José Eduardo Rodríguez Quintana y Otros.

Expediente 828/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
828/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Eduardo Flores Flores a traves de su defensora Pública Federal y Otros.
  • José Eduardo Rodríguez Quintana y Otros.
  • Juan Eduardo Flores Flores a traves de su defensora Pública Federal
  • José Eduardo Rodríguez Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    PRAL.828/2020 MESA 2 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 1. Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por auto de esta misma fecha, causó ejecutoria la sentencia ahí dictada, como se advierte de la copia autorizada que se anexa; en consecuencia, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en interlocutoria dictada el veintidós de diciembre de dos mil veinte. 2. Archivo. Como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existen documentos originales exhibidos por las partes ni asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino. Original depurable. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados, el original de este expediente será depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Duplicado de incidente. Se precisa que por interlocutoria de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se acordó lo procedente al destino del duplicado de este incidente de suspensión (destruible). 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique: a) Que en la carátula del original del incidente de suspensión obre la leyenda de que el mismo es depurable y en el duplicado de ese cuaderno incidental, que es destruible; y, b) Que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.828/2020 MESA 2 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintiuno, firmada y autorizada el veintiséis de febrero siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos **** sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo reciente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Devolución de un disco a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca remitió: * Un disco certificado en formato DVD que, dice, contiene los registros de audio y video de las audiencias de audiencias celebradas el diecinueve y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial OAX/000389/2020, así como los índices cronológicos. Por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 7. Destino del incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    PRAL.828/2020-2A*Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con dos minutos del nueve de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 828/2020, como se ordenó en acuerdo de ocho de enero del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, a través de la defensora Pública Federal licenciada Catalina Ramos Rojas, e informe justificado de la autoridad responsable y hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, remitió: a) Las constancias escritas de lo resuelto en las audiencias celebradas el diecinueve y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial OAX/000389/2020, así como los índices cronológicos; y, b) Un disco en formato DVD certificado que contiene las referidas audiencias. Enseguida, se provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la referida prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES SECRETARIA DE JUZGADO. Visto, para resolver el juicio de amparo 828/2020; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito recibido en línea, con firma electrónica, el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, a través de la defensora Pública Federal licenciada Catalina Ramos Rojas, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el auto de vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta judicial OAX/000389/2020; que atribuyen al juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 828/2020, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento. En diverso acuerdo de ocho de enero del año en curso se ordenó emplazar al licenciado Alejandro Octavio Estudillo Rueda, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Delegación Oaxaca, en su carácter de tercero interesado, lo que se realizó el catorce del mismo mes y año; previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48, 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Personería. En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, la personería de la promovente licenciada Catalina Ramos Rojas, como defensora pública federal de los directos quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, quedó acreditada en la audiencia inicial de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la carpeta judicial OAX/000389/2020 (00:05:51 del video A1 INICIAL del disco), en la que se le reconoció ese carácter. Tercero. Precisión del acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que el acto reclamado por los quejosos y por el cual se realizará el estudio respectivo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, es: El auto de vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta judicial OAX/000389/2020, que atribuyen al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Cuarto. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que le reclamaron los quejosos. Al efecto, la citada autoridad judicial manifestó, en lo sustancial, que en audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la carpeta judicial OAX/000389/2020, determinó vincular a proceso a los directos agraviados, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana y preparado de cannabis denominado hachís- este último únicamente respecto del quejoso Juan Eduardo Flores Flores-, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235de la Ley General de Salud. Como justificación de su informe, remitió: a) Las constancias escritas de lo resuelto en las audiencias celebradas el diecinueve y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial OAX/000389/2020, así como los índices cronológicos; y, b) Un disco en formato DVD certificado que contiene las referidas audiencias. Documentales (naturaleza jurídica que también tiene el disco versátil) a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Respecto al disco en formato DVD, es aplicable la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Quinto. Causas de improcedencia. Este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia constitucionales o legales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. Se estima innecesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; atento a la jurisprudencia 2ª/J 58/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, a través de la defensora pública federal, sustancialmente, aducen que se vulneran sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que el juez de la causa no analizó el hecho por el que el agente del Ministerio Público les formuló imputación, ni valoró los datos de prueba que este último consideró para solicitar la vinculación a proceso, en virtud de los argumentos siguientes: No se encuentran reunidos los requisitos que establecen los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el juez responsable infringe sus derechos humanos, porque dictó auto de vinculación a proceso en su contra a pesar que los datos de prueba no son idóneos ni suficientes para establecer razonablemente la existencia de los elementos que integran el delito de transporte de cannabis sativa L. (marihuana), que se imputa a ambos agraviados y hachís únicamente al quejoso Juan Eduardo Flores Flores, porque el único dato por el que se les vincula es el señalamiento que hicieron los agentes aprehensores en el informe policial homologado, lo que, dicen, no se corrobora con otros datos de prueba, por lo que le resta credibilidad y, por ende, no resulta idóneo ni suficiente para demostrar que las maletas en que fue encontrado el estupefaciente son propiedad de los quejosos, pues los videos proyectados y la entrevista realizada al chofer del autobús no son aptos, idóneos ni suficientes para demostrar esa circunstancia, en virtud que: - Los videos que proyectó el agente del Ministerio Púbico en la audiencia no son indicios razonables y no pueden ser susceptibles de adquirir valor demostrativo para vincularlos a proceso, ya que, refieren, era necesaria una labor pericial en antropometría, a efecto de verificar la identidad de las personas que en ellos aparecen, lo que le correspondía aportar al representante social. Además de que, agregan, en dicha proyección el fiscal no hizo referencia a las características físicas y de vestimenta de los defendidos; y, - Por cuanto hace a la entrevista realizada al chofer del autobús de nombre Pascasio Ramírez, refieren que presenta inconsistencias, por existir una variación en el hecho, ya que, inicialmente, dijo a los elementos de la Guardia Nacional que desconocía a quiénes pertenecían las maletas en las que se encontraban los estupefacientes, pero en la entrevista proporcionada a elementos de la Policía Federal Ministerial afirmó que se percató que llegaron dos personas corriendo para abordar, quienes no llevaban boleto, por lo que les cobró arriba del autobús y, con posterioridad, ellos mismos subieron sus maletas al portaequipaje. De igual forma, manifestaron que en la entrevista proporcionada al policía Federal Ministerial el chofer no hizo referencia a las características de las personas que llegaron corriendo y subieron las maletas al autobús y, además, omitió manifestar a los elementos de la Guardia Nacional el hallazgo de las maletas con marihuana; por lo que ese dato de prueba, dicen, no tiene valor para afirmar que los quejosos fueron quienes abordaron las maletas al autobús. Aducen, también, que el policía Federal que recibió la entrevista del chofer del autobús asentó los hechos según su oposición, ya que, dicen, plasma lo que debe utilizar para su teoría del caso; por lo que, consideran, está en duda que esa persona haya indicado que se percató que llegaron dos personas para abordar, que no llevaban boletos y que ellos mismos subieron sus maletas al portaequipaje. En conclusión, señalan que no existen indicios razonables que permitan suponer que los aquí quejosos cometieron el hecho que la ley señala como el delito de transporte de marihuana y hachís, ni que participaron en su comisión, por lo que el juez estaba obligado a verificar que los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público para solicitar la vinculación a proceso, son aptos, idóneos y suficientes para suponer de manera razonable que se cometió un hecho que le ley señala como delito y que existe la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, lo cometieron, dado que, para dictar esa resolución, se exige un ejercicio de motivación y un estándar de prueba cuya carga corresponde al representante social y su valoración al juez. Séptimo. Estudio de los conceptos de violación. 7.1. Antecedentes del acto reclamado. De las audiencias de diecinueve y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, que constan en el disco digital que fue remitido por la responsable, con valor probatorio de una documental pública, en términos de los artículos 197, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL", se aprecian los siguientes antecedentes del acto reclamado: a) Del informe policial homologado de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por los elementos de la Guardia Nacional, de nombres Guzmán Rodríguez Jaime Gerardo, Rosel Salgado César Augusto, Estrada Aguilar Iván Neftalí, Carrasco Estrada Hailey Efraín y García González Reynaldo (01:39:02 del video A1 INICIAL del disco), el cual fue reseñado por el agente del Ministerio Público durante la audiencia inicial celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se advierte que los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores (00:07:25 del video A1 INICIAL del disco) fueron detenidos el diecisiete de noviembre último, en el kilómetro 219+000, vía 570, en la ruta 135D, esto es en la carretera Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, con dirección a Nochixtlán, Oaxaca, toda vez que al realizar el operativo denominado Telurio, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas en las carreteras de jurisdicción federal, y efectuar una inspección en un autobús de la empresa FYPSA (Autobusses y Pasajes S.A. de C.V.), del servicio de Autotransporte Federal de Pasaje, localizaron dos maletas y una mochila, respecto de las que los aquí quejosos afirmaron eran de su propiedad, mismas que contenían, la que José Eduardo Rodríguez Quintana señaló que era suya, un paquete de forma ovalada confeccionada en cinta canela que, en su interior, contenía hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana, y la maleta que Juan Eduardo Flores Flores adujo que era de él un paquete con el mismo contenido. Asimismo, en la mochila que también este último (Juan Eduardo Flores Flores) señaló que era suya, se encontraron siete envoltorios de forma ovalada, confeccionados en plástico transparente, conteniendo en su interior una sustancia pastosa de color verde, con las características propias del hachís; ambos quejosos, sin contar con permiso para transportar esos narcóticos. Razón por la que se hizo del conocimiento de los promoventes del amparo que realizaron una conducta probablemente delictiva y que quedaban detenidos por la posible comisión de un delito contra la salud. b) En audiencia inicial con detenido celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el juez de Distrito responsable calificó de legal la detención de los peticionarios de amparo (01:32:12 del video A1 INICIAL del disco), c) La representación social formuló imputación, precisando los hechos (01:33:35 del video A1 INICIAL del disco), así como su clasificación jurídica. d) Los quejosos manifestaron su deseo de reservarse su derecho a declarar (01:34:59 del video A1 INICIAL del disco). e) Posteriormente, el agente del Ministerio Público Federal solicitó que se les vinculara a proceso (01:40:37 del video A1 INICIAL del disco). f) Los quejosos optaron por el plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica, por lo que el juez señaló las dieciséis horas del veintiuno de noviembre de dos mil veinte, para tal efecto (02:12:06 del video A1 INICIAL del disco). g) En la continuación de la audiencia celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil veinte (00:00:54 del video A2 del disco) se resolvió la situación jurídica de los quejosos, dictándose auto de vinculación a proceso a José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, por el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y adicionalmente al último de los quejosos (Juan Eduardo Flores Flores), por transportar preparado de cannabis, denominado hachís; previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como 234 y 235 de la Ley General de Salud. Siendo el auto de vinculación a proceso, el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en el dictado del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama, establece los lineamientos a los que la autoridad judicial debe sujetar su proceder para ello. Y de la interpretación sistemática de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben converger los siguientes requisitos: a) Se haya formulado imputación; b) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, acorde a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, mencionará el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, establece que serán emitidos oralmente y surtirán efectos a más tardar al día siguiente y después de su emisión oral, deberán constar por escrito. Luego, si, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44 de dicha legislación, la formalidad que distingue al sistema es la oralidad de las actuaciones procesales es claro que no deben desvincularse una de otra; esto es, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito. Además, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran constreñidos a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, se estudiará la determinación emitida de forma oral en la audiencia de vinculación a proceso. Y aunque ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita) constituyen un mismo acto de autoridad, pues la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la diligencia. Entonces, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación se constatará con base en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en la misma audiencia, por ser ésta la que jurídicamente rige, lo que tiene relación directa con los datos de prueba incorporados en audiencia de diecinueve del mismo mes y año. Hecho que la ley señala como delito. En la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, la responsable consideró que era procedente vincular a proceso a los imputados, aquí quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, por el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y, adicionalmente, al último de los agraviados (Juan Eduardo Flores Flores), por transportar preparado de cannabis, denominado hachís. Ilícitos previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235, de la Ley General de Salud, que disponen: Código Penal Federal "Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. - - -- .]". "Artículo 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud". Ley General de Salud "Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes: (.) CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas. (.) Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga substancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza análoga y cualquier otra substancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación". "Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V. (Se deroga). VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud". Se estima que el juez de Distrito responsable se apegó a derecho al determinar que 1º era legalmente competente para conocer y resolver del asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, 20, fracción II y 133, del Código Nacional de Procedimientos Penales (00:32:57 del video A2 del disco); 2º que se incorporaron diversos datos de investigación, a saber, a) inspección de indicios, b) dictámenes, c) informe policial homologado, d) entrevistas y e) videos. Esos datos de prueba a que se refirió la responsable en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, son lo que se incorporaron mediante audiencia de diecinueve del mismo mes y año, contenidos en el disco certificado que remitió la responsable, mismo que fue justipreciado con anterioridad y del que se advierte son: Datos de prueba incorporados por la representación social: 1. Informe policial homologado de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veinte (00:07:25 del video A1 INICIAL del disco), suscrito por los elementos de la Guardia Nacional, de nombres Guzmán Rodríguez Jaime Gerardo, Rosel Salgado César Augusto, Estrada Aguilar Iván Neftalí, Carrasco Estrada Hailey Efraín y García González Reynaldo (01:39:02 del video A1 INICIAL del disco), quienes, en lo sustancial, refirieron que siendo aproximadamente las once horas con veinte minutos de esa fecha, cuando se encontraban efectuando su servicio de inspección, verificación, seguridad y vigilancia, a bordo de los carros radio patrullas, en el kilómetro 219+000, vía 570, ruta 135D, esto es, en la carretera Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, con dirección a Nochixtlán, Oaxaca, en el operativo denominado diluvio, detuvieron la marcha de un autobús de la empresa FYPSA (Fletes y Pasajes S.A. de C.V.), del servicio de Autotransporte Federal de Pasaje; se identificaron con el conductor y pasajeros como elementos de la Guardia Nacional, haciéndoles del conocimiento del operativo y el motivo de la presencia de dichos elementos en ese lugar, así como la razón de la detención momentánea de la circulación de la unidad en que se transportaban. El chofer de ese automotor, de nombre Pascasio Ramírez Rodríguez proporcionó sus generales a los elementos que se encontraban haciendo esta actividad de prevención del delito; manifestó que venía de la ciudad de Oaxaca y que se dirigía a la ciudad de México, con escalas en Nochixtlán y Puebla; acto seguido, los elementos le solicitaron realizar una inspección a la unidad de motor, tanto en el área de pasaje como en el área del maletero, a lo cual el chofer dio su autorización. Al momento de revisar el maletero, los elementos de la Guardia Nacional se percataron de un fuerte olor característico a la marihuana que despedían, a decir de ellos, dos maletas de lona, una color café con estampado de flores de colores, con la leyenda Atlantic y otra color rojo, así como también de una mochila color negro con la leyenda Truper, las cuales no contaban con etiqueta de abordaje; preguntaron al conductor a quién pertenecían esas maletas, manifestándoles este último que en ese momento había una persona encargada de estibar las maletas, por lo que lo desconocía. Ante ello, el oficial Estrada Aguilar Iván Neftalí y el suboficial Carrasco Estrada Mailey Efraín abordaron el interior del autobús, solicitándole a cada uno de los pasajeros que descendieran para que les señalaran su equipaje y después de un lapso de cuarenta minutos, al llegar a los asientos treinta y nueve y cuarenta, los cuales se encuentran del lado derecho del pasillo del autobús, estaban sentados dos personas del sexo masculino, preguntándoles si habían documentado equipaje, manifestando que sí, por lo que se les solicitó que descendieran para que les señalaran el equipaje que ellos habían documentado. José sacó de la bolsa derecha delantera de su pantalón, un boleto de abordaje de la línea de autobús Fletes y Pasajes s.a. de c.v., con número de folio 745141, indicando que tenía el asiento 139, en tanto que Juan sacó de la bolsa izquierda trasera del pantalón, un boleto de abordaje de esa línea de autobús, con número de folio 745144, correspondiendo al asiento número 44; José señaló que su equipaje era una maleta color rojo y Juan refirió que su maleta era color café, con estampado de flores de colores, así como también una mochila color negro; por lo que los elementos les solicitaron su autorización para realizar una inspección a dichas maletas, accediendo esas personas de manera voluntaria. Al abrir la maleta color rojo, los elementos se percataron que contenía un paquete de forma ovalada confeccionada en cinta canela, conteniendo en su interior hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana; la maleta color café con estampado de flores tenía el mismo contenido, y la mochila color negro, contenía siete envoltorios de forma ovalada, confeccionados en plástico transparente, en su interior, una sustancia pastosa de color verde, con las características propias del hachís; se les preguntó si contaban con algún permiso para transportar ese narcótico, manifestando ambos a dichos elementos que no contaban con permiso alguno, motivo por el cual, siendo las doce horas con diez minutos, los oficiales Rosel Salgado César Augusto y Carrasco Estrada Hailey hicieron del conocimiento a los pasajeros de nombre José y Juan que se encontraban realizando una conducta probablemente delictiva y que quedaban detenidos por un posible delito contra la salud, por lo cual, siendo las doce horas con doce minutos se les leyó la cartilla de sus derechos que asisten a las personas en detención, para posteriormente proceder al aseguramiento y procesamiento de los indicios encontrados. 2. Dictamen en materia de tránsito terrestre e identificación vehicular, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte (01:44:02 del video A1 INICIAL del disco), suscrito por la perito oficial de la Fiscalía General de la República Marlén Muñoz García, quien concluyó que el vehículo que inspeccionó es un vehículo de la marca Scania, tipo autobús, color beige, con franjas azul, rojo y amarillo, placas de circulación 800-HX-4 del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajes, corresponde a un vehículo de origen extranjero, modelo dos mil catorce y pertenece a la empresa denominada FYPSA; al efecto, anexó nueve fotografías en las que se advierten las características de esa unidad de motor, mismas que el Ministerio Público dijo coinciden con las que fueron proporcionadas por los elementos de la Guardia Nacional. 3. Inspección realizada al mismo vehículo por el elemento de la policía federal ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez (01:45:10 del video A1 INICIAL del disco), en la que señaló que se trasladó hasta las instalaciones de la Central de Autobuses Fletes y Pasajes s.a. de c.v., donde realizó la inspección de esa unidad, a la que describe como un vehículo de motor, tipo autobús, marca Scania, perteneciente a la empresa Autobuses Fletes y Pasajes, s.a. de c.v., número económico 48, placas de circulación 800HX4, del servicio de autotransporte federal de pasaje, en buenas condiciones de hojalatería y pintura, así como en sus neumáticos. Dicha unidad de motor presenta en ambos costados frontal y trasero la leyenda Fypsa, en tamaño grande y color rojo, además de una franja de colores vivos, rojo, azul y amarillo que recorre ambos costados; ese elemento aprehensor anexó una serie de doce fotografías a color, de las que se aprecia la unidad de motor, el lugar específico donde se encontraban las maletas, el área de equipaje que fue inspeccionado por los elementos de la Guardia Nacional y el lugar en el que se dio el hallazgo del estupefaciente. 