Jose Eduardo de Jesus Canto Trujillo

Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Jose Eduardo de Jesus Canto Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de los mismos se advierte que obran en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******, quien se ostenta apoderado legal de ******, con dos copias y tres anexos, contra actos que reclama de SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, quien ahora resuelve estima que en la especie se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción ll, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) Il. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los artículos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que vulneren derechos fundamentales de los gobernados. A ese respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materias Común página 1089) Es pertinente indicar que si bien dicha tesis se emitió antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la cual en su artículo 5º, segundo párrafo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, la tesis resulta aplicable, pues aun cuando el acto de reclamo emanara de un particular, éste debe derivar de una relación de supra a subordinación, lo que no se actualiza en el caso concreto como se verá a continuación. Los actos de particular pueden considerarse como de autoridad, en los casos siguientes: a) Actos equivalentes a los de autoridad en el sentido de que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y; b) Que sus funciones estén determinadas en la ley, por las cuales se les faculte para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y no meramente que la norma regule su existencia. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación repercute en los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y el funcionario a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En suma, para que el acto de un particular pueda llegar a equipararse al emitido por una autoridad, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso a estudio, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la Institución financiera denominada BANCO SANTANDER (MÉXICO) SOCIEDADA ANÓNIMA, INSTITUCIÓ DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, consistente en la falta de contestación y resolución a la queja presentada mediante escrito, el doce de marzo del año en curso, por la sustracción de la cantidad de veinticuatro millones, ochocientos cuatro mil pesos, sin centavos moneda nacional de la cuenta bancaria 60617232556, así como la inmovilización del activo por parte de la institución bancaria en virtud de tales transacciones presumiblemente fraudulentas. Para demostrar lo anterior, acompañó la impresión de las pantallas de diversos estados de cuenta certificados por el Notario Público Número Dos Héctor J. VICTORIA MALDONADO, con sede en esta ciudad. Precisado lo anterior, como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos fundamentales de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Teniendo como referencia lo indicado, para determinar si una institución bancaria, bajo el nuevo modelo de autoridad, reúne las características apuntadas, procede establecer que la Institución financiera denominada BANCO SANTANDER (MÉXICO) SOCIEDADA ANÓNIMA, INSTITUCIÓ DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, es una sociedad financiera económica que forman parte del sistema financiero mexicano, de acuerdo con una interpretación sistemática y armónica de los artículos 46 y 46 bis la Ley de Instituciones de Crédito, y sus operaciones son reguladas por dicha ley, y por las diversas disposiciones que en su momento dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El contenido de los referidos artículos es el siguiente: "Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; c) De ahorro, y d) A plazo o con previo aviso; II. Aceptar préstamos y créditos; III. Emitir bonos bancarios; IV. Emitir obligaciones subordinadas; V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior; VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito; IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley Mercado de Valores; X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley; XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportos sobre estas últimas; XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad; XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como que se eviten conflictos de interés; XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles; XVII. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito; XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras; XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas; XX. Desempeñar el cargo de albacea; XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito; XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda, y XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos. XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación; XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero; XXVI bis. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago; XXVII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, y XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas en las fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. y 46 Bis de la presente Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, dentro de la regulación que deban emitir en el ámbito de su competencia, deberán considerar las operaciones que las instituciones de banca múltiple estén autorizadas a realizar conforme a lo previsto en los artículos 8o., 10 y 46 Bis de esta Ley, y diferenciar, cuando lo estimen procedente, dicha regulación en aspectos tales como la infraestructura con que deberán contar y la información que deberán proporcionar, entre otros. Asimismo, se podrán considerar los modelos de negocios o características de sus operaciones." "Artículo 46 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizará a las instituciones de banca múltiple el inicio de operaciones o la realización de otras adicionales a las que le hayan sido autorizadas, de entre las señaladas en el artículo 46 de esta Ley, cuando acrediten el cumplimiento de lo siguiente: I. Que las operaciones de que se trate se encuentren expresamente señaladas en sus estatutos sociales; II. Que cuenten con el capital mínimo que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 19 de esta Ley, en función de las operaciones que pretendan realizar; III. Que cuenten con los órganos de gobierno y la estructura corporativa adecuados para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las disposiciones técnicas u operativas de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendientes a procurar el buen funcionamiento de las instituciones; IV. Que cuenten con la infraestructura y los controles internos necesarios para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, tales como sistemas operativos, contables y de seguridad, oficinas, así como los manuales respectivos, conforme a las disposiciones aplicables, y V. Que se encuentren al corriente en el pago de las sanciones impuestas por incumplimiento a esta Ley que hayan quedado firmes, así como en el cumplimiento de las observaciones y acciones correctivas que, en ejercicio de sus funciones, hubieren dictado la citada Comisión y el Banco de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores practicará las visitas de inspección que considere necesarias a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo. La Comisión consultará con el Banco de México el cumplimiento de las medidas y sanciones que éste hubiere impuestos en el ámbito de su competencia. La institución de que se trate deberá inscribir en el Registro Público de Comercio, para efectos declarativos, la autorización que se le haya otorgado para el inicio de operaciones en términos del presente artículo, a más tardar a los treinta días posteriores a que le haya sido notificada. De lo anterior se colige que las instituciones bancarias tienen sus funciones determinadas por la Ley de Instituciones de Crédito, y por las diversas disposiciones que en su momento dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no por eso deben considerarse indefectiblemente autoridades responsables, dado que se debe atender a la naturaleza del acto reclamado. En el caso, lo constituye la falta de contestación y resolución definitiva de su escrito presentado el doce de marzo del año en curso, a través del cual presentó una queja con motivo de la sustracción de la cantidad de veinticuatro millones, ochocientos cuatro mil pesos, sin centavos moneda nacional de la cuenta bancaria 60617232556, así como la inmovilización del activo restante de la cuenta, en virtud de tales irregularidades presumiblemente fraudulentas; y ese acto tiene su origen en disposiciones del orden privado. Ese tipo de relación de servicios bancarios difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, al darse entre dos gobernados -relaciones de coordinación- la fórmula para contravenir las desavenencias es acudiendo ante la potestad común y no mediante el amparo, en virtud de que la decisión de una de las partes contratantes, aunque sea unilateral no tiene el carácter de acto de autoridad y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Atento a lo anterior, se estima que la citada institución bancaria, en el caso a estudio, no es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, porque evidentemente no derivan de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de igualdad en el que las partes decidieron contratar ciertos servicios financieros. En efecto, de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación. Empero, en el caso a estudio con tal determinación la institución bancaria no realizó ningún acto de autoridad, acto que puede considerarse como unilateral en tanto que para ello no medió el consentimiento del cuentahabiente, lo cierto es que ello aconteció en una relación de coordinación y en ejercicio del margen discrecional con el que las instituciones de crédito cuentan para decidir la forma en que prestan sus servicios financieros, ya que es un hecho notorio que en la práctica de las operaciones bancarias, cuando una persona acude a una institución, ya sea a aperturar una cuenta, pedir una tarjeta, o solicitar una terminal para cobrar bienes y servicios a otros clientes, la institución primero investiga al solicitante y verifica si cubre el perfil respecto de los requisitos necesarios para autorizar la operación; es decir, la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determina si presta o no los servicios financieros y aún de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. En esa tesitura, válidamente puede afirmarse que los actos que reclama la quejosa no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, sino que son acciones derivadas del contrato celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, sin afectar derechos fundamentales, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5188, de texto y rubro siguientes: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), los particulares pueden figurar como autoridades responsables, en la hipótesis de que realicen actos semejantes a los de las entidades públicas, susceptibles de combatirse en el enjuiciamiento de derechos fundamentales, siempre y cuando el acto que se les reclame tenga como génesis, entre otros requisitos, una norma de carácter general que les confiera facultades para comportarse de manera similar a un ente estatal. Ahora bien, cuando los bloqueos de las cuentas bancarias de los quejosos por parte de las nombradas instituciones no se realicen con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas entidades crediticias, éstas no pueden tener la calidad de particulares equiparables a autoridades, para efectos del mencionado juicio constitucional, al tener su origen ese contexto en disposiciones de orden privado acordadas entre la propia impetrante y dichas instituciones en un plano de coordinación, lo que es indicativo de una relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y un gobernado; ello, pese a que el actuar aludido pueda calificarse como unilateral, o bien, traiga como consecuencia un cambio de entorno para el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, en la medida en que es indispensable que el acto desplegado por los particulares, señalados como autoridades responsables, esté fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado." En ese tenor, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a DAVID HUMBERTO QUIÑONES OSORIO, ADRIAN CANTO CARRILES y MARÍA FERNANDA TOPETE ESPINOSA. Ahora bien, respecto a su solicitud de que se le otorgue, el acceso al expediente electrónico a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando para ello sus nombres de usuarios: "fernandatopetee" y "adriancantocarriles", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, y promover en el mismo con su nombre de usuario "fernandatopetee" y "adriancantocarriles", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que se encuentra plasmado en la demanda de amparo, por la parte promovente, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, quedando a salvo el derecho de la parte quejosa para señalar uno diverso si conviene a sus intereses. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano