José Eduardo Flores Garrido
Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Eduardo Flores Garrido
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que con motivo de la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como los Acuerdos Generales 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se suspendieron las labores ordinarias en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; motivo por el cual, quedó suspendido el trámite del presente expediente. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los diversos 25/2020 y 37/2020, respecto de su vigencia, se ordenó restablecer la actividad judicial en los términos ahí precisados, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con apoyo en el artículo 2 del referido acuerdo plenario, se ordena levantar la suspensión del procedimiento del presente asunto, esto es, los términos y plazos en el expediente en que se actúa y continuar con el trámite del mismo. En la inteligencia de que los plazos y términos no se reinician, sino continúan en su curso, los cuáles se computarán a partir de los días transcurridos antes de la suspensión del procedimiento. Ahora bien, vista la diversa certificación, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto ocho de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al trece de enero del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese Personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; de igual forma, se ordena glosar el original de incidente de suspensión al presente asunto. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de amparo en que se actúa, por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, por un lado, se sobreseyó y, por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ...; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador del Área de Investigación del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acredite el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación al punto especificado de la sentencia emitida en el presente juicio es decir: "[.] Por lo tanto, a fin de restituir a los quejosos ..., en el goce de sus derechos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Investigador del Área de Investigación del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, una vez que cause ejecutoria esta sentencia de amparo y se le requiera el cumplimiento, realice lo siguiente: Deje insubsistente el citatorio girado a los quejosos ..., el catorce de noviembre de dos mil diecinueve para que se presentaran el veinte de noviembre de dos mil diecinueve a las diecinueve horas. [.]" Bajo apercibimiento de que, de incumplir sin causa justificada, este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, le impondrá una multa a las autoridades responsables, por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los preceptos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal General del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que ordene al Agente del Ministerio Público Investigador del Área de Investigación del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, a cumplir con la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa a su titular por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Edith Olivia Sánchez García, ostentándose apoderada jurídica de ..., contra actos del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, de quienes reclama: ".El privar a mi mandante a los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 de nuestra Carta Magna; 82 de la Ley Agraria; 15 fracción IX, 16, 22 fracciones I, XXVI, 24 fracciones VII, 33,34 fracciones I, IV, 51, 52, 81, 82,98 fracción I y II, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, respecto de la negativa por parte de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables (ordenadoras y ejecutoras), la OMISIÓN Y NEGATIVA DE EXPEDIR 157 CIENTO CINCUENTA Y SIETE TÍTULOS DE PROPIEDAD. por la acción de dominio pleno, que oportunamente se solicitaron; así como la inscripción de los títulos de propiedad en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio de Michoacán, Catastro estatal y municipal, y por consecuencia la entrega a mi representado de los títulos de propiedad solicitados, causando con ello perjuicio a sus derechos humanos, no obstante de haber transcurrido más de ocho meses posteriores al ingreso de la solicitud, excediéndose, ya que se tiene como plazo 60 días naturales, tal y como lo disponen los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, lo que se traduce en una evidente negativa para proporcionar justicia pronta y expedita". Ahora bien, de la aludida demanda que se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En efecto, de la demanda de amparo a estudio, específicamente de la firma que la calza, se advierte que la misma obra en copia fotostática simple, la cual carece de valor probatorio, situación análoga a la ausencia de firma, luego, como el juicio Constitucional se rige por el principio de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el solicitante de garantías, motivo por el cual, un escrito de demanda presentado sin firma o en copia fotostática, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del quejoso de presentar la demanda, por ello al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico. Tiene aplicación la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento.". De igual manera, tiene aplicación en lo que en ella interesa la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías.". Sin que sea obstáculo para lo anterior la circunstancia que su demanda, se encuentre estampada una firmada, en razón de que, como ya se dijo, la misma obra en copia simple y carece de valor probatorio alguno. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 3a./J. 1/89, visible en la página 379, del Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, de la anterior Tercera Sala, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporcionan el nombre de usuario sanchezabogada, de conformidad con el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene únicamente autorizando para oír y recibir notificaciones a JORGE ERNESTO SÁNCHEZ GARCÍA, toda vez que en esos términos fue señalado en la demanda. En relación a la petición que formula en el sentido de que le sea devuelto el documento que refiere, dígasele que no ha lugar a devolver el mismo, en atención a que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por la partes, y que éstos podrán devolverse hasta que precluya el derecho de objetarlos, o bien, se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubiesen formulado, o el juicio de amparo haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tiene expedito su derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que cause ejecutoria el presente asunto, este Juzgado ordenará su devolución. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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