4. Inspección que hace el elemento Carlos Alberto Galván Ramírez (01:47:22 del video A1 INICIAL del disco), de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el lugar preciso en donde se llevó a cabo la detención de los imputados, a saber, bajando de la caseta de Huitzo en dirección Huitzo-Nochixtlán, en el kilómetro 219, donde aparece un letrero, kilómetro 219; anexó una serie de cuatro fotografías y un croquis digital, en donde ubica que el lugar de la detención es sobre la carretera federal que va de Coacnopalan, Oaxaca. 5. Dictamen en materia de química forense suscrito por la perito la químico farmacobióloga Magali Reza Villa (01:48:49 del video A1 INICIAL del disco), de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que, como primera conclusión, señaló que el indicio uno y el indicio dos corresponden a cannabis sativa L., comúnmente conocida como marihuana y considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud; anexó una tabla de pesaje, donde manifestó que el peso neto total de todo ese estupefaciente es de veintinueve kilos con ochocientos ochenta gramos. En la segunda conclusión estableció que la sustancia pastosa de color verde oscuro identificado como indicio tres, y marcado para su análisis como 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7, corresponde a un preparado de la planta de cannabis conocida comúnmente como hachís, y considerada como estupefaciente también por la Ley General de Salud, de igual forma anexó un cuadro de pesaje en donde se determina que el peso total de esa sustancia es de tres kilos novecientos cincuenta y dos gramos y ocho miligramos; anexó una serie de fotografías en donde se aprecia cómo fueron presentados los indicios, es decir, las bolsas, la maleta color rojo que traía José y la maleta de flores color café que traía Juan, así como también la mochila de la marca Truper que llevaba este último. El representante social dijo que también hay una serie de fotografías de cada uno de los indicios, de las que se aprecia la forma en que se fueron abriendo, para verificar que, efectivamente, se trataba del estupefaciente conocido como marihuana y hachís. 6. Inspección que realizó a los indicios el elemento de la Policía Federal Ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez (01:51:21 del video A1 INICIAL del disco), en donde hace acercamientos de los envoltorios, de las maletas que los contenían, cómo se contenían, incluso de la mochila marca Truper, con los siete envoltorios; de las fotografías, dice, el Ministerio Público, se advierten las marcas de cada una de las maletas, el estampado de flores en la maleta color café y la forma en la que venía ubicado el envoltorio de estupefaciente en las mismas. 7. Inspección a la unidad de motor (01:52:21 del video A1 INICIAL del disco), realizada por el elemento de la Policía Federal, en la Central de Autobuses que se ubica en la Central de Abastos, en la que, dijo, advirtió las mismas características que ya había señalado la perito en materia de tránsito terrestre, respecto del color y franjas, la empresa a la cual pertenece, así como de las placas de la unidad de motor de referencia; anexa una serie de fotografías respecto de la unidad de motor para corroborar lo que ya habían señalado los elementos de la guardia nacional, y la perito en materia de tránsito terrestre. 8. Inspección en los boletos (01:53:23 del video A1 INICIAL del disco), donde se aprecia el número en uno de ellos, 745141, marcado en color rojo y en el otro, 74514, marcado con el mismo color; la leyenda Autobuses Fletes y Pasajes s.a. de c.v., México-Oaxaca, Istmo-Chiapas, razón social de la empresa. 9. Inspección de una credencial de elector expedida por el Instituto Nacional a favor de Juan (01:54:01 del video A1 INICIAL del disco). 10. Entrevista realizada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte a Noél Sosa Espinoza (maletero) (01:54:26 del video A1 INICIAL del disco), quien, respecto a las maletas, manifestó: "Quiero manifestar de manera voluntaria que cuando no llevan marbete, es decir, esta cinta que identifica a la maleta del equipaje, dice, cuando no llevan marbete es porque el boleto es de abordaje, y cuando el boleto es digital, en taquilla se coloca a las maletas el indicador de marbete, esto para que las pueda recoger el dueño de cada maleta, por lo que cuando no trae el indicador de marbete el equipaje, es porque compraron el boleto a bordo, esto quiere decir que durante el camino del camión pueden hacer paradas y únicamente se le entrega su boleto y suben su equipaje sin ningún indicador". 11. Entrevista realizada por el elemento de la Policía Federal Ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez a Pascasio Ramírez Rodríguez, quien es chofer del autobús (01:56:10 del video A1 INICIAL del disco), quien, en relación a los hechos, señaló: "Quiero manifestar de manera voluntaria que el día diecisiete de noviembre del año en curso, llevaba la corrida de las nueve de la mañana, por lo que siendo las ocho cincuenta empiezo el abordaje y me percato que llegan dos personas corriendo para abordar, mismas que no traían boleto, por lo cual se les cobró arriba del autobús y se les proporcionó su boleto a cada uno, posteriormente, ellos mismos subieron sus maletas al porta equipaje". 12. Entrevista realizada por el elemento de la Policía Federal Ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez a Concepción Reyes Santiago (taquillera en la Central de Abastos de la empresa FYPSA) (01:58:15 del video A1 INICIAL del disco), quien refirió que los boletos con números de folio 745141 y 745144 no se vendieron en esa taquilla, ya que son boletos de a borto, es decir, que los vende el chofer y que únicamente en taquilla se venden boletos digitales. 13. Videos remitidos mediante cadena de custodia, por el policía federal ministerial de nombre Carlos Alberto Galván Ramírez (01:58:54, del video A1 INICIAL del disco), quien manifestó que los obtuvo de las oficinas de FYPSA, Autobuses Fletes y Pasajes, con dirección en Valerio Trujano sin número, Central de Abastos y de los que el agente del Ministerio Público solicitó su reproducción, por lo que, una vez autorizada su petición, dicho representante social señaló: "Que el señor Juan entra corriendo y se ve que trae la maleta de flores y la mochila colgando en la espalda, aquí se puede apreciar que son las mismas características físicas y vestimentas que incluso presenta ahorita el señor Juan y me gustaría reproducir también este video donde aparece el señor José, con su maleta roja introduciéndola al camión, superior derecha se puede observar la fecha 2020-11-17, 8.56 horas, momento en que también aborda el camión, aquí está el señor José". Análisis. Es de señalarse que existe cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso no se exigen pruebas, ni comprobar que aconteció un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, es decir, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema tradicional, con lo que se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, en consecuencia, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". El juez responsable valoró los datos de prueba incorporados por el representante social, y dijo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su conjunto, permiten establecer razonablemente la existencia del hecho señalado en la ley como el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana y preparado de cannabis denominado hachís -este último únicamente respecto del quejoso Juan Eduardo Flores Flores-, previstos y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235, de la Ley General de Salud, que se imputa a los peticionarios de amparo, atendiendo a los requisitos señalados en el sistema penal acusatorio para emitir un auto de vinculación a proceso, el cual sólo exige un estudio conceptual y desformalizado del hecho. Por cuanto hace al argumento de la defensa, relativo a que los videos proyectados y la entrevista realizada al chofer del autobús no son aptos, idóneos ni suficientes para demostrar esa circunstancia, el juez responsable señaló que los videos aportados por el fiscal proporcionan indicios de que los imputados son las personas que llevaban consigo las maletas en las que se encontraron los estupefacientes. Al efecto, señaló literalmente (01:14:42, del video A2 INICIAL del disco): "Entonces su servidor debo analizar si efectivamente existen datos objetivos que hagan probable que esas dos personas Juan y José aquí sí ya analizando quién, nombres y apellidos pueden ser las personas que de manera probable realizaron esta conducta, con el tiempo que tuvo ya su servidor debido al plazo constitucional al que se acogieron, yo volví a ver esos videos que son muy cortos y muy rápidos, habrá que dar cuenta y precisar que esos videos, pues sólo se ve entrando una persona en el primero y que ciertamente va, según la apreciación de cada quien, podríamos decir de prisa o hasta corriendo porque se ve como pasa la persona jalando la maleta, posteriormente en un segundo video ya es la zona de carga o del área de carga, de equipaje, del autobús y se ve a una persona con cierto tipo de vestimenta, con una maleta efectivamente de color rojo, y posteriormente llega lo que al parecer es la misma persona del primer video que tiene también ciertas características, su servidor pudo apreciar en esos videos relacionado con las imágenes de la audiencia anterior que de manera directa presenció su servidor, que la persona que se ve en el primer video y que se identifica como Juan por parte del fiscal, tiene al menos ciertas características con motivo de la pandemia, pues lo que se recomienda es que uno use cubre bocas eso, ya no lo permite ver la fisonomía completa de la persona o algún rasgo que lo caracterice, pero no obstante a ello, en ese video se alcanza a ver una maleta café y aparentemente porque no es muy claro con algún tipo de estampado que puede ser un floreado, se ve a una persona que lleva pantalón de mezclilla, sinceramente yo no lo puedo decir, yo simplemente vi sentado a Juan, no vi si llevaba pantalón de mezclilla, pero sí le vi que llevaba una sudadera o chamarra obscura por lo que al parecer es como un tipo gorro y también pude apreciar en la sala de audiencias de la audiencia pasada que tenía el pelo al parecer un poco más largo y que al parecer era un tipo coleta en esta parte de arriba, y estas características que destacaba en esta audiencia el fiscal, pues se advierte en esa fotografía que efectivamente se advierte esa característica, una persona de pelo largo, que al parecer es una coleta, una sudadera o chamarra con al parecer con algo acá (señalando atrás de la nuca), no sé si también sea parte de la misma mochila que se advierte llevaba en la parte de la espalda, es decir, que como se diera o como se señala en la imputación por parte del fiscal esa persona de tratarse de Juan, efectivamente llevaba una maleta café con flores o con un tipo de estampado y además en la espalda una mochila de color negro, tampoco podemos decir que es muy clara la imagen, pero sí se advierte que lleva algo en la espalda la persona, que al parecer, puede ser, una mochila y después se ve otra imagen en el segundo video, donde después de ver a una persona con una maleta roja, llega esa persona con esas mismas características que he destacado jalando una maleta y una mochila en la espalda, otra característica es que esa persona llevaba un cubre boca negro y en la audiencia pasada si mas no recuerdo Juan efectivamente tenía un cubre boca negro, me parece que José llevaba en la audiencia uno azul, en el video segundo, pues no se logra ver esa característica en José, pero lo que sí se logra ver en José en ese segundo video, es una vestimenta sobre todo la de arriba que es de color obscuro con mangas de color gris, y eso también se aprecia en parte del video, me parece que es la parte final del video cuando parece mete ya su maleta y como que se aleja del área de carga y ahí se ve a la persona que se dice es José, con una vestimenta de esas características, no le podemos ver más, reitero porque generalmente en esta época todos llevamos o al menos cuando estamos en un lugar público, yo aquí estoy solo, por eso no tengo cubre boca, pero generalmente lo llevo, que ya nos dan esos indicios para ser probable que efectivamente Juan y José, eran las personas que llevaban consigo esas maletas y esa mochila, tratándose de Juan". En relación a la entrevista realizada al chofer del autobús de nombre Pascasio Ramírez (01:20:57, del video A2 INICIAL del disco), el juez de la causa manifestó que ese dato de prueba (entrevista) consiste en la narración que realiza el Ministerio Público o policía con sus propias