Jose Eduardo Garcia Aguilar

Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
697/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Garcia Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que por un parte, sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra, no amparó ni protegió a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I, inciso b), del citado artículo 18, éste debe ser depurado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, por economía procesal devuélvase a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, el anexo que remitió junto con su informe justificado, consistente en el disco (DVD), remitido con el oficio 1919/2022, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos y solicítese acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 2606/2022 signado por la Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en el que hace diversas manifestaciones, y señala que se decretó la suspensión del proceso penal de origen; sin que sea el caso realizar pronunciamiento al respecto, toda vez que el veintisiete de abril último se emitió la sentencia de amparo, lo que se comunicó a las responsables por medio del oficio correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintisiete minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo Ill.697/2022, promovido por JOSÉ EDUARDO GARCÍA AGUILAR, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da cuenta a la Jueza con el registro de Oficialía de Partes 9824 correspondiente al escrito presentado vía electrónica de Medardo Blas Martínez autorizado de la parte tercero interesada Elsa Guzmán Gómez, por medio del realiza alegaciones. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias que obran agregadas en autos, así como con el informe justificado rendido por la Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, mismo que ya obra agregado en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la responsable y celébrese la presente audiencia constitucional. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace relación de las documentales que anexó la autoridad responsable con su informe justificado, así como el disco versátil digital en formato CD, que contiene la copia electrónica autorizada del audio y video de las audiencias públicas efectuadas el veintinueve de julio y tres de agosto, ambas del año dos mil veintiuno y veintiuno de febrero del año en curso, en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida las pruebas de mérito, las que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza y sin que sea necesario una audiencia especial de conformidad con la jurisprudencia titulada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Abierto el período de alegatos, se hace relación del escrito presentado vía electrónica de Medardo Blas Martínez autorizado de la parte tercero interesada Elsa Guzmán Gómez, por medio del cual realiza alegaciones, con registro de Oficialía de Partes 9824; asimismo, se hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no presentó pedimento alguno. La Jueza acuerda: se agrega el escrito de la parte tercero interesada donde realiza alegaciones, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tómese en consideración el escrito de la parte tercero interesada al momento de dictar la correspondiente sentencia. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo indirecto 697/2022-Ill, promovido por JOSÉ EDUARDO GARCÍA AGUILAR, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada ese propio día a este Juzgado Tercero de Distrito, JOSÉ EDUARDO GARCÍA AGUILAR, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en: "La resolución dictada con motivo del incidente de Sobreseimiento solicitada en la audiencia llevada a cabo en fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintidós, en el cual declara improcedente dicho sobreseimiento, por no justificarse la causal prevista en la fracción Ill del numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, por aparecer claramente establecida la inocencia del imputado, dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 132/2021, violándose los principios que rigen el debido proceso y de manera flagrante las Garantías Fundamentales que consagra la Carta Magna, en específico la garantía de UN Debido Proceso, en especial los efectos que resultaron de esa violación al manifestar que sería hasta juicio oral donde pudiera acreditar su inocencia. La resolución emitida de no ser procedente el Recurso de Revocación interpuesto, en la misma audiencia de fecha veintiuno de febrero del auto dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 132/2021, con motivo de la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento, violándose los derechos fundamentales que consagra la Carta Magna, en específico la garantía de un Debido Proceso, en especial los efectos que resultan de esa violación.". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diez de marzo de dos mil veintidós, la citada demanda de amparo se admitió y registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 697/2022-III; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue adicionado por el diverso Acuerdo General 3/2015, emitido por el propio Consejo, por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, promovida contra un acto dictado por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de amparo, para establecer lo que la quejosa quiso decir y no únicamente los que en apariencia señalaron como tales, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004. De una revisión integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: -"La resolución dictada con motivo del incidente de Sobreseimiento solicitada en la audiencia llevada a cabo en fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintidós, en el cual declara improcedente dicho sobreseimiento, por no justificarse la causal prevista en la fracción Ill del numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, por