José Domínguez Orozco
Expediente 1334/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Domínguez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
PRAL.1334/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Reexpedición de oficio. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obra la constancia de notificación a la autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, de la sentencia dictada el treinta de junio de este año, en la que se negó el amparo a la parte quejosa. Y de la consulta realizada en la página de internet de Correos de México, en relación al seguimiento de la pieza postal que corresponde al citado oficio, se pudo advertir que el último movimiento registrado es de catorce de julio de este año, con la leyenda "En tránsito hacia destino", sin que aparezca dato sobre la entrega de la comunicación. En ese sentido, con la finalidad de integrar este expediente para su remisión al archivo material; como se determinó en acuerdo de veintidós de julio del año en curso -fojas 204 y 205-, en el que se ordenó su archivo como asunto concluido: Reexpídase el oficio 17585/2022, con transcripción de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, vía fax al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca; y solo en caso de no poder concretar la notificación por ese medio, previa razón actuarial, podrá enviarse el oficio a través del servicio de mensajería acelerada. Cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.1334/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de diecisiete de junio de este año, engrosada el treinta siguiente, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que lo hubiese hecho, no obstante su notificación el seis de julio de este año. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Devolución de tomos. De la certificación de cuenta se advierte que en esta Secretaría obran dos tomos de prueba exhibidos por la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 5. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del multicitado acuerdo general, este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. 9. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1334/20221; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ***, mediante demanda de amparo depositada el siete de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnada el ocho siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos siguientes (foja 3): "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. a).- JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. IV.- EL ACTO RECLAMADO, LO CONSTITUYE: La fijación por parte de la responsable.***.". SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera transgredidos en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. a) En acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno se radicó la demanda de amparo bajo el registro 1334/2021, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada, mediante despacho. b) El veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno se incorporó a los autos el informe justificado rendido por la secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca (foja 33); precisando que no se tenían por recibidas las constancias referidas por la autoridad oficiante, dado que no se anexaron al informe justificado que fue recibido vía correo electrónico institucional; asimismo, en el mismo proveído se tuvo a la autoridad devolviendo las constancias correspondientes al emplazamiento a juicio de la tercera interesada Rosa Itzel Cruz Flores, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales K.D.C. (fojas 31 y 32). c) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós (fojas 74 a 76) se determinó la existencia de un conflicto de intereses entre el quejoso José Domínguez Orozco y la tercera interesada Rosa Itzel Cruz Flores, lo que justificó la designación (foja 85) del licenciado César López Ramos, asesor jurídico federal adscrito a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, como representante especial de la menor K.D.C.; mismo que se discernió del cargo el cuatro de marzo de este año (foja 95). d) Mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas 168 a 169) se precisó que, aparentemente, era deseo del quejoso estar presente en la audiencia constitucional que se llegara a desahogar en este juicio; lo que ameritó el requerimiento correspondiente, sin que el quejoso se pronunciara al respecto, como se hizo constar en el acta de audiencia que antecede. e) Finalmente, previos los trámites correspondientes y después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia civil y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en un lugar donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y las constancias de autos, se advierte que José Domínguez Orozco reclama de la juez Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca: El proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente 30/2021, en la parte relativa donde fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de las terceras interesadas Rosa Itzel Cruz Flores y menor K.D.C., dos salarios mínimos diarios, correspondiendo uno a cada una las acreedoras. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar su dicho, remitió copia certificada y expediente original 30/2021, en el que obra el auto recurrido y se aprecian las razones sustanciales por las cuales Rosa Itzel Cruz Flores solicitó la guarda y custodia de la menor, así como la pensión alimenticia, y la consecuente determinación que adoptó al respecto la referida autoridad responsable. En ese tenor, es evidente la certeza del acto reclamado; y sirve de apoyo a ello la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Sin embargo, como en la especie las partes no hicieron valer ninguna y de oficio no se advierte que se actualice causa legal, constitucional o jurisprudencial, es procedente realizar el examen de la inconstitucionalidad planteada. Con la precisión que sobre la procedencia del amparo el quejoso señaló en la demanda que el acto reclamado (pago de alimentos provisionales) es de imposible reparación y no procede el recurso de responsabilidad establecido en el artículo 962 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, haciendo procedente el juicio de amparo. Efectivamente, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca en su artículo 962 prevé la regla especial consistente en que tratándose de las medidas provisionales y urgentes que el juez emita al recibir una demanda en materia familiar y de alimentos, no se admite más recurso que el de responsabilidad; sin embargo, la responsabilidad, en realidad, no es un recurso, al no tener por objeto la revisión de la determinación impugnada. Así, el auto que fija la pensión alimenticia provisional es una determinación provisional y urgente, que tiene por objeto garantizar la supervivencia del que los necesita, durante la tramitación del juicio, por tanto, contra esos actos no procede recurso alguno y, ante ello, es evidente la procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, lo establecido en la Tesis PC.XIII.C.A. J/1 C (11a), sustentada por el Pleno en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, Undécima Época, libro 6, octubre de 2021, Tomo II, página 2905, registro digital 2023704, de rubro siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA DECRETA, ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posiciones encontradas al resolver sendos recursos de revisión, pues por un lado, uno consideró que el recurso de apelación es improcedente en contra del auto que fija la pensión alimenticia provisional, mientras que los otros dos determinaron que en contra de dicho acto sí es procedente el recurso de apelación. Criterio jurídico: El Pleno en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito determina que en contra del auto que decreta la pensión alimenticia provisional, no procede el recurso de apelación ni algún otro. Justificación: El*** QUINTO. Suplencia de la queja deficiente. Con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, el acto reclamado será analizado bajo el principio de suplencia de la queja, con base en la igualdad procesal que debe existir entre las partes, en el presente caso tratándose del deudor alimentario. En el entendido que se hará uso de tal figura procesal siempre y cuando sea advertida su necesidad, y con la precisión de que no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor (quejoso), que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen ambas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en la decisión que se emita. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 78, septiembre de 2020, tomo I, página 316, registro 2022087, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO". SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Como se anticipó, la autoridad responsable remitió con su informe justificado el expediente 30/2021, de su índice, documental a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; expediente del que se aprecia que: El once de octubre del dos mil veintiuno Rosa Itzel Cruz Flores, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales K.D.C., demandó en la vía de controversias del orden familiar a José Domínguez Orozco (foja 2 del tomo anexo II). Las prestaciones reclamadas fueron: a) el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional para las actoras; b) así como el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva; c) la guarda y custodia provisional y definitiva de la menor K.D.C. y d) el pago de gastos y costas del juicio. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 1 y 9 a 15 tomo anexo II) la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, radicó el juicio 30/2021 y, entre otras cuestiones, en dicho acuerdo ordenó el emplazamiento del demandado (aquí quejoso) José Domínguez Orozco, fijó hora y fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, concedió a la parte actora la guarda y custodia provisional de la menor K.D.C. y, como pensión alimenticia provisional a favor de la menor citada y de la actora, fijó dos salarios mínimos diarios, correspondiendo a cada acreedora un salario mínimo diario, que deberá exhibir el demandado de manera quincenal. Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Dicho proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno fue notificado a la ahora parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 21 a 23 del tomo anexo); e inconforme, presentó demanda de amparo el siete de diciembre de ese año. SÉPTIMO. Estudio de la litis constitucional. De la lectura íntegra del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 30/2021, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, destaca, en lo que interesa, lo siguiente: a) Se decretó la guarda y custodia provisional de la menor K.D.C. a favor de su progenitora Rosa Itzel Cruz Flores, atendiendo a su interés superior previsto en el artículo 4º de la Constitución Política, el artículo 3º apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador; además, se consideró la edad de la menor en esa fecha (tres años cuatro meses), y el hecho de que la actora precisó que la menor vive con ella; lo que se consideró el escenario más benéfico para la niña. b) Por otra parte, en relación con la pensión alimenticia provisional se determinó que: La actora únicamente refirió que el demandado (quejoso) obtiene ingresos como dueño de una ferretería. El deudor alimentario tiene la obligación de suministrar alimentos a su menor hija y a su cónyuge, de acuerdo con el artículo 323 del Código Civil en el Estado de Oaxaca (vigente en la época de los hechos), que prevé que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Al no existir medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, es preciso actuar dentro de los límites de la lógica y la razón, para así fijar el monto de la pensión tomando como base el salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad mínima suficiente para sufragar los gastos de comida, vestido, habitación, educación, atención médica y hospitalaria. Los alimentos son de orden público, de urgente necesidad y de ministración inaplazable, y para fijar una pensión provisional no se requiere que la promovente acredite plenamente su acción, ni tampoco la capacidad económica del demandado, toda vez que es una medida provisional que tiene como finalidad resolver momentáneamente respecto a la necesidad urgente de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria. Fijó por concepto de pensión alimenticia provisional DOS SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS, a favor de la menor y de la actora, correspondiéndole a cada acreedora un salario mínimo diario; con fundamento en los artículos 1º y 3º constitucionales; 320, 321 y 323 del Código Civil, en relación con los numerales 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Oaxaca. Ordenó requerir al demandado (quejoso) para que en el momento del emplazamiento manifestara a cuánto ascienden sus ingresos de forma quincenal o mensual y para que realizara el depósito correspondiente de la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional. Inconforme con la fijación de la pensión alimenticia provisional, el quejoso promovió demanda de amparo origen de este expediente, en la cual plantea, sustancialmente, como conceptos de violación, los que se advierten de la lectura íntegra de la demanda de amparo y que son los siguientes: La autoridad jurisdiccional responsable omitió estudiar y analizar los requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional, pues únicamente citó una tesis aislada. El solo parámetro aritmético de dividir el ingreso del deudor entre el número de acreedores alimentistas no es suficiente para fijar una pensión alimenticia provisional, porque no se consideran las necesidades particulares de los acreedores alimentarios; de ahí que no debió apoyarse la determinación reclamada en la tesis aislada 213047. Se omitió atender el principio de proporcionalidad y equidad en materia de alimentos, en función del estado de necesidad de las acreedoras y las posibilidades reales del deudor para cumplir la obligación. La autoridad violentó (sic) la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debió tomarse en consideración el entorno social, las costumbres y particularidades en que se desenvuelve la familia, al pertenecer a una comunidad rural en donde las personas no generan los mismos gastos que al habitar o vivir en una ciudad. La pensión alimenticia provisional que se fijó es una cantidad exagerada y por encima de la ley, y de lo permitido sufragar por el hoy quejoso, porque se dedica a las labores del campo. A la autoridad responsable le bastó únicamente el dicho de la actora para fijar la pensión alimenticia provisional a favor de la menor y de ella, sin que sus afirmaciones estén probadas en autos. La actora no hizo mención a su estado de necesidad, pues nunca dijo estar impedida para allegarse de ingresos para subsistir por sí misma; por lo que la autoridad debió presumir que la tercera interesada obtiene ingresos económicos propios para satisfacer sus necesidades alimentarias. Que de acuerdo al ordinal 315 del Código Civil del Estado de Oaxaca, ambos padres están obligados a proporcionar alimentos a su hija, y por tanto es desproporcional que esa obligación recaiga solo en él mediante la fijación de la pensión provisional. Devienen infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso y, para evidenciarlo, se procederá a invocar primeramente la legislación aplicable al caso, que dispone: -CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará". (.)". -CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa): "Artículo 3. *** 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. (.) *** -LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: "Artículo 2. (.) El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte". *** -CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA (VIGENTE EN LA ÉPOCA EN QUE SE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO): "Artículo 163.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos, en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos. *** "Artículo 314.- Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale (.)" "Artículo 315.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. "Artículo 320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales". "Artículo 323.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. (.) Los alimentos decretados de manera provisional no serán reintegrados al deudor alimenticio, aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia". "Artículo 325.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos; y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación". "Artículo 327.- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: I. El acreedor alimentario; (.)". -CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA. "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. (.) Tratándose de situaciones en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano jurisdiccional deberá observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez". "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días". "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, (.) tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente". Como se ve, los preceptos legales transcritos establecen, en lo que al caso concierne, que el Estado tiene la obligación legal de proteger el desarrollo de la familia, sobre todo tratándose de asuntos en los que se pueda afectar a los niños y niñas, pues debe siempre atenderse a su interés superior; de modo que el Estado tiene el deber de asegurar que los padres cumplan con los deberes que tienen para con sus descendientes. Bajo esa medida, como es responsabilidad primordial de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo de hijos e hijas, al Estado compete asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de las personas que tengan esa responsabilidad financiera. ***** Consideraciones que la autoridad fundó en los numerales 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 320, 321 y 323 del Código Civil del Estado de Oaxaca; 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. ****** Lo anterior, con sustento en lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 1ª./J. 49/2021 (11a), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Undécimo Época, libro 7, noviembre de 2021, Tomo II, página 843, registro digital 2023835, de rubro y texto siguiente: ****con base en el salario mínimo sí es acorde con su naturaleza y finalidad. Sirve de apoyo la jurisprudencia VII.1º.C. J/17 (10a), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 863, registro 2018733, cuyo rubro es: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)." Efectivamente, el salario mínimo es una cantidad mínima considerada al momento de fijar una pensión alimenticia provisional, cuando no se cuenta con la certeza de los ingresos económicos del deudor, como en el caso; de ahí que el juez de origen actuó bajo los lineamientos legales permitidos. Segundo. Además, en el auto reclamado de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, *** Consideraciones que, igualmente, la autoridad fundó en los numerales 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 320, 321 y 323 del Código Civil del Estado de Oaxaca; 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. **** **** Así, resulta desacertado que el quejoso afirme que la autoridad jurisdiccional solamente se basó en un parámetro aritmético para establecer un salario mínimo diario a favor de cada acreedora; pues ello no fue así, por el contrario, lo que la autoridad tomó en cuenta fue, precisamente, el dicho de la actora, quien sostuvo en su demanda civil que el demandado obtiene ingresos económicos en su carácter de dueño de una ferretería, por la cantidad aproximada de tres mil quinientos pesos en forma semanal, sin que existieran elementos que acreditaran plenamente la capacidad económica del demandado. Entonces, si bien es cierto que del examen de las constancias que conforman el juicio natural -previamente valoradas-, no se aprecia que la parte acreedora alimentaria haya ofrecido elementos de convicción para justificar la posibilidad económica del deudor; también es verídico que el desconocimiento del ingreso exacto del deudor no lo exime de su obligación de otorgar alimentos provisionales, pues en esta cuestión, como correctamente procedió la autoridad responsable, es conveniente determinar el monto de la pensión solamente con base en las circunstancias especiales del caso y como ocurre, de forma proporcional, de acuerdo al salario mínimo general vigente, que es la cantidad apenas suficiente para la subsistencia diaria de una persona; de ahí que era innecesario legalmente que la autoridad judicial investigara las condiciones particulares como el entorno social rural, costumbres o particularidades de la familia del quejoso, porque, se insiste, un salario mínimo general es justamente la cantidad más pequeña con la que se estima legalmente que puede subsistir diariamente una persona. Como apoyo de lo anterior, por las consideraciones que le dieron origen, se cita la tesis III.1o.C.184 C (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, página 796, registro digital 160094, cuyo rubro y texto disponen: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". *** R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a contra la determinación de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, en el expediente familiar 30/2021 de su índice; lo anterior, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PRAL.1334/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Comunicación agregada previamente. Glósese el oficio firmado por el juez Mixto de Primera Instancia de Villa Alta, Oaxaca, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, debido a que su contenido se proveyó en acuerdo de tres de junio de este año, al haberse recibido anteriormente vía correo electrónico. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
Quedan 24 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- José Daniel Villalobos Sánchez253/2018
- José David Ramírez Ordoñez y Otros.552/2023
- José David Ramírez Ramírez771/2019
- José David Sánchez Rivera1034/2019
- José de Cupertino Bautista Bautista813/2023
- José Delgado Cortés253/2019
- José Eduardo A. Barajas Vallejo1125/2017
- José Eduardo Artuna Tzec y Otros.1083/2018
- José Eduardo Pérez Cruz222/2021
- José Eduardo Rodríguez Quintana y Otros.828/2020
- José Eduardo Sandría Figueroa o Gerardo García Ortíz1098/2018
- José Eduardo Sandría Figueroa o Gerardo García Ortíz y Otros.563/2022