palabras, tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, donde asienta lo que el entrevistador estima que es importante para el esclarecimiento de un hecho y que es de utilidad para su teoría del caso, por lo que no son las propias palabras del declarante. Sin embargo, aduce, en el caso, no advierte una inconsistencia esencial que varíe el sentido de la declaración del chofer del autobús, por lo que los imputados, en una fase diversa, pueden aportar más datos, a través de una interrogación directa. Así, fue correcta la valoración que realizó el juez de la causa, pues aplicó la sana crítica racional, lógica y libre, suficiencia y congruencia, respecto de los datos de prueba que son idóneos y pertinentes en términos de los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hacen suponer razonablemente que: Ocurrió un hecho el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con diez minutos, sobre la carretera federal Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, sobre el kilómetro 219+000, cuando es probable que los imputados, aquí quejosos, José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, transportaban, cada uno, en sus respectivas maletas, un envoltorio confeccionado con nylon y cinta canela, conteniendo hierba verde y seca, misma que ha sido catalogada como cannabis sativa L. (marihuana) y la última de las citadas personas, en una mochila, siete envoltorios confeccionados con nylon y cinta canela, conteniendo en su interior una sustancia pastosa de color verde obscuro, correspondiendo a un preparado de la planta cannabis, conocida como hachís, sin tener expedida la autorización correspondiente por la Secretaría de Salud; lo que en el caso se actualizó, acorde a los datos de prueba incorporados en las audiencias relativas, a que se refiere el juez de Distrito responsable. Por tanto, fue correcto que el juez responsable estableciera que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son suficientes para tener por acreditado los hechos que la ley señala como delitos, materia de la formulación de la imputación, al establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho respectivo (00:58:58, del video A2 INICIAL del disco) y la probable participación de los quejosos en su comisión, sin que se hubieren vulnerado sus derechos fundamentales. En tales condiciones, es infundado el concepto de violación en el que los quejosos exponen que el juez de la causa infringe sus derechos humanos porque dictó auto de vinculación a proceso en su contra, tomando en cuenta únicamente el informe policial homologado de los agentes aprehensores; toda vez que, contrario a lo que señalan los peticionarios de amparo, el juez de Distrito responsable apreció el cúmulo de datos de prueba señalados por la representación social, los que, en su conjunto, resultan idóneos y pertinentes para establecer la existencia de los hechos que se les imputa, así como su probable participación. Igualmente, deviene infundado el motivo de disenso en el que aducen los agraviados que el informe policial homologado, los videos proyectados, la entrevista realizada al chofer del autobús y los demás datos de prueba no son idóneos ni suficientes para demostrar que las maletas en que fue encontrado el estupefaciente son propiedad de los quejosos, ni para demostrar razonablemente la existencia de los elementos que integran el delito de transporte de cannabis sativa L. (marihuana), que se les imputa, y hachís al diverso agraviado Juan Eduardo Flores Flores y que, por ende, tampoco hacen probable que hubiesen participado en su comisión, por las razones que a continuación se expondrán: En cuanto a la justificación de la existencia del hecho ilícito, debe atenderse a que en el nuevo sistema penal se reduce el estándar demostrativo, por lo que en esta etapa es innecesario "acreditar" los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, ya que sólo es necesario el estudio conceptual de los elementos esenciales y comunes del concepto, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. También debe tomarse en consideración que el juez de la causa sólo cuenta con datos de prueba, consistentes en la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogados ante el órgano jurisdiccional, pues en esta fase debe evitarse su formalización a medios de prueba para no "contaminar" o anticipar algún juicio respecto a la demostración el delito y su autor, teniendo el juez la facultad de valorarlo de manera libre y lógica. Conforme con el artículo 19 de la Constitución Federal sólo es necesario que exista la probabilidad de que los imputados hayan participado en la comisión del hecho delictivo, lo que implica que los datos recabados hasta esta etapa procedimental sólo deben reunir el estándar demostrativo necesario para satisfacer tal extremo, lo que sí ocurre en este asunto. Además, debe tomarse en cuenta que la etapa procesal para desvirtuar los datos de prueba es la etapa intermedia y la diversa de juicio oral, siendo que en la etapa inicial o de investigación solo procede formalizar la investigación y señalar plazo para el cierre de la investigación complementaria, por lo que los quejosos se encuentran en libertad de aportar los medios de prueba idóneos y conducentes para desvirtuarlos, así como para acreditar su teoría del caso, quedando a salvo su derecho de defensa en la etapa correspondiente. Por lo expuesto, el anterior argumento es infundado, porque, como lo expuso el juez responsable, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige un estándar probatorio pleno, pues el Ministerio Público no presenta pruebas que puedan acreditar el delito y la plena responsabilidad de los imputados, sino que sólo hace referencia al contenido de datos probatorios que establezcan a grado de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y la probable intervención de los quejosos en su comisión, lo que sí ocurrió en este asunto. Lo anterior, demuestra lo infundado de lo manifestado por los quejosos, en relación a que los videos que proyectó el agente del Ministerio Público no son un indicio razonable y no pueden ser susceptibles de adquirir valor demostrativo para vincularlos a proceso; porque, como lo sostiene el juez de la causa, los datos de prueba aportados por la representación social son razonables, idóneos y pertinentes para establecer, al menos en grado de probabilidad, que los imputados transportaron los estupefacientes denominados cannabis sativa L. (marihuana) y hachís, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, por lo que se cumplieron los requisitos que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, exigen los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma es infundada la parte del concepto de violación, en que los quejosos refieren que la entrevista realizada al chofer del autobús de nombre Pascacio Ramírez presenta inconsistencias, por existir una variación en el hecho. Ello es así, toda vez que en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde este último narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. De ahí que, vía amparo indirecto, no pueden ser materia de análisis esas contradicciones que dice se suscitaron de dos testimonios, porque no varían en la sustancia del hecho objeto de la investigación, de tal forma que sean incompatibles para la acreditación del hecho materia de la investigación, sino que, se estima, son circunstanciales o accesorias que no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2017334 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 56, Julio de 2018, Tomo II Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: XXVII.3o.63 P (10a.). Página: 1475 CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS ENTREVISTAS REGISTRADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI SÓLO SON CIRCUNSTANCIALES O ACCESORIAS Y NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTIGADO. De conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, en el oral acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, una entrevista registrada como dato de prueba, no puede considerarse análoga a una testimonial, pues ésta consiste en la obtención de una declaración realizada de forma directa ante una autoridad judicial y las partes, que es valorada como una prueba; en cambio, la entrevista, como acto de investigación, cuyo contenido se convierte en dato de prueba, consiste en los indicios, noticias o hechos que se desprenden del diálogo que tuvo el Ministerio Público con una persona. Así, en la testimonial se tiene la narración directa del testigo ante la autoridad judicial, mientras que en la entrevista como dato de prueba, es la narración del Ministerio Público, con sus propias palabras y tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, obtuvo de una conversación con la víctima o alguna persona que intervino o presenció el hecho que investiga. Por tanto, en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde éste narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. Por tanto, en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso no pueden ser materia de análisis las contradicciones que se susciten de dos o más entrevistas, cuando no varían en la sustancia del hecho objeto de la investigación, de tal forma que serían incompatibles para la acreditación del hecho materia de la investigación, sino que son circunstanciales o accesorias que no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad". Aunado a lo anterior, no obra algún dato de prueba que genere alguna duda razonable, capaz de destruir el cúmulo de datos que obran contra los peticionarios de derechos, los que en su conjunto son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y hachís; previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235 de la Ley General de Salud. Es aplicable la jurisprudencia número V.4o. J/3, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del tomo XXII, de julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo." Probable participación. En relación con la probable participación de los quejosos, en la comisión del hecho que la ley señala como el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y hachís, la responsable la tuvo por acreditada con (01:03:09, del video A2 INICIAL del disco), con el informe policial homologado de los elementos aprehensores, videos proyectados por el agente del Ministerio Público y entrevista realizada a Pascacio Ramírez, chofer del autobús; datos de prueba que permiten establecer que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con diez minutos, sobre la carretera federal Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, sobre el kilómetro 219+000, vía 570J135D, José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores transportaban, cada uno, en sus respectivas maletas, un envoltorio confeccionado con nylon y cinta canela, conteniendo hierba verde y seca, misma que ha sido catalogada como cannabis sativa L. (marihuana) y la última de las citadas personas, en una mochila, siete envoltorios confeccionados con nylon y cinta canela, conteniendo en su interior una sustancia pastosa de color verde obscuro, correspondiendo a un preparado de la planta cannabis, conocida como hachís, sin tener expedida la autorización correspondiente por la Secretaría de Salud. Forma de intervención El juez responsable, al emitir el auto de vinculación a proceso aquí reclamado (01:37:03, del video A2 INICIAL del disco), refirió que la forma de intervención de los quejosos en la comisión del hecho delictuoso, lo fue como autores materiales. Dolo Que su conducta es dolosa (01:42:27, del video A2 INICIAL del disco), porque aceptaron y quisieron la realización de los hechos. Además, que no existe alguna causa de justificación, atipicidad o inculpabilidad que pudiera hacerse valer de oficio (dicho dato se advierte de la constancia de vinculación a proceso y medida cautelar que anexó el juez responsable), Por lo expuesto, contrario a los argumentos de los quejosos, como lo estimó la responsable, se considera que la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, dictada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la carpeta judicial OAX/000389/2020, por la que los vinculó a proceso, cubre los presupuestos de forma y fondo para su dictado, sin que, en el caso, se advierta demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. En las anotadas condiciones, al haber cumplido la Fiscalía con la carga que le impone la Constitución Federal, de que de la investigación expuesta se desprendan datos de prueba que establezcan que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, es evidente que el auto de vinculación reclamado no transgrede en detrimento de los quejosos, derecho alguno. En esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos, sin queja deficiente que suplir, procede negar la protección constitucional que solicitan los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, contra el auto de vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la carpeta judicial OAX/000389/2020; por haber resultado apegado a las órdenes constitucional y convencional en materia de derechos humanos. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal8 , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, contra la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial OAX/000389/2020, por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, mediante la que se les vinculó a proceso, por el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y, adicionalmente, al último de los quejosos (Juan Eduardo Flores Flores), por transportar preparado de cannabis, denominado hachís; ilícitos previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como en los numerales 234 y 235 de la Ley General de Salud. En términos del considerando séptimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. GMZR´

