José Eduardo Estrella Rodríguez

Expediente 1126/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1126/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • José Eduardo Estrella Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra el auto de diecinueve de noviembre anterior, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de estos autos, se advierte que no obra el acuse de recibo correspondiente al oficio 15167, dirigido al Director de Catastro Municipal con sede en Maxcanú, Yucatán, con el que se le comunicó la sentencia dictada en autos. Por tanto, mediante atento telegrama, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado, la fecha en que, en su caso, recibió el oficio 15167/2020, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos; lo anterior, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia que prevalece con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información solicitada podrá rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía telegráfica. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 237, fracción I, en relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Agréguense a estos autos el informe relacionados con la situación jurídica del quejoso, rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña; misma documental a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad ministerial remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, la detención de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable a su informe justificado, se aprecia que el dieciséis anterior, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, en virtud de que le fue otorgado el perdón correspondiente por la parte agraviada. En este orden de ideas, ya que en el dieciséis de noviembre próximo pasado, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintisiete minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obran los oficios signados por la Directora y Registradora, ambas autoridades del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y del Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, con los que informaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que haya hecho manifestación al respecto; esta Juzgadora procederá a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."2 En este sentido, se aprecia que por sentencia dictada por este órgano de control constitucional, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos que reclamó del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción, Registrador y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, todos con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, por auto de veintidós de octubre de septiembre de dos mil veinte, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. 2 Tesis 2ª./26/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, p.243, Novena Época. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ". Efectos de la sentencia concesoria. El artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho constitucional violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En la especie, deberá restituirse a la quejosa en su derecho humano de seguridad jurídica, para lo cual, una vez que se notifique que haya causado ejecutoria esta sentencia de amparo, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, deberá: Dejar sin efecto el embargo trabado sobre los predios números doscientos diez y doscientos catorce, de la calle once de la Colonia Juan B. Sosa, de esta ciudad, decretado en el juicio ejecutivo mercantil número 621/2019, al igual que los demás actos que sean una consecuencia de dicho embargo. Concesión de amparo que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuye a las autoridades señaladas como ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el Juez responsable por determinación de veintiocho de octubre del año en curso, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 621/2019, dejó insubsistente el embargo trabajo sobre los predios identificados como predios números: a) doscientos diez, de la calle once, de la Colonia Juan B. Sosa, de esta ciudad, con folio electrónico 352961. b) doscientos catorce, de la calle once, de la Colonia Juan B. Sosa, de esta ciudad, con folio electrónico 386276. El cual se realizó mediante diligencia de exequendo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, dejó insubsistente los autos donde se ordenó la inscripción del citado embargo (veintidós de octubre y cuatro de noviembre de dos mil diecinueve). Por lo que giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, proceda a cancelar la inscripción del embargo que pesa sobre los bienes inmuebles descritos, así como la diligencia de exequendo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, lo apercibió a fin de que cumpla con lo ordenado. En tanto que las autoridades registrales informaron que quedaron cancelados los embargos trabados en el controvertido de origen, e inscritos a favor de Rafael Feirosca González y registrados sobre los predios en cuestión con folio electrónico 352961 y 386276, respectivamente. En ese sentido, debe concluirse que incuestionablemente las autoridades responsables han dado cumplimiento cabal a la sentencia amparadora, puesto que dejó sin efecto el embargo trabado sobre los predios de la Litis, decretado en el juicio ejecutivo mercantil número 621/2019, al igual que los demás actos como una consecuencia de dicho embargo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE DETERMINA QUE SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD EL FALLO PROTECTOR, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito signado por Genny Mariel Benítez Montero, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa Nina Beatriz Durán Baeza, mediante el cual, por las razones que expone solicita la devolución del billete de depósito número N- 854496, expedido por la sucursal en esta ciudad, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de cuarenta mil pesos, moneda nacional, a favor de la nombrada quejosa y que exhibió en los autos incidentales relativos como uno de los requisitos para que surta efectos la medida cautelar concedida en dicho asunto; al efecto, no habiendo impedimento legal alguno para ello, devuélvase a la quejosa Nina Beatriz Durán Baeza el citado documento debidamente endosado a su favor. A efecto de no causar mayor dilación en la entrega del documento solicitado por la autorizada de la peticionaria de amparo, con fundamento en el ? artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prográmese la cita correspondiente en la agenda de este juzgado y genérese el respectivo código QR, el cual deberá ser entregado a la quejosa al momento de notificarle este acuerdo, o en su caso, el Actuario a quien corresponda, deberá darse cuenta de que dicha notificación será realizada por lista, a efecto de realizar el procedimiento establecido en el inciso c) de la fracción antes mencionada. En ese sentido, SE SEÑALA EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS TRECE HORAS MINUTOS, a efecto de la peticionaria de amparo acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de depósito que fue puesto a su disposición. De igual manera, al tratarse la diligencia programada de la devolución de un billete de depósito exhibido respecto de un procedimiento totalmente concluido, se estima que esta diligencia no amerita la cita de las demás partes a efecto de que estén presentes a través de videoconferencia durante su desahogo; lo anterior, con fundamento en el inciso f), del aludido artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020.

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