral para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, informe a este juzgado, el estado actual que guarda el citado juicio laboral, debiendo informar el auto que recayó al ofrecimiento de las pruebas supervenientes de referencia, en su caso, si se desahogaron, y si se cerró instrucción, por lo que, de ser así deberá remitir las constancias relativas, a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente dentro del presente juicio, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las DOCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.

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