José Eduardo Martínez Bernal

Expediente 669/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
669/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2018

Partes del expediente

  • José Eduardo Martínez Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 1100, signado por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 12173, por el que se le remitió el juicio sumario civil 620/2014 y el toca I-146/2018; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 4424/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 614/2018, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó, que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ BERNAL y DOMINGO GARCÍA ÁVILA, Presidente y Tesorero del Comisariado Ejidal de Santa Clara del Tule, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, carácter que tienen reconocido ante la autoridad responsable, como se aprecia de las constancias que obran en autos, por lo que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano jurisdiccional también les reconoce dicha personalidad, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio. De la aludida demanda de garantías, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, en relación con el ordinal 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;". Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: "ÚNICO. Del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le reclamamos la resolución definitiva emitida dentro de los autos del Toca Civil número I-146/2018, de fecha 05 cinco de junio de 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual CONFIRMA la resolución Interlocutoria de fecha 13 trece de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, dentro del juicio sumario civil número 620/2014, que sobre interdicto para recuperar la posesión y otras prestaciones promovió Luis Miguel Ramírez Salazar, frente al Comisariado Ejidal de Santa Clara del Tule, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. Dicha Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emite su resolución en los siguientes términos: PRIMERO. Quedó surtida la competencia de esta sala para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los motivos de agravio expuestos por José Eduardo Martínez Bernal y Domingo García Ávila, en cuanto Presidente y Tesorero, del Comisariado Ejidal de la Población de Santa Clara del Tule, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, resultaron inoperantes; en consecuencia, TERCERO. Se confirma la resolución recurrida, atento a los razonamientos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. CUARTO. Se condena a la parte apelante al pago de las costas procesales de esta instancia.. . .". En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del Magistrado responsable de confirmar la resolución de tres de abril de dos mil dieciocho, a través de la cual el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, promovido por los aquí quejosos, dentro del juicio sumario civil número 620/2014, sólo constituyen meras transgresiones a derechos adjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos de los agraviados ni decide el fondo de la litis planteada, pues únicamente tiene como consecuencia que se tenga por emplazada a juicio a la aquí parte quejosa y se siga con la tramitación del juicio de origen, acto que si bien tiene trascendencia en el resultado del fallo, lo cierto es que éste puede ser favorable a sus intereses y, en caso contrario, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, podrán hacerla valer, en su caso, cuando recurra la sentencia que ponga fin al juicio de origen, ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el artículo 172, fracción V, de la Ley de la materia, que refiere que se considera violadas las leyes del procedimiento y que afecta las defensas de la parte agraviada cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 94/2008, visible en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada.". Así como la diversa jurisprudencia número 2a./J.23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página número 593, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo texto es: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". De igual forma la jurisprudencia por P./J. 38/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo 59, Noviembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración que el Magistrado responsable, remite como complemento a su informe de ley el juicio sumario civil 620/2014 y el toca I-146/2018, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se tuvieron a la vista al momento de resolver el presente juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Leona Vicario, número 62, interior 8, colonia Centro, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a J. FELIX PATIÑO CORREA, ALFONSO TOLENTO CEJA y ANA EUGENIA SÁNCHEZ GIL, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó las cédulas profesionales números 1369786, 1335437 y 3149217, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo a SIMEÓN SANDOVAL ATRIAN, toda vez que en esos términos fue designado. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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