aparecer claramente establecida la inocencia del imputado, dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 132/2021, violándose los principios que rigen el debido proceso y de manera flagrante las Garantías Fundamentales que consagra la Carta Magna, en específico la garantía de UN Debido Proceso, en especial los efectos que resultaron de esa violación al manifestar que sería hasta juicio oral donde pudiera acreditar su inocencia. La resolución emitida de no ser procedente el Recurso de Revocación interpuesto, en la misma audiencia de fecha veintiuno de febrero del auto dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 132/2021, con motivo de la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento, violándose los derechos fundamentales que consagra la Carta Magna, en específico la garantía de un Debido Proceso, en especial los efectos que resultan de esa violación.". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al momento de rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias remitidas con su informe. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. En el caso a estudio, y a criterio de quien esto resuelve, resulta improcedente el juicio de amparo promovido, respecto del acto reclamado consistente en: "La resolución dictada con motivo del incidente de Sobreseimiento solicitada en la audiencia llevada a cabo en fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintidós, en el cual declara improcedente dicho sobreseimiento, por no justificarse la causal prevista en la fracción Ill del numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, por aparecer claramente establecida la inocencia del imputado, dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 132/2021, violándose los principios que rigen el debido proceso y de manera flagrante las Garantías Fundamentales que consagra la Carta Magna, en específico la garantía de UN Debido Proceso, en especial los efectos que resultaron de esa violación al manifestar que sería hasta juicio oral donde pudiera acreditar su inocencia." Así, en el caso, respecto de la citada determinación de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, que por esta vía se impugna, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas resoluciones, se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. En efecto, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que de las constancias que remitió la Juez responsable, se advierte que si bien es cierto en la determinación impugnada de veintiuno de febrero de dos mil veintidós en audiencia, con motivo del incidente de sobreseimiento solicitado; también lo es que por diversa resolución de la misma fecha, la autoridad responsable dicto una resolución en donde se determinó no ser procedente el recurso de revocación interpuesto con motivo de la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento, dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 132/2021. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que el acto que aquí se reclama, fue sustituido procesalmente por la diversa resolución, por lo que ésta no es susceptible de ser analizada, al haber sido sustituida legalmente por aquélla. Corolario de lo antes expuesto, deviene la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado que, se reitera, las consecuencias jurídicas de la resolución combatida, fueron sustituidas por la nueva determinación. De manera que, ante la actualización de las causal de improcedencia antes ponderada, lo que procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la resolución dictada con motivo del incidente de Sobreseimiento solicitada en la audiencia llevada a cabo en fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintidós, en el cual declara improcedente dicho sobreseimiento. QUINTA. Análisis de fondo. Toda vez que las partes no hacen valer causa de improcedencia y quien resuelve no advierte que opere alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo indirecto es procedente respecto del diverso acto consistente en "La resolución emitida de no ser procedente el Recurso de Revocación interpuesto, en la misma audiencia de fecha veintiuno de febrero del auto dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 132/2021, con motivo de la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento, violándose los derechos fundamentales que consagra la Carta Magna, en específico la garantía de un Debido Proceso, en especial los efectos que resultan de esa violación.", y por ende, a continuación se examinaran los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su demanda de amparo, en el entendido que el estudio del acto reclamado se realiza conforme fueron planteados los conceptos de violación, mismos que no se insertan. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se procederá a plasmar los antecedentes del acto reclamado, derivados de la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós. 21/02/2022 01:06:13 p. m. Inicia grabación 21/02/2022 01:07:19 p. m. Se individualizan los intervinientes. Se hace constar la presencia de la víctima y la asesora vía plataforma zoom. 21/02/2022 01:10:16 p. m. Realizada la identificación de las partes, se declara formalmente abierta la audiencia. Se explica motivo de la misma y se concede uso de la voz defensa. 21/02/2022 01:11:47 p. m. Defensa expone sus argumentos que sustentan solicitud de sobreseimiento, argumentando que en el caso, se actualiza la fracción III, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al aducir que existen nuevos datos de prueba de los que aparece claramente establecida la inocencia del imputado. 21/02/2022 01:42:49 p. m. Acusado hace manifestaciones, entre las que sostiene que él no llevo a cabo el acto que se le imputó, refiriendo la existencia de una diversa persona que se parece a él. 21/02/2022 01:43:26 p. m. Fiscal expone argumentos por los cuales estima no debe ser procedente el incidente planteado, refiriendo que las entrevistas de las que refiere la defensa se advierte la inocencia del imputado, no fueron desahogadas ante la autoridad ministerial y tampoco se les hizo la prevención para conducirse con verdad en sus declaraciones, por lo que solicita no se acceda solicitud defensa. 21/02/2022 01:58:41 p. m. Asesora expone argumentos en los que refirió los motivos por los cuales consideró que no debía accederse a lo planteado en el incidente de sobreseimiento, y pidiendo se continúe el procedimiento a fin de que se lleve a cabo la audiencia intermedia. 21/02/2022 02:03:54 p. m. Víctima hace manifestaciones. 21/02/2022 02:05:42 p. m. Defensora expone su contrarréplica y reitera los argumentos expuestos por los que considera que con los datos de prueba que relacionó se advierte con claridad la inocencia del imputado. 21/02/2022 02:11:57 p. m. Fiscal hace aclaraciones a petición del juez. 21/02/2022 02:12:47 p. m. Juez procede a resolver y determina como improcedente el incidente de sobreseimiento planteado. 21/02/2022 02:27:29 p. m. No ha lugar a decretar el sobreseimiento en los términos precisados por la defensa, continua la secuela procesal y la Fiscalía debe proceder conforme al 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 21/02/2022 02:28:17 p. m. Defensora inconforme con la determinación de la Jueza interpone revocación, expone argumentos, entre los que señala que la Jueza no fundó ni motivó su resolución, al omitir realizar la valoración de unas entrevistas que la defensa refirió demuestran la inocencia del imputado. De igual forma, señala que le causa agravio la determinación de la Jueza porque soslaya que en la investigación paralela de la defensa y de donde derivaron las entrevistas que refiere como dato de prueba, se les hizo saber a los entrevistados de la falsedad en las declaraciones conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual modo, sostuvo que conforme a lo dispuesto en el artículo 361 del Código Nacional referido y conforme a la facultad de abstención, las partes cuentan con copia de la carpeta de investigación y por ende pueden verificar que se les hizo saber a los entrevistados el fundamento legal de sus entrevistas. Finalmente, le causa agravio lo determinado respecto de las entrevistas referidas, ya que éstas deberían ser valoradas en la etapa de juicio, ya que estima que acorde a la etapa procesal en que se encuentran, en ese momento hay datos de prueba suficientes para estimar acreditada la inocencia. 21/02/2022 02:34:34 p. m. Fiscal aduce que no es procedente recurso, porque no es cuestión de mero trámite. 21/02/2022 02:35:50 p. m. Asesora se adhiere a lo manifestado por el fiscal. 21/02/2022 02:36:41 p. m. Víctima se adhiere postura fiscal y asesora. 21/02/2022 02:36:54 p. m. Juez procede a resolver. 21/02/2022 02:37:02 p. m. Se establece que no es una resolución de mero trámite, no se admite, firme resolución. 21/02/2022 02:38:59 p. m. Queda firme resolución 21/02/2022 02:39:09 p. m. Partes técnicas solicitan copia del audio y video de la audiencia. Víctima también 21/02/2022 02:39:45 p. m. Fin de la audiencia. SÉPTIMO. Estudio de fondo de la cuestión planteada. En este apartado procede emprender el análisis de los argumentos expuestos por el impetrante de amparo, con la finalidad de evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación constituyen la manifestación razonada que el peticionario debe expresar contra los motivos y fundamentos de la resolución reclamada, es decir, establecer la contravención que a su criterio exista entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados. Lo que se demuestra de esa manera ante la potestad federal. En sus motivos de inconformidad el quejoso aduce medularmente que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente su determinación al declarar la improcedente del recurso de revocación interpuesto por su defensa en la audiencia de veintiuno de febrero último. Resultan infundados los argumentos que hizo valer la quejosa, por los motivos que enseguida se precisan. El defensor del quejoso señaló en sus conceptos de violación que la autoridad responsable, con la emisión de la resolución reclamada se viola en su perjuicio los derechos humanos y los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dispone: "Art. 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata..." De ese precepto constitucional se advierte, entre otros, el derecho fundamental del debido proceso, cuyo contenido medular precisa que el proceso se encuentre "investido de las garantías que hagan posible la defensa de las partes". La finalidad del debido proceso es buscar que la actividad jurisdiccional sea un instrumento que haga prevalecer la verdad del caso, que surge de un verdadero debate contradictorio entre las partes; son varios los aspectos de este derecho fundamental y a continuación nos referiremos sólo a los que tienen relación directa con el proceso penal: A. Formalidades esenciales del procedimiento. Sin duda, éste es el derecho fundamental procesal más desarrollado en nuestro país, considerando la aplicación que ha tenido el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", incluido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tales "formalidades" son las siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO". B. Derecho de defensa Este derecho es un aspecto del debido proceso que pone de relieve la posibilidad de las partes para defenderse de la pretensión del contrario, el cual tiene una inmediata relación con el principio de contradicción, pues la efectiva defensa corresponde a su verdadera realización. El derecho de defensa en materia penal, se ha definido como "facultad del imputado de intervenir en el procedimiento penal que se dirige en su contra para poner en evidencia la falta de fundamento de la pretensión punitiva estatal o de cualquier circunstancia que la excluya o atenúe". Ilustra en lo