José Eduardo Sandría Figueroa o Gerardo García Ortíz y Otros.

Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
563/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • José Eduardo Sandría Figueroa o Gerardo García Ortíz y Otros.
  • No existe
  • No existe y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    PRAL.563/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho, no obstante su notificación el uno de junio de este año. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión sobre el plazo de diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Devolución de tomo. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en esta secretaría obra un tomo de pruebas que fue exhibido por el Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente como asunto concluido y carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 9. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.563/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. Manifestaciones del quejoso. Vista la diligencia de notificación personal de treinta de junio de este año, se advierte que el quejoso **** manifestó: ".su señoria solicito el amparo y protección de la Federal ya que me encuentro enfermo y aparte dichas autoridades no me proporcionan mi medicamento denominado clonazepam y lo ocupo pido de su apoyo e intervención gracias." Al respecto, se destaca que en este juicio de amparo el citado quejoso señaló como acto reclamado, del juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, la omisión de acordar su solicitud de trámite del incidente no especificado de traslación del tipo penal y adecuación de la pena de prisión, en el expediente SIPE/1524/2015; y el veintidós de junio de este año se emitió la sentencia respectiva, en la que se sobreseyó en el juicio ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado. Por ello, no ha lugar a efectuar mayor pronunciamiento en relación con la manifestación del promovente, en la medida en que no tiene relación con la litis planteada en este asunto. Con independencia de lo anterior, hágase saber a **** que de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, las omisiones relacionadas con sus condiciones de internamiento (como los tratamientos médicos), debe formularlas por escrito, vía petición administrativa, ante el director del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS OAXACA", lugar en el que se encuentra recluido (de conformidad con los artículos 107 al 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Asimismo, debe tomar en consideración que la aludida ley prevé la posibilidad de impugnar la respuesta que, en su caso, recaiga a las peticiones formuladas. En ese sentido, de acuerdo al artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el quejoso: a) Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Aunado a lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; casos en los cuales la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. Por lo expuesto, se reitera, su petición debe plantearla ante el director del centro en que se encuentra recluido o, en su caso, ante el juez de Ejecución, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Remisión de escrito original. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta y el contenido del escrito firmado por*** se corrobora que corresponde al juicio de amparo 563/2022 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio. En consecuencia, previa copia certificada que se deje en autos, se ordena remitir el escrito original al titular del citado órgano jurisdiccional; sin que haya lugar a requerir acuse de recibo, dado que el sello que se asiente en la constancia correspondiente, será suficiente para acreditar la entrega de la referida comunicación oficial a su destinatario. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    pral.563/2022 mesa 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con quince minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, *** S E N T E N C I AVisto para resolver el juicio de amparo 563/2022, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito depositado el doce de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado en la misma fecha al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. Al respecto, el quejoso consideró vulnerado su derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y, para evidenciarlo, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio en diverso Juzgado. En acuerdo de dieciocho de abril de este año ese órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo bajo el registro 418/2022 y previno a la parte quejosa para que la aclarara. Una vez que el directo quejoso y su defensor atendieron la prevención formulada, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto, y declinó la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, por ser el que conoció previamente del juicio 456/2019, en el que se reclamó un acto que tiene origen en el mismo expediente del que deriva el acto reclamado. TERCERO. Radicación y trámite en este Juzgado. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca aceptó la competencia y convalidó las actuaciones practicadas en el juicio 418/20212; asimismo, se destacó que la prevención formulada se encontraba cumplida, por lo que se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Además, se precisó que el quejoso estaría asesorado, en lo relativo al trámite de este juicio de amparo, por el licenciado Gabriel Jiménez Martínez, defensor público federal adscrito a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio. Finalmente, en acuerdo de catorce de junio de este año se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; y 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque, a decir de la parte quejosa, el acto reclamado tiene ejecución en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que se ubica el centro de reclusión en el que actualmente se encuentra privado de la libertada, y en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios se advierte que el quejoso **** reclama del juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México: La omisión de acordar el escrito dirigido a través de Correos de México el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que solicitó el trámite del incidente no especificado de traslación del tipo penal y adecuación de la pena de prisión, en el expediente SIPE/1524/2015. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el secretario del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, negó la existencia del acto reclamado. Al respecto, refirió que: El diecisiete de febrero de dos mil veintidós se recibió en ese órgano jurisdiccional el escrito del sentenciado ****, mediante el cual solicitó la traslación de tipo y adecuación de la pena. En auto de dos de marzo del mismo año se tuvo por recibida la promoción y se remitió en copia certificada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de la Especialidad, con la finalidad de que se registrara en el Sistema de Correspondencia Común y se actualizara el turno aleatorio. En proveído de diez de marzo de dos mil veintidós se radicó la petición del quejoso y se desechó de plano. Dicha resolución se notificó el treinta de marzo de este año a *** mediante exhorto 583/2022. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en trámite. Dicha información se corrobora con la documental que se anexó al informe, consistente en el legajo integrado con la copia certificada del SIPE 1524/2015, relacionado con la causa penal 220/2011 -tomo anexo I-, a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo expuesto se aprecia que, efectivamente, no existe el acto reclamado, pues su existencia se analiza en función del momento de presentación de la demanda de amparo. Y en el caso, el escrito de demanda se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el doce de abril de dos mil veintidós, en tanto que la solicitud del quejoso se atendió el diez de marzo de dos mil veintidós y se notificó el treinta siguiente (mediante exhorto); de ahí que es incuestionable que al momento en que se presentó la demanda no existía la omisión reclamada. Como apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia con registro 196072 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, por el razonamiento jurídico que contiene, se cita en apoyo la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia no desvirtuada de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra el acto reclamado al juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    pral.563/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo de este año se agregó el informe justificado del secretario del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; determinación que se notificó a la parte quejosa el ocho del mes actual, surtiendo efectos el nueve siguiente. Por tanto, es evidente que se encuentra transcurriendo el plazo mínimo de ocho días hábiles previsto en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que dicha parte procesal se imponga del contenido del informe justificado y del tomo de pruebas exhibido por la autoridad responsable. En esas condiciones, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, de ahí que se difiere, fijando para su desahogo las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE ESTE AÑO. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese.

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