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA SENTENCIA 26-02-2021 PRAL.828/2020-2A*Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con dos minutos del nueve de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 828/2020, como se ordenó en acuerdo de ocho de enero del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, a través de la defensora Pública Federal licenciada Catalina Ramos Rojas, e informe justificado de la autoridad responsable y hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, remitió: a) Las constancias escritas de lo resuelto en las audiencias celebradas el diecinueve y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial OAX/000389/2020, así como los índices cronológicos; y, b) Un disco en formato DVD certificado que contiene las referidas audiencias. Enseguida, se provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la referida prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES SECRETARIA DE JUZGADO. Visto, para resolver el juicio de amparo 828/2020; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito recibido en línea, con firma electrónica, el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, a través de la defensora Pública Federal licenciada Catalina Ramos Rojas, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el auto de vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta judicial OAX/000389/2020; que atribuyen al juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 828/2020, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento. En diverso acuerdo de ocho de enero del año en curso se ordenó emplazar al licenciado Alejandro Octavio Estudillo Rueda, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Delegación Oaxaca, en su carácter de tercero interesado, lo que se realizó el catorce del mismo mes y año; previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48, 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Personería. En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, la personería de la promovente licenciada Catalina Ramos Rojas, como defensora pública federal de los directos quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, quedó acreditada en la audiencia inicial de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la carpeta judicial OAX/000389/2020 (00:05:51 del video A1 INICIAL del disco), en la que se le reconoció ese carácter. Tercero. Precisión del acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que el acto reclamado por los quejosos y por el cual se realizará el estudio respectivo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, es: El auto de vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta judicial OAX/000389/2020, que atribuyen al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Cuarto. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que le reclamaron los quejosos. Al efecto, la citada autoridad judicial manifestó, en lo sustancial, que en audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la carpeta judicial OAX/000389/2020, determinó vincular a proceso a los directos agraviados, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana y preparado de cannabis denominado hachís- este último únicamente respecto del quejoso Juan Eduardo Flores Flores-, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235de la Ley General de Salud. Como justificación de su informe, remitió: a) Las constancias escritas de lo resuelto en las audiencias celebradas el diecinueve y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial OAX/000389/2020, así como los índices cronológicos; y, b) Un disco en formato DVD certificado que contiene las referidas audiencias. Documentales (naturaleza jurídica que también tiene el disco versátil) a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Respecto al disco en formato DVD, es aplicable la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Quinto. Causas de improcedencia. Este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia constitucionales o legales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. Se estima innecesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; atento a la jurisprudencia 2ª/J 58/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, a través de la defensora pública federal, sustancialmente, aducen que se vulneran sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que el juez de la causa no analizó el hecho por el que el agente del Ministerio Público les formuló imputación, ni valoró los datos de prueba que este último consideró para solicitar la vinculación a proceso, en virtud de los argumentos siguientes: No se encuentran reunidos los requisitos que establecen los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el juez responsable infringe sus derechos humanos, porque dictó auto de vinculación a proceso en su contra a pesar que los datos de prueba no son idóneos ni suficientes para establecer razonablemente la existencia de los elementos que integran el delito de transporte de cannabis sativa L. (marihuana), que se imputa a ambos agraviados y hachís únicamente al quejoso Juan Eduardo Flores Flores, porque el único dato por el que se les vincula es el señalamiento que hicieron los agentes aprehensores en el informe policial homologado, lo que, dicen, no se corrobora con otros datos de prueba, por lo que le resta credibilidad y, por ende, no resulta idóneo ni suficiente para demostrar que las maletas en que fue encontrado el estupefaciente son propiedad de los quejosos, pues los videos proyectados y la entrevista realizada al chofer del autobús no son aptos, idóneos ni suficientes para demostrar esa circunstancia, en virtud que: - Los videos que proyectó el agente del Ministerio Púbico en la audiencia no son indicios razonables y no pueden ser susceptibles de adquirir valor demostrativo para vincularlos a proceso, ya que, refieren, era necesaria una labor pericial en antropometría, a efecto de verificar la identidad de las personas que en ellos aparecen, lo que le correspondía aportar al representante social. Además de que, agregan, en dicha proyección el fiscal no hizo referencia a las características físicas y de vestimenta de los defendidos; y, - Por cuanto hace a la entrevista realizada al chofer del autobús de nombre Pascasio Ramírez, refieren que presenta inconsistencias, por existir una variación en el hecho, ya que, inicialmente, dijo a los elementos de la Guardia Nacional que desconocía a quiénes pertenecían las maletas en las que se encontraban los estupefacientes, pero en la entrevista proporcionada a elementos de la Policía Federal Ministerial afirmó que se percató que llegaron dos personas corriendo para abordar, quienes no llevaban boleto, por lo que les cobró arriba del autobús y, con posterioridad, ellos mismos subieron sus maletas al portaequipaje. De igual forma, manifestaron que en la entrevista proporcionada al policía Federal Ministerial el chofer no hizo referencia a las características de las personas que llegaron corriendo y subieron las maletas al autobús y, además, omitió manifestar a los elementos de la Guardia Nacional el hallazgo de las maletas con marihuana; por lo que ese dato de prueba, dicen, no tiene valor para afirmar que los quejosos fueron quienes abordaron las maletas al autobús. Aducen, también, que el policía Federal que recibió la entrevista del chofer del autobús asentó los hechos según su oposición, ya que, dicen, plasma lo que debe utilizar para su teoría del caso; por lo que, consideran, está en duda que esa persona haya indicado que se percató que llegaron dos personas para abordar, que no llevaban boletos y que ellos mismos subieron sus maletas al portaequipaje. En conclusión, señalan que no existen indicios razonables que permitan suponer que los aquí quejosos cometieron el hecho que la ley señala como el delito de transporte de marihuana y hachís, ni que participaron en su comisión, por lo que el juez estaba obligado a verificar que los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público para solicitar la vinculación a proceso, son aptos, idóneos y suficientes para suponer de manera razonable que se cometió un hecho que le ley señala como delito y que existe la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, lo cometieron, dado que, para dictar esa resolución, se exige un ejercicio de motivación y un estándar de prueba cuya carga corresponde al representante social y su valoración al juez. Séptimo. Estudio de los conceptos de violación. 7.1. Antecedentes del acto reclamado. De las audiencias de diecinueve y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, que constan en el disco digital que fue remitido por la responsable, con valor probatorio de una documental pública, en términos de los artículos 197, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL", se aprecian los siguientes antecedentes del acto reclamado: a) Del informe policial homologado de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por los elementos de la Guardia Nacional, de nombres Guzmán Rodríguez Jaime Gerardo, Rosel Salgado César Augusto, Estrada Aguilar Iván Neftalí, Carrasco Estrada Hailey Efraín y García González Reynaldo (01:39:02 del video A1 INICIAL del disco), el cual fue reseñado por el agente del Ministerio Público durante la audiencia inicial celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se advierte que los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores (00:07:25 del video A1 INICIAL del disco) fueron detenidos el diecisiete de noviembre último, en el kilómetro 219+000, vía 570, en la ruta 135D, esto es en la carretera Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, con dirección a Nochixtlán, Oaxaca, toda vez que al realizar el operativo denominado Telurio, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas en las carreteras de jurisdicción federal, y efectuar una inspección en un autobús de la empresa FYPSA (Autobusses y Pasajes S.A. de C.V.), del servicio de Autotransporte Federal de Pasaje, localizaron dos maletas y una mochila, respecto de las que los aquí quejosos afirmaron eran de su propiedad, mismas que contenían, la que José Eduardo Rodríguez Quintana señaló que era suya, un paquete de forma ovalada confeccionada en cinta canela que, en su interior, contenía hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana, y la maleta que Juan Eduardo Flores Flores adujo que era de él un paquete con el mismo contenido. Asimismo, en la mochila que también este último (Juan Eduardo Flores Flores) señaló que era suya, se encontraron siete envoltorios de forma ovalada, confeccionados en plástico transparente, conteniendo en su interior una sustancia pastosa de color verde, con las características propias del hachís; ambos quejosos, sin contar con permiso para transportar esos narcóticos. Razón por la que se hizo del conocimiento de los promoventes del amparo que realizaron una conducta probablemente delictiva y que quedaban detenidos por la posible comisión de un delito contra la salud. b) En audiencia inicial con detenido celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el juez de Distrito responsable calificó de legal la detención de los peticionarios de amparo (01:32:12 del video A1 INICIAL del disco), c) La representación social formuló imputación, precisando los hechos (01:33:35 del video A1 INICIAL del disco), así como su clasificación jurídica. d) Los quejosos manifestaron su deseo de reservarse su derecho a declarar (01:34:59 del video A1 INICIAL del disco). e) Posteriormente, el agente del Ministerio Público Federal solicitó que se les vinculara a proceso (01:40:37 del video A1 INICIAL del disco). f) Los quejosos optaron por el plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica, por lo que el juez señaló las dieciséis horas del veintiuno de noviembre de dos mil veinte, para tal efecto (02:12:06 del video A1 INICIAL del disco). g) En la continuación de la audiencia celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil veinte (00:00:54 del video A2 del disco) se resolvió la situación jurídica de los quejosos, dictándose auto de vinculación a proceso a José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, por el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y adicionalmente al último de los quejosos (Juan Eduardo Flores Flores), por transportar preparado de cannabis, denominado hachís; previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como 234 y 235 de la Ley General de Salud. Siendo el auto de vinculación a proceso, el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en el dictado del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama, establece los lineamientos a los que la autoridad judicial debe sujetar su proceder para ello. Y de la interpretación sistemática de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben converger los siguientes requisitos: a) Se haya formulado imputación; b) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, acorde a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, mencionará el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, establece que serán emitidos oralmente y surtirán efectos a más tardar al día siguiente y después de su emisión oral, deberán constar por escrito. Luego, si, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44 de dicha legislación, la formalidad que distingue al sistema es la oralidad de las actuaciones procesales es claro que no deben desvincularse una de otra; esto es, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito. Además, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran constreñidos a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, se estudiará la determinación emitida de forma oral en la audiencia de vinculación a proceso. Y aunque ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita) constituyen un mismo acto de autoridad, pues la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la diligencia. Entonces, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación se constatará con base en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en la misma audiencia, por ser ésta la que jurídicamente rige, lo que tiene relación directa con los datos de prueba incorporados en audiencia de diecinueve del mismo mes y año. Hecho que la ley señala como delito. En la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, la responsable consideró que era procedente vincular a proceso a los imputados, aquí quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, por el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y, adicionalmente, al último de los agraviados (Juan Eduardo Flores Flores), por transportar preparado de cannabis, denominado hachís. Ilícitos previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235, de la Ley General de Salud, que disponen: Código Penal Federal "Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. - - -- .]". "Artículo 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud". Ley General de Salud "Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes: (.) CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas. (.) Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga substancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza análoga y cualquier otra substancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación". "Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V. (Se deroga). VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud". Se estima que el juez de Distrito responsable se apegó a derecho al determinar que 1º era legalmente competente para conocer y resolver del asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, 20, fracción II y 133, del Código Nacional de Procedimientos Penales (00:32:57 del video A2 del disco); 2º que se incorporaron diversos datos de investigación, a saber, a) inspección de indicios, b) dictámenes, c) informe policial homologado, d) entrevistas y e) videos. Esos datos de prueba a que se refirió la responsable en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, son lo que se incorporaron mediante audiencia de diecinueve del mismo mes y año, contenidos en el disco certificado que remitió la responsable, mismo que fue justipreciado con anterioridad y del que se advierte son: Datos de prueba incorporados por la representación social: 1. Informe policial homologado de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veinte (00:07:25 del video A1 INICIAL del disco), suscrito por los elementos de la Guardia Nacional, de nombres Guzmán Rodríguez Jaime Gerardo, Rosel Salgado César Augusto, Estrada Aguilar Iván Neftalí, Carrasco Estrada Hailey Efraín y García González Reynaldo (01:39:02 del video A1 INICIAL del disco), quienes, en lo sustancial, refirieron que siendo aproximadamente las once horas con veinte minutos de esa fecha, cuando se encontraban efectuando su servicio de inspección, verificación, seguridad y vigilancia, a bordo de los carros radio patrullas, en el kilómetro 219+000, vía 570, ruta 135D, esto es, en la carretera Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, con dirección a Nochixtlán, Oaxaca, en el operativo denominado diluvio, detuvieron la marcha de un autobús de la empresa FYPSA (Fletes y Pasajes S.A. de C.V.), del servicio de Autotransporte Federal de Pasaje; se identificaron con el conductor y pasajeros como elementos de la Guardia Nacional, haciéndoles del conocimiento del operativo y el motivo de la presencia de dichos elementos en ese lugar, así como la razón de la detención momentánea de la circulación de la unidad en que se transportaban. El chofer de ese automotor, de nombre Pascasio Ramírez Rodríguez proporcionó sus generales a los elementos que se encontraban haciendo esta actividad de prevención del delito; manifestó que venía de la ciudad de Oaxaca y que se dirigía a la ciudad de México, con escalas en Nochixtlán y Puebla; acto seguido, los elementos le solicitaron realizar una inspección a la unidad de motor, tanto en el área de pasaje como en el área del maletero, a lo cual el chofer dio su autorización. Al momento de revisar el maletero, los elementos de la Guardia Nacional se percataron de un fuerte olor característico a la marihuana que despedían, a decir de ellos, dos maletas de lona, una color café con estampado de flores de colores, con la leyenda Atlantic y otra color rojo, así como también de una mochila color negro con la leyenda Truper, las cuales no contaban con etiqueta de abordaje; preguntaron al conductor a quién pertenecían esas maletas, manifestándoles este último que en ese momento había una persona encargada de estibar las maletas, por lo que lo desconocía. Ante ello, el oficial Estrada Aguilar Iván Neftalí y el suboficial Carrasco Estrada Mailey Efraín abordaron el interior del autobús, solicitándole a cada uno de los pasajeros que descendieran para que les señalaran su equipaje y después de un lapso de cuarenta minutos, al llegar a los asientos treinta y nueve y cuarenta, los cuales se encuentran del lado derecho del pasillo del autobús, estaban sentados dos personas del sexo masculino, preguntándoles si habían documentado equipaje, manifestando que sí, por lo que se les solicitó que descendieran para que les señalaran el equipaje que ellos habían documentado. José sacó de la bolsa derecha delantera de su pantalón, un boleto de abordaje de la línea de autobús Fletes y Pasajes s.a. de c.v., con número de folio 745141, indicando que tenía el asiento 139, en tanto que Juan sacó de la bolsa izquierda trasera del pantalón, un boleto de abordaje de esa línea de autobús, con número de folio 745144, correspondiendo al asiento número 44; José señaló que su equipaje era una maleta color rojo y Juan refirió que su maleta era color café, con estampado de flores de colores, así como también una mochila color negro; por lo que los elementos les solicitaron su autorización para realizar una inspección a dichas maletas, accediendo esas personas de manera voluntaria. Al abrir la maleta color rojo, los elementos se percataron que contenía un paquete de forma ovalada confeccionada en cinta canela, conteniendo en su interior hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana; la maleta color café con estampado de flores tenía el mismo contenido, y la mochila color negro, contenía siete envoltorios de forma ovalada, confeccionados en plástico transparente, en su interior, una sustancia pastosa de color verde, con las características propias del hachís; se les preguntó si contaban con algún permiso para transportar ese narcótico, manifestando ambos a dichos elementos que no contaban con permiso alguno, motivo por el cual, siendo las doce horas con diez minutos, los oficiales Rosel Salgado César Augusto y Carrasco Estrada Hailey hicieron del conocimiento a los pasajeros de nombre José y Juan que se encontraban realizando una conducta probablemente delictiva y que quedaban detenidos por un posible delito contra la salud, por lo cual, siendo las doce horas con doce minutos se les leyó la cartilla de sus derechos que asisten a las personas en detención, para posteriormente proceder al aseguramiento y procesamiento de los indicios encontrados. 2. Dictamen en materia de tránsito terrestre e identificación vehicular, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte (01:44:02 del video A1 INICIAL del disco), suscrito por la perito oficial de la Fiscalía General de la República Marlén Muñoz García, quien concluyó que el vehículo que inspeccionó es un vehículo de la marca Scania, tipo autobús, color beige, con franjas azul, rojo y amarillo, placas de circulación 800-HX-4 del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajes, corresponde a un vehículo de origen extranjero, modelo dos mil catorce y pertenece a la empresa denominada FYPSA; al efecto, anexó nueve fotografías en las que se advierten las características de esa unidad de motor, mismas que el Ministerio Público dijo coinciden con las que fueron proporcionadas por los elementos de la Guardia Nacional. 3. Inspección realizada al mismo vehículo por el elemento de la policía federal ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez (01:45:10 del video A1 INICIAL del disco), en la que señaló que se trasladó hasta las instalaciones de la Central de Autobuses Fletes y Pasajes s.a. de c.v., donde realizó la inspección de esa unidad, a la que describe como un vehículo de motor, tipo autobús, marca Scania, perteneciente a la empresa Autobuses Fletes y Pasajes, s.a. de c.v., número económico 48, placas de circulación 800HX4, del servicio de autotransporte federal de pasaje, en buenas condiciones de hojalatería y pintura, así como en sus neumáticos. Dicha unidad de motor presenta en ambos costados frontal y trasero la leyenda Fypsa, en tamaño grande y color rojo, además de una franja de colores vivos, rojo, azul y amarillo que recorre ambos costados; ese elemento aprehensor anexó una serie de doce fotografías a color, de las que se aprecia la unidad de motor, el lugar específico donde se encontraban las maletas, el área de equipaje que fue inspeccionado por los elementos de la Guardia Nacional y el lugar en el que se dio el hallazgo del estupefaciente. 4. Inspección que hace el elemento Carlos Alberto Galván Ramírez (01:47:22 del video A1 INICIAL del disco), de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el lugar preciso en donde se llevó a cabo la detención de los imputados, a saber, bajando de la caseta de Huitzo en dirección Huitzo-Nochixtlán, en el kilómetro 219, donde aparece un letrero, kilómetro 219; anexó una serie de cuatro fotografías y un croquis digital, en donde ubica que el lugar de la detención es sobre la carretera federal que va de Coacnopalan, Oaxaca. 5. Dictamen en materia de química forense suscrito por la perito la químico farmacobióloga Magali Reza Villa (01:48:49 del video A1 INICIAL del disco), de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que, como primera conclusión, señaló que el indicio uno y el indicio dos corresponden a cannabis sativa L., comúnmente conocida como marihuana y considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud; anexó una tabla de pesaje, donde manifestó que el peso neto total de todo ese estupefaciente es de veintinueve kilos con ochocientos ochenta gramos. En la segunda conclusión estableció que la sustancia pastosa de color verde oscuro identificado como indicio tres, y marcado para su análisis como 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7, corresponde a un preparado de la planta de cannabis conocida comúnmente como hachís, y considerada como estupefaciente también por la Ley General de Salud, de igual forma anexó un cuadro de pesaje en donde se determina que el peso total de esa sustancia es de tres kilos novecientos cincuenta y dos gramos y ocho miligramos; anexó una serie de fotografías en donde se aprecia cómo fueron presentados los indicios, es decir, las bolsas, la maleta color rojo que traía José y la maleta de flores color café que traía Juan, así como también la mochila de la marca Truper que llevaba este último. El representante social dijo que también hay una serie de fotografías de cada uno de los indicios, de las que se aprecia la forma en que se fueron abriendo, para verificar que, efectivamente, se trataba del estupefaciente conocido como marihuana y hachís. 6. Inspección que realizó a los indicios el elemento de la Policía Federal Ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez (01:51:21 del video A1 INICIAL del disco), en donde hace acercamientos de los envoltorios, de las maletas que los contenían, cómo se contenían, incluso de la mochila marca Truper, con los siete envoltorios; de las fotografías, dice, el Ministerio Público, se advierten las marcas de cada una de las maletas, el estampado de flores en la maleta color café y la forma en la que venía ubicado el envoltorio de estupefaciente en las mismas. 7. Inspección a la unidad de motor (01:52:21 del video A1 INICIAL del disco), realizada por el elemento de la Policía Federal, en la Central de Autobuses que se ubica en la Central de Abastos, en la que, dijo, advirtió las mismas características que ya había señalado la perito en materia de tránsito terrestre, respecto del color y franjas, la empresa a la cual pertenece, así como de las placas de la unidad de motor de referencia; anexa una serie de fotografías respecto de la unidad de motor para corroborar lo que ya habían señalado los elementos de la guardia nacional, y la perito en materia de tránsito terrestre. 8. Inspección en los boletos (01:53:23 del video A1 INICIAL del disco), donde se aprecia el número en uno de ellos, 745141, marcado en color rojo y en el otro, 74514, marcado con el mismo color; la leyenda Autobuses Fletes y Pasajes s.a. de c.v., México-Oaxaca, Istmo-Chiapas, razón social de la empresa. 9. Inspección de una credencial de elector expedida por el Instituto Nacional a favor de Juan (01:54:01 del video A1 INICIAL del disco). 10. Entrevista realizada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte a Noél Sosa Espinoza (maletero) (01:54:26 del video A1 INICIAL del disco), quien, respecto a las maletas, manifestó: "Quiero manifestar de manera voluntaria que cuando no llevan marbete, es decir, esta cinta que identifica a la maleta del equipaje, dice, cuando no llevan marbete es porque el boleto es de abordaje, y cuando el boleto es digital, en taquilla se coloca a las maletas el indicador de marbete, esto para que las pueda recoger el dueño de cada maleta, por lo que cuando no trae el indicador de marbete el equipaje, es porque compraron el boleto a bordo, esto quiere decir que durante el camino del camión pueden hacer paradas y únicamente se le entrega su boleto y suben su equipaje sin ningún indicador". 11. Entrevista realizada por el elemento de la Policía Federal Ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez a Pascasio Ramírez Rodríguez, quien es chofer del autobús (01:56:10 del video A1 INICIAL del disco), quien, en relación a los hechos, señaló: "Quiero manifestar de manera voluntaria que el día diecisiete de noviembre del año en curso, llevaba la corrida de las nueve de la mañana, por lo que siendo las ocho cincuenta empiezo el abordaje y me percato que llegan dos personas corriendo para abordar, mismas que no traían boleto, por lo cual se les cobró arriba del autobús y se les proporcionó su boleto a cada uno, posteriormente, ellos mismos subieron sus maletas al porta equipaje". 12. Entrevista realizada por el elemento de la Policía Federal Ministerial Carlos Alberto Galván Ramírez a Concepción Reyes Santiago (taquillera en la Central de Abastos de la empresa FYPSA) (01:58:15 del video A1 INICIAL del disco), quien refirió que los boletos con números de folio 745141 y 745144 no se vendieron en esa taquilla, ya que son boletos de a borto, es decir, que los vende el chofer y que únicamente en taquilla se venden boletos digitales. 13. Videos remitidos mediante cadena de custodia, por el policía federal ministerial de nombre Carlos Alberto Galván Ramírez (01:58:54, del video A1 INICIAL del disco), quien manifestó que los obtuvo de las oficinas de FYPSA, Autobuses Fletes y Pasajes, con dirección en Valerio Trujano sin número, Central de Abastos y de los que el agente del Ministerio Público solicitó su reproducción, por lo que, una vez autorizada su petición, dicho representante social señaló: "Que el señor Juan entra corriendo y se ve que trae la maleta de flores y la mochila colgando en la espalda, aquí se puede apreciar que son las mismas características físicas y vestimentas que incluso presenta ahorita el señor Juan y me gustaría reproducir también este video donde aparece el señor José, con su maleta roja introduciéndola al camión, superior derecha se puede observar la fecha 2020-11-17, 8.56 horas, momento en que también aborda el camión, aquí está el señor José". Análisis. Es de señalarse que existe cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso no se exigen pruebas, ni comprobar que aconteció un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, es decir, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema tradicional, con lo que se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, en consecuencia, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". El juez responsable valoró los datos de prueba incorporados por el representante social, y dijo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su conjunto, permiten establecer razonablemente la existencia del hecho señalado en la ley como el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana y preparado de cannabis denominado hachís -este último únicamente respecto del quejoso Juan Eduardo Flores Flores-, previstos y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235, de la Ley General de Salud, que se imputa a los peticionarios de amparo, atendiendo a los requisitos señalados en el sistema penal acusatorio para emitir un auto de vinculación a proceso, el cual sólo exige un estudio conceptual y desformalizado del hecho. Por cuanto hace al argumento de la defensa, relativo a que los videos proyectados y la entrevista realizada al chofer del autobús no son aptos, idóneos ni suficientes para demostrar esa circunstancia, el juez responsable señaló que los videos aportados por el fiscal proporcionan indicios de que los imputados son las personas que llevaban consigo las maletas en las que se encontraron los estupefacientes. Al efecto, señaló literalmente (01:14:42, del video A2 INICIAL del disco): "Entonces su servidor debo analizar si efectivamente existen datos objetivos que hagan probable que esas dos personas Juan y José aquí sí ya analizando quién, nombres y apellidos pueden ser las personas que de manera probable realizaron esta conducta, con el tiempo que tuvo ya su servidor debido al plazo constitucional al que se acogieron, yo volví a ver esos videos que son muy cortos y muy rápidos, habrá que dar cuenta y precisar que esos videos, pues sólo se ve entrando una persona en el primero y que ciertamente va, según la apreciación de cada quien, podríamos decir de prisa o hasta corriendo porque se ve como pasa la persona jalando la maleta, posteriormente en un segundo video ya es la zona de carga o del área de carga, de equipaje, del autobús y se ve a una persona con cierto tipo de vestimenta, con una maleta efectivamente de color rojo, y posteriormente llega lo que al parecer es la misma persona del primer video que tiene también ciertas características, su servidor pudo apreciar en esos videos relacionado con las imágenes de la audiencia anterior que de manera directa presenció su servidor, que la persona que se ve en el primer video y que se identifica como Juan por parte del fiscal, tiene al menos ciertas características con motivo de la pandemia, pues lo que se recomienda es que uno use cubre bocas eso, ya no lo permite ver la fisonomía completa de la persona o algún rasgo que lo caracterice, pero no obstante a ello, en ese video se alcanza a ver una maleta café y aparentemente porque no es muy claro con algún tipo de estampado que puede ser un floreado, se ve a una persona que lleva pantalón de mezclilla, sinceramente yo no lo puedo decir, yo simplemente vi sentado a Juan, no vi si llevaba pantalón de mezclilla, pero sí le vi que llevaba una sudadera o chamarra obscura por lo que al parecer es como un tipo gorro y también pude apreciar en la sala de audiencias de la audiencia pasada que tenía el pelo al parecer un poco más largo y que al parecer era un tipo coleta en esta parte de arriba, y estas características que destacaba en esta audiencia el fiscal, pues se advierte en esa fotografía que efectivamente se advierte esa característica, una persona de pelo largo, que al parecer es una coleta, una sudadera o chamarra con al parecer con algo acá (señalando atrás de la nuca), no sé si también sea parte de la misma mochila que se advierte llevaba en la parte de la espalda, es decir, que como se diera o como se señala en la imputación por parte del fiscal esa persona de tratarse de Juan, efectivamente llevaba una maleta café con flores o con un tipo de estampado y además en la espalda una mochila de color negro, tampoco podemos decir que es muy clara la imagen, pero sí se advierte que lleva algo en la espalda la persona, que al parecer, puede ser, una mochila y después se ve otra imagen en el segundo video, donde después de ver a una persona con una maleta roja, llega esa persona con esas mismas características que he destacado jalando una maleta y una mochila en la espalda, otra característica es que esa persona llevaba un cubre boca negro y en la audiencia pasada si mas no recuerdo Juan efectivamente tenía un cubre boca negro, me parece que José llevaba en la audiencia uno azul, en el video segundo, pues no se logra ver esa característica en José, pero lo que sí se logra ver en José en ese segundo video, es una vestimenta sobre todo la de arriba que es de color obscuro con mangas de color gris, y eso también se aprecia en parte del video, me parece que es la parte final del video cuando parece mete ya su maleta y como que se aleja del área de carga y ahí se ve a la persona que se dice es José, con una vestimenta de esas características, no le podemos ver más, reitero porque generalmente en esta época todos llevamos o al menos cuando estamos en un lugar público, yo aquí estoy solo, por eso no tengo cubre boca, pero generalmente lo llevo, que ya nos dan esos indicios para ser probable que efectivamente Juan y José, eran las personas que llevaban consigo esas maletas y esa mochila, tratándose de Juan". En relación a la entrevista realizada al chofer del autobús de nombre Pascasio Ramírez (01:20:57, del video A2 INICIAL del disco), el juez de la causa manifestó que ese dato de prueba (entrevista) consiste en la narración que realiza el Ministerio Público o policía con sus propias palabras, tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, donde asienta lo que el entrevistador estima que es importante para el esclarecimiento de un hecho y que es de utilidad para su teoría del caso, por lo que no son las propias palabras del declarante. Sin embargo, aduce, en el caso, no advierte una inconsistencia esencial que varíe el sentido de la declaración del chofer del autobús, por lo que los imputados, en una fase diversa, pueden aportar más datos, a través de una interrogación directa. Así, fue correcta la valoración que realizó el juez de la causa, pues aplicó la sana crítica racional, lógica y libre, suficiencia y congruencia, respecto de los datos de prueba que son idóneos y pertinentes en términos de los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hacen suponer razonablemente que: Ocurrió un hecho el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con diez minutos, sobre la carretera federal Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, sobre el kilómetro 219+000, cuando es probable que los imputados, aquí quejosos, José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, transportaban, cada uno, en sus respectivas maletas, un envoltorio confeccionado con nylon y cinta canela, conteniendo hierba verde y seca, misma que ha sido catalogada como cannabis sativa L. (marihuana) y la última de las citadas personas, en una mochila, siete envoltorios confeccionados con nylon y cinta canela, conteniendo en su interior una sustancia pastosa de color verde obscuro, correspondiendo a un preparado de la planta cannabis, conocida como hachís, sin tener expedida la autorización correspondiente por la Secretaría de Salud; lo que en el caso se actualizó, acorde a los datos de prueba incorporados en las audiencias relativas, a que se refiere el juez de Distrito responsable. Por tanto, fue correcto que el juez responsable estableciera que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son suficientes para tener por acreditado los hechos que la ley señala como delitos, materia de la formulación de la imputación, al establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho respectivo (00:58:58, del video A2 INICIAL del disco) y la probable participación de los quejosos en su comisión, sin que se hubieren vulnerado sus derechos fundamentales. En tales condiciones, es infundado el concepto de violación en el que los quejosos exponen que el juez de la causa infringe sus derechos humanos porque dictó auto de vinculación a proceso en su contra, tomando en cuenta únicamente el informe policial homologado de los agentes aprehensores; toda vez que, contrario a lo que señalan los peticionarios de amparo, el juez de Distrito responsable apreció el cúmulo de datos de prueba señalados por la representación social, los que, en su conjunto, resultan idóneos y pertinentes para establecer la existencia de los hechos que se les imputa, así como su probable participación. Igualmente, deviene infundado el motivo de disenso en el que aducen los agraviados que el informe policial homologado, los videos proyectados, la entrevista realizada al chofer del autobús y los demás datos de prueba no son idóneos ni suficientes para demostrar que las maletas en que fue encontrado el estupefaciente son propiedad de los quejosos, ni para demostrar razonablemente la existencia de los elementos que integran el delito de transporte de cannabis sativa L. (marihuana), que se les imputa, y hachís al diverso agraviado Juan Eduardo Flores Flores y que, por ende, tampoco hacen probable que hubiesen participado en su comisión, por las razones que a continuación se expondrán: En cuanto a la justificación de la existencia del hecho ilícito, debe atenderse a que en el nuevo sistema penal se reduce el estándar demostrativo, por lo que en esta etapa es innecesario "acreditar" los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, ya que sólo es necesario el estudio conceptual de los elementos esenciales y comunes del concepto, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. También debe tomarse en consideración que el juez de la causa sólo cuenta con datos de prueba, consistentes en la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogados ante el órgano jurisdiccional, pues en esta fase debe evitarse su formalización a medios de prueba para no "contaminar" o anticipar algún juicio respecto a la demostración el delito y su autor, teniendo el juez la facultad de valorarlo de manera libre y lógica. Conforme con el artículo 19 de la Constitución Federal sólo es necesario que exista la probabilidad de que los imputados hayan participado en la comisión del hecho delictivo, lo que implica que los datos recabados hasta esta etapa procedimental sólo deben reunir el estándar demostrativo necesario para satisfacer tal extremo, lo que sí ocurre en este asunto. Además, debe tomarse en cuenta que la etapa procesal para desvirtuar los datos de prueba es la etapa intermedia y la diversa de juicio oral, siendo que en la etapa inicial o de investigación solo procede formalizar la investigación y señalar plazo para el cierre de la investigación complementaria, por lo que los quejosos se encuentran en libertad de aportar los medios de prueba idóneos y conducentes para desvirtuarlos, así como para acreditar su teoría del caso, quedando a salvo su derecho de defensa en la etapa correspondiente. Por lo expuesto, el anterior argumento es infundado, porque, como lo expuso el juez responsable, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige un estándar probatorio pleno, pues el Ministerio Público no presenta pruebas que puedan acreditar el delito y la plena responsabilidad de los imputados, sino que sólo hace referencia al contenido de datos probatorios que establezcan a grado de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y la probable intervención de los quejosos en su comisión, lo que sí ocurrió en este asunto. Lo anterior, demuestra lo infundado de lo manifestado por los quejosos, en relación a que los videos que proyectó el agente del Ministerio Público no son un indicio razonable y no pueden ser susceptibles de adquirir valor demostrativo para vincularlos a proceso; porque, como lo sostiene el juez de la causa, los datos de prueba aportados por la representación social son razonables, idóneos y pertinentes para establecer, al menos en grado de probabilidad, que los imputados transportaron los estupefacientes denominados cannabis sativa L. (marihuana) y hachís, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, por lo que se cumplieron los requisitos que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, exigen los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma es infundada la parte del concepto de violación, en que los quejosos refieren que la entrevista realizada al chofer del autobús de nombre Pascacio Ramírez presenta inconsistencias, por existir una variación en el hecho. Ello es así, toda vez que en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde este último narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. De ahí que, vía amparo indirecto, no pueden ser materia de análisis esas contradicciones que dice se suscitaron de dos testimonios, porque no varían en la sustancia del hecho objeto de la investigación, de tal forma que sean incompatibles para la acreditación del hecho materia de la investigación, sino que, se estima, son circunstanciales o accesorias que no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2017334 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 56, Julio de 2018, Tomo II Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: XXVII.3o.63 P (10a.). Página: 1475 CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS ENTREVISTAS REGISTRADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI SÓLO SON CIRCUNSTANCIALES O ACCESORIAS Y NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTIGADO. De conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, en el oral acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, una entrevista registrada como dato de prueba, no puede considerarse análoga a una testimonial, pues ésta consiste en la obtención de una declaración realizada de forma directa ante una autoridad judicial y las partes, que es valorada como una prueba; en cambio, la entrevista, como acto de investigación, cuyo contenido se convierte en dato de prueba, consiste en los indicios, noticias o hechos que se desprenden del diálogo que tuvo el Ministerio Público con una persona. Así, en la testimonial se tiene la narración directa del testigo ante la autoridad judicial, mientras que en la entrevista como dato de prueba, es la narración del Ministerio Público, con sus propias palabras y tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, obtuvo de una conversación con la víctima o alguna persona que intervino o presenció el hecho que investiga. Por tanto, en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde éste narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. Por tanto, en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso no pueden ser materia de análisis las contradicciones que se susciten de dos o más entrevistas, cuando no varían en la sustancia del hecho objeto de la investigación, de tal forma que serían incompatibles para la acreditación del hecho materia de la investigación, sino que son circunstanciales o accesorias que no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad". Aunado a lo anterior, no obra algún dato de prueba que genere alguna duda razonable, capaz de destruir el cúmulo de datos que obran contra los peticionarios de derechos, los que en su conjunto son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y hachís; previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como los numerales 234 y 235 de la Ley General de Salud. Es aplicable la jurisprudencia número V.4o. J/3, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del tomo XXII, de julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo." Probable participación. En relación con la probable participación de los quejosos, en la comisión del hecho que la ley señala como el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y hachís, la responsable la tuvo por acreditada con (01:03:09, del video A2 INICIAL del disco), con el informe policial homologado de los elementos aprehensores, videos proyectados por el agente del Ministerio Público y entrevista realizada a Pascacio Ramírez, chofer del autobús; datos de prueba que permiten establecer que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con diez minutos, sobre la carretera federal Coacnopala-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca, sobre el kilómetro 219+000, vía 570J135D, José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores transportaban, cada uno, en sus respectivas maletas, un envoltorio confeccionado con nylon y cinta canela, conteniendo hierba verde y seca, misma que ha sido catalogada como cannabis sativa L. (marihuana) y la última de las citadas personas, en una mochila, siete envoltorios confeccionados con nylon y cinta canela, conteniendo en su interior una sustancia pastosa de color verde obscuro, correspondiendo a un preparado de la planta cannabis, conocida como hachís, sin tener expedida la autorización correspondiente por la Secretaría de Salud. Forma de intervención El juez responsable, al emitir el auto de vinculación a proceso aquí reclamado (01:37:03, del video A2 INICIAL del disco), refirió que la forma de intervención de los quejosos en la comisión del hecho delictuoso, lo fue como autores materiales. Dolo Que su conducta es dolosa (01:42:27, del video A2 INICIAL del disco), porque aceptaron y quisieron la realización de los hechos. Además, que no existe alguna causa de justificación, atipicidad o inculpabilidad que pudiera hacerse valer de oficio (dicho dato se advierte de la constancia de vinculación a proceso y medida cautelar que anexó el juez responsable), Por lo expuesto, contrario a los argumentos de los quejosos, como lo estimó la responsable, se considera que la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, dictada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la carpeta judicial OAX/000389/2020, por la que los vinculó a proceso, cubre los presupuestos de forma y fondo para su dictado, sin que, en el caso, se advierta demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. En las anotadas condiciones, al haber cumplido la Fiscalía con la carga que le impone la Constitución Federal, de que de la investigación expuesta se desprendan datos de prueba que establezcan que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, es evidente que el auto de vinculación reclamado no transgrede en detrimento de los quejosos, derecho alguno. En esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos, sin queja deficiente que suplir, procede negar la protección constitucional que solicitan los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, contra el auto de vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la carpeta judicial OAX/000389/2020; por haber resultado apegado a las órdenes constitucional y convencional en materia de derechos humanos. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal8 , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a los quejosos José Eduardo Rodríguez Quintana y Juan Eduardo Flores Flores, contra la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial OAX/000389/2020, por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, mediante la que se les vinculó a proceso, por el hecho con apariencia de delito de transporte de estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y, adicionalmente, al último de los quejosos (Juan Eduardo Flores Flores), por transportar preparado de cannabis, denominado hachís; ilícitos previstos y sancionados en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, así como en los numerales 234 y 235 de la Ley General de Salud. En términos del considerando séptimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado

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