conducente, la tesis XVII.1o.P.A.68 P, de rubro: "DERECHO DE DEFENSA. SU CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y CONTENIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Así, el derecho de defensa comprende en materia penal de diversos derechos específicos, entre ellos: 1. Derecho a la información, tanto del propio contenido de los derechos del imputado como de las actuaciones del procedimiento; 2. Asistencia de un abogado que garantice al detenido su defensa técnicamente adecuada desde el primer momento de la detención y a la confidencialidad entre él y dicho profesional; 3. Interrogación de testigos; 4. Derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio. El referido numeral establece que nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El ordenamiento supremo del país regula y distingue entre los actos privativos y de molestia, entendiéndose por los primeros, aquéllos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, los autoriza a través de determinados requisitos, precisados en el invocado precepto constitucional, en tanto que los segundos (actos de molestia) se traducen en que, a pesar de constituir una afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de la propia constitución federal. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En ese orden y atendiendo a la naturaleza de la resolución que se analiza, es evidente no se está en presencia de un acto privativo de la libertad, propiedades, posesiones o derechos para que el defensor de la parte quejosa aduzca que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento en la misma, y para que sea jurídicamente válida y pueda incidir en la esfera jurídica del gobernado, basta que conste en mandamiento escrito de autoridad competente y que ésta funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que en el caso así acontece. Se afirma lo anterior porque de los antecedentes del acto se tiene que el ahora quejoso se encuentra vinculado a proceso por el delito de homicidio cometido por culpa, el que incluso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, y ya se fijó fecha para la audiencia intermedia, por consiguiente, su situación jurídica se rige por esa etapa procesal. Asimismo es infundado el argumento relativo a que la resolución que ahora se estudia, carece de la debida fundamentación y motivación, en contravención del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad judicial responsable citó las normas legales que sustentan el acto reclamado y expuso de manera clara y suficiente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que consideró para su emisión, cobrando importancia, la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Ilustra al caso la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Así, se observa que el Juez responsable invocó en la resolución impugnada el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye la norma legal aplicable al caso, dado que establece la procedencia del recurso de revocación respecto de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación Además, cabe destacar que la Jueza responsable, consideró que al no tratarse la resolución impugnada, es decir, la relativa a la improcedencia del incidente de sobreseimiento de la causa planteado, de una decisión unilateral o en la que no existiera substanciación, no era procedente el recurso de revocación interpuesto; lo cual se estima correcto, pues, conforme lo señalado en el numeral en cita, puede observarse que la resolución que se pretendía recurrir no era de las que pueden considerarse de mero trámite, pues se requirió substanciación y debate entre las partes para resolver. Esto es así, pues respecto de la solicitud de la defensa del imputado ahora quejoso, hubo debate y manifestaciones de las partes, incluso contraréplica de la defensora del imputado, resolviendo al respecto de lo planteado la autoridad judicial, de ahí, que dicha resolución no constituya una determinación de mero trámite, sin substanciación. Finalmente, la resolución reclamada, no es violatoria de lo que dispone el artículo 1°, de la Constitución Federal. Ello, porque la verificación de la resolución judicial que constituye el acto reclamado se realizó desde una perspectiva constitucional y ámbito de legalidad, y una vez superadas tales exigencias, no procede resolver las cuestiones planteadas por la quejosa de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentado por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Congruente con las anteriores consideraciones y sin que se observe alguna deficiencia de la queja que suplir, procede negar a la quejosa la protección constitucional solicitada, contra el acto que reclama de la Jueza Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Sobresee. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JOSÉ EDUARDO GARCÍA AGUILAR, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el cuarto considerando de la misma. SEGUNDO. No Ampara. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ EDUARDO GARCÍA AGUILAR, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el séptimo considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito presentado vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Ricardo Navarrete Herrera, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios de la Ley de Amparo, con el que, hace diversas manifestaciones y solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se le fije término a la autoridad responsable, para que cumpla con la sentencia dictada en este juicio. En tal virtud, se hace de su conocimiento que por auto de treinta de marzo del año en curso, causó ejecutoria la expresada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de ese acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito; por tanto, estese a lo acordado en dicho proveído. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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