José Eduardo Raya Ruíz

Expediente 1080/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1080/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • José Eduardo Raya Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a su informe de ley, así como a las diversas que acompañó a su oficio 540/2019, del nueve de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las citadas constancias se advierte que mediante proveído del seis de mayo en curso, la junta responsable declaró cerrada la instrucción dentro del juicio ordinario laboral número 5B-1490/2013, promovido por José Eduardo Raya Ruiz, dejando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, este Juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 800/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Eduardo Raya Ruiz, remitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con motivo de su incompetencia por razón de turno para conocer del citado juicio, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: ".La autoridad responsable, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, omite desahogar las pruebas, no cierra la instrucción, no elabora el proyecto de laudo y no emite el laudo correspondiente, dentro de los expedientes ordinario laboral 5B-1641/2009 y sus acumulados de número de expediente, 5B-1209/2010, 5A-2370/2011, 5B-1102/2012, 5B-2102/2012, 5B-1490/2013, 5A-2465/2013 y 5B-1738/2014; no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos legales, esto es, no lo sigue diligentemente; y, nada proveé o deja de hacer lo conducente para la marcha expedita de los juicios o la tramitación del procedimiento respectivo para lograr la emisión del laudo correspondiente. Así como dentro de los juicios en cita no pronuncia resolución interlocutoria del incidente de falta de personalidad y personería de los apoderados del Colegio tercero interesado y del Sindicato de Trabajadores del colegio de bachilleres del estado de Michoacán. Actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, como ya quedó establecido de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 540/2019, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 5B-1490/2013, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como actos reclamados la omisión por parte de la autoridad responsable de desahogar las pruebas ofrecidas, la omisión de dictar interlocutoria dentro del incidente de falta de personalidad y personería de los apoderados del Colegio tercero interesado y del Sindicato de Trabajadores del colegio de bachilleres del estado de Michoacán, así como de cerrar dentro del juicio laboral de origen, también lo es que mediante auto de seis de mayo del año en curso, se declaró cerrada la instrucción dentro del referido juicio laboral, dejando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos que ya no generan estado de incertidumbre en el quejoso, dado que al haberse cerrado la instrucción en el juicio, los actos de omisión ya no dejan huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada, por tanto es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que en el caso resulte procedente analizar si en la especie existen omisiones o dilaciones posteriores a las ya examinadas, en razón a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis aislada número 2a.CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. ....

  3. Principal

    ...Agréguese el oficio 540/2019 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de tres de abril del año en curso, asimismo informa que el aquí quejoso promovió dos diversos incidentes de falta de personalidad, los cuales ya fueron resueltos, de igual forma hace del conocimiento que ya se llevó a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y se les concedió el término para realizar alegatos, por lo que una vez transcurrido dicho término, en seis de mayo del presente año, se ordenó el cierre de instrucción, para así, emitir el laudo respectivo dentro del juicio laboral 5B-1490/2013, lo cual se acredita con las copias certificadas que del citado expediente anexa a su oficio de cuenta, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere señalándose como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

  4. Principal

    ...Vistos los autos, específicamente las constancias que del juicio laboral 5B-1490/2013 remitió la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de las que se advierte que con fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, se dictó resolución dentro del incidente de falta de personalidad y personería de los apoderados del Colegio de Bachilleres en el Estado, promovido por la parte actora, el trece de noviembre de dos mil diecisiete, empero, como mediante 1104/2018, del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la referida autoridad informó que a esa fecha aún no se había podido resolver las incidencias que sobre falta de personalidad y personería de los apoderados del colegio y sindicato del colegio demandado, en razón a que faltaba por desahogar dos pruebas ofrecidas por la parte actora, en consecuencia, requiérase a dicha autoridad laboral para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º., informe a este juzgado si dentro del referido juicio laboral se promovieron dos diversos incidentes de falta de personalidad, así como el estado actual que guardan cada uno, debiendo informar además si a la fecha ya se llevó a cabo el desahogo de todas y cada una de las pruebas admitidas dentro del citado controvertido, y todo caso si ya se ordenó el cierre de instrucción, y de ser así deberá remitir las constancias relativas, a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente dentro del presente juicio, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia número 